Maria de Jesús Calixto Cortes
Expediente 795/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 795/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria de Jesús Calixto Cortes
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 795/2020 Puebla, Puebla, doce de noviembre de dos mil veinte. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en el cual se tuvo por no presentada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 795/2020 Puebla, Puebla, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Del estado procesal que guarda este asunto y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para desahogar el requerimiento formulado en acuerdo de catorce de octubre de dos mil veinte, transcurrió del veintidós al veintiocho de octubre de dos mil veinte, sin que lo hubiera hecho, a pesar de estar notificada para ello, como se advierte de la constancia de notificación respectiva. Bajo este contexto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de catorce de octubre de dos mil veinte y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda que originó este juicio de protección. Por último, se ordena a la actuaria adscrita notificar de manera personal a la parte quejosa este acuerdo, para ello, deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF" y hacer uso del Kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Notifíquese de forma personal a la parte quejosa.
- Principal
SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACION A LA PARTE TERCERA INTERESADA: JUICIO DE AMPARO 387/2019-VII. Puebla, Puebla, siete de octubre de dos mil veinte. De la certificación precedente y el estado procesal que guarda este expediente se advierte que ha concluido el plazo concedido a las partes para manifestarse respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, se procede a determinar si ha quedado cumplida la ejecutoria protectora; Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que en realidad solo se materializa hasta su fiel ejecución. Bajo esa premisa, está materializado el derecho de acceso a la justicia, reconocido a favor de Pedro Brito Tapia, pues la autoridad responsable ha actuado conforme a los efectos esgrimidos en la sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Es así, porque en la referida sentencia se precisó: ".Ante la violación cometida en perjuicio del quejoso, se concedió el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, para efectos de que la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla: 1) Dejas insubsistente la resolución de trece de febrero de dos mil diecinueve; y, 2) En su lugar, emita una nueva determinación en la cual precise los motivos por los cuales no puede tomarse en consideración la declaración de los menores y establezca la falta de elementos para acreditar los elementos del cuerpo del delito de violencia familiar, en particular, el relativo a ejerza de manera intencional violencia física, moral o patrimonial de manera individual o reiterada. Cabe precisar que la decisión adoptada implica dejar en libertad al señor Pedro, por cuanto hace al delito de violencia familiar. Una vez emitida la resolución respectiva deberá notificarla de manera personal al aquí quejoso". Entonces, en estricto apego a esos lineamientos, la sala responsable emitió la resolución de diecisiete de septiembre del año en curso, donde en cumplimiento al fallo protector ordenó dejar insubsistente la resolución de trece de febrero de dos mil diecinueve. Asimismo, ordenó revocar el auto de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, en el que fue dictado el auto de formal prisión, para precisar los motivos por los cuales no debía tomarse en consideración la declaración de los menores, a fin de establecer la falta de elementos para acreditar los elementos del cuerpo del delito de violencia familiar, en particular, el relativo a "Ejerza de manera intencional violencia física, moral o patrimonial de manera individual o reiterada". Acto seguido, determinó que el auto de formal prisión reclamado no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 19 constitucional. En primer lugar, estableció un aspecto formal, al señalar que las diligencias desahogadas con Pedro Antonio e Isabella, ambos de apellidos Brito Bautista, para obtener sus testimonios, no cumplieron con las medidas de protección necesarias para garantizar que ambos pudieran rendir su declaración de manera libre. Pues, al estar presente la madre en dichas diligencias, aquellos se encontraban en un ambiente intimidatorio, ninguna manifestación en perjuicio de su progenitora podrían expresar, sobre todo, porque la madre tiene un conflicto de intereses en el asunto, además, la declaración de ambos fue tomada como si fueran adultos. Determinó, que si bien estuvo presente un perito en psicología, de quien se desconoce su especialidad en este tipo de asuntos -donde intervienen menores de edad- el testimonio fue recabado en las oficinas de las agencia del Ministerio Público, sin que se precisara si el lugar fue adecuado para generar un ambiente seguro para los menores de edad. Asimismo, advirtió que se dio uso de la voz tanto a *, ambos de apellidos *, sin hacerles saber de manera adecuada para su edad el motivo de la declaración, dejándolos expresarse sin el apoyo necesario, en lugar de haber sido recabada a manera de entrevista o conversación, que facilite su desarrollo. Por cuanto hace al aspecto de fondo, estableció la falta de acreditación de los elementos del cuerpo del delito de violencia familiar, en particular, el inherente al ejercicio intencional de violencia física o moral en contra de los menores de edad. Ello, aludió que