María de Jesús Amezcua Briones

Expediente 1168/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 25 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1168/2018
Año
2018
Actuaciones
25
Última actuación
10/02/2022

Partes del expediente

  • María de Jesús Amezcua Briones

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    (RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 03/02/2022 SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEIDO DE REFERENCA.- NOTIFIQUESE

  2. Principal

    Ciudad de México, a tres de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que venció el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para impugnar el pronunciamiento de treinta de septiembre de dos mil veintiuno; sin que se haya realizado, por lo tanto, se declara consentido el auto que declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa anexó un documento original en el expediente en que se actúa, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger dicho documento y previo desglose de éste, debiendo dejar constancia de su entrega, haciendo del conocimiento que la persona que se presente a recibir el documento, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente la cual previa presentación del original, se certificará por el Secretario para debida constancia legal, apercibida que de no hacerlo así, se procederá a su destrucción en cumplimiento del antepenúltimo párrafo del artículo 18 del acuerdo de referencia. En el entendido de que la persona que acuda a recibir el documento, deberá solicitar una cita para tal efecto a través de un código QR, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de lunes a viernes en un horario de las trece horas con quince minutos a las diecinueve horas, tomando en consideración que es la jornada de labores presenciales que le corresponde a este Juzgado de Distrito. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio signado por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas, por medio del cual solicita se declare la firmeza del proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y se declare el presente asunto como totalmente concluido. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales a que haya lugar, tomando conocimiento de su contenido, debiéndose estar a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió en exceso el término de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en consecuencia, se procede a resolver el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por las aludidas autoridades responsables. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243). En ese sentido, y toda vez que mediante ejecutoria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en el toca número R.A. 433/2019, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a MARÍA DE JESÚS AMEZCUA BRIONES, DONOVAN EMILIANO MORA AMEZCUA Y CÉSAR AARON MORA AMEZCUA, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria." En ese sentido, toda vez que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "En atención a los razonamientos expuestos, lo procedente es conceder a los quejosos la protección constitucional a fin de que la autoridad responsable, Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución que determina el plan de reparación integral a favor de los quejosos, de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, emitida en el expediente CEAV/CIE/0209/2017; y, 2. Emita una nueva resolución en la que reitere todo lo que no fue materia de concesión expresamente en la presente sentencia y, en atención a los razonamientos desarrollados en ésta, lleve a cabo respecto de cada una de las medidas de reparación integral que otorgó lo especificado a continuación: 2.1.1. Identifique los derechos afectados a los quejosos como víctimas indirectas; 2.1.2. Asuma que tales derechos son distintos a los afectados a la víctima directa; 2.1.3. Considere que la imposibilidad de restituir los derechos afectados a la víctima indirecta de ningún modo implica, por sí sola, la imposibilidad de restituir los derechos a aquéllas; 2.1.4. Considere que las víctimas indirectas pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad que tienen, a su vez, derechos específicos que pudieron ser vulnerados por el hecho victimizante, entre ellos, los señalados en la parte considerativa correspondiente; 2.1.5. Sobre tal premisa, analice la posibilidad de restituir los derechos afectados a las víctimas indirectas; y decrete las medidas de restitución que procedan 2.2. En el apartado de medidas de rehabilitación. 2.2.1. Designe a los funcionarios que deban realizar los trámites necesarios para otorgar a los quejosos las medidas decretadas a su favor y, al efecto, proporcione a éstos los datos de contacto necesarios para que puedan acercarse a ellos a fin de realizar los trámites relacionados con tales medidas que consideren pertinentes, esto es, al menos, nombre completo, número telefónico y cargo dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; 2.2.2. En relación con todos los quejosos, analice si la prestación de los servicios que se decreten a su favor es la opción más protectora de sus derechos humanos, en función de factores personales (por ejemplo, la cercanía y la facilidad de acceso a las clínicas) y de factores objetivos como la especialización de los servicios y la provisión de atención y medicamentos necesarios. 2.2.3. Especifique la vigencia de los tratamientos médicos y psicológicos decretados a favor de los quejosos, aclare que incluyen también el otorgamiento de los medicamentos necesarios y defina el mecanismo que se aplicará a fin de que dichos tratamientos cumplan con el trato preferente que debe dársele por su condición de víctima; 2.2.4. Tome en consideración las exigencias que imponen el enfoque transformador y los principios de interés superior de la niñez y de máxima protección; y, a partir de ellas, señale cuál es el tipo de becas que deben recibir los quejosos menores de edad, justifique su procedencia y especifique su vigencia y la manera en que puedan gestionar su renovación para cada ciclo escolar; 2.2.5. Analice el contexto particular de los quejosos y emita un pronunciamiento sobre si requieren, o no, de servicios no proporcionados por el Estado, o bien de servicios estatales proporcionados por otros institutos de seguridad social; y, de ser el caso, aclare el procedimiento que deben seguir para que las instancias competentes cubran los gastos de la prestación de tales servicios; y, de considerar que no los necesiten, justifique de manera reforzada su conclusión; y, 2.2.6. Justifique porqué las medidas decretadas son específicas y diferenciadas para rehabilitar a los quejosos y establezca cómo se logra dicha rehabilitación a corto, mediano y largo plazo. 