María de Jesús López Meléndrez

Expediente 1042/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1042/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
31/07/2019

Partes del expediente

  • María de Jesús López Meléndrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación dentro del plazo que prevé el arábigo 86 de la Ley de Amparo vigente, en contra de la sentencia pronunciada el veintisiete de junio del año en curso (fojas 56 a 61). Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley en comento, por disposición expresa en su precepto 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 214 de la Legislación de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar se concedió por una parte y se negó por otra, respecto de los actos reclamados (fojas 137 a 141 y 148 a 150, del cuaderno incidental original); razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la última interlocutoria del incidente de suspensión, procédase a la destrucción del mismo, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno.

  2. Principal

    Tepic, Nayarit, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que mediante resolución dictada por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, en el presente sumario de amparo, el dieciocho de enero de dos mil diecinueve (fojas 96-113), por un lado, se sobreseyó y, por otro, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por la quejosa, en los términos siguientes: ".A) Deje sin efectos la resolución de cuatro de julio de dos mil dieciocho, dictada en el procedimiento administrativo disciplinario **********; B) Ordene la reposición del procedimiento disciplinario desde el auto de inicio, a efecto de dar a conocer a la servidora pública ********** los hechos imputados en la queja interpuesta por ***********, así como la causa de responsabilidad en la que encuadra la conducta atribuida, a efecto de que esté en aptitud de ejercer una adecuada defensa; asimismo, informe sobre el derecho a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor perito en la materia; y, C) Hecho lo anterior, continúe el trámite legal y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. D) La concesión de la protección constitucional se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit; quien deberá acatar materialmente el fallo, pues, los vicios denotados en el procedimiento trascendieron a la resolución y, por ende, a su ejecución, en términos de la Jurisprudencia número 296, de rubro:-AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS-..." De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable ordenadora, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: Dejar sin efecto la resolución emitida en el procedimiento administrativo CD********, el cuatro de julio de dos mil dieciocho; y, Dictar una diversa, en la que deje sin efecto todo lo actuado en el procedimiento administrativo de origen, desde el auto de inicio a efecto de dar a conocer a *******los hechos que se le imputan en la queja interpuesta por ************, así como la causa de responsabilidad en la que encuadra la conducta atribuida; asimismo, se le informe el derecho con el que cuenta para defenderse personalmente, o bien, por diversa persona, a efecto de que se encuentre en condiciones de ejercer una defensa adecuada; y, hecho lo anterior, continúe el trámite legal respectivo a fin de que, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. Por su parte, la diversa autoridad ejecutora Jefe de Departamentos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, debía dejar sin efecto los actos de ejecución del acto reclamado que le fueron atribuidos. Luego, en auto de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 126 y 127) se declaró ejecutoriada dicha determinación. Ahora, a través del oficio y anexo presentados el once y catorce de marzo actual, respectivamente (fojas 140-141 y 143-151), los entes responsables informaron a este juzgado federal las gestiones que realizaron, a fin de dar cumplimiento al fallo protector. En efecto, el Jefe de Departamentos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó que, a fin de dar cumplimiento a la ejecutora en análisis, determinó no agregar al expediente personal de Diana Leticia Hermosillo Méndez la resolución administrativa dictada por la diversa autoridad responsable ordenadora, el cuatro de julio de la anualidad próxima pasada (acto reclamado) y, para corroborar su dicho, remitió el oficio *******(foja 141). Por su parte, el Consejero Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta localidad, adjuntó copia certificada de la resolución de once de marzo del presente año (fojas 144-146), de la que se advierte, en concreto, que ordenó reponer el procedimiento administrativo CD-PAC-03/2018 y, por ende, dejó insubsistente todo lo actuado a partir del veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (auto de inicio); asimismo, ordenó emplazar a la aquí quejosa a dicho procedimiento, en los términos citados en la ejecutoria en análisis. Asimismo, de dichas constancias se advierte que, en cumplimiento a lo anterior, el Secretario de Acuerdos adscrito al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit asentó que el catorce de marzo pasado notificó personalmente a Diana Leticia Hermosillo Méndez, el auto de once de marzo de dos mil diecinueve y, entre otras cuestiones, le informó que: Contaba con el término de cinco días para dar contestación a la queja formulada en su contra y ofrecer pruebas. Tenía derecho a defenderse personalmente, o bien, por tercera persona que ejerza la profesión de abogado. Dio a conocer los hechos que se le imputan y la causa de responsabilidad en la que encuadra dicha conducta, a saber, la contenida en el artículo 124.