María de Jesús Valdovinos Vallejo

Expediente 294/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
294/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
09/06/2023

Partes del expediente

  • María de Jesús Valdovinos Vallejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a nueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que la parte legitimada no interpuso dentro del plazo a que alude el numeral 86 de la Ley de Amparo, recurso de revisión en contra de la sentencia de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. En otro aspecto, al advertirse que no obran documentos originales, billete de depósito ni póliza de fianza exhibidos por las partes, que no existen diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, téngase este asunto como totalmente concluido y envíese el expediente al archivo. En términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. En términos del artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo General, toda vez que mediante resolución interlocutoria de veinte de abril de dos mil veintitrés, se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en contra de los actos atribuidos a las autoridades responsables, se determina que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del Acuerdo General citado. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Sentencia VISTOS, los autos del expediente número 294/2023-G, a fin de resolver en sentencia lo relativo al juicio de amparo promovido por María de Jesús Valdovinos Vallejo, contra actos del Fiscal Regional de Playas de Rosarito, de la Fiscalía General del Estado de Baja California -en su denominación correcta- y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito depositado el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, María de Jesús Valdovinos Vallejo, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se precisan: Autoridades responsables: Juez de Control del Poder Judicial en el Estado de Baja California Fiscal Regional de Playas de Rosarito, de la Fiscalía General del Estado de Baja California -en su denominación correcta-. Encargado del Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Playas de Rosarito -en su denominación correcta-. "IV. ACTO RECLAMADO.- Reclamo de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras en su carácter de juez de control, se le reclama la ilegal expedición de la orden de detención y/o aprehensión y/o comparecencia dictada en mi contra, tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad. Reclamo de la autoridad responsable señalada como ordenadora en su carácter de agente del ministerio público titular de la fiscalía regional de payas de rosarito, se le reclama la ilegal expedición de cualquier orden de búsqueda, captura y/o presentación, así como la integración de carpeta de investigación en mi contra y el ejercicio de la acción penal en mi contra ante la autoridad competente. Reclamo de las autoridades responsables señaladas como ejecutoras se les reclama el cumplimiento que pretenden dar por si mismos o por medio de agentes a su mando, de la ejecución de la orden de aprehensión y/o detención y/o búsqueda y/o captura y/o presentación dictada en mi contra por las autoridades señaladas como ordenadoras, así como la realización de actos de investigación dentro de la carpeta de investigación integrada en mi contra" Segundo. La referida demanda se turnó a este órgano jurisdiccional y en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó su registro con el número de expediente 294/2023, formar los expedientes físicos y electrónicos; se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y sin que se reconociera el carácter de tercero interesado a personal alguna, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. La parte quejosa estimó vulnerados los derechos fundamentales establecidos en los artículos 1, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio, los antecedentes de los actos que reclama y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. Cuarto. Seguida la secuela procesal, previo diferimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes, que inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución; 1, 2, 37, 107, y demás relativos de la Ley de Amparo, así como 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdos Generales 3/2013 y 107/2022, ambos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de actos que tendrán ejecución en esta ciudad. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es preciso efectuar un análisis conjunto de la demanda, por ser un todo considerado. En el caso concreto y específico, y de una lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado destacado consiste en: La orden de aprehensión, detención, presentación y búsqueda, así como su ejecución. La integración de carpeta de investigación Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Fiscal Regional de Playas de Rosarito, de la Fiscalía General del Estado de Baja California, Juez de Control del Poder Judicial en el Estado de Baja California y Encargado del Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Playas de Rosarito - todas en su denominación correcta-, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa allegara medio probatorio idóneo y suficiente tendente a desvirtuar dichas negativas, no obstante que en su momento se impuso del contenido de dichos informes. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1989, foja 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia del acto reclamado, ni es suficiente que los argumentos vertidos en ellas se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar las afirmaciones. Sin que se soslaye la existencia de los medios de prueba aportados por la quejosa, consistentes en copia simple de credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de María de Jesús Valdovinos Vallejo y el comprobante de aviso-recibo por concepto de consumo de energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de la quejosa; no obstante, esos medios probatorios no son los idóneos para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, ni demostrar la existencia de los actos reclamados, pues con ellos únicamente se puede probar lo que contienen dichos documentos, es decir que la quejosa cuenta con una credencial para votar y que la Comisión Federal de Electricidad, es su proveedor del servicio de energía eléctrica. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (Febrero de 2002), visible en la página 903, cuyo rubro establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". Apoya lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." En mérito de lo anterior, al actualizar la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto a dichas autoridades. Cuarto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María de Jesús Valdovinos Vallejoel considerando tercero de la presente resolución. Segundo. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.Así lo resolvió y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Tijuana, Baja California, a trece de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se encuentra en vías de notificación el oficio 8158/2023 dirigido a la autoridad responsable Fiscalía Regional de Rosarito, por el cual se le requirió rindiera su informe previo. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las once horas con quince minutos del veinte de abril de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, por medio del cual, en cumplimiento a lo solicitado en proveído de veintidós de marzo del año en curso, manifiesta que la denominación correcta de la autoridad responsable, es Fiscalía Regional de Rosarito, además precisa el domicilio en el que puede ser notificada. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice en el referido sistema, la anotación correspondiente en el expediente electrónico. Informe justificado. Con fundamento en los artículos 117 y 75 de la Ley de la materia, requiérase a la autoridad señalada como responsables su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se le reclaman; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida Ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; requiérasele también para que remita copias certificadas de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye, en el entendido que en el informe de mérito deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, lo que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Ahora, en aras de una impartición pronta y expedita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se solicita atentamente se sirva rendir su informe justificado preferentemente a través de algún convenio de interconexión, intercomunicación y/o colaboración, incluso correo electrónico institucional 15jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; con la Firma Electrónica -de contar con ella-,dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de presentar los comunicados respectivos a través de la vía electrónica, deberá estampar la firma electrónica a fin de que pueda tenerse por legalmente rendido, y en el caso de encontrarse imposibilitadas para firmar electrónicamente, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se encuentran imposibilitados para firmar electrónicamente, lo que no excluye a las potestades responsables de las sanciones legales correspondientes, de ser omisas con lo anterior, en términos de la fracción III del numeral 52 bis del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Obligatoriedad de recibir oficios. Con fundamento en el artículo 28 fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable que el error o la imprecisión no sustancial en su denominación o en la cita de su nombre que no impida individualizarla o distinguirla, no será motivo para negarse a recibir el oficio respectivo o en su momento para rendir los informes que se soliciten; pues en su caso se deberá aclarar la denominación correcta ante esta autoridad. Por lo anterior, se apercibe a las autoridades responsables que de no recibir el oficio que se les dirija, en términos del numeral invocado, el Actuario de la adscripción asentará tal circunstancia y se tendrá por realizada la notificación. Apoyo lo anterior por los motivos jurídicos que contiene, la tesis XXVII.3º.17 K (10ª.), visible en la página 1933, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO." Se apercibe a dichas responsables que de negarse a recibir el mismo, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Notificación de las autoridades. De conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29, ambos de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, y en términos de la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", únicamente le serán notificadas de manera personal, es decir, por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificársele lo ameriten (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos); en tanto que, los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista que se fije en los estados de este Juzgado de Distrito. Asimismo, tomando en consideración que el segundo de los numerales en consulta, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx) o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información que de este expediente se encuentre capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64, 238 y 251, de la Ley de Amparo se previene a las partes que en caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o notoria causa de improcedencia, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten, apercibidas que de no comunicarla, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el artículo 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa de treinta unidades de medida y actualización. Conocimiento previo. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. De igual manera, hágase del conocimiento de dichas autoridades responsables que la audiencia constitucional está señalada para las trece horas del veinte de abril de dos mil veintitrés. Finalmente, con copia del libelo que se atiende provéase lo conducente en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Notifíquese.

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