2.3. En el apartado de medidas de satisfacción. 2.3.1. Tome en consideración que la complementariedad de las medidas de reparación integral no puede justificar la omisión de implementar unas con base en la aplicación de otras; y, 2.3.2. Sobre tal premisa, emita un pronunciamiento específico acerca de las medidas de satisfacción a favor de las víctimas indirectas que procedan conforme a derecho. 2.4. En el apartado de medidas no repetición. 2.4.1. Justifique porqué la formulación de observaciones y propuestas únicamente sobre el Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza bastan para garantizar la no repetición del acto reclamado y se pronuncie sobre si es necesario que las víctimas participen en ello, o no; 2.4.2. Especifique el mecanismo que deba aplicarse para darle seguimiento a la implementación detales observaciones y propuestas, los plazos para formularlas y la manera de evaluar su impacto en beneficio de las víctimas a corto, mediano y largo plazo; y, 2.4.3. Aclare cuáles son los tipos de ajustes normativos que deben ser impulsados y en relación con cuáles ordenamientos. 2.5. En el apartado de medidas de compensación 2.5.1. Cuantifique el monto por concepto de daño moral con base en los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 1094/2017, esto es, con base en los siguientes factores: a) el tipo de derecho o interés lesionado; b) la magnitud y gravedad del daño; c) las afectaciones inmateriales o incluso patrimoniales derivadas del hecho victimizante; d) el nivel económico de la víctima; e) otros factores relevantes - como la pertenencia a un grupo vulnerable-; y, f) que el monto indemnizatorio resulte apropiado y proporcional a la gravedad del hecho victimizante bajo criterios de razonabilidad; y, hecho lo anterior, fije un nuevo monto que no podrá ser menor ni igual al establecido en la resolución reclamada, en tanto omitió el estudio de algunos de esos factores. 2.5.2. Cuantifique el monto por concepto de daño físico con base en los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 1094/2017, esto es, atienda a: i) gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido; ii) las circunstancias y características del delito; y, iii) que el monto respectivo resulte apropiado y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido. 2.5.3. Cuantifique de manera diferenciada el monto a pagar por concepto de pérdida de oportunidades respecto de los quejosos con independencia del otorgamiento de otras medidas; y, con base en los cálculos respectivos, ordene el pago conducente. 2.5.4. Considere que el pago por concepto de compensación de los gastos regulados en la fracción VIII del artículo 64 de la Ley General de Víctimas, no está vinculado indispensablemente a la existencia de pruebas que los acrediten; y, sobre esa base, realice un nuevo análisis a fin de fijar el monto que procede respecto de ellos." Ahora, al estudiar las constancias aportadas por la responsable a fin de acreditar el cumplimiento de la resolución de mérito y observar los efectos de la concesión del amparo, se advierte que mediante oficio CEAV/DGAJ/1897/2021, de dos de julio de dos mil veintiuno, la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, remitió copia certificada de la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en el expediente administrativo CEAV/CIE/0209/2017, por medio del cual dejó insubsistente la resolución que determina el plan de reparación integral a favor de los quejosos, de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, emitida en el expediente CEAV/CIE/0209/2017, y emitió una nueva siguiendo los lineamientos señalados por en la ejecutoria dictado en el presente juicio asunto. En esa tesitura y atendiendo a los efectos del fallo protector; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, en virtud de que se cumplió con los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional; y por tanto, este órgano jurisdiccional considera que no existe defecto ni exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado. Las consideraciones anteriores tienen sustento por analogía en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, que es del rubro y texto siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." (No. Registro: 165,807, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, Diciembre de 2009, Tesis: 2a./J. 201/2009, Página: 301) Por último, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo General 21/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    (RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 05/07/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE Ciudad de México, cinco de julio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas, por medio del cual remite copia certificada de la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, emitida en el expediente CEAV/CIE/0209/2017, con lo que aduce el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. En atención a las manifestaciones de la autoridad, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexo, se da vista a la parte quejosa en el presente juicio, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad referida, apercibida que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243.). Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa en el domicilio ubicado en Calle Monte Alban, número trescientos once (311), Colonia Narvarte, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe., SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEIDO DE REFERENCIA.- NOTIFIQUESE

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