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit. Posteriormente, a través del oficio y anexo presentados en este juzgado el veintidós de mayo pasado (fojas 171 y 185 a 200) el ente responsable ordenador adjuntó, entre otras, copia certificada del auto de tres de abril de dos mil diecinueve, por medio del cual, tuvo a la aquí quejosa rindiendo su informe de hechos, es decir, compareciendo al procedimiento de origen, asimismo, calificó las pruebas ofrecidas por ésta. En ese contexto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos humanos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo pues acató los extremos de la concesión; por tanto, debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Lo anterior, sin que pase inadvertido que en el fallo protector se estableció que, una vez que la autoridad responsable notificara a la aquí quejosa, en los términos establecidos en la citada ejecutoria, la radicación del procedimiento administrativo seguido en su contra, lo resolviera conforme a derecho; sin embargo, debe precisarse que el dictado de una nueva resolución que ponga fin al procedimiento de origen no es una consecuencia directa de la concesión de mérito, pues ésta se otorgó con motivo de una irregularidad procesal detectada en la etapa de llamamiento al procedimiento; por tanto, para efecto de analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, bastaba que la autoridad responsable subsanara dicha violación procesal, sin tener que esperar que se resuelva de fondo el asunto planteado ante su jurisdicción. Por tanto, se reitera, para tener por cumplida la ejecutoria en análisis bastaba que la autoridad responsable dejara sin efectos el acto motivo de reclamo y ordenara la reposición del procedimiento de origen, a fin de que actuara conforme a los lineamientos plasmados en el citado fallo protector en el sentido de subsanar la violación procesal detectada, sin esperar a que se pronuncie una nueva resolución, por tratarse de un acto futuro e incierto y no una consecuencia directa del indebido llamamiento al procedimiento de origen. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, por un lado, se sobreseyó y, por otro, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en el artículo vigésimo primero, fracción III, último párrafo, del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio, es depurable, debido a que se concedió la suspensión de los actos reclamados, por ende, déjese el mismo por separado y una vez transcurridos cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, depúrese, previa el acta respectiva y anotación correspondiente en el libro de gobierno que corresponda, empero, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria que otorgó la suspensión a la parte quejosa; en tanto que en términos del ordinal vigésimo, fracción III del Acuerdo General de mérito, el duplicado del incidente de suspensión respectivo es destruible, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, de ahí que, en su momento, procédase a su destrucción, previa acta que se elabore para constancia y, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, toda vez que ya no son necesarias las constancias relativas al acto reclamado, devuélvanse en un legajo a la autoridad responsable Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por resultar innecesaria su retención.

  3. Incidental

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta suscrito por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida el dieciséis de los cursantes, en el recurso de queja número 346/2018, relativo al presente sumario constitucional, en la que se aprecia que declaró infundado dicho medio de impugnación interpuesto en contra del auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho (fojas 41 a 45); en consecuencia, acúsese el recibo de estilo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro relativo. En virtud de lo anterior, con fundamento en el numeral 102 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena la reanudación del procedimiento del juicio en que se actúa, a fin de continuar con la secuela procesal correspondiente, para lo cual se señalan las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Incidental

    ** PRIMERO. Se NIEGA a **, la suspensión definitiva que solicita del acto reclamado atribuido a la responsable Director de Atención y Resolución a Peticiones de la Secretaría de Educación Pública, con residencia en la Ciudad de México, por los motivos precisados en el considerando primero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL DOS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para el verificativo de la audiencia incidental relativa a la autoridad precisada en el considerando segundo de esta determinación. **

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