María de Jesús Gutierrez Canto
Expediente 811/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 811/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- María de Jesús Gutierrez Canto y Otros.
- María de Jesús Gutierrez Canto
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha transcurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. En consecuencia, se declara que el auto que tuvo por no interpuesta la demanda de amparo ha causado estado. Archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE DIECISEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. (.) Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por María del Jesús Gutiérrez Canto y Jesús Santiago García Moreno, contra actos del Encargado de la Oficialía Segunda del Registro Civil en Tampico, Tamaulipas, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente811/2021-VI-B. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de demanda. Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo1 , se llega al conocimiento de que la parte quejosa, señala como acto reclamado: ? La negativa por parte de la Oficialía Segunda del Registro Civil, con sede en Tampico, Tamaulipas, de recibir e inscribir la sentencia de divorcio tres de diciembre de dos mil catorce, emitida en la jurisdicción voluntaria sobre divorcio voluntario 1188/2014, por el Juzgado Tercero Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira; y, en vía de consecuencia, a expedir la correspondiente acta de divorcio. Desechamiento de la demanda. Esta juzgadora procede a examinar la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. 1DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Los citados preceptos imponen, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS"2 . Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Conforme a esos lineamientos, a criterio de este juzgador, considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5°, fracción II, interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: 2 Jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77. 22/04/24 14:05:14 [A]rtículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales II. Por leyes o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de la autoridad federal. Por su parte, la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la citada legislación señalan lo siguiente: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.[.] Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De la interpretación de estos numerales se deduce que el juicio de amparo tiene como finalidad resolver las controversias que se susciten por leyes o actos emitidos por una autoridad, transgresores de la Constitución, con el propósito de defender a los gobernados por las violaciones a sus derechos fundamentales tutelados constitucionalmente a través de las garantías individuales. 22/04/24 De ahí que, de una intelección de esos numerales, también se obtiene que el juicio de amparo deviene improcedente cuando en éste no se reclamen actos de autoridad, misma que para efectos de este juicio es la que teniendo las características de órgano público que le confieren las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Entonces, para efectos de resolver la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario determinar cuándo se está ante un acto atribuible a una autoridad para los efectos del juicio de amparo. Estudio de los actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo Al respecto, es de indicarse que, tradicionalmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las características que distinguen a una autoridad, para los efectos del amparo, son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho, que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. 3) Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. 4) Para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, quien no reúne esos atributos, no puede ser autoridad responsable; y el juicio de amparo contra los actos que emita resulta improcedente. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, que dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Atento a lo anterior, es de advertir que no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios que ha integrado, sostiene que para efectos del amparo, no sólo es autoridad responsable aquélla que se encuentra constituida con ese carácter conforme a la ley, sino también la que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo esté en la posibilidad formal o material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Asimismo, para determinar si los actos reclamados son de aquellos que se encuentran considerados por el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se debe precisar si quienes los realizan se encuentran actuando con el imperio de la ley, para lo cual se debe atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, coordinación y de supra a subordinación que regulen dichos actos. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias, sin embargo, en este supuesto también se pueden encuadrar algunas de las relaciones entre particulares con el estado, en las cuales, éste último no reviste su carácter de autoridad y está sujeto a una igualdad de planos con el particular. