María Cristina Silvia Malagón Soberanes
Expediente 180/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 180/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Cristina Silvia Malagón Soberanes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual remite el diverso oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual informa que éste se avoca al conocimiento del juicio de amparo 180/2021-VI, promovido por María Cristina Silva Malagón Soberanes, por propio derecho, contra actos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, del índice de este juzgado. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se agrega a los presentes autos el oficio de mérito, para que obre como corresponda; tomando conocimiento de su contenido. Se le informa al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, que no existe constancia de notificación o promoción en el cuaderno de antecedentes en que se actúa, pendiente de ser enviada. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción I, inciso a), del acuerdo en cita, en relación con el punto 8.1.1, ordinal 1, inciso a), del manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, esto, con motivo de la incompetencia planteada. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que este Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, ni se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del acuerdo aludido, esto es: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, procédase a su destrucción, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere el artículo 20, párrafo primero, del acuerdo de mérito, contado a partir del presente acuerdo. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, veintidós de julio de dos mil veintidós. Se agrega a los autos el oficio signado por la Secretaria del Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual remite el testimonio de la resolución dictada en sesión de veintiocho de junio de dos mil veintidós, en el amparo en revisión R.A.-167/2021. Se hace del conocimiento de las partes que resolvió lo siguiente: "PRIMERO.Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Cristina Silva Malagón Soberanes,contra los actos de la jefa de Gobierno y Tesorero, ambos de la Ciudad de Mexico, de quienes relcmo la emisión del "Acuerdo de Carácter General por el que se Ortorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto Predial" y su aplicación, por vicios de fondo, para los efectos precisados en la ultima parte considerativa de la sentencia revisada." Sin que haya lugar a acusar el recibo de estilo correspondiente, por así haberlo solicitado el Tribunal. Ahora bien, es oportuno precisar que en términos de lo previsto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como hecho notorio el "ACUERDO General 13/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclamen los acuerdos de carácter general por los que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial en los ejercicios fiscales 2020 y 2021 en la Ciudad de México; así como lo relativo al cálculo regulado en el artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México; o cualquier otra disposición relacionada con éstos, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México.", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, que establece: "ACUERDO PRIMERO. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, conocerán del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se reclamen los Acuerdos de Carácter General por los que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial en los ejercicios fiscales 2020 y 2021 en la Ciudad de México; así como lo relativo al cálculo regulado en el artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México; o cualquier otra disposición relacionada con éstos. SEGUNDO. Las demandas de amparo en que se reclamen las disposiciones normativas señaladas deberán presentarse ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. TERCERO. Los asuntos referidos en el punto primero, que se encuentren en trámite en algún otro Juzgado de Distrito, deberán remitirse a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, que por turno les corresponda, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para la continuación de su trámite, resolución y, en su caso, cumplimiento. En este caso, el egreso correspondiente deberá ser reportado como "Egreso por Acuerdo General", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. CUARTO. A fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, si un juzgado de Distrito advierte que la demanda de amparo materia del presente Acuerdo no fue promovida ante los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la??????????????? Primera Región deberá remitirla directamente a la Oficina de Correspondencia Común que le presta servicio a dichos juzgados para que dichos órganos conozcan de su trámite, resolución y, en su caso, cumplimiento. QUINTO. Los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región conocerán de los recursos que se interpongan en contra de las determinaciones dictadas en los juicios de amparo materia del presente Acuerdo, así como de los impedimentos o procedimientos relacionados que pudieran tramitarse. Los recursos interpuestos, que a la fecha de aprobación del presente Acuerdo se encuentren turnados a los Tribunales Colegiados de Circuito correspondientes, serán resueltos por éstos. SEXTO. Para el trámite y resolución de los asuntos en que se reclame la disposición normativa materia del presente Acuerdo se utilizarán las herramientas electrónicas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal. Los promoventes de los juicios de amparo materia del presente acuerdo podrán solicitar a los titulares de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, la autorización para la consulta del expediente electrónico en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y del diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Previa remisión de los asuntos materia del presente Acuerdo, los titulares de los órganos jurisdiccionales ante quienes se encuentran radicados, deberán integrar debidamente el expediente electrónico, de manera que permita a los justiciables que los hayan promovido, consultar el estado procesal de manera sencilla y oportuna. SÉPTIMO. