María de Guadalupe Mora Ortiz

Expediente 389/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 22 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
389/2020
Año
2020
Actuaciones
22
Última actuación
04/02/2022

Partes del expediente

  • María de Guadalupe Mora Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y toda vez que de los mismos se advierte que ha transcurrido el término que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubiesen inconformado con el contenido del proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada por este Juzgado; en consecuencia, con fundamento en el aludido numeral que se alude, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes De conformidad con el Artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de depuración, dado que en el mismo se concedió el amparo y protección de la justicia solicitado, no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. Tratamiento del cuaderno original del incidente de suspensión. En cuanto al original del incidente de suspensión se establece que es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo. Lo anterior es así, toda vez que, por una parte, de negó y por otra se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Tratamiento del duplicado del cuaderno incidental. Por lo que respecta al duplicado del cuaderno incidental procédase a su destrucción dentro del término de seis meses, de acuerdo con el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que el cuaderno principal e incidental son susceptibles de depuración, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Centro Archivístico Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa ***, la determinación de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, que en síntesis dice: .. Cumplimiento ejecutoria de amparo Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a las partes, por auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, y al efecto la parte quejosa formuló manifestaciones sobre el cumplimiento que dieron las autoridades responsables Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura; Director de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; Secretaria Ejecutiva del Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; y Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a la ejecutoria dictada en el presente asunto; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido proveído y este Juzgado procede a pronunciarse al respecto. Demanda. María de Guadalupe ............demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. a) Con el carácter de Ordenadora: El H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, y b) Con el carácter de ejecutoras: 1. La persona titular del Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. 2. La persona del Secretario Ejecutivo de Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. 3. La persona titular del Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. 4. La persona titular del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. 5. La persona titular de la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí." IV. ACTOS RECLAMADOS: a) De la Responsable Ordenadora, H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, se reclama la resolución definitiva dictada en sesión celebrada el 08 de junio de 2020 en el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad controlado bajo el expediente número ......., a través de la cual se sanciona a la suscrita actora con la destitución del cargo de Investigadora que venía desempeñando en el Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Propio Consejo de la Judicatura, según consta en la Cédula de Notificación que se adjunta al presente escrito de demanda. La resolución reclamada a la Responsable Ordenadora fue notificada a la amparista, a través de la Cédula que se menciona en el párrafo que antecede, el día ------------, como consta en la página 36 de la propia Cédula. b) De las autoridades responsables ejecutoras, se reclaman los actos siguientes: 1. De las personas titulares de los secretariados ejecutivos de Vigilancia y Disciplina y de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, se reclama la inscripción de la resolución emitida por la Ordenadora el 08 de junio de 2020 que, en acatamiento del considerando 8 de la propia resolución, realicen en los archivos del expediente de la suscrita, por sí o a través de las unidades administrativas que les son adscritas. 2. De las personas titulares del Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, se reclama la emisión del auto de fecha 25 de junio de 2020, por el cual da por recibidas diversas comunicaciones de la Directora de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado (sic), por las que informa respecto de la ejecución de la sanción de destitución impuesta a la quejosa, y por el que hace saber a la impetrante que los cheques correspondientes al pago del finiquito correspondiente se encuentran a su disposición por 15 días hábiles en esa Secretaría. 3. De la persona titular de la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, reclamo los actos tendientes a la efectiva destitución de la suscrita de su cargo de investigadora, en ejecución de la resolución emitida por la ordenadora y por instrucción del titular del Secretariado Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, según queda evidenciado en el auto de fecha 25 de junio de 2020. 