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado; en dicha relación las autoridades desempeñan frente al gobernado la actividad soberana, es decir, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, de lo que se sigue que de faltar alguna de esas características un acto no se puede considerar como de autoridad. Así, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, entre sujetos colocados en diferentes planos. Por tanto, es autoridad para efectos del juicio de amparo, la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, esto es, aquella que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad y aquella que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora, procede determinar si en el caso el Encargado de la Oficialía Segunda del Registro Civil en Tampico, Tamaulipas, reúne las señaladas características para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando se niega a inscribir una sentencia de divorcio y, por ende, a expedir la correspondiente acta de divorcio, en contravención a lo ordenado por una autoridad judicial. En ese sentido, es de destacarse que el Registro Civil es una institución de orden público por medio de la cual el Estado inscribe, autentifica y da publicidad a todo lo relativo al estado civil de las personas [nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, defunción, declaración de ausencia, entre otros], tal como se desprende de los artículos 31 y 34, del Código Civil para el Estado de Tamaulipas3 . Por esa razón, en el Registro Civil existen una serie de principios fundamentales, entre ellos, el de rogación, que prohíbe al Oficial del Registro Civil realizar certificaciones o emitir actas de manera unilateral, respecto de actos que necesariamente requieren que quien lo solicite se encuentre legitimado, esto es, debió ser parte en el acto o bien tratarse de la orden de un Juez. Dicho principio, se ve reflejado, entre otros, en los artículos 51, 105, 106 y 107, del aludido Código Civil para el Estado de Tamaulipas, que disponen: [A]rtículo 51.- La cancelación o la modificación de una acta del estado civil, no puede hacerse sino en virtud de resolución pronunciada por el Poder Judicial en el procedimiento que corresponda. Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a los casos de reconocimiento voluntario de un hijo, el cual se sujetará a las prescripciones de este Código. Artículo 105.- Ejecutoriada la sentencia de divorcio, el Juez remitirá copia certificada de ella al Oficial del Registro Civil que corresponda, quien levantará el acta respectiva. Artículo 106.- El acta de divorcio contendrá: nombres, apellidos, edad, domicilio y nacionalidad de los divorciados; la parte resolutiva de la sentencia en su caso, fecha de la resolución y autoridad que la dictó. Artículo 107.- Elaborada el acta, se anotarán las de nacimiento y matrimonio de los divorciados y la copia de la sentencia mencionada se archivará con el mismo número del acta de divorcio. Lo anterior, porque el hecho de que sea el Juez que decretó el divorcio, quien deba remitir copia certificada de la sentencia 3 ARTÍCULO 31.- El Registro Civil es la institución de orden público por medio de la cual el Estado inscribe, autentifica y da publicidad a todo lo relativo al estado civil de las personas. ARTÍCULO 34.- Serán objeto de inscripción en el Registro Civil, el nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, defunción, sentencias ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, la tutela y la pérdida o la limitación de la capacidad legal para administrar bienes y las dictadas en las informaciones testimoniales para acreditar hechos relativos al nacimiento. Las inscripciones se harán mecanográficamente y por quintuplicado. 22/04/24 14:05:14 correspondiente al Oficial del Registro Civil, para que proceda a expedir el acta de divorcio, implica que este último, no puede realizar ese acto unilateralmente, ante el simple conocimiento de que existe la disolución de un vínculo matrimonial; sino que es necesaria una orden del juez y que ésta sea debidamente comunicada. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, y constancias que acompaña, se advierte en forma patente y absolutamente clara [manifiesto] que [1] mediante sentencia dictada el tres de diciembre de dos mil catorce, por el Juez Tercero Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, en el expediente 1188/2014, de su índice, se declaró la disolución del vínculo matrimonial que unía a María del Jesús Gutiérrez Canto y Jesús Santiago García Moreno, asimismo, se ordenó que una vez que ese fallo causara ejecutoria, se girara oficio al Oficial Segundo del Registro Civil de Tampico, Tamaulipas, a fin de que procediera a realizar las anotaciones marginales correspondiente en el acta de matrimonio de los ahora quejosos; que [2] por acuerdo dictado el seis de abril de dos mil quince, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y, por ende, se ordenó cumplir con lo resuelto en la misma; que con posterioridad, [3] se libró el oficio 653, de trece de febrero de dos mil diecisiete, dirigido al Oficial Segundo del Registro Civil de Tampico, Tamaulipas, en el que el juez de origen le ordenó realizar las anotaciones marginales de la sentencia de divorcio en la indicada acta de matrimonio y, por ende, expidiera la respectiva acta de divorcio; que [4] dicho comunicado fue presentado hasta el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, ante dicha autoridad registral para su cumplimentación; sin embargo, esta última