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, tienen su domicilio en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, Eduardo Molina número 2, colonia del Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, Código Postal 15960. OCTAVO. Corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en su ámbito de competencia, interpretar y resolver todas las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos resolverá cualquier cuestión con respecto al turno de los asuntos, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos. TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en internet e intranet. TERCERO. La Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comunicará el presente Acuerdo a la Secretaría Ejecutiva de Administración, a la Dirección General de Recursos Materiales, a la Dirección General de Servicios Generales, y a la Coordinación de Administración Regional, para el efecto de que se adopten las medidas pertinentes con respecto al envío de expedientes y demandas de amparo a las Oficinas de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito que lo necesiten; así como a la Dirección General de Gestión Judicial, la Dirección General de Tecnologías de la Información y a la Visitaduría Judicial, para los fines conducentes. CUARTO. Las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Tecnologías de la Información, deberán difundir electrónicamente el presente Acuerdo en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en intranet e internet, en el Sistema Integral de Seguimiento de??????????????? Expedientes y en el relativo a las Oficinas de Correspondencia Común, como aviso importante. Asimismo, habilitarán los campos de captura necesarios para esta clase de asuntos, en los sistemas de cómputo de los órganos jurisdiccionales y Oficinas de Correspondencia Común a que se refiere el presente Acuerdo. De igual forma, deberán prestar el apoyo necesario a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, y a las partes a fin de que resuelvan cualquier incidencia relacionada con la operación del sistema informático. QUINTO. Los órganos jurisdiccionales que conozcan de las demandas materia del presente Acuerdo, deberán colocar en lugar visible avisos donde se informe al público que los juicios de amparo en los que se reclamen las disposiciones normativas materia del presente acuerdo, serán del conocimiento de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Del acuerdo transcrito se desprende, entre otros aspectos, que serán los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, quienes conocerán del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se reclamen los Acuerdos de Carácter General por los que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial en los ejercicios fiscales dos mil veinte y dos mil veintiuno, en la Ciudad de México; así como lo relativo al cálculo regulado en el artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México; o cualquier otra disposición relacionada con éstos; además, que dichos asuntos que se encuentren en trámite en algún otro Juzgado de Distrito, deberán remitirse a los citados juzgados auxiliares, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para la continuación de su trámite, resolución y, en su caso, cumplimiento. En la especie, de la demanda motivo del presente juicio, se desprende que la quejosa reclamó la aprobación, expedición y promulgación del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, específicamente el artículo Quinto Transitorio; así como el Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto Predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de veinte de enero de dos mil veintiuno, en específico el punto SEGUNDO, inciso a); por lo tanto, considerando que el presente asunto pasa a la etapa de cumplimiento, es evidente que se ubica en el supuesto establecido en dicho acuerdo 13/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, en cumplimiento a los puntos primero, segundo y tercero del acuerdo citado en último lugar, se ordena remitir los autos originales del presente juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con sede en San Lázaro, a efecto de que lo turne al juzgado que corresponda conocer del presente asunto y éste acuerde lo conducente, solicitando el acuse de recibo respectivo. En tales condiciones, se ordena formar cuaderno de antecedentes únicamente con las constancias necesarias, en pro de una protección al medio ambiente y para optimizar los recursos materiales, aprovechando el expediente electrónico,??????????? en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 54, 89 y 90 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 02/01/22, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/2743/2022, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Se tiene por el oficio signado por el Subprocurador de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal en representación de la Jefa de Gobierno y el Tesorero, todos de la Ciudad de México, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88, de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes las copias del oficio de expresión de agravios; y dentro del término de tres días remítase electrónicamente el oficio de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para la substanciación del recurso de revisión, a fin de que tenga a bien resolver lo que en derecho corresponda. Ahora bien, tal como lo establece el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; que a la letra refiere: " En los casos de la interposición de recursos, los órganos jurisdiccionales del PJF pondrán a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda, incluida la SCJN, la consulta de los expedientes electrónicos FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.26.ee 18/09/21 13:12:51 respectivos a través del Sistema Electrónico del PJF"; hágase disponible la "vinculación con otro órgano" del presente asunto en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que el Tribunal Colegiado que por turno le corresponda conocer del recurso que se remite, se encuentre en aptitud de consultar la totalidad del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, en el entendido que en caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente requiera las constancias físicas que integran el presente asunto, una vez que lo haga del conocimiento le serán remitidas de inmediato. Por lo tanto, y toda vez que para la substanciación de dicho recurso se remitirán al citado Tribunal de Alzada, las constancias relativas al cuaderno principal del presente juicio, únicamente de manera electrónica a través del sistema de interconexión y con la finalidad de ahorrar en recursos materiales y evitar la duplicidad de actuaciones innecesarias, no se forma cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio ubicado en la calle Monte Elbruz, número treinta y siete (37), piso diez (10), colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, código postal once mil (11000). Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En Ciudad de México, a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de garantías número 180/2021-VI, en audiencia pública el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña, asistido por el Secretario Francisco Javier García Hernández que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra agrega texto. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias de autos y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable. En período probatorio: El Secretario da cuenta con la documental ofrecida por la parte quejosa. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por la quejosa. No existiendo pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos, abierto éste, el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de este derecho que confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho a formular alegatos y por cerrada la etapa correspondiente. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta. En la Ciudad de México, a las diez horas con treinta minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo número 180/2021-VI, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procede a declararla abierta sin la asistencia de las partes ni de legítimo representante de ellas. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de amparo promovida por María Cristina Silvia Malagón Soberanes, por derecho propio, auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en el que se admitió parcialmente la demanda, constancias de notificación a las partes, los informes justificados de las autoridades responsables, las pruebas y proveídos en los que se acordó lo conducente. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de constancias, para los efectos legales procedentes. Periodo de pruebas, abierto este periodo el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas y exhibidas por la parte quejosa, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana. El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, exhibidas y admitidas las pruebas con las que se da cuenta, las que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, las cuales serán valoradas en el momento de dictar la sentencia correspondiente. Sin que sea necesario hacer mención expresa de las documentales conforme a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 206494, de rubro siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Al no existir pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos, abierto éste, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló y que el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito no presentó intervención ministerial. El Juez acuerda: se tiene por desierto este periodo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 180/2021-VI, formado con motivo de la demanda promovida por María Cristina Silvia Malagón Soberanes, por derecho propio, contra actos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, recibido el diez de marzo del año en curso en este Juzgado Sexto de Distrito de materia y jurisdicción citadas, María Cristina Silvia Malagón Soberanes, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "3. AUTORIDADES RESPONSABLES: a) Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; b) Director de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Gobierno; c) La Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México. 4. ACTOS RECLAMADOS: a) De la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la promulgación y orden de publicación del decreto antes mencionado y la promulgación, expedición y orden de publicación del Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el pago del Impuesto Predial, específicamente por lo que hace al numeral SEGUNDO de dicho acuerdo, publicado el 20 de enero de 2021 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. De manera específica, se reclama el sistema normativo plasmado en el numeral SEGUNDO del Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el pago del Impuesto Predial (.) b) Del Secretario de Gobierno y del Director de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la publicación del decreto y del acuerdo de carácter general antes citados. c) La Tesorería de Gobierno de la Ciudad de México, la realización del cálculo, emisión de la boleta y recepción del pago correspondiente al impuesto predial del año 2021." SEGUNDO. La parte quejosa señaló como derecho fundamental violado, el contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; no señaló tercero interesado en el presente asunto; y, formuló el concepto de violación que estimó pertinente. TERCERO. En proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó el registro de la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 180/2021-VI, se desechó únicamente respecto del acto consistente en la publicación del acuerdo general impugnado y se admitió por los demás actos reclamados, se solicitaron los informes justificados de las autoridades responsables; se dio intervención legal al Fiscal Ejecutivo Titular de esta adscripción, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo; 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; debido a la naturaleza de los actos que se reclaman. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo los actos reclamados consisten en: a) De la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México: la expedición del Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto Predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de veinte de enero de dos mil veintiuno, en específico el punto Segundo, inciso a). b) Del Tesorero de la Ciudad de México: el cálculo, la emisión de la boleta y recepción del pago correspondiente al impuesto predial del ejercicio dos mil veintiuno. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, consistentes en la expedición del Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto Predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de veinte de enero de dos mil veintiuno, en específico el punto Segundo, inciso a). Lo anterior, ya que su existencia se acredita con su propia publicación en el medio de difusión oficial correspondiente; además debe decirse que esa certeza es implícita al tipo de acto que se reclama, en atención al principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba, en este caso, sólo los hechos estarán sujetos a ella de conformidad con lo establecido en los artículos 86 a 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, del Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 191452, del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." El Tesorero de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuyó, consistente en el cálculo, la emisión de la boleta y recepción del pago correspondiente al impuesto predial del ejercicio dos mil veintiuno; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, conforme a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como el diverso 28, fracción IX, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 27. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho de las materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad; representar el interés de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos ante los tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad; así como la administración, ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de la Administración Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: (.) III. Recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos y demás ingresos a que tenga derecho la Ciudad en los términos de las leyes aplicables; (.) Artículo 28.- La Tesorería de la Ciudad de México tendrá las siguientes atribuciones: (.) IX. Administrar, recaudar, comprobar, determinar, notificar y cobrar las contribuciones, los aprovechamientos y sus accesorios, así como los productos señalados en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México; (.)" Pues corresponde a dicha autoridad la administración, recaudación, comprobación, determinación, notificación y cobro de las contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, así como los productos señalados en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, entre los que se encuentra el Impuesto Predial; consecuentemente, al ser la autoridad a quien corresponde la determinación y recaudación del pago del tributo previsto en el dispositivo reclamado, se tienen por ciertos los actos que se le atribuyen. Lo anterior se corrobora con las pruebas aportadas por la quejosa, consistentes en la boleta correspondiente al impuesto predial del ejercicio dos mil veintiuno y el recibo de pago a la Tesorería por dicho concepto, constancia que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y resulta suficiente para corroborar que la quejosa pago dicha contribución a la autoridad responsable. CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo la procedencia del juicio constitucional es un aspecto de orden público, por lo que su examen debe ser efectuado de forma oficiosa, con independencia de que las partes lo aleguen o no. Este precepto dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Al respecto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al rendir informe justificado aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio, debido a que no demostró con documentos fehacientes la existencia del acto de aplicación del Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto Predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de veinte de enero de dos mil veintiuno, ni éste la obliga a hacer o dejar de hacer cierta conducta. Es infundada la causa de improcedencia referida en el párrafo que antecede. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Del precepto legal transcrito se advierte que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo; una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 1807, del Libro XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil trece, Tomo 3, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2003293, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011." Ahora, tratándose de la impugnación de normas generales, pueden ser combatidas a través del juicio de amparo en dos oportunidades, esto es, con motivo de su sola vigencia, en su carácter de autoaplicativas, o bien por virtud de su primer acto concreto de aplicación, en su carácter de normas heteroaplicativas, principios que se desprenden del artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Para determinar si una ley tiene el carácter de autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario recurrir al concepto de individualización incondicionada, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; la citada condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que puede ser administrativo, jurisdiccional, emanado de la voluntad del propio particular o un hecho jurídico ajeno a la voluntad humana. Cuando la sola vigencia de la norma afecta o vincula al gobernado desde su inicio, sin que sea necesario que se actualice condición alguna o un acto posterior de la autoridad o del propio destinatario para que se genere dicha obligatoriedad y consecuencias, se está en presencia de una norma autoaplicativa o de individualización incondicionada, dado que vincula al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. En cambio, cuando se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione la aplicación de la norma, ya sea el actuar de la autoridad o que el gobernado realice ciertas hipótesis que prevé la ley, se está en presencia de un ordenamiento heteroaplicativo o de individualización condicionada, ya que la autoridad o el gobernado activaron la obligatoriedad del mandato legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Tomo VI, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 198200, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." Como se señaló, la parte quejosa reclama el Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto Predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de veinte de enero de dos mil veintiuno, en específico el punto Segundo, inciso a); en su carácter de disposición heteroaplicativa, esto es, con motivo de su primer acto concreto de aplicación. A efecto de acreditar el interés jurídico que le asiste a la parte quejosa para controvertir la inconstitucionalidad de las normas citadas, exhibió: a) Boleta de la propuesta de declaración de valor catastral y de pago del impuesto predial respecto del inmueble de uso habitacional ubicado en la calle Altamirano cincuenta (50), casa cincuenta y nueve (59), colonia Barrio Loreto, código postal cero mil noventa (01090), en la Ciudad de México, con número de cuenta 05418403059-8. b) Recibo de pago a la Tesorería de la Ciudad de México, por concepto de pago de impuesto predial del primero al sexto bimestre de dos mil veintiuno, por el monto de $10,826.00 (diez mil ochocientos veintiséis pesos 00/1010 moneda nacional). Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º; con las cuales se acredita que la quejosa es propietaria del inmueble referido y que pagó el impuesto predial anual anticipado correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. Asimismo, no pasa inadvertido que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México señala que la parte quejosa no tiene interés jurídico para promover el presente juicio, al no acreditar el acto de aplicación de la norma reclamada. No obstante, si bien por regla general para la impugnación de normas generales en su carácter de heteroaplicativas requiere de un acto concreto de aplicación, lo cierto es que la excepción a dicha regla se actualiza cuando se aduce violación al principio de igualdad o equidad tributaria, por estimar que otorga un trato preferencial que no se tiene, como acontece en la especie. En este sentido, conviene precisar que la quejosa impugna el punto segundo, inciso a), del acuerdo de carácter general referido, en su carácter de norma heteroaplicativa, esto es, con motivo de su primer acto de aplicación, y que de las documentales exhibidas en el presente juicio, se advierte que es sujeta del impuesto predial respecto del inmueble de uso habitacional ubicado en la calle Altamirano cincuenta (50), casa cincuenta y nueve (59), colonia Barrio Loreto, código postal cero mil noventa (01090), en la Ciudad de México, con número de cuenta 05418403059-8, y que el veinticinco de enero del año en curso, pagó dicho impuesto por lo que hace a los seis bimestres del ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. En consecuencia, la parte quejosa demuestra ser sujeta del impuesto predial al realizar el pago correspondiente respecto del inmueble referido, sin que se aplicara el beneficio contenido en el punto segundo, inciso a), del Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto Predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de veinte de enero de dos mil veintiuno. Esto es, no se benefició con la reducción al impuesto predial que el acuerdo reclamado otorga para los inmuebles que se ubiquen en los rangos "A" al "D", de la tabla relativa a la tarifa contenida en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, a pesar de que afirma cumplir con el parámetro establecido en la norma de beneficio -casa habitación-. Lo que evidencia que la parte quejosa se encuentra sujeta a una aplicación negativa del punto segundo, inciso a), del Acuerdo de Carácter General que reclama en esta vía; por ende, se acredita su interés jurídico para acudir al juicio de amparo, al haber demostrado el acto de aplicación a través del pago del impuesto predial correspondiente al inmueble que detenta. Ante tales condiciones, la causa de improcedencia propuesta es infundada. Por otra parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 73 y 77, de dicha ley, y 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al considerar que no podrían materializarse los efectos de una eventual concesión del amparo solicitado, pues se darían efectos generales a la ejecutoria de amparo, es decir, se tendrían que otorgar subsidios a todos los contribuyentes del impuesto predial, lo que es contrario al principio de relatividad de las sentencias. Es infundada la causa de improcedencia antes precisada, porque en estricto apego a lo previsto en los artículos 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 73 y 78 de la Ley de Amparo, en caso de que la norma legal controvertida se declare inconstitucional, los efectos de la sentencia de amparo serían los de incorporar, únicamente en la esfera jurídica de la parte quejosa, la aplicación de los beneficios previstos en el acuerdo reclamado, para que se le permita obtener el subsidio fiscal en el pago del impuesto predial, sin que ello constituya un derecho a su favor y oponible a la autoridad, pues no se generaría un régimen de excepción, sino que se restablecerían los derechos fundamentales que el emisor del acuerdo debió haber respetado. En otro aspecto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, refiere que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXII, de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno al haber dejado de existir su objeto. Al respecto, la autoridad expone que la parte quejosa fue beneficiaria del subsidio establecido en el punto segundo, inciso b), del Acuerdo de Carácter General que reclama en esta vía, por lo que no se podrían concretar los efectos de una eventual sentencia protectora, ya que no pueden prevalecer dos beneficios fiscales respecto del pago del impuesto predial. Es infundada la causa de improcedencia. La fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" En términos generales, esta causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la justicia federal no podría materializarse de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y, consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, del Tomo XXIV, correspondiente al mes de diciembre de dos mil seis, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 173858, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Ahora, en el caso la parte quejosa reclama la expedición del Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto Predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en específico el punto Segundo, inciso a), por la exclusión que de éste deriva. Exclusión que se traduce en no verse beneficiada de "la cuota con subsidio" prevista para los rangos A, B, C y D, de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, no obstante que afirma cumplir con el parámetro establecido en la norma de beneficio -casa habitación-. Expuesto lo anterior, aun cuando el gobernado haya obtenido un beneficio fiscal por pago del impuesto predial, ello no significa que no se pueda dar efectos a una eventual sentencia de amparo, pues en caso de que la mecánica aplicada para terminar el impuesto respectivo se declare inconstitucional, ello obligaría a la autoridad a realizar un nuevo cálculo para determinar el impuesto y, en consecuencia, se podrían devolver las diferencias determinadas. Además, lo que se combate es la integración de la base tributaria, pues la aplicación de los factores de reducción impacta en la cuantificación del tributo, sobre la cual, en todo caso, podrá aplicarse el subsidio de mérito; de ahí que no se trate de un doble beneficio fiscal. Desde esta perspectiva, es patente que subsiste la materia del acto, dado que la existencia del aducido subsidio no impacta en la cuantificación de la base calculada conforme a los factores aquí combatidos por la