4. De todas y cada una de las autoridades responsables ejecutoras se reclama todo acto que tenga por objeto -de manera directa o indirecta- privar a la suscrita del cargo de investigadora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, en ejecución de la resolución definitiva dictada en sesión celebrada el 08 de junio de 2020 en el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad controlado bajo el expediente número P88/2019, o que sea consecuencia -mediata o inmediata- de éste. Suspensión de procedimiento Por auto de veintidós de julio de dos veinte se tuvo por recibida la demanda de amparo, y se reservó acordar lo procedente en derecho, al estimarse que no se trataba de la actualización de un supuesto de inmediatez o urgencia que ameritara su trámite en el contexto que en ese momento guardaba la pandemia causada por el virus SARS CoV-2. Reanudación El doce de agosto de dos mil veinte, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, en el que se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, se ordenó levantar la suspensión de plazos y términos procesales, por lo que se continuo con la tramitación del presente asunto. Sentencia. En sentencia de catorce de diciembre de dos mil veinte, emitida por este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que la autoridad responsable Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente la determinación dictada el ocho de junio de dos mil veinte, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad número P88/2019. b) En su lugar, emita una nueva determinación, en la que, con libertad de jurisdicción, se pronuncie respecto de la totalidad de los argumentos señalados por la aquí quejosa en el procedimiento de origen, en los escritos presentados el diecisiete de enero de dos mil veinte y el catorce de febrero del mismo año, así como en las intervenciones realizadas por dicha parte procesal en el inicio y continuación de la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que tuvieron lugar el veinte de enero y el catorce de febrero, ambas datas del año en curso. La protección constitucional otorgada no obliga a la autoridad responsable a que la resolución que emita sea en determinado sentido, sino únicamente para que se pronuncie congruente y exhaustivamente, respecto de la falta formal destacada en la presente determinación. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura; Director de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; Secretaria Ejecutiva del Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; y Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por no haber sido reclamados por vicios propios." Revisión Inconforme con la sentencia de catorce de diciembre de dos mil veinte, la quejosa María de ........interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, bajo el amparo en revisión 1122021. El tribunal de alzada, en sesión de siete de octubre de dos mil veintiuno, emitió resolución que en sus puntos resolutivos dice: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a María de........, contra el acto reclamado al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y otras autoridades, precisados en la sentencia recurrida, para los efectos señalados en dicho fallo." Requiere cumplimiento Por auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, se requirió a las autoridades Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura; Director de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; Secretaria Ejecutiva del Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; y Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del mencionado auto, informaran sobre el cumplimiento que dieran a la ejecutoria de mérito. Cumplimiento. En proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, se agregaron oficios recibidos en este juzgado el nueve del referido mes y año, registrados bajó los números de correspondencia 18860, 18861, 18862, 18863 y 18868, mediante los cuales, la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial del Estado; Secretaria Ejecutiva de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Directora General de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; y Directora de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, informaron el cumplimiento que dieron al fallo protector dictado en autos. Por su parte, la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial del Estado, remitió copia certificada de la resolución de tres de noviembre de dos mil veintiuno, por la que dejó insubsistente la determinación dictada el ocho de junio de dos mil veinte, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad número ........, y en su lugar, emitió una nueva determinación, en la que, declaró infundadas en su totalidad las manifestaciones defensivas que expresó la quejosa María de Guadalupe Mora Ortiz, en los escritos presentados el diecisiete de enero de dos mil veinte y el catorce de febrero del mismo año, así como en las intervenciones realizadas por dicha parte procesal en el inicio y continuación de la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que tuvieron lugar el veinte de enero y el catorce de febrero, ambas de dos mil veinte. En lo que respecta a la Secretaria Ejecutiva de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Directora General de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; y Directora de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, informaron que acatarían lo dispuesto por la autoridad ordenadora Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. De igual forma, la diversa autoridad responsable Secretaria Ejecutiva de Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, a través del oficio S.E.P.C.J. ......., recibido en este órgano jurisdiccional el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, bajo