María de Jesús Tehuitzil Estrada

Expediente 976/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
976/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
27/07/2022

Partes del expediente

  • María de Jesús Tehuitzil Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el escrito de la quejosa María de Jesús Tehuitzil Estrada, por medio del cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo en que se actúa. En tales condiciones, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa copia certificada de todo lo actuado de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, teniéndose por autorizada para que en su nombre y representación las reciba la persona que cita en el mismo, previa identificación a satisfacción de este juzgado y razón que por su entrega y recibo se asiente en autos. En el entendido que la parte solicitante deberá gestionar la entrega de dichas copias de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de julio de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de treinta de junio de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido. De igual manera, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente y verifíquese que el expediente electrónico generado con la FIREL como el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincida en su totalidad. Por otra parte, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido Acuerdo General. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil veintidós. Del estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que fue promovido por María de Jesús Tehuitzil Estrada, contra los actos y autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES "ORDENADORAS: EL CIUDADANO JUEZ PRIMERO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, TODOS ELLOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA CIVIL DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA. EJECUTORAS: Los Diligenciarios Non y par Adscritos al Juzgado PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO CIVIL DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA." ACTOS RECLAMADOS "I.- De los jueces antes señalados de lo Civil de esta ciudad de Puebla, en su carácter de autoridad ordenadora, reclamo todo lo actuado dentro de las actuaciones judiciales derivadas de algún expediente de dicho órgano jurisdiccional, a partir del emplazamiento y el supuesto citatorio para el mismo efecto, su ejecución y sus consecuencias mediatas, inmediatas, directas o indirectas que se han generado al haberse instaurado en mi contra sin derecho, y sin motivo, en perjuicio de mis garantías de audiencia y legalidad, tales como el emplazamiento, audiencia de conciliación, audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia, así como la sentencia definitiva. II.- De los Diligenciarios Non y par adscritos a los Juzgados de lo Civil de esta ciudad de Puebla, en su carácter de autoridad ejecutora, reclamo la alguna defectuosa citación a la audiencia de conciliación, el citatorio y el ilegal emplazamiento a juicio, si en su caso así fuera como todas las notificaciones hechas por lista realizadas dentro de las actuaciones, radicadas en los Juzgados de lo Civil de Distrito Judicial de esta ciudad de Puebla, y todos los demás actos en que intervino en mi perjuicio en razón de que jamás fui citada, ni emplazada, ni llamada a juicio dentro de dicho procedimiento." Ahora, de las constancias de autos se advierte que, las autoridades responsables al rendir su informe justificado negaron de manera categórica la existencia del acto reclamado, tal como se indica en el siguiente recuadro ilustrativo: Autoridades responsables Sentido del informe Registro Juez Primero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Niega la existencia del acto reclamado 10142 Juez Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Niega la existencia del acto reclamado 9965 Juez Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Niega la existencia del acto reclamado 10346 Juez Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Niega la existencia del acto reclamado 10035 Diligenciario Par adscrito al Juzgado Primero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Niega la existencia del acto reclamado 10042 Diligenciario Non adscrito al Juzgado Primero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Niega la existencia del acto reclamado 10147 Diligenciario Par Adscrito al Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Niega la existencia del acto reclamado 9966 Diligenciario Non adscrito al Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Niega la existencia del acto reclamado 9967 Diligenciario Par adscrito al Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Niega la existencia del acto reclamado 11168 Diligenciario Non adscrito al Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Niega la existencia del acto reclamado 10174 Diligenciario Par adscrito al Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Niega la existencia del acto reclamado 10979 Diligenciario Non adscrito al Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Niega la existencia del acto reclamado 10775 Diligenciario Par adscrito al Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Niega la existencia del acto reclamado 11388 Diligenciario Non adscrito al Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Niega la existencia del acto reclamado 11389 Conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo un acto es inexistente, entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. Ahora en el presente asunto, como se expuso en párrafos precedentes las responsables negaron la existencia de los actos reclamados, lo que pone de manifiesto que se actualiza la causal de sobreseimiento en el juicio de amparo, prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". Por su parte, el artículo 117 de la Ley de Amparo, impone a las responsables la obligación de que al rendir sus informes justificados, deben exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, lo cual sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que la autoridad admite su existencia y aduce su legitimidad, más no cuando esa autoridad negó categóricamente el acto que se le imputa. Se dice lo anterior, toda vez que el juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquéllas encaminadas a justificar los datos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que, si las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, de ninguna manera releva a la parte quejosa de la carga de desvirtuar dichas negativas, pues atendiendo al principio general del derecho que sostiene: el que afirma está obligado a probar, es decir, a allegar los medios de convicción suficientes para demostrar la inconstitucionalidad del mismo. La determinación que aquí se adopta se justifica porque, la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado y tomando en cuenta que en autos se acreditó que los actos reclamados son inexistentes. En las relatadas consideraciones, al ser inexistentes los actos reclamados de las autoridades responsables en los términos antes apuntados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta., Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, que dice: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL.". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por los Diligenciarios Par y Non adscritos al Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla; por tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a la fecha el plazo de ocho días que establece el mismo aún no comienza a transcurrir; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. ...

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