si las declaraciones de Pedro Antonio e Isabella, ambos de apellidos Brito Bautista, se encuentran viciados de origen -por los motivos ya precisados- se carece de otros medios de convicción para acreditar de manera plena tal circunstancia. Lo cual fundamentó de conformidad con los artículos 1, 2, 39 y 64, párrafo segundo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación con los diversos 1 y 4, párrafo once, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la no discriminación de los menores de edad implica no descartar su opinión con base a su edad o madurez, pues debe permitírseles expresarse en aquellos asuntos que les afecten directamente. Sin embargo, precisó que como lo ha señalado la Organización de las Naciones Unidas, prohibir la discriminación no significa que los niños víctimas y testigos deban recibir el mismo trato que los adultos. Por tanto, admitió que deben adoptarse medidas que permitan, a los menores de edad, ejercer sus derechos en un plano de igualdad material que los adultos sin perder de vistas sus condiciones particulares como la edad y madurez, las cuales no pueden ser alegadas como justificación para invalidar su opinión. Entonces, consideró que las diligencias de quince de agosto de dos mil dieciséis, a través de las cuales fueron recabadas las declaraciones de Pedro *, ambos de apellidos *, fueron realizadas sin seguir los parámetros ya precisados. Lo anterior, porque con independencia a que fueron tratados como adultos, se realizaron en un ambiente hostil e intimidatorio. Pues, destacó que fueron llevadas a cabo en las oficinas de la agencia del Ministerio Público, sin que se precisara que dicho lugar fue adaptado en cierto modo para crear un espacio seguro para los niños. Aunado a ello, la declaración de ambos no se obtuvo a manera de entrevista o conversación, que permitiera entender de mejor manera la opinión de los niños, así como hacerles comprender la situación respecto de la cual rendían su testimonio. Pero, sobre todo, la diligencia fue desahogada en presencia de la madre, *, quien tiene un conflicto de intereses en el asunto, pues deriva de un problema económico a raíz de su divorcio con el encausado. En ese contexto, señaló que la declaración de la denunciante deja de tener corroboración con los demás elementos de convicción, aunado a ello, en el dictamen psicológico realizado a María Isabel Bautista Pérez, se desprende que no presenta afectación de tipo emocional o psicológica con motivo de los hechos denunciados, ni una relación se sometimiento con su agresor. Por consiguiente, resolvió que no se puede acreditar de manera plena, para efectos del auto de formal prisión que el encausado haya ejercido de manera intencional violencia física, moral o patrimonial de manera individual o reiterada hacia sus hijos (menores de edad). Entonces, se determinó revocar el auto apelado dictado el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, por el Juez Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, dentro del proceso *, al considerar que la resolución emitida por el juez de la causa sostiene una indebida fundamentación y motivación propia de un auto de formal prisión, acorde al artículo 19 constitucional y dictó en favor del inculpado *, auto de libertad por falta de méritos para procesar, con las reservas de ley. Por último, ordenó la notificación de dicha resolución a las partes y al juez de origen para que, ordene a quien corresponda, deje en inmediata libertad a *, por el delito de violencia familiar. De ese modo, resulta patente que la autoridad responsable ha cumplido con los efectos precisados en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina cumplida la sentencia, sin excesos ni defectos. Pero, si el quejoso llegara a estar inconforme con la decisión adoptada, se le hace saber que tiene derecho a recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Para su presentación cuenta con un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de éste acuerdo. Dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para que estén en aptitud de manifestarse -si lo desea- en términos de sus obligaciones legales. Por último, para efectos de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), puntualizo: a) La sentencia se emitió el veintiocho de junio de dos mil diecinueve; b) Se dictó la ejecutoria el veinte de mayo de dos mil veinte, en el toca de revisión 191/2019 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito; c) Mediante acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria; d) La autoridad señalada como responsable dio total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, hasta el diecisiete de septiembre de dos mil veinte; e) El diecisiete de septiembre de este año, se recibió, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el oficio 360-B, por el cual Magistrada Presidenta de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por el cual remitió las constancias relativas al cumplimiento dado a la ejecutoria de que se trata. a) En esta data (siete de octubre de dos mil veinte) se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Por último, se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el Titular de la Procuraduría de Protección de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes, para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (DIF) por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de diez de septiembre de dos mil veinte, informa a este juzgado federal, que el Licenciado José Francisco Torreblanca Río, ya no labora en dicha dependencia. No obstante, a ello, al tener la representación en coadyuvancia de oficio en asuntos en los que se encuentren involucrados niñas, niños y adolescentes, toma conocimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el juicio de amparo en que se actúa. