María de Jesús Domínguez López

Expediente 1668/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1668/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
30/08/2018

Partes del expediente

  • María de Jesús Domínguez López

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio de cuenta mediante el cual el delegado de la responsable Tesorero Municipal y Jefe de Catastro, ambos del Ayuntamiento de Bahía de Bandera, Nayarit, proponen un convenio para dar cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo, por lo que solicita se le dé vista a la parte quejosa; al respecto, debe decírsele que ambas responsables cuentan con las más amplias facultades para realizar las gestiones, entre ellos acuerdos, diligencias y convenios con la parte gestionante del amparo a efecto de dar acatamiento a la sentencia concesoria del amparo; en la inteligencia que este Juzgado Federal se encuentra a la espera del cumplimiento, y en caso de que lleguen a un convenio con la parte solicitante del amparo lo hagan llegar a este Juzgado Federal para estar en condiciones de tenerlos en vías de cumplimiento al mismo. Por consiguiente, requiérase a las autoridades en cita, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, informen el cumplimiento a la sentencia. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, o bien, no manifestar el impedimento legal que tengan al efecto, se les impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo que establece el ordinal 260, fracción II y 238 de la actual Ley de Amparo. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Luego, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada.

  2. Principal

    Tepic, Nayarit, quince de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta signado por Karla Marvelly Gudiño Dena, delegada del Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por medio del cual con el fin de dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio informa que el diez de agosto de la presente anualidad se realizó a la parte quejosa una transferencia interbancaria por la cantidad de $9,159.02 (nueve mil ciento cincuenta y nueve pesos con dos centavos 02/100 moneda nacional) a través de la institución bancaria BANORTE, asimismo, anexa copia simple del Reporte de Transferencia SPEI. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este juzgado federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vistas las constancias de pruebas que obran por separado, se advierte que para estar en aptitud de resolver el presente juicio, resulta necesario allegarse de la documental a través del cual la parte demandada nombró como apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio a Ilhuiltemoc Coronado Elizalde, protocolizada bajo la escritura pública número 6,511; en consecuencia, con fundamento en el arábigo 297, fracción II, de la Ley Adjetiva Civil Federal de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, relacionado con el 75 de la Ley antes citada, requiérase al Notario Público Número 15 de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Nayarit, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes al recibo del oficio de notificación del presente proveído, se sirva remitir copia certificada, completa, legible, ordenada, rubricada y enumerada del testimonio antes referido, o en su caso, informe el impedimento legal que tenga para ello. Cobra aplicación al respecto, la Jurisprudencia 363, sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trecientos nueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo contenido versa al tenor siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Asimismo, en la Tesis I.13o. A. 1.K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento trece, Tomo XIII, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil uno, que a la letra señala: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías". En consecuencia, para dar tiempo a que se cumplimente lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

  4. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a *****, contra el acto que reclamó al Auditor Superior del Estado de Nayarit, así como al Director General de la Unidad Jurídica de dicha dependencia, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de dictar resolución en el procedimiento administrativo TUXPAN/14-ADR/291; por los motivos y para los efectos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia.

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