Maria Cruz Rios Gonzalez
Expediente 1289/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1289/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Maria Cruz Rios Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el que inserta el acuerdo de trece de diciembre del año en curso, del que se advierte que recibió el cuaderno de incompetencia 1289/2019-B y las copias de la demanda que originó ese cuaderno y previo a proveer lo correspondiente, ordenó a la autoridad responsable realizar el trámite previsto por el artículo 178, de la Ley de Amparo; en consecuencia, una vez que la Superioridad se pronuncie respecto a la competencia planteada, se acordará lo conducente.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE MARÍA CRUZ RÍOS GONZALEZ, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE: Vista la demanda de amparo promovida por María Cruz Ríos González, contra actos del Juez Menor Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Aldama; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese en el libro de gobierno, con el número de juicio 1289/2019-V-B. INCOMPETENCIA En principio, debe tenerse en consideración que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso; por tanto, se debe establecer si este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, tiene competencia legal o no para conocer del presente asunto. Ahora bien, para realizar el estudio de la competencia de este órgano jurisdiccional, cabe traer a contexto el contenido de los artículos 34, 170 y 47 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 34.- Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. [.]" "Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. [.]" "Artículo 47.- Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. [.]" De los preceptos legales transcritos se colige que tratándose de las sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio o que lo den por concluido, procederá el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. De manera que es preciso definir los actos que delimitan la procedencia del amparo directo, a saber: 1.- Una sentencia definitiva cuando la determinación resuelve el juicio en lo principal. 2.- Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquéllas que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. 3.- Los laudos, son las resoluciones conclusivas dictadas en los juicios del orden laboral. Precisado lo anterior, se puede colegir que los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo son únicamente: I) sentencias definitivas y laudos, así como II) resoluciones que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal. En otro orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil diecinueve, por el Juzgado Menor Mixto del Décimo Quinto de Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Aldama, dentro del juicio ejecutivo mercantil 36/2019, promovido en su contra por Ma. Gloria Avalos Loredo, Juan Antonio Kaun Avalos y/o Escarlet García Rubio, endosatarios en procuración de Pablo Maldonado Torres. Así, la sentencia impugnada es de aquéllos actos contra de los cuales procede el amparo directo, pues constituye una sentencia definitiva dictada por un tribunal judicial. En ese contexto, este órgano jurisdiccional resulta legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata; pues el acto reclamado en el presente juicio de amparo constituye una sentencia definitiva; de ahí que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 170, 171 y 172, de la Ley de Amparo, la resolución reclamada es una determinación impugnable en amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 47, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto; por tanto, remítase de inmediato la demanda de cuenta, con sus anexos y copias, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, ambos con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con la atenta solicitud de acuse de recibo. Por lo expuesto, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce al promovente, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por otra parte, toda vez que en la demanda la disconforme solicitó que se le tuviera como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 27, de la Ley de Amparo, a las personas que ahí señala, sin embargo, debido a que en dicho numeral se establecen las reglas a seguir para practicar las notificaciones que deban hacerse por oficio, y no así la facultad que tienen las partes para designar a alguna persona como su autorizada dentro del juicio de amparo, pues ello se encuentra regulado en el artículo 12, de la propia ley de la materia. Por tanto, a fin de atender su solicitud y con apoyo en el numeral 76, la invocada legislación, se suple el error para establecer que la designación la realiza en términos del citado artículo 12, de la Ley de Amparo, por lo que se tienen como autorizados de la parte quejosa, se tiene como sus autorizados de la última parte del segundo párrafo del artículo 12, de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos, a José Arturo Hernández Izaguirre, Jorge Sánchez Banda, Alicia González Hernández, Lauro Olivares Bernal, por así haberlo solicitado la quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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