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese, personalmente a las partes y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 415/2019-V Puebla, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Se recibe el oficio y anexos de cuenta, signado por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el que remite el expediente original del presente juicio de amparo, cinco cuadernos auxiliares y un DVD, por lo cual se emite acusa de recibo correspondiente. Asimismo, se agrega la copia certificada de la ejecutoria pronunciada el uno de octubre de dos mil veinte, en el toca R-15/2020, misma que en sus puntos resolutivos establece: ".PRIMERO.- Se confirma la sentencia en lo que fue materia de la revisión. SEGUNDO.- Para los efectos precisados en la parte relativa del considerando III Recapitulación de la decisión, del fallo recurrido, la Justicia de la Unión ampara y protege a ***, en contra de los actos que reclama de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia, Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, y Fiscal General, todos del Estado de Puebla, consistentes en la resolución de ocho de enero de dos mil diecinueve, dictada en el toca de apelación 423/2017, mediante la cual se revocó la determinación de nueve de mayo de dos mil diecisiete, emitida por la referida juez, en el proceso ****, en la que se negó la orden de aprehensión solicitada, en contra del citado quejoso, y otros coindiciados, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de robo agravado y despojo, denunciados por la persona moral denominada ***a través de su apoderado general Por tanto, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la superioridad, se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, siguientes en que surta efectos la notificación de este proveído, remitan las constancias con las cuales demuestren acatar la sentencia de protección dictada en el presente juicio de amparo; esto es, para el efecto de que la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, efectúe lo siguiente: Dejar insubsistente, solo por cuanto hace al aquí quejoso, la resolución de ocho de enero de dos mil diecinueve dictada en el toca ***de su índice, en la cual emitió orden de aprehensión contra el aquí quejoso, En su lugar, emita una nueva determinación en la cual reitere lo relativo al estudio de los elementos del cuerpo de los delitos de robo agravado y despojo; empero, en el apartado de la probable responsabilidad deberá purgar los vicios de formales destacados, en particular, realizar un juicio de valoración tanto en lo individual como en su conjunto de las pruebas conducentes y precisar de manera concreta e individual la participación del aquí quejoso en la comisión de cada uno de los ilícitos atribuidos, lo cual le permitirá resolver, con plenitud de jurisdicción, si considera acreditada la probable responsabilidad del hoy quejoso". Medidas especiales para dar cumplimiento Se hace saber a las autoridades responsables que a fin de respetar la política de sana distancia aplicada a la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad Covid-19, en el sentido de que deberá privilegiarse el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias; su cumplimiento deberá ser remitido únicamente por vía electrónica, al correo electrónico oficial de este juzgado: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, y por el mismo medio se le acusara reciboSin embargo, de ser necesaria la presentación física del mismo por contener anexos que no pueda digitalizarse y remitirse vía electrónica, deberán hacerlo en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal cuyas particularidades se precisaran en líneas posteriores. Bajo este contexto, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se apercibe a las responsables, que de hacer caso omiso a lo aquí establecido o de ningún modo manifestar el impedimento legal que tengan para ello, se les impondrá una multa que podrá ir de las cien a las mil unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), según se califique la gravedad de su omisión y los daños ocasionados al quejoso. Aunado a lo anterior, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, para la continuación del trámite que corresponda a la inejecución de sentencia. Por tanto, se ordena glosar el cuadernillo que se formó con motivo de la remisión del presente controvertido y la ejecutoria a los autos para los efectos legales procedentes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, también en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se ordena que los oficios dirigidos a la Primera y Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al agente del Ministerio Público adscrito a la referida Segunda Sala en Materia Penal, a las autoridades de la Fiscalía General del Estado, Delegado en Puebla de la Fiscalía General de la República y a la Policía Federal con sede en Puebla, se entreguen de manera física por ser locales. Por otra parte, los oficios dirigidos al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, agente del Ministerio Público adscrito a dicho juzgado y al Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Tepeaca de Negrete, Puebla, deberán ser remitidos a las autoridades responsables, a través de sus correos electrónicos -ya sea oficial o el proporcionado por quienes se encuentren de guardia- debiendo confirmar su recepción y levantar razón de ello. Notifíquese y cúmplase.
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