María Dalia Pérez Vargas

Expediente 552/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
552/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
29/10/2021

Partes del expediente

  • María Dalia Pérez Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintinueve de octubre de dos mil veintiuno.********************Agréguese a los autos el escrito firmado por la quejosa, por el cual solicita la devolución de los documentos originales exhibidos en el presente juicio de amparo; en ese sentido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al no ser necesaria su retención, se ordena la devolución de la siguiente documental:********************Original de contrato privado de compra-venta celebrado entre ******************** como representante de la persona moral ********************y********************.********************Para lo cual deberá glosarse a los autos copia certificada en sustitución de la misma, para proceder a su devolución.********************Por lo tanto, acorde con lo establecido en el artículo 6 fracción I y 26 del Acuerdo General 21/2020, se señalan las once horas del ocho de noviembre de dos mil veintiuno, para hacer entrega a ******************** y/o ******************** la documental antes mencionada, previa constancia que por su recibo obre en autos para constancia; por tanto, se hace del conocimiento del promovente que el código QR generado para su comparecencia, queda a su disposición en el área de recepción del edificio en que se ubica este órgano jurisdiccional.********************Notifíquese. Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito presentado por César Adrián Valenzuela Rodarte, por el cual solicita la devolución de los documentos originales exhibidos en el presente juicio de amparo; atento a lo anterior, no es procedente acordar de conformidad lo peticionado, en virtud que el promovente no es parte procesal en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a trece de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que la parte quejosa ni su autorizado, interpusieron dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra de la determinación judicial emitida el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida determinación ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo vigésimo primero, inciso c), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional, y por resoluciones incidentales de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. Se ordena estampar en las carátulas del original y duplicado del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se agregó el informe justificado rendido por la responsable Juez Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asimismo, se otorgó un plazo de quince días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del presente auto, remita copia certificada, legible y completa de la totalidad de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 667/2014; sin que obren en autos dichas constancias; sin embargo, el suscrito considera innecesaria su obtención por los motivos y razonamientos que a continuación se exponen: Sobreseimiento fuera de audiencia, por lo que respecta a los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y Actuario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. Ahora, del contenido del informe justificado que rindió la autoridad responsable, así como de la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. Para avalar la anterior postura, resulta necesario precisar el contenido de la fracción X artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." Del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, siempre que sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, el motivo de la causa de improcedencia aludida se actualiza en atención a las consideraciones siguientes: El catorce de julio del año en curso, María Dalia Pérez Vargas, presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, una demanda de amparo, de la cual por razón de turno conoció este órgano jurisdiccional, y la radicó con el juicio 518/2021, en ella, se señalaron como autoridades responsable y actos reclamados los siguientes: "Juez Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, así como del Actuario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México [.]todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 667/2014-B, procedimiento de "ACTA DE EMBARGO" en su etapa de ejecución, sin haber llamado a juicio a la suscrita, desde la diligencia de emplazamiento, hasta la audiencia de remate o adjudicación, pues ignoro si ya se vendió el bien inmueble propiedad de la impetrante que se identifica como LOTE 20 FRACCIÓN G, RESULTANTE DE LA RELOTIFICACIÓN DE LOS LOTES 20, 21 Y 22, MANZANA 70, COLONIA RESIDENCIAL SAN AGUSTIN, TIJUANA, SUPERFICIE 270.00 M2, respecto del cual aún se encuentra en posesión la parte quejosa"; asimismo reclamó a la autoridad citada en segundo orden "la falta de emplazamiento y actos de notificación relativos al Juicio Ejecutivo Mercantil 667/2014-B, presentado en mi contra, así como todos y cada uno de los actos y acuerdos decretados posteriormente la proveído que tiene por admitida la demanda, por haber sido llevados a cabo son antes haber sido oída ni vencida en juicio". [.]." Luego, mediante diverso escrito presentado el dos de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, María Dalia Pérez Vargas, presentó demanda de amparo, la cual por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, misma que fue radicada con el juicio 552/2021, y en la que se señalaron como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: [.] Juez Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que hizo consistir en "todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 667/2014-B, procedimiento de "ACTA DE EMBARGO" en su etapa de ejecución, sin haber llamado a juicio a la suscrita, desde la diligencia de emplazamiento, hasta la audiencia de remate o adjudicación, pues ignoro si ya se vendió el bien inmueble propiedad de la impetrante que se identifica como LOTE 20 FRACCIÓN G, RESULTANTE DE LA RELOTIFICACIÓN DE LOS LOTES 20, 21 Y 22, MANZANA 70, COLONIA RESIDENCIAL SAN AGUSTIN, TIJUANA, SUPERFICIE 270.00 M2, respecto del cual aún se encuentra en posesión la parte quejosa"; del Actuario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, reclamó "la falta de emplazamiento y actos de notificación relativos al Juicio Ejecutivo Mercantil 667/2014-B, presentado en mi contra, así como todos y cada uno de los actos y acuerdos decretados posteriormente la proveído que tiene por admitida la demanda, por haber sido llevados a cabo son antes haber sido oída ni vencida en juicio"; y del Registrado Público de la Propiedad y de Comercio, con residencia en esta ciudad, a quien reclamó "la inscripción del acta de embargo relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil número 