María de Jesús Ponce López

Expediente 1067/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1067/2015
Año
2015
Actuaciones
15
Última actuación
12/11/2015

Partes del expediente

  • María de Jesús Ponce López
  • Juana Jimenez Orozco
  • Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de noviembre de dos mil quince. Advirtiéndose de la razón secretarial de cuenta, en la que se hace constar que ninguna de las partes recurrió la sentencia dictada en este juicio; en la que se sobreseyó; con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE LA REFERIDA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, (que deroga el diverso 1/2001 de veintisiete de agosto de dos mil uno, únicamente por lo que se refiere al tratamiento de los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito) y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hace la indicación que el expediente en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por otra parte, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes. En términos del citado Acuerdo, se hace la indicación, de que el presente juicio de amparo, no es de relevancia documental.

  2. Principal

    R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por MARÍA DE JESÚS PONCE LÓPEZ, respecto de los actos que reclamó de la Delegación Estatal, Subdelegación Puebla Norte, Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales, Jefe del Departamento de Pensiones, Jefatura de Servicios Jurídicos, Secretario del Consejo Consultivo, Consejo Consultivo Delegacional, y Oficina de Inconformidades todas de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, precisados en el considerando segundo de esta resolución y por los motivos expresados en el considerando tercero y quinto de la misma. SEGUNDO. En términos de la parte final del considerando sexto, se realiza la publicación respectiva con supresión de datos. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, hasta el día de hoy veintiuno de octubre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Ignacio Galván Zenteno, Secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Vistos, para resolver el presente juicio de amparo indirecto 1067/2015 promovido por María de Jesús Ponce López, en contra de actos del Secretario del Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el quince de agosto de dos mil catorce, ante la otrora Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, y remitida por razón de turno el día siguiente hábil al entonces Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Puebla, actualmente Juzgado Primero de Distrito de Proceso Penales Federales en el Estado de Puebla, María de Jesús Ponce López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: "a).- Señalo como Autoridad responsable Ordenadora al Instituto Mexicano del seguro Social, Delegación Estatal en Puebla, Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales, Subdelegación Puebla Norte, Departamento de Pensiones, con domicilio ubicado en calle cuatro norte número dos mil cinco de la colonia centro de eta ciudad de Puebla, Puebla. b).- Señalo como Autoridad Responsable Ejecutora al Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal en Puebla, Jefatura de Servicios Jurídicos, Consejo Consultivo Delegacional, Oficina de Inconformidades, con domicilio ubicado en calle cuatro norte número dos mil cinco de la colonia centro de esta ciudad de Puebla, Puebla" (foja 2). ACTOS RECLAMADOS: a).- Lo constituye la resolución dictada por la Delegación Estatal en Puebla, que a su letra dice: -la transcribe-. b).- Lo constituye la resolución dictada por la Delegación Estatal en Puebla, que a su letra dice: -la transcribe-. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil catorce, se admitió a trámite la demanda, registrada en el libro de gobierno bajo el número 1271/2014, por el entonces Juzgado Primero de Distrito en el Estado, se ordenó dar la intervención que legalmente correspondía a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables (foja 15). TERCERO. Radicación del asunto por este juzgado. En cumplimiento al Acuerdo General 23/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintinueve de mayo de dos mil quince, el entonces Juzgado Primero de Distrito en el Estado, el uno de junio de dos mil quince (foja 269), remitió el juicio de amparo indirecto 1271/2014, órgano del que egresó y por auto de dieciséis de junio de dos mil quince (foja 279), se registró en el índice de este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, como amparo indirecto 1067/2015, razón por la cual se resuelve el juicio por este órgano y bajo tal número de expediente; señalándose además en dicho proveído, fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. CUARTO. Ampliación de la demanda. Mediante escrito de veinticinco de agosto de dos mil quince (foja 334) la quejosa amplió su demanda, señalando como autoridad responsable al Secretario del Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tal ampliación se acordó favorablemente el veintiséis de agosto de dos mil quince (foja 335). Finalmente previo diferimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en concordancia con los Acuerdos Generales 8/2013 y 23/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y el segundo relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, este último publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince; pues se reclaman actos de autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que el quejoso quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral de la demanda y de las constancias allegadas al presente juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: De la Delegación Estatal, Subdelegación Puebla Norte, Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales y Jefe del Departamento de Pensiones todas de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social: El oficio 220105673310, de uno de abril de dos mil catorce, que declara improcedente el trámite de pensión de viudez. De la Delegación Estatal, Jefatura de Servicios Jurídicos, Consejo Consultivo Delegacional, Oficina de Inconformidades y Secretario del Consejo Consultivo todas de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social: El acuerdo 14/438 de tres de julio de dos mil catorce, que desecha el recurso de inconformidad intentado contra el antes citado oficio 220105673310, de uno de abril de dos mil catorce. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. En el informe rendido por la Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales, Delegación Estatal y Subdelegación Puebla Norte, todas de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social (fojas 31, 124 y 28) negaron la existencia de los actos que de ellas se reclaman. Por tanto, si la quejosa no desvirtuó tal negativa; los actos reclamados a tales autoridades resultan inexistentes. En narradas circunstancias, tomando en consideración que la aquí quejosa omitió exhibir medios probatorios tendentes a desvirtuar las negativas propuestas; no obstante que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, correspondía a la carga de la prueba para acreditar la existencia de tales actos. Apoya la anterior consideración la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, página 903, que al rubro y texto dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por su parte, las autoridades responsables Jefatura de Servicios Jurídicos, Oficina de Inconformidades y Consejo Consultivo todas de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 70) reconocieron la existencia de los actos reclamados, no obstante de autos se advierte la inexistencia de los actos reclamados a tales autoridades. En efecto, el oficio 220105673310, de uno de abril de dos mil catorce, que declara improcedente el trámite de pensión de viudez (foja 12) fue emitido por el Jefe del Departamento de Pensiones Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el acuerdo 14//438 que desecha el recurso de inconformidad intentado contra el antedicho oficio 220105673310, de uno de abril de dos mil catorce (foja 13) fue emitido por el Secretario del Consejo Consultivo, de la mencionada delegación, los actos reclamados resultan inexistentes respecto de las autoridades responsables antes señaladas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis VII.1o.C.4 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, editada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 433, del siguiente tenor: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". En razón de lo anterior, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio de amparo, respecto de las autoridades responsables Delegación Estatal, Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales, Subdelegación Puebla Norte, Jefatura de Servicios Jurídicos, Consejo Consultivo y Oficina de Inconformidades todas de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que de las constancias de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados consistentes en el oficio 220105673310, de uno de abril de dos mil catorce, que declara improcedente el trámite de pensión de viudez; y, el acuerdo 14/438 de tres de julio de dos mil catorce, que desecha el recurso de inconformidad intentado en contra del antes citado oficio 220105673310, por así haberlo manifestado el Jefe del Departamento de Pensiones y el Secretario del Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sus respectivos informes justificados (fojas 24 y 351). Sirve de apoyo a lo precedente, la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo VI, página 231, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio del fondo del asunto, y al ser de orden público el análisis de las causales de improcedencia, como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, en primer término, se examinará la prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cesación de los efectos del primer acto reclamado. En la especie, respecto del oficio 220105673310, de uno de abril de dos mil catorce, que declara improcedente el trámite de pensión de viudez, emitido por el Jefe del Departamento de Pensiones Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto legal invocado señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Al respecto, es pertinente destacar que si bien es cierto, ha sido criterio del Máximo Tribunal de la República que la cesación de efectos del acto reclamado surge en aquellos casos en que se ha restituido al quejoso en el goce de la garantía individual violada, de tal manera que vuelvan las cosas al estado que guardaban con anterioridad; sin embargo, tratándose de actos que hayan sido sustituidos por otros, independientemente de que se haya restituido al quejoso en completo goce la garantía estimada violada, lo cierto es que surge una nueva situación que impide al juzgador de amparo abordar el estudio del acto reclamado por quedar insubsistente; lo que obliga a la impetrante a señalar la nueva resolución como acto reclamado al promover el juicio de garantías, y no la que ha dejado de tener eficacia, toda vez que ésta sustituyó procesalmente a la otra; por tanto, se reitera, no puede abordarse al estudio de la resolución sustituida por una nueva determinación, pues ningún caso práctico tendría el analizarla si queda subsistente la que se dictó con posterioridad. De la intelección de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, se observan dos supuestos de cesación de efectos: I. Por revocación; y, II. Por sustitución. El primero se colma cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo aparece por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incurre en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; es decir, la