el número de registro 19498, manifestó que en cumplimiento a la sentencia de amparo, acataba lo dispuesto por la autoridad responsable ordenadora Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en su resolución de tres de noviembre del año en curso. Lo anterior pone de relieve que las autoridades responsables en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en este expediente, realizó lo siguiente: Efectos de la concesión del amparo. Cumplimiento al fallo protector por la autoridad responsable: "a) Deje insubsistente la determinación dictada el ocho de junio de dos mil veinte, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad número P88/2019. b) En su lugar, emita una nueva determinación, en la que, con libertad de jurisdicción, se pronuncie respecto de la totalidad de los argumentos señalados por la aquí quejosa en el procedimiento de origen, en los escritos presentados el diecisiete de enero de dos mil veinte y el catorce de febrero del mismo año, así como en las intervenciones realizadas por dicha parte procesal en el inicio y continuación de la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que tuvieron lugar el veinte de enero y el catorce de febrero, ambas datas del año en curso. Manifestaciones contenidas en escrito de diecisiete de enero de dos mil veinte. - Que al señalar el bien jurídico que la vincula con el bien que tutela las obligaciones previstas en los numerales 7, fracción V y 49, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con el 6, fracción V, y 48, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, 178, fracción IX y 179, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; la autoridad instructora presume que infringió dichos ordenamientos legales, en razón de que no ajustó su actuación a tales ordenamientos, pero en ninguna parte señala con precisión el deber jurídico que presuntamente infringió, y no señala de manera clara y específica, de qué forma, incumplió presuntamente con las disposiciones legales mencionadas, es decir, la forma individual en que los incumplió, ya que sólo afirmó que las infracciones imputadas, implicaban presuntivamente el incumplimiento de las siguientes obligaciones: a) actuar conforme a una cultura de servicio orientado al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades; y b) atender las instrucciones de sus superiores, siempre que estas sean acordes a las disposiciones relacionadas con el servicio público. - Que la autoridad instructora establece que dichas obligaciones se encuentran en los artículos 7, fracción V y 49, fracción III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con el 6, fracción V, y 48, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado; sin embargo, nunca señala, cómo es que la implicada no procedió conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones, a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades, pues tampoco señala cuáles son las funciones que dice corresponden a su nombramiento, ni las metas de la institución; no dice cuál es la conducta realizada en la que vislumbró que no atendió las indicaciones de su superior para así considerar que infringió las obligaciones previstas en los artículos 7, fracción V y 49, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado, de ahí que no se actualicen las presuntas irregularidades a las citadas disposiciones legales que se le atribuyen. - Que se afirmó que se actualiza la hipótesis del artículo 77 del Reglamento del Instituto de Estudios Judiciales, que se refiere al incumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo reglamento, sin que en ninguna parte se especifique cuál de las obligaciones establecidas en tal ordenamiento es que incumplió y tampoco se hace referencia a la disposición normativa en la que se encuentra la obligación cuyo incumplimiento se le atribuye. - Que en cuanto a las faltas administrativas previstas en el artículo 178, fracción IX y 179, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que se le dijo se actualizaban, en ninguna parte del auto inicial y citatorio, se establece cuáles son las leyes y reglamentos a que se refiere el instructor, ni tampoco en qué parte de la Ley se encuentran previstos los deberes conforme al nombramiento que ostenta, como tampoco cuál es la ley o reglamento en que se encuentran contenidos; por lo que, son señalamientos dogmáticos al no haber conducta que evidenciara el incumplimiento referido, porque no se le señala la disposición que expresamente infringió, puesto que la conducta que se le atribuye -trabajo de investigación entregado mediante oficio INV-05/2019 de 09 de mayo de 2019, de veinticinco hojas útiles- en nada se concatena con la normatividad que supuestamente infringió. - Que no se le hace de conocimiento fehacientemente de qué forma incumplió presuntivamente con las leyes y reglamentos que le señalan, lo que contraviene sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, ya que según se desprende del artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el procedimiento administrativo inicia con un auto de radicación que puntualice la materia, la naturaleza y las responsabilidades a imputar, de lo cual habrá de deducirse el oficio citatorio, para que al citar a los servidores públicos encausados o sometidos a dicho procedimiento, puedan identificar con claridad cuáles son las responsabilidades que se le imputan y las pruebas que las sustenten, respetando así sus garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica. - Que en el oficio citatorio con que se inicia el procedimiento se deben precisar los hechos que pudieran