667/2014-B, del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México." Constancias que se traen a la vista y constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, a las cuales se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, Por tanto, es dable concluir que respecto de las autoridades responsables Juez Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y Actuario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, ya que como quedó evidenciado, los actos reclamados en el presente asunto 552/2021-G, son materia del diverso juicio de amparo 518/2012-A del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por la "misma quejosa", en contra de las mismas autoridades y actos reclamados; el que actualmente se encuentra pendiente de resolver en definitiva pues la audiencia constitucional está señalada para las diez horas con cincuenta minutos de esta misma data. Por ende, es evidente que este órgano jurisdiccional está legalmente imposibilitado para pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto que se pretende reclamar en el presente asunto, -porque como se anticipó-, dicho acto reclamado es materia del diverso juicio de amparo 518/2021-A del índice de este órgano jurisdiccional, ya que al actualizarse la causa de improcedencia de que se trata, se pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en "varios juicios" se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.11o.C.31 K (10a.) emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página tres mil veintinueve, tomo dos, libro sesenta y tres, de febrero de dos mil diecinueve, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala (énfasis añadido): "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACT"UALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de 9+improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, respecto de las autoridades responsables Juez Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y Actuario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Amparo en relación con la fracción X del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Sobreseimiento fuera de audiencia, por lo que respecta a los actos reclamados a la autoridad responsable Registrador Público de la Propiedad y de Comercio. Ahora, del contenido de las constancias que integran el presente juicio de amparo, de las obtenidas del diverso 518/2021, así como de la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que, en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo y los diversos 17, fracción I, y 18 del propio ordenamiento, lo que trae como consecuencia decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. Dichas porciones normativas establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: .;" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. [.]" De los preceptos transcritos, se desprende en primer término, que dicho acto reclamado está consentido tácitamente porque contra ellos no se promovió el juicio de amparo dentro de los términos que señala la ley de la materia. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del Tomo XI, junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 216152, que dice. "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." De los anteriores enunciados normativos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Como plazo genérico para la promoción del juicio de amparo, el legislador federal estatuyó quince días, el cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En relación con esta última prescripción normativa, es factible traer a contexto la interpretación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del artículo 21 de la derogada Ley de Amparo -cuyos términos contextuales son similares y, por ende, su aplicación es factible de conformidad con el artículo sexto transitorio-; en el que se consideró que se establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución. c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Ahora, cabe reiterar que el acto reclamado por la quejosa a la autoridad Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, se trata de la inscripción del acta de embargo relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil número 667/2014-B, del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, acto del cual la promovente en el juicio de amparo 518/2021 manifestó bajo formal protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento el cinco de julio de dos mil veintiuno. En ese sentido, resulta un hecho notorio para el suscrito que, anexo al escrito inicial de demanda la parte quejosa exhibiera copia simple de certificación respecto a la búsqueda en los archivos existentes en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, respecto a la partida 5595299, de nueve de mayo de dos mil ocho, en relación con el inmueble identificado como Lote 20, fracción G, resultante de la relotificación de los lotes 20, 21 y 22, manzana 70, colonia Residencial San Agustín, Tijuana, Baja California, de la cual se advierte que en la diversa partida 6162155, sección Civil, de fecha 1 de julio de 2019, se inscribió el acta de embargo con motivo de la recepción del oficio 14749 de 18 de junio de 2019, emitido en el expediente 667/2014-B. En esa medida, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa promoviera juicio de amparo contra el acto reclamado en el presente juicio a dicha autoridad ejecutora, transcurrió del seis de julio de dos mil veintiuno al veintiséis de julio de dos mil veintiuno; descontando los días inhábiles, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco, todos de julio del año en curso. Por tanto, si la demanda que dio origen al sumario constitucional en que se actúa, se presentó hasta el dos de agosto de la presente anualidad, es evidente que transcurrió el término de quince días hábiles con que contaba la promovente de conformidad con el artículo 17, fracción I, de la ley de Amparo, para interponer la demanda de amparo tratándose de asuntos de esta naturaleza, sin que así lo hubiera hecho dentro de dicha temporalidad, de ahí que su promoción sea considerada extemporánea. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del Tomo XI, junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 216152, que dice. "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Debido a lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61, y los diversos 17, fracción I, y 18 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63 de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa respecto de Registrador Público de la Propiedad y de Comercio. Por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. En ese sentido, no es procedente señalar nuevo día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que estaba señalada para esta fecha, en atención a lo determinado en el presente proveído. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.

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