Maria de Jesus Torres Navarro

Expediente 70/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
70/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
18/03/2022

Partes del expediente

  • Maria de Jesus Torres Navarro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la resolución mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la resolución que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, el legajo de pruebas I, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese, y vía electrónica a la representante especial de la menor y al tercero interesado ***.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Se agrega informe justificado. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio de la Jueza Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por el que pretende rendir su informe justificado, toda vez que por auto del veintidós de febrero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Notifíquese, y vía electrónica al tercero interesado y al representante especial del menor.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Autoridad remite documentales. Agréguese el oficio del Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por el cual en atención al requerimiento efectuado en proveído de catorce de febrero del año en curso, remite copia certificada del proveído de esa misma fecha, dictado en el juicio familiar privilegiado de visita y convivencia *** de su índice, del que se advierte que causó ejecutoria la resolución de trece de diciembre de dos mil veintiuno, por la cual resolvió la excepción de conexidad planteada por la parte demandada en dicho procedimiento. Cabe indicar que las constancias remitidas tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional por cambio de situación jurídica Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso concreto, la parte quejosa reclama en el presente juicio la diligencia de seis de octubre de dos mil veintiuno, ordenada en el juicio familiar privilegiado de visita y convivencia *** en la que se citó a la parte quejosa para recoger el dispositivo electrónico proporcionado por el padre de la menor para desarrollar las convivencias virtuales ordenadas con la menor C.G.T.; apercibida que, de no hacerlo, se le revocaría la guarda y custodia de la niña. Cabe señalar que mediante resolución de trece de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable dictó una resolución en la que resolvió que era procedente el incidente de conexidad planteado en el juicio privilegiado de visita y convivencia *** de su índice. Seguido el cauce legal, el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, mediante el oficio de cuenta, informó que el catorce de febrero de la presente anualidad, causó ejecutoria la mencionada resolución de trece de diciembre de dos mil veintiuno, por la cual resolvió fundada la excepción de conexidad planteada por la parte demandada en el juicio privilegiado de visita y convivencia *** de su índice. En consecuencia, precisado lo anterior, de oficio se evidencia la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que se reclama la diligencia de seis de octubre de dos mil veintiuno, ordenada en el juicio familiar privilegiado de visita y convivencia *** en la que se citó a la parte quejosa para recoger el dispositivo electrónico proporcionado por el padre de la menor para desarrollar las convivencias virtuales ordenadas con la menor C.G.T.; apercibida que, de no hacerlo, se le revocaría la guarda y custodia de la niña. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que a la fecha de presentación de la demanda -once de enero de dos mil veintidós-, aún el Juez responsable no había causado ejecutoria a la resolución de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en la que resolvió el incidente de conexidad planteado por la demanda en el juicio privilegiado de visita y convivencia *** de su índice, lo cual, mediante proveído de catorce de febrero del año en curso, dictado en los autos del juicio de origen ya aconteció, lo que denota el cambio en la situación jurídica de la parte quejosa, puesto que al declararse fundado el incidente de conexidad, todo lo actuado en el mencionado juicio privilegiado de visita y convivencia *** ahora será analizado por el Juez que conozca de la conexidad. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se destaca que en la resolución de trece de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla declaró fundado el incidente de excepción de conexidad planteada por la parte demandada en el juicio familiar privilegiado de guarda y custodia *** y ordenó turnar los autos al diverso juicio de guarda y custodia *** Bis del índice de su homologo del Juzgado Tercero de lo Familiar, resolución que causó ejecutoria el catorce de febrero del año en curso. De lo anterior, se advierte que el Juez responsable al resolver la excepción de conexidad, dictó una resolución en la que en esencia determinó que para poder acordar lo conducente sobre la diligencia de seis de octubre de dos mil veintiuno, ordenada en el juicio familiar privilegiado de visita y convivencia *** resulta necesario que se analice la conexidad que existe entre el juicio familiar privilegiado de guarda y custodia *** y el diverso juicio de guarda y custodia *** Bis del índice de su homologo del Juzgado Tercero de lo Familiar, por lo que resulta evidente que no podría decidirse sobre el acuerdo reclamado sin afectar la nueva resolución dictada por el Juez responsable, esto es, la que resolvió el incidente de conexidad. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a la diligencia de seis de octubre de dos mil veintiuno, ordenada en el juicio familiar privilegiado de visita y convivencia *** sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la diligencia reclamada y la nueva situación jurídica que rige el juicio de origen, que consiste en la resolución de conexidad ordenada en el juicio familiar privilegiado de visita y convivencia *** del índice de la responsable. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. - Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda -diligencia de seis de octubre de dos mil veintiuno, ordenada en el juicio familiar privilegiado de visita y convivencia *** en la que se citó a la parte quejosa para recoger el dispositivo electrónico proporcionado por el padre de la menor para desarrollar las convivencias virtuales ordenadas con la menor C.G.T.; apercibida que, de no hacerlo, se le revocaría la guarda y custodia de la niña- y la situación jurídica que se originó en la resolución de de trece de diciembre de dos mil veintiuno dictada en el juicio familiar privilegiado de visita y convivencia *** del índice de la responsable, en la que se declaró fundado el incidente de excepción de conexidad planteada por la parte demandada en el juicio familiar privilegiado de guarda y custodia *** y se ordenó turnar los autos al diverso juicio de guarda y custodia *** Bis del índice de su homologo del Juzgado Tercero de lo Familiar, a fin de que sea resuelto sin que existan determinaciones contradictorias. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las trece horas con cincuenta minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y vía electrónica al tercero interesado y a la representante especial de la menor C.G.T.

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