María de Jesús Hernández Ramírez De Guerrero
Expediente 629/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 629/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- María de Jesús Hernández Ramírez De Guerrero
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso correspondiente, en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso recurso en contra de dicho proveído que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de la Materia. Por otra parte, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, uno de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por María de Jesús Hernández Ramírez de Guerrero. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número 629/2016 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN Ahora bien, a fin de acordar sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que, dentro del término de cinco días, contado a partir del en que quede legalmente notificada de este proveído, bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda respecto de lo siguiente: Deberá manifestar si se le requirió por la entrega de la escritura correspondiente en forma voluntaria o en rebeldía se ordenó la escrituración, toda vez que ello resulta necesario para estar en aptitud de acordar lo que en derecho proceda respecto a la admisión de la demanda. En el entendido que deberá presentar seis copias de su escrito aclaratorio, conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 106/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede ver Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 170, con registro 177046, del tenor literal siguiente: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." Así como las Jurisprudencias 35/2001 y 36/2001, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA." "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." APERCIBIMIENTO. Apercibida que en caso de no cumplir íntegramente con la presente prevención dentro del lapso indicado, la demanda se tendrá por no presentada conforme a lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo, a Joaquín Tirado Estrada, Raúl de Jesús Cervantes Leyva, Perla Lorena Niebla Zataraín, Dora Alicia Vázquez Ríos y Suhail Montserrat Ortiz García; y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a Vianney López Echeagaray y Jesús Eduardo Melin Rodríguez, en términos de lo previsto en la parte final del segundo párrafo del citado precepto, en virtud de no tener cédula profesional ni permiso temporal para ejercer la abogacía registrados en este juzgado, como tampoco en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Y SECRETARIOS En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario o secretarios adscritos a este Juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Notifíquese; personalmente al promovente.
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