María de Jesús Cerda Flores

Expediente 1333/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1333/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
30/12/2021

Partes del expediente

  • María de Jesús Cerda Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; con fundamento en los numerales 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Requerimiento. De conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a las autoridades responsables Delegado en Coahuila del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Subdelegado de Prestaciones Coahuila del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Saltillo, para que dentro del término de tres días siguientes contados a partir de que reciban la notificación del presente proveído, cumplan con la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. Apercibida para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la propia autoridad responsable o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, que dice así: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y recibido el veinticinco siguiente en este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, María de Jesús Cerda Flores, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: --- Señalo como Autoridad Ordenadora y Ejecutora: al H. Presidente Ejecutor de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de la ciudad de Torreón, Coahuila, con domicilio ampliamente conocido en Calle Zaragoza, Numero 148 BIS, Primero de Cobián, Centro, de la ciudad de Torreón, Coahuila. --- Señalo como Autoridad Ejecutora: a los Actuarios Ejecutores adscritos a la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de la ciudad de Torreón, Coahuila, con domicilio ampliamente conocido en Calle Zaragoza, Numero 148 BIS, Primero de Cobián, Centro, de la ciudad de Torreón, Coahuila. --- Señalo como Autoridad Ejecutora: a SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA, (SIMAS), con domicilio ampliamente conocido en Boulevard Independencia, Número 308, Poniente, Colonia Centro, de esta ciudad Torreón, Coahuila. --- IV.- LEY O ACTO QUE SE RECLAMA: --- Artículos 940 y 945 de la Ley Federal del Trabajo anterior a las reformas del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, que a la letra dicen. --- Artículo 940.- La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. --- Articulo 945.- Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación. -- De las autoridades señaladas como ordenadoras y ejecutoras responsables, reclamo la omisión y/o negativa de realizar y/o impulsar con todas las medidas y/o actos necesarios para que la ejecución que fue ordenada en el dictado acuerdo de fecha 07 de diciembre del año 2020 dentro del procedimiento laboral expediente No. 1869/2010 SA IV, en seguimiento a la ejecución del laudo de fecha 28 de Octubre del ario 2019, sin que se materialice, requiriendo de pago, y a falta de pago se embargue a la parte condenada, y se realice el pago a la parte actora de la cantidad liquida, toda vez, que las autoridades, impiden, suspenden, obstaculizan o detienen la ejecución, omitiendo así ordenar y realizar todas las medidas necesarias para que su ejecución sea pronta y expedita, lo cual violenta el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al dejar de ejecutar el acuerdo de fecha 07 de diciembre de 2020, dentro del Expediente No. 1869/2010 SA IV." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto, se violaron son los contenidos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este juzgado Federal. Por acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, fue admitida en sus términos y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1333/2021-VI, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado correspondiente y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como Acuerdo General 03/2013, en relación con el 28/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues, aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, su ejecución material se reclama a una autoridad que reside en esta ciudad lugar en donde este tribunal federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención del impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, de los rubros y datos de identificación siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.)" "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: i. La omisión de ejecutar el laudo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es de rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable negó la existencia del que se atribuye, ya que el siete de diciembre de dos mil veinte, atendió la solicitud de la quejosa y despachó ejecución de laudo. Y para dar sustento a su manifestación allegó copia certificada de las constancias relativas al juicio laboral de origen a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de constancias expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice así: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, antes de continuar conviene precisar que para efecto de determinar la certeza o no del acto de autoridad en el juicio de amparo, debe atenderse a la fecha de presentación de la demanda, sin que pueda ocuparse de actos posteriores. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número setenta y nueve, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, que reza lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En ese sentido, resulta necesario resaltar que la demanda que dio origen al juicio biinstancial que ahora se resuelve, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad el veintidós de octubre de dos mil veintiuno. En el caso concreto la junta responsable acompañó a su informe con justificación las constancias relativas a la determinación de siete de diciembre de dos mil veinte, en el que despachó ejecución de laudo. De dicha documental se desprende que la autoridad responsable dictó resolución en la que dio contestación a la solicitud planteada por la quejosa. Pues bien, de lo antes expuesto se colige claramente que el aludido acto de reclamo que se tilda de inconstitucional, a la fecha de presentación de la demanda de amparo resulta inexistente; ello en virtud de que a esa data, la autoridad responsable ya había dictado la resolución respectiva a la solicitud de la quejosa, por lo que la omisión que se reclama era inexistente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número setenta y nueve, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, que reza lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En el entendido que la etapa de ejecución conlleva el principio de prosecución judicial, siendo necesarios diversos actos del propio interesado para su continuación; no obstante, se reitera que antes de la presentación de la demanda, la junta despachó la ejecución solicitada. En consecuencia, al haber quedado demostrada la inexistencia del acto omisivo atribuido a la autoridad responsable, al menos a la data de presentación de la demanda de amparo; lo procedente en la especie es, sin duda, sobreseer en este juicio de amparo en los términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, desde luego, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en el juicio respectivo. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección. Tesis: 284. Página: 305.). "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 187-192 Primera Parte. Página: 88.). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 509. Página: 335.). No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que transcurriera en su integridad el término dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, pues la junta responsable en todo caso le indicó a la parte quejosa el procedimiento a seguir una vez que despachó la citada ejecución; privilegiando con el dictado de esta resolución lo dispuesto por el numeral 17 constitucional. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dos de diciembre de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio remitido por el Secretario General de Acuerdos del Pleno y la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, el cual allega una lista de peritos en materia de contabilidad en cumplimiento al requerimiento efectuado por este juzgado federal. Acuerdo. Por lo que, este juzgado federal designa al contador Salvador Balderas Rangel, para que funja como perito en materia de contabilidad para el desahogo de la pericial contable, requerida en el presente asunto. Notificación. Por tanto, se ordena al actuario judicial de la adscripción proceda a notificar al contador Salvador Balderas Rangel, en el domicilio ubicado en Quintas Finesterre, número 93, colonia Quinta San Isidro, código postal 27016, en esta ciudad, y en el acto de la notificación la requiera para que, en el momento de la diligencia, manifieste si acepta y protesta el cargo que le ha sido conferido, para lo cual deberá recabar constancia de la identificación que la avale como perito en la materia; además, el compareciente deberá manifestarle al actuario judicial adscrito, que no concurre en alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Amparo. Asimismo, el actuario judicial adscrito deberá hacerle saber al citado perito que una vez que este juzgado federal tenga conocimiento que, efectivamente, aceptó el cargo conferido, se le harán llegar las constancias del expediente en que se actúa, para que esté en aptitud de rendir el dictamen pericial solicitado; en la inteligencia que el término de diez días de ley, empezará a computarse una vez que el experto reciba las constancias a que se ha hecho alusión. Notifíquese y personalmente al perito Salvador Balderas Rangel.

  4. Principal

    Juicio de Amparo 16/2020-VII En esta fecha, el secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los autos. Conste.Torreón, Coahuila de Zaragoza; a veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable Recaudador de Rentas, con residencia en Gómez Palacio, Durango, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Superior Jerárquico. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 192, de la Ley de Amparo, se ordena notificar al Secretario de Finanzas y de Administración del Estado de Durango, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable; lo anterior, para que le ordene cumplir con la sentencia, apercibido en los propios lineamientos decretados para sus subalternos. Por otro lado, no se requiere el cumplimiento a las autoridades legislativas Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Durango, toda vez que resulta ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, pues el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, atento a los efectos de la ejecutoria; por lo que no deberá requerirse para que informen sobre el cumplimiento de la misma a las autoridades que participaron en el proceso legislativo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, contenida en la página 414, tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS". Notifíquese.

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