María de Jesús Cerda Flores

Expediente 19/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
19/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
27/04/2022

Partes del expediente

  • María de Jesús Cerda Flores
  • Sistema Municipal de Aguas Y Saneamiento de Torreón, Coahuila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintisiete de abril de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que se haya hecho uso de ese derecho; con fundamento en los numerales 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella a toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. No se aperturó. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, la secretaria de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Entrega de oficio. Finalmente, reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega del oficio, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las once horas con cuarenta minutos del cinco de abril de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Ernesto Rubio Hernández, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del Agente del Ministerio Público del Federación Adscrito. Asimismo en este acto se da cuenta con los escritos registrados con los números 6719 y 6720 El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata y se tiene a la parte quejosa por formulando alegatos con lo cual dese cuenta en la etapa respectiva. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que el quejoso formuló alegatos. El Juez acuerda: Ténganse por reproducidas sus manifestaciones y perdido el derecho de las demás partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el siete de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, María de Jesús Cerda Flores, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron los contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Por auto de once de enero de dos mil veintidós, se admitió la demanda a trámite, se registró con el número estadístico 19/2022-VI, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado correspondiente; y, se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido el trámite y previas suspensiones por la contingencia sanitaria, se celebró la audiencia constitucional conforme el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, carece de ejecución por ser de carácter omisivo y, además, la demanda de amparo fue presentada en el lugar en donde este Juzgado de Distrito ejerce la jurisdicción referida. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa y de la demanda de amparo, revela que la parte quejosa reclama lo siguiente: La dilación procesal en despachar ejecución de laudo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio, y en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierta la omisión reclamada pues al momento de la presentación de la demanda, existía la misma. Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Previo al estudio del fondo, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o de oficio se adviertan, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la ley de la materia. Cesación de efectos. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado, puesto que la autoridad responsable el catorce de marzo de dos mil veintidós, despachó ejecución de laudo y señaló fecha para la reinstalación de la trabajadora aquí quejosa, al grado de haber obtenido una concesión de la protección de la justicia federal. El citado dispositivo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, al estar íntimamente ligada con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, debe satisfacer dos elementos, a saber: a) que el acto reclamado sea destruido en todas sus consecuencias de hecho y de derecho, al grado que compararse con una declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad, derivado de una concesión de amparo, y, b) restituir a la parte quejosa, en su derecho fundamental vulnerado, al grado de dejar las cosas como si no se hubiera emitido el acto de molestia, ubicándola antes que aquello ocurriera; por lo cual, para actualizar dicha causal, el juzgador debe atender al análisis de la cuestión efectivamente planteada por la parte quejosa, en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, posteriores a presentación de la demanda. Actuación de la responsable para generar la cesación de efectos. La autoridad responsable el catorce de marzo de dos mil veintidós, despachó ejecución de laudo y señaló fecha para la reinstalación de la trabajadora aquí quejosa. Valoración probatoria. Documentales anteriores que tienen valor probatorio por haber sido emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los artículos 197, 199 y 201 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, además que no fueron objetadas ni existe prueba en contrario. Motivos específicos de la cesación de efectos. Atendiendo lo anterior, al realizar un análisis comparativo entre la omisión reclamada por la parte quejosa y las actuaciones efectuadas por las responsables, se desprende: 1. Que la autoridad responsable el catorce de marzo de dos mil veintidós, despachó ejecución de laudo y señaló fecha para la reinstalación de la trabajadora aquí quejosa. Satisfaciendo con ello el artículo 77 de la Ley de Amparo. Conclusión. En ese contexto, se estiman satisfechos las exigencias contenidas en el artículo 77 de la Ley de Amparo, pues desaparecieron los efectos del acto reclamado, en virtud que la responsable después de la presentación de la demanda, el catorce de marzo de dos mil veintidós, despachó ejecución de laudo y señaló fecha para la reinstalación de la trabajadora aquí quejosa, al grado de compararse como si se le hubiese concedido a la parte quejosa la protección constitucional, de conformidad con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones del quejoso respecto a que no se logró la reinstalación en la fecha señalada; sin embargo, ello no es materia de este juicio de amparo, pues en todo caso, lo ocurrido en la diligencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, no es un acto reclamado en este juicio de amparo, sino -se insiste-, se reclamó la omisión de despachar ejecución y señalar fecha de reinstalación, motivo por el cual se sobresee este juicio de amparo, señalando en sus alegatos un acto que no fue reclamado en este juicio de amparo. Ahora, de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, constriñe al juzgador a analizar la demanda de amparo y sus constancias a fin de fijar la Litis que habrá de resolverse, así como el numeral 62 de la ley de la materia a analizar de oficio la actualización de alguna causal de improcedencia, pues en las sentencias que se emitan en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad, en cumplimiento al numeral 75 de la ley de la materia. En efecto, el hecho que - a decir del quejoso-, no se haya logrado la reinstalación en su trabajo el dieciocho de marzo anterior, no puede ser motivo de crisol constitucional en este juicio de amparo, pues sería variar la cuestión efectivamente planteada, lo cual se encuentra impedido este operador judicial, quedando a salvo los derechos de la parte quejosa, respecto a la diligencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Lo anterior, con independencia que los alegatos no forman parte de la Litis, y más aun cuando se introducen cuestiones novedosas a las inicialmente planteadas. Sirve en sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 80, Agosto de 1994, página 14, de rubro y texto: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." En tales consideraciones, es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Oficio. Se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de la autoridad responsable, mediante el cual remite las constancias requeridas por esté órgano jurisdiccional en proveído de dieciséis de febrero del año en curso. Vista a las partes. De conformidad con en los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, toda vez que no se opone a la citada ley, al respecto resulta aplicable la tesis: XXI.2º.16K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a ocho de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, no ha cumplido con el requerimiento realizado por este juzgado en proveído de dieciséis de febrero del año en curso. Requerimiento. En ese sentido, con base en el artículo 121 de la Ley de la materia, requiérase nuevamente y por última ocasión a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación de este proveído, remita en copia certificada las constancias solicitadas. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que, de no hacerlo así, con fundamento en el último numeral mencionado, se le impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós. Diferimiento. En tales condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se fijan las once horas con cuarenta minutos del cinco de abril de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. Escrito. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito de Luis Alberto Miranda Olvera, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, a través del cual formula alegatos de su intención; por tanto, agréguense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Alegatos. Asimismo, conforme con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen formulados los alegatos correspondientes, los que serán tomados en cuenta en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

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