supuesta violación al principio de equidad tributaria, en consecuencia, debe desestimarse la causa de improcedencia analizada en este apartado. Al no existir otro motivo de improcedencia manifestado por las partes, ni alguno diverso que este juzgador advierta de oficio, se procede al estudio de fondo del asunto. QUINTO. En los conceptos de violación la parte quejosa manifiesta que el Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto Predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de veinte de enero de dos mil veintiuno, viola el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, al establecer un trato distinto a contribuyentes que se encuentran en situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sin que exista para ello justificación objetiva y razonable. Ello, al establecer un sistema de subsidio en el pago del impuesto predial a los contribuyentes propietarios de inmuebles de uso habitacional que se encuentren en los rangos A al D, de los previstos en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, y no a los que se ubican en los subsecuentes rangos, lo que ocurre sin justificación objetiva y razonable. El argumento antes precisado es fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional, conforme a las siguientes consideraciones: El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de equidad tributaria radica en la igualdad ante la ley fiscal de todos los sujetos pasivos de un tributo, los cuales deben recibir un trato semejante, ya que se debe tratar de manera igual a quienes se encuentren en una situación idéntica y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa. Así, para cumplir con este principio, el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, es decir, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, a razones de política fiscal o incluso extrafiscales. Tales consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia P./J. 24/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 35, del Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Constitucional y Administrativa, con número de registro 192290, de rubro y texto siguientes: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales." Así como en la jurisprudencia P./J. 42/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 36, del Tomo V, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Constitucional y Administrativa, con número de registro 198402, de rubro y texto siguientes: "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los Poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica." Además, para delimitar el alcance del principio de equidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido ciertos elementos objetivos que deben considerarse, a saber: I. No toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; II. A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; III. No se prohíbe al legislador considerar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y, IV. Para que la diferenciación tributaria resulte acorde con el derecho humano de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionales para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 41/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 43, del Tomo V, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Administrativa y Constitucional, con número de registro 198403, de rubro: "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS." Enseguida, procede citar el contenido del artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno: "ARTÍCULO 130.- El Impuesto Predial se calculará por períodos bimestrales, aplicando al valor catastral la tarifa a que se refiere este artículo: I. TARIFA. RANGO LÍMITE INFERIOR DE VALOR CATASTRAL DE UN INMUEBLE LÍMITE SUPERIOR DE VALOR CATASTRAL DE UN INMUEBLE CUOTA FIJA PORCENTAJE PARA APLICARSE SOBRE EL EXCEDENTE DEL LÍMITE INFERIOR A $0.12 $194,006.64 $202.22 0.01750 B $194,006.65 $388,012.71 $235.06 0.03336 C $388,012.72 $776,026.88 $297.68 0.10426 D $776,026.89 $1,164,039.58 $689.14 0.12793 E $1,164,039.59 $1,552,053.77 $1,169.51 0.13121 F $1,552,053.78 $1,940,066.46 $1,662.16 0.15250 G $1,940,066.47 $2,328,079.14 $2,234.76 0.15760 H $2,328,079.15 $2,716,093.35 $2,826.51 0.17220 I $2,716,093.36 $3,104,106.04 $3,473.06 0.18009 J $3,104,106.05 $3,492,120.25 $4,149.26 0.18533 K $3,492,120.26 $3,880,132.91 $4,845.12 0.19103 L $3,880,132.92 $4,268,145.62 $5,562.40 0.19622 M $4,268,145.63 $4,656,529.33 $6,299.16 0.20729 N $4,656,529.34 $13,969,586.47 $7,078.22 0.22383 O $13,969,586.48 $29,402,268.88 $27,250.30 0.22395 P $29,402,268.89 En adelante $60,694.47 0.23281 En el caso de que los inmuebles tengan un valor inferior a la cuota fija correspondiente al rango A, sólo se pagará el porcentaje a aplicar sobre el excedente del límite inferior correspondiente a dicho rango. (.)" Resulta importante señalar que mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal y se adiciona un párrafo segundo al artículo 7° de la Ley de Justicia Administrativa, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, publicado el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se derogó la fracción II del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en el que se encontraban previstas las reducciones para el pago del impuesto predial por lo que se refiere a inmuebles de uso habitacional. Conforme al artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, la Jefa de Gobierno debía emitir, a más tardar el quince de enero de dos mil veintiuno, un programa general de subsidios al Impuesto Predial al que se refiere el artículo 130 del dicho código fiscal. Dicho programa de subsidios es el contenido en el Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto Predial, que ahora reclama la quejosa, el cual en la parte que interesa establece lo siguiente: "PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto apoyar, en términos del numeral SEGUNDO, en el pago del Impuesto Predial (en adelante Impuesto) a los contribuyentes que se encuentren en los siguientes supuestos: a) Que cuenten con inmuebles de uso habitacional o uso mixto cuyo valor catastral se encuentre dentro de los rangos A, B, C y D de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México (en adelante Código); b) Que cuenten con inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos E, F y G de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código; y c) Realicen operaciones de compraventa de inmuebles y adquieran nuevas construcciones en términos del artículo 127, párrafo cuarto del Código. SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el