segunda resolución otorga firmeza y sustituye el auto o resolución impugnada en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. En la especie se actualiza el segundo supuesto. Ello es así, porque la quejosa presentó recurso de inconformidad en contra del citado oficio (foja 102) mediante escrito de dieciséis de abril de dos mil catorce, al que recayó el acuerdo 14/438 de tres de julio de dos mil catorce, que desecha el recurso de inconformidad intentado, por tanto es este último acuerdo el que sustituye el oficio 220105673310, de uno de abril de dos mil catorce, y que este juzgado se encuentra impedido para analizarlo. Ilustra sobre el particular la tesis VI.2o.A.17 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, octubre de dos mil cinco, página 2296, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RELATIVO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES SUSTITUIDO POR OTRO DURANTE EL TRÁMITE DEL MISMO. Cuando en la demanda de garantías se precisa como acto reclamado la resolución dictada por la autoridad responsable en un procedimiento administrativo y durante el trámite del juicio de amparo tal resolución es sustituida por otra dictada en el mismo procedimiento, debe estimarse que el acto reclamado cesó en sus efectos y, que es esta nueva resolución la que podría causar perjuicio al quejoso; por lo que, por tal circunstancia sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 74, fracción III del mismo ordenamiento legal". Por las razones expuestas con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en el oficio 220105673310, de uno de abril de dos mil catorce, que declara improcedente el trámite de pensión de viudez, emitido por el Jefe del Departamento de Pensiones Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que motiva sobreseer el presente juicio en términos de la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. Por otra parte, respecto del diverso acto reclamado, consistente en el acuerdo 14/438 de tres de julio de dos mil catorce, mediante el cual se desechó el recurso de inconformidad intentado contra el citado oficio 220105673310, de uno de abril de dos mil catorce, la Delegación Estatal, Jefatura de Servicios Jurídicos, Consejo Consultivo Delegacional, Oficina de Inconformidades y Secretario del Consejo Consultivo todas de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 84 vuelta), estiman que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, 5 fracción II, a contrario sensu, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, ya que en el caso, al Secretario del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Tal afirmación es fundada. Para demostrar la anterior afirmación, en primer término es necesario traer a contexto lo dispuesto en los preceptos citados, los cuales indican: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En esos términos, la fracción XXIII del artículo 61, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que su aplicación deriva de la relación que guarda con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el numeral en comento. Ahora, en la especie, la causal de improcedencia se vincula con el citado artículo 1°, fracción I, al disponer que el juicio de amparo tenga por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos que emanen de una autoridad y vulneren derechos fundamentales. En esas condiciones, una autoridad para efectos del juicio de amparo es aquélla que cuenta con características de órgano público otorgadas por la norma jurídica; por tanto, tiene potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o jurídica perteneciente a la Federación, los Estados o los Municipios, que con facultades de facto o de jure, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado. Lo anterior, permite establecer que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. Asimismo, para determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo", además de los elementos ya precisados, también se requiere el análisis de mayores requisitos, los cuales dependerán del estudio del caso concreto que se presente; por tanto, se debe analizar de igual modo, cuando menos: 1) El origen material y la finalidad del acto respectivo; 2) El carácter de la relación jurídica entre los sujetos (actualización de la relación de supra a subordinación); y 3) El sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del particular. Apoya lo anterior, por las razones jurídicas que la sustentan, la tesis P. XXVII/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118, Tomo V, Febrero de 1997, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Respecto a ese tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció los requisitos que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un gobernado; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley; c) Que emita actos unilaterales por medio de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del gobernado; y d) Que no requiera acudir a los órganos judiciales ni la voluntad del afectado. Dicho criterio se sustenta en la tesis 2a.CCIV/2001, visible en la página 39, Tomo XIV, Noviembre de 2001, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Cabe precisar que si bien conforme al numeral transcrito también pueden ser autoridad para efectos del amparo, los particulares; sin embargo, el propio dispositivo exige que estos últimos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos expuestos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En este orden, tenemos que es autoridad para los efectos del juicio de amparo, aquel ente de derecho o de hecho que de forma unilateral y en un plano de supra a subordinación, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, a través del cual se crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de sus funcionarios, como es el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional, no