María de Jesús Hernández Ramírez de Guerrero

Expediente 732/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
732/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
15/10/2015

Partes del expediente

  • María de Jesús Hernández Ramírez de Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, quince de octubre de dos mil quince. Vista la certificación secretarial de cuenta, donde aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veintiocho de septiembre del año en curso, dictado en el presente juicio, en el que se desechó la demanda de garantías por notoriamente improcedente. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso recurso en contra de dicho proveído que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de la Materia. Por otra parte, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de septiembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito aclaratorio de demanda promovido por María de Jesús Hernández Ramírez de Guerrero. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al Juez, a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, de dicho escrito de demanda, se advierte que el impetrante solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: "III.AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo como autoridades responsables: a)A la H. Sala de Circuito de la Zona Sur, dependiente del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con domicilio ubicado en calle Río Baluarte s/n, en el Fraccionamiento Tellería, de esta ciudad. b) Al C. Juez Tercero de primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad, con domicilio ubicado en la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado de Sinaloa, en esta ciudad. IV. ACTOS RECLAMADOS. De la autoridad responsable H. Sala de Circuito de la Zona Sur, reclamo la sentencia de fecha veintiséis de agosto del año en curso, dictada en el toca de apelación 151/2015-C, en la que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra del auto dictado por el C. Juez Tercero de lo Civil en el expediente 872/2003 que aprobó el remate celebrado.". Como se señaló al inicio, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable. En relación con la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e "indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independiente de los elementos que eventualmente pudiera allegar las partes. En relación con lo expresado, es aplicable en términos del artículo Sexto Transcrito de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 9, sustentada por Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 730, Tomo X, Septiembre de 1999, en Materia Común, correspondiente a la Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. De igual forma es aplicable la tesis de jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, en Materia Común, correspondiente a la Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Del análisis integral del libelo constitucional, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, del referido ordenamiento legal, pues como se establecerá a continuación, los actos reclamados no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de remate. Los artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Artículo 107 Constitucional.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Artículo 107 de la Ley de Amparo. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." De estos preceptos se advierte, entre otras disposiciones, que se refieren al juicio de amparo promovido contra actos judiciales, esto es, contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, además establecen que el juicio de amparo indirecto procede, tratándose de remates, siempre y cuando sea la última resolución, esto es, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no es aquél que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Apoya lo anterior, la tesis aislada, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, localizable en la página 1827, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, en Materia Común, correspondiente a la Novena Época, que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." En efecto, tomando en consideración que de los preceptos legales transcritos, se advierte que, en la etapa de remate el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto, a la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, con la finalidad de evitar abusos en la promoción del juicio de amparo biinstancial, porque la sociedad y el Estado están interesados en que se cumpla con los fallos en los que se establece la verdad legal. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo indirecto, tratándose de remates, exige que se trate de la última resolución, que es aquella que ordena el otorgamiento y firma de la escritura de adjudicación "y" la entrega del bien rematado; pues el legislador al utilizar la conjunción copulativa "y", no permite la posibilidad de interpretar que para la procedencia del juicio constitucional, basta que se actualice cualquiera de esos dos supuestos para estimar que se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de remate. Además, el auto aprobatorio de remate, ni la sola orden de protocolización no concluye el propio procedimiento de remate, en razón que, por diversas causas, la escritura correspondiente puede no expedirse, y en este caso continuará el trámite respectivo, pero al ir aparejada de la orden de entrega del bien rematado, sí puede concluirse que ha terminado el procedimiento de remate, con independencia del trámite administrativo para escriturar la propiedad. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia III.5o.C. J/5 (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, localizable en la página 1454 del Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, en Materia Común, correspondiente a la Décima Época, que dice: "REMATE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ORDENA LA ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DEL BIEN, AUN CUANDO SE ACUERDEN EN FORMA SEPARADA. De lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se desprende que el legislador, en forma específica, determinó que la última resolución emitida en el procedimiento de remate "es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados"; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido ambas órdenes, sin que constituya un obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución.". Por tanto, procede el amparo indirecto hasta cuando esto suceda, esto es, que ya se hayan emitido ambas órdenes (la que ordena escriturar y la que determina la entrega de los