Maria de Jesus Torres Navarro
Expediente 71/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 2 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 71/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 02/02/2022
Partes del expediente
- Maria de Jesus Torres Navarro
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de febrero de dos mil veintidós. Parte quejosa manifiesta insolvencia económica. Agréguese a los autos el escrito signado por *** autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual en atención a la vista otorgada en proveído del veinte de enero del año en curso, manifiesta que la quejosa carece de recursos económicos para sufragar el pago de las publicaciones de los edictos ordenados en el citado auto, por lo que solicita se hagan a costa del Consejo de la Judicatura Federal, ya que refiere lo siguiente: Que es una persona cuya actividad laboral es ser ama de llaves, y percibe mensualmente el ingreso de *** Asimismo manifiesta que actualmente se encuentra viviendo en una casa que renta por lo que mensualmente eroga la cantidad de *** Menciona que derivado de la precariedad de sus medios económicos combatió la solicitud relativa a que se le transfiera una pensión por viudez. Finalmente precisa que es una persona mayor de cincuenta años. Para acreditar lo anterior, la quejosa ofrece las siguientes documentales: 3 recibos que acreditan el pago de renta de los meses de noviembre y diciembre de dos mil veintiuno y enero de dos mil veintidós. Ahora, si bien la parte quejosa exhibe tres recibos de pago, lo cierto es que no se acredita su insolvencia económica para poder realizar el pago de los edictos ordenados en el presente juicio de amparo, ni la manera en que tal erogación impacte en su capacidad económica, por lo que era necesario que exhibiera otro tipo de documentos, tales como estados de cuenta bancarios, certificados de ausencia de bienes inmuebles, informes de ausencia de registros de vehículos a su nombre, o bien, una pericial en materia de trabajo social. Por ende, sus manifestaciones y las pruebas exhibidas no son aptas para acreditar su insolvencia económica, pues de ellas sólo se desprende que ha pagado la renta por tres meses consecutivos; pero no que carezca de inmuebles, vehículos u otros ingresos. Por tanto, el material probatorio aportado no resulta eficaz para acreditar que la quejosa se encuentre en un estado de insolvencia o escasos recursos, ni que el pago de los edictos afecte gravemente su economía personal o familiar. En consecuencia, dado que aun transcurre el término concedido en proveído del veinte de enero del año en curso, a fin de no dejar en un estado de indefensión a la quejosa, requiérasele para que realice lo siguiente: Informe las condiciones económicas en las cuales se ubica actualmente, esto es, precise el monto de sus ingresos, y en su caso, lo acredite con las documentales relativas, como pueden ser constancias de ingresos de que se trate -pensión alimenticia, inversiones, seguro de vida, entre otros-; incluso, pudiendo exhibir una constancia expedida por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la que se certifique que no cuenta con algún inmueble inscrito a su nombre, y una diversa constancia expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en la que se haga constar si cuenta con vehículos registrados a su nombre, las que deberán comprender los movimientos de los últimos tres meses. Informe su domicilio actual y correcto, además de su RFC. Exhiba una copia o impresión de su CURP, y de su credencial de elector, así como la fecha y lugar de nacimiento, y residencia para, en su caso, realizar la investigación relativa a su situación económica. En la inteligencia que los datos señalados deberán manifestarse bajo protesta de decir verdad, y en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, lo anterior en términos del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y" Por otra parte, debe destacarse que las documentales que exhiba quedarán sujetas a la valoración de este juzgado, y en su caso, a la verificación de su autenticidad. Cabe destacar que la información que se le solicita es para que, en su caso y de estimarlo necesario, este órgano jurisdiccional solicite al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), un perito en materia de trabajo social para realizar un estudio socioeconómico en el domicilio particular de la quejosa. Igualmente, se podrá solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informe si en las instituciones de crédito del país existen cuentas de crédito o de inversión a favor de la promovente, o solicitar información a diversas dependencias que permitan conocer su verdadera situación financiera. En el entendido que la quejosa ha agotado uno de los tres días que se le concedieron el acuerdo del veinte de enero del año en curso, por lo que a partir de que surta efectos la notificación de este proveído contará con dos días para cumplir con lo requerido. En el entendido que de no dar cumplimiento a lo requerido dentro del plazo en cuestión, y en su caso, haya transcurrido el plazo concedido para recoger los edictos ordenados, se le hará efectivo el apercibimiento decretado, y se decretará el sobreseimiento en el juicio de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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