numeral PRIMERO se otorgan los subsidios fiscales que a continuación se indican: a) Para el pago del Impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2021, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos A, B, C y D de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código, de acuerdo con las cuotas que a continuación se mencionan: Rango Cuota de Subsidio A $52.00 B $61.00 C $73.00 D $88.00 b) Para el pago del Impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2021, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos E, F y G de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código, de acuerdo con el porcentaje que a continuación se menciona: Rango Porcentaje de Subsidio E 50% F 35% G 25% c) Para los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto previsto en el párrafo cuarto del artículo 127 del Código, tendrán derecho a un subsidio en el pago del Impuesto, equivalente a la diferencia que exista entre el Impuesto determinado conforme a valor de mercado que resulte del avalúo a que se refiere la fracción III del artículo 116 del Código, presentado por el contribuyente y aquel que corresponda conforme al valor catastral establecido en los párrafos segundo y quinto del mencionado artículo 127. (.)" De las normas transcritas, se advierten las siguientes premisas: ? Los contribuyentes determinarán el impuesto predial bimestralmente, aplicando al valor catastral de los inmuebles la tarifa respectiva que se conforma de dieciséis rangos que van de la letra "A" a la "P", determinados entre un mínimo y un máximo, según el valor catastral del inmueble, con cuotas fijas y tasas aplicables sobre el excedente del límite inferior. ? Tratándose de inmuebles de uso habitacional o mixto, los contribuyentes tendrán derecho a una reducción del impuesto predial a su cargo mediante el pago de una cuota fija para los que se ubican en los rangos A, B, C y D, o la aplicación de un porcentaje de descuento a los ubicados en los rangos E, F y G. Lo anterior evidencia que el sistema de subsidio del impuesto predial que prevé el precepto reclamado, se establece atendiendo al destino del inmueble -uso habitacional o mixto- y a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del tributo -reflejada en el valor catastral del inmueble de que se trate-, mediante un esquema regresivo de cuotas fijas y descuentos por porcentaje. Sin embargo, como puede observarse de las tablas antes transcritas, solamente pueden acceder al beneficio con cuota fija propietarios y poseedores de inmuebles de uso habitacional comprendidos en los rangos del "A" al "D", y no los que se ubican en los renglones del "E" al "P" y en adelante. En el caso, la quejosa demostró que el inmueble ubicado en la calle Altamirano cincuenta (50), casa cincuenta y nueve (59), colonia Barrio Loreto, código postal cero mil noventa (01090), en la Ciudad de México, con número de cuenta 05418403059-8, del que es propietaria, se encuentra en diverso rango de los previstos para efectos del subsidio establecido en el punto Segundo, inciso a), del Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto Predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, es decir, en el "G" por tener un valor catastral manifestado de $2'218,524.48 (dos millones doscientos dieciocho mil quinientos veinticuatro pesos 48/100 moneda nacional). Tal circunstancia, vulnera el principio de equidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se estableció un esquema de subsidio por cuota fija de la carga tributaria para los inmuebles cuyo valor esté comprendido en los rangos del "E" al "P" de la tarifa respectiva, a pesar de que cumplan con el parámetro elegido por la autoridad administrativa para la actualización de tal beneficio, a saber, que el inmueble sea de uso habitacional. En efecto, el hecho de que los rangos "E" al "G" reciban un porcentaje determinado de descuento en la tarifa del impuesto y no una cuota fija como los comprendidos en los rangos "A" al "D", y los contribuyentes que se encuentran en los rangos "H" al "P" no cuenten con ningún subsidio y se les excluya injustificadamente del régimen especial de tributación previsto para los inmuebles de uso habitacional o mixto, se traduce en un trato desigual entre sujetos que se ubican en idéntica situación, sin que exista una razón objetiva para ello. Máxime que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º constitucional, el legislador ordinario puede válidamente establecer un sistema regresivo de aminoración de la carga tributaria para los inmuebles de uso habitacional, conforme al cual, el beneficio disminuye en la medida que aumenta su valor catastral, pero no excluye de dicho sistema a determinados inmuebles por virtud de su valor superior. Sin que pueda considerarse que el trato diferenciado encuentre justificación en la exposición de motivos de reformas al Código Fiscal de la Ciudad de México, consistentes en que el programa general de subsidios al Impuesto Predial -acuerdo de carácter general que se reclama- deberá contener de forma clara y precisa los requisitos y circunstancias particulares que deben cumplir los contribuyentes para acceder a los beneficios fiscales, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9°, apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad de México y, que el beneficio fiscal de que se trata se otorga con la única finalidad de apoyar la economía de los capitalinos a fin de disminuir las desigualdades, bajo políticas de austeridad y responsabilidad, particularmente para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. Pues tal como lo sostuvo el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 14/2015, de la que derivó la jurisprudencia PC.I.A. J/53 A (10a.), visible en la página 2981, del Libro 23, correspondiente al mes de octubre de dos mil quince, Tomo III, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Materias Constitucional y Administrativa, con número de registro 2010103, de rubro siguiente: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN II, PUNTO 1, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER UNA REDUCCIÓN EN EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA."; desde el momento en que el tributo pierde su única función original, que es la recaudadora, la cual debe ser completa y no parcial (en inicio), al sacrificarse esa recaudación, aunque sea en parte, se exige al legislador la validación constitucional de su actuar. En otras palabras, desde el momento en que se está frente a un fin extrafiscal, ya que se modificó el sentido