tiene el carácter de autoridad responsable en el presente asunto, ya que el acto reclamado consiste en la improcedencia del trámite de solicitud de pensión de viudez, solo son actuaciones emitidas como parte integrante del ente asegurador. Circunstancia que pone de manifiesto que, las cuestiones relacionadas con la procedencia de la pensión, son emitidas en una relación de coordinación, la cual es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de este tipo de relaciones. Aunado a lo anterior, debe destacarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2009, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, respecto a la naturaleza jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, precisó que éste tiene un doble carácter, a saber: 1. Como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación; y, 2. Como ente asegurador, y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y patrón, o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. La primera de dichas funciones se dirige a los patrones y demás sujetos obligados, frente a quienes actúa como una institución fiscal autónoma, que cuenta con el poder de hacer efectivas las obligaciones consignadas en la ley que lo rige y, la segunda, se enfoca hacia los asegurados y sus beneficiarios, frente a quienes actúa como institución pública descentralizada, que tiene por objeto brindar un servicio de seguridad social. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 134/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1511, de rubro y texto: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." Por tanto, es inconcuso que el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional no tiene el carácter de autoridad para efecto del presente juicio de amparo, pues los actos que se les atribuyen tienen su origen en una relación jurídica con una asegurada y en ese supuesto, se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un plano de igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social. En esa tesitura, al evidenciarse que el acto reclamado del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Secretario del Consejo Consultivo Delegacional, no son actos emitidos por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, se surte la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo aplicable, en relación con los numerales 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 5°, fracción II y 11, de ese mismo ordenamiento legal, estos últimos aplicados en sentido contrario, lo que impone sobreseer en este juicio, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Sin que al caso sea necesario estudiar las diversas causas de improcedencia que invocaron las autoridades responsables, ya que el examen de ellas resulta innecesario y a nada práctico conduciría, pues no cambiaría el sentido de la resolución. Por su aplicación, es de citarse la jurisprudencia número 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, que reza bajo la voz: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". SEXTO. PUBLICIDAD. Si bien de conformidad con el artículo 8°, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que causen ejecutoria y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, en los diversos numerales 6° y 7°, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la referida legislación, se obtienen los términos en que procederá la consulta de los expedientes que tienen en resguardo tanto los órganos jurisdiccionales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Empero, de conformidad con el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares, considerada como confidencial, la cual, de acuerdo con los artículos 18, de la citada ley, y 8°, del referido reglamento, debe ser entendida como aquélla cuya difusión, comercialización o distribución requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas titulares de la misma. En este contexto, al encontrarse obligado este órgano jurisdiccional a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no hayan hecho valer ese derecho, se ordena la publicación de esta resolución, con supresión de datos personales a que se refiere el artículo 3°, fracción I, de la citada legislación. Sustenta lo considerado el criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquélla cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos". SÉPTIMO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por MARÍA DE JESÚS PONCE LÓPEZ, respecto de los actos que reclamó de la Delegación Estatal, Subdelegación Puebla Norte, Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales, Jefe del Departamento de Pensiones, Jefatura de Servicios Jurídicos, Secretario del Consejo Consultivo, Consejo Consultivo Delegacional, y Oficina de Inconformidades todas de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, precisados en el considerando segundo de esta resolución y por los motivos expresados en el considerando tercero y quinto de la misma. SEGUNDO. En términos de la parte final del considerando sexto, se realiza la publicación respectiva con supresión de datos. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, hasta el día de hoy veintiuno de octubre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Ignacio Galván Zenteno, Secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta, del Secretario del Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del cual rinde su informe justificado en relación a la ampliación de demanda. Ahora bien, téngase a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado correspondiente y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer su llegada a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de ser relacionado con el valor que la ley le concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional.

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