se negó a realizar lo ahí ordenado, debido a que la certificación que calzaba la copia de la sentencia de divorcio anexa a dicho oficio, fue realizada en el año dos mil quince, por lo que, a consideración de esa dependencia, ésta debía ser actualizada para proceder a su inscripción -acto reclamado- . De igual manera, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque la improcedencia del acto reclamado es incuestionable desde este momento procesal; esto es, es innecesario recabar constancias para recabar mayor información a la que actualmente se tiene, pues es patente que, atendiendo a la naturaleza y contenido de los actos reclamados, no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, esto es así, porque no se ubica en una posición de supra a subordinación respecto de los quejosos; ya que, como se vio, el acto reclamado consiste en la negativa del aludido Encargado del Registro Civil a inscribir una sentencia de divorcio, en contravención a lo así ordenado por el juez que pronunció ese fallo. Por tanto, es de concluirse que en el caso el Encargado de la Oficialía Segunda del Registro Civil con residencia en Tampico, Tamaulipas, no tiene carácter de autoridad responsable para efectos de del juicio de amparo, porque éste no genera, por sí mismo, la situación jurídica que impera sobre el estado civil de los aquí quejosos, pues ello es el reflejo de una acto jurídico nacido extraregistralmente con anterioridad, a saber, con la disolución matrimonial decretada en la referida sentencia de divorcio. De ahí que, en la especie dicha autoridad no afectó derechos, creando, modificando y extinguiendo una situación jurídica respecto de la parte quejosa, pues esa situación se dilucidó ante el juzgado del conocimiento. Además, la relación entre la autoridad y la parte quejosa no es de supra a subordinación; no se advierte que su actuación fuera unilateral; ni está determinada en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como autoridad del Estado con un margen de discrecionalidad. Se afirma en ese sentido, pues el Encargado responsable no emitió su negativa de manera unilateral y obligatoria, pues su actuación no obedeció a una solicitud propuesta, de manera directa, por la parte quejosa, sino que, por el contrario, el oficio presentado ante esa dependencia, fue emitido por una autoridad judicial a fin de cumplimentar la sentencia de divorcio que pronunció, en la que se constriñó a la autoridad registral para realizar anotaciones en el acta de matrimonio de los interesados y levantara el acta de divorcio respectiva, conforme a las disposiciones que les ordenan la realización de esos actos; de ahí que la actuación de esta última sea como auxiliar de la administración de justicia y no como ente de autoridad para efectos de este juicio de amparo. Además, la actitud contumaz de la autoridad no coloca a la parte quejosa en estado de indefensión, al tener posibilidad para ante al juzgador a fin de que utilice los medios de apremio o de impugnación ordinarios contenidos en la legislación procesal civil aplicable, a fin de lograr el cumplimiento ordenado en el expediente de origen. Por lo tanto, si en la especie la actuación que se negó a realizar el Encargado de la Oficialía Segunda del Registro Civil con residencia en Tampico, Tamaulipas, fue ordenada por una autoridad judicial, es evidente que dicha autoridad registral carece de atribuciones para actuar como una autoridad del Estado con un margen de discrecionalidad; pues sólo se trata de un trámite administrativo que debe efectuar en su carácter de auxiliar de esa autoridad judicial; de ahí que es evidente que, con motivo de los actos que se le reclaman, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos de este juicio de amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis de rubro y texto siguientes: REGISTRO CIVIL, IMPROCEDENCIA DE LA CANCELACION OFICIOSA DE LAS ACTAS DEL (LEGISLACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). Ni los artículos 32, 36, 41, 45 y 128 del Código Civil de Aguascalientes, ni precepto alguno del mismo ordenamiento, otorgan facultades a los encargados del Registro Civil para proceder de oficio a la cancelación de las actas asentadas en los libros a su cargo, pues tal efecto en nuestro derecho exclusivamente puede obtenerse por orden de la autoridad judicial competente, previa la sustanciación del juicio respectivo seguido en contra del interesado4 . En conclusión, con motivo de los antes expuesto, con fundamento en los arábigos 112 y 113, del ordenamiento legal mencionado, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por María del Jesús Gutiérrez Canto y Jesús Santiago García Moreno. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene[n] como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Yeraldin Ibarra Martínez, en virtud de contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Christian Escobar Toledo, Marco Antonio Becerril Medina, Javier Gómez Mar y Aylin Michelle Segura Castilleja, por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Conforme a lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la presente determinación se adopta así, con fundamento en la ampliación de plazos procesales a que se refiere el artículo 2°, fracciones III, IV, V y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.
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