inicial y puro del fin fiscal, que es la recaudación, se requiere una justificación objetiva y razonable del trato, que sin lugar a dudas es diferenciador (que se genera con la reducción de la cuota). De esta forma, se considera que la justificación de la autoridad administrativa a partir de cuestiones como apoyar la economía de los capitalinos a fin de disminuir las desigualdades, bajo políticas de austeridad y responsabilidad, particularmente para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, no es objetiva y razonable. Esto, pues el hecho de que el valor catastral de los inmuebles, en relación con los cuales puede operar la reducción, se ubique en los rangos del "A" al "D", no necesariamente significa que se está frente a los grupos más vulnerables de la ciudad, a las zonas de mayor rezago en servicios y a los contribuyentes de menores ingresos per cápita, ya que pueden darse distintas condiciones y circunstancias por las que, quien deba pagar el impuesto predial, resida en esas zonas, por ejemplo, por cuestiones de conveniencia en distancias, por la ubicación de sus actividades ordinarias, o bien, por razones estrictamente personales; las cuales, de ninguna forma reflejan los ingresos que de manera ordinaria obtenga. Luego, esos contribuyentes se beneficiarían con una reducción que no tiene relación alguna con la intención del legislador. Como se advierte, el razonamiento antes precisado es compatible con el ámbito de regulación de la jurisprudencia antes transcrita, la que se pronunció sobre la inconstitucionalidad del tópico que en este asunto se plantea, es decir, el trato diferenciado e injustificado entre contribuyentes que se encuentran en idéntica hipótesis de causación, con el consabido beneficio de la reducción en el pago del impuesto predial, mediante el establecimiento de cuotas fijas. En tal virtud, al quedar demostrado que el punto segundo, inciso a), del Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto Predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de veinte de enero de dos mil veintiuno, es contrario a los principios de equidad tributaria, al excluir del sistema de aminoración del impuesto predial por aplicación de cuotas fijas a los propietarios y poseedores de inmuebles de uso habitacional o mixto, que se ubican en los rangos del "E" al "P" de la tarifa respectiva, resulta procedente conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la norma general impugnada, determinación que se hace extensiva al acto de aplicación relativo al pago del impuesto predial del primero al sexto bimestre de dos mil veintiuno, respecto de la cuenta predial 05418403059-8 del inmueble propiedad de la parte quejosa. Por consiguiente, con fundamento además en el artículo 77, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, el efecto del amparo concedido es para que no se aplique a la quejosa la disposición del acuerdo general reclamado que fue declarada inconstitucional por inequitativa, hasta en tanto no sea reformada o derogada y, en su caso, se le devuelvan las cantidades que en cumplimiento de aquélla haya enterado. En este sentido, para la devolución de las cantidades por concepto del impuesto predial el procedimiento será el siguiente: a) Al valor catastral del inmueble deberá restársele el límite inferior previsto en el rango que le corresponda del artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México; b) La diferencia que resulte deberá multiplicarla por el factor previsto para dicho rango y el resultado dividirlo entre cien, para obtener el impuesto marginal; c) A ese resultado se deberá sumar la cuota fija reducida del rango "D" del punto segundo, inciso a), del Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto Predial, con el cual se obtiene la tarifa o suma a enterar que debe quedar en poder de la autoridad fiscal; y, d) Al monto del pago realizado y que constituyó el acto de aplicación del acuerdo reclamado, se deberá restarle la cantidad que resultó conforme al inciso anterior, para obtener así el monto de la devolución que le corresponde. Así se deduce de la jurisprudencia PC.I.A. J/140 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1547, del Libro 63, correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 2019364, cuyo rubro y texto señalan: "IMPUESTO PREDIAL. EFECTO DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En la jurisprudencia PC.I.A. J/53 A (10a.), el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró inconstitucional el punto 1 de la fracción II del artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, por violar el principio de equidad tributaria, por lo que los particulares que promueven amparo en su contra con motivo de la modificación de los importes contenidos en dicha fracción tienen derecho a que se les otorgue la protección federal al respecto; sin embargo, el alcance de dicha protección debe limitarse a que se substituya el importe de la cuota fija prevista en el rango de la fracción I del precepto, según el lugar donde se ubique el inmueble respectivo, de acuerdo con su valor catastral, por el importe reducido del rango D de la fracción II del propio artículo, porque la modificación de los importes de las cuotas fijas reducidas (fracción II) no actualiza una oportunidad para reclamar la constitucionalidad de la porción normativa prevista en la fracción I del mismo precepto, como se establece en la diversa jurisprudencia PC.I.A. J/126 A (10a.), del propio Pleno de Circuito y, por tanto, la concesión del amparo contra la fracción II del precepto no implica modificar la obligación del particular de pagar el impuesto conforme a la mecánica de cálculo prevista en la fracción I, sin que pueda tomarse en cuenta el posible pago que deba hacerse respecto de otros inmuebles por los que no se conceda la protección federal, pues el principio de relatividad de las sentencias de amparo obliga a considerar sólo el caso específico de cada quejoso al que se le conceda el amparo." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73 a 79, 124, 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Cristina Silvia Malagón Soberanes, en contra del Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto Predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de veinte de enero de dos mil veintiuno, en específico el punto Segundo, inciso a); por las razones y para los efectos indicados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco Javier García Hernández, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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