bienes materia de la almoneda); sin que sea obstáculo para ello que se determinen en acuerdos separados. Por otra parte, no debe pasarse por alto que el fin perseguido por dicha norma es el de no entorpecer el procedimiento de cumplimiento de sentencias definitivas, al ser una cuestión de orden público, dado que la sociedad está interesada en que prevalezca el estado de derecho mediante el íntegro acatamiento de las resoluciones de los tribunales. Por ello, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo implícitamente contempla que el juicio de amparo no puede ser un medio legal para entorpecer los procedimientos de ejecución ya que, estimar lo contrario, contravendría el espíritu del artículo 17 constitucional, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Por lo anterior, es dable establecer que aquella norma, armonizada con el texto del artículo 17 constitucional, persigue que no se paralice el cumplimiento de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales, poniendo de manifiesto que el interés general de la sociedad de que se cumplan dichas resoluciones, está por encima del particular que pretende evitarlo. En el caso, los actos reclamados consisten en: "De la autoridad responsable H. Sala de Circuito de la Zona Sur, reclamo la sentencia de fecha veintiséis de agosto del año en curso, dictada en el toca de apelación 151/2015-C, en la que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra del auto dictado por el C. Juez Tercero de lo Civil en el expediente 872/2003 que aprobó el remate celebrado." De lo anterior, se desprende que si bien, se reclama la declaración de firmeza del auto que aprobó el remate del inmueble que viene defendiendo la hoy quejosa, con motivo de haberse adjudicado a la parte actora el bien inmueble consistente en un lote de terreno identificado con el número 25-C, Cuartel diecisiete, dela manzana, número 45, y Construcción destinada para casa habitación edificada sobre el mismo ubicada en calle Justo Sierra número 11, fraccionamiento Los Girasoles en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa; sin embargo, no es la resolución que en forma definitiva, ordena la entrega del inmueble en cuestión, y por lo tanto, de lo que se viene doliendo, son eventuales violaciones cometidas en el procedimiento de remate, entonces, sus efectos y consecuencias son que se continué con el procedimiento, hasta que se dicte el auto que además ordene la entrega del bien, y, de ello deviene la improcedencia el juicio de amparo. Máxime, que de acuerdo a los artículos 582, 583, 584 y 585 del Código de Procedimientos Civiles aplicable al caso, ordinariamente, primero, se decreta la orden de otorgamiento de escritura y, posteriormente, la entrega de la posesión de los bienes. Así es, puesto que del contenido de los preceptos legales invocados, se evidencia que tratándose de remates, en primer orden se le hace saber al deudor que dentro del tercer día deberá otorgar la escritura de venta a favor del comprador, con apercibimiento que de no hacerlo, el juez lo hará en su rebeldía; luego, otorgada la escritura, se darán al comprador los títulos de propiedad y se pondrán los bienes a su disposición, asimismo se requerirá al deudor para que los entregue y en su caso, se dictarán las órdenes necesarias, aun la de desocupación para poner en posesión del bien al adquirente. En esa medida, el auto aprobatorio de remate, no constituyen la resolución definitiva que el legislador destacó en el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo, a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia PC.I.C. J/2 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil Del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, localizable en la página 1738, del Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, en materia Común, correspondiente a la Décima Época, que dice: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla.". Así como la tesis XIX.1o.A.C.38 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página: 1246, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Materia(s): Civil, correspondiente a la Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE ORDENA OTORGAR EN REBELDÍA DEL DEMANDADO LA ESCRITURA DE UN INMUEBLE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA AL NO CONSTITUIR SU ÚLTIMA RESOLUCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). Conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el amparo indirecto sólo procede en ejecución de sentencia cuando se interponga contra la última resolución dictada en ese procedimiento y, de manera excepcional, si el acto reclamado tiene autonomía propia, por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. En este sentido, si el acto reclamado se hace consistir en el auto que ordena otorgar en rebeldía del demandado, la escritura del inmueble embargado y adjudicado, no puede considerarse como la última resolución dictada en el mencionado procedimiento, pues tanto ese acuerdo como el lanzamiento y la entrega del bien, son actos que no constituyen la excepción indicada, en virtud de que tienen el propósito de llevar a cabo la ejecución de la sentencia, según se advierte de los artículos 703, fracción VI, y 706 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas y, por ende, no gozan de autonomía propia; de ahí que resulte improcedente el juicio de amparo indirecto contra actos de tal naturaleza, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción III, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo.". En estas circunstancias, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, y con apoyo en el diverso 113 de la misma Ley, procede DESECHAR LA DEMANDA DE GARANTÍAS, promovida por María de Jesús Hernández Ramírez de Guerrero, contra actos de la Sala de Circuito Civil Zona Sur del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Finalmente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda, y como autorizados para tal efecto, en términos de la parte inicial del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene a Joaquín Tirado Estrada, Perla Lorena Niebla Zatarain y Raúl de Jesús Cervantes Leyva; y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, de conformidad con la parte final del segundo párrafo del citado precepto legal a Dora Alicia Vázquez Ríos y a las pasantes en Derecho Vianney López Echegaray y Jesús Eduardo Melín Rodríguez, por no tener cédula profesional ni permiso temporal para ejercer la abogacía registrado en este Juzgado, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

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