generar responsabilidades, esto es, las conductas imputadas, a efecto de que el servidor público esté en aptitud de defenderse y que pueda controvertirlas, ello en cumplimiento, además, al principio de tipicidad que es una de las manifestaciones esenciales del principio de legalidad y exige la más estricta adecuación entre la conducta prohibida descrita en el tipo, y el hecho cometido por acción u omisión; por lo que, las normas que definen las infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica. - Que en cuanto a la imputación que se le hace, consistente en -no cumplir con las funciones y obligaciones inherentes al cargo de investigadora adscrita al Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura- porque a consideración de la instructora del procedimiento de responsabilidad, el trabajo de investigación que presentó, tiene inconsistencias, pero no se le hace saber en forma clara cuáles son las funciones inherentes al cargo de investigadora, ni siquiera las disposiciones legales o reglamentarias en que se encuentran contenidas las funciones; tampoco se menciona cuáles de las funciones que tiene asignadas al cargo de investigadora, fueron las que dejó de cumplir. - Que no se le hace mención alguna de los requisitos de forma y fondo que se le atribuye que presuntamente no cumplió en el citado trabajo de investigación que presentó, ya que se le imputa -no cumplir con los requisitos de forma y fondo que debe tener todo trabajo académico en el área de Derecho-, empero no se especifica cuáles son esos requisitos, así como tampoco, de esos requisitos cuáles son los que no cumplió. - Que se le atribuyó el haber causado un daño patrimonial al Poder Judicial del Estado, con motivo de la conducta desplegada, lo cual viola el principio de presunción de inocencia en su perjuicio, pues para establecer que se causó un daño patrimonial al Estado, primeramente se deben establecer los alcances, causas y efectos de las actividades sujetas a sanción, es decir, el nexo causal. - Que no se precisa la norma dispositiva que regula los límites de la función pública, para que partiendo de ahí, se esté en aptitud de definir cuál es la acción u omisión, y por tanto, el poder determinar que se está ante un hecho ilícito, de tal manera que primero se debe demostrar un hecho ilícito, por lo que se viola en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, al pretender imputarle el haber causado un daño patrimonial al Poder Judicial del Estado, sin que previamente se hubiera probado la existencia del hecho ilícito. Argumentos del abogado autorizado de la quejosa, en el inicio de la audiencia de ley a que se refiere el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, llevada a cabo el veinte de enero de dos mil veinte, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativo de origen. - Que en virtud de que se manifestó y se advirtió que no se encontraban los testigos de asistencia, los cuales se afirmó en ese procedimiento, y que en reposición del mismo se advierte que la testigo Christian Jocelyn Ramos García, no contaba con el medio de identificación idóneo, por lo que se le ordenó salir del recinto a efecto de aportar su identificación como testigo y puntualizó que el testigo es el mismo que actúa como escribiente en la instrucción. Argumentos de la parte quejosa contenidos en escrito de catorce de febrero de dos mil veinte. - Que las presunciones relativas a que su representada infringió los ordenamientos legales contenidos en los numerales 7, fracción V y 49, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con los artículos 6, fracción V, y 48, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y artículo 178, fracción IX y 179, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; dichas aseveraciones son infundadas en razón de que en ninguna parte de lo argumentando se señala como precisión el deber jurídico que presuntamente infringió; no se manifiesta de qué forma se incumplió en lo individual con cada uno de los numerales invocados respecto de los cuales se le atribuye incumplimiento; nunca se señaló cómo es que la supuesta infractora no actuó conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades, pues además, no se señala cuáles son las funciones que corresponden al nombramiento de investigador, ni las metas de la institución, cuál es la conducta realizada por la trabajadora en la que se vislumbre que no atendió las instrucciones de su superior, para así considerar que efectivamente infringió las obligaciones contenidas en la normatividad invocada en el auto de admisión de tres de diciembre de dos mil diecinueve. - Que respecto de la afirmación relativa a que se actualiza la hipótesis del artículo 77 del Reglamento del Instituto de Estudios Judiciales, en ningún momento se especifica cuál de las obligaciones establecidas en dicho Reglamento es la que la imputada incumplió, cuando ni siquiera se hace referencia a la disposición normativa en la que se encuentra la obligación cuyo incumplimiento se le atribuye. - Que en lo referente a las faltas administrativas previstas en los artículos 178, fracción IX y 179, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no se establece cuáles son las leyes y reglamentos a que se refiere, ni tampoco en qué parte de la ley se encuentran previstos los deberes que conforme al nombramiento de su representada se encuentran previstos en dicha normatividad, como tampoco se especifica cuál es la normatividad o reglamento en que se encuentran contenidos. - Que se trata de señalamientos dogmáticos al no haber una conducta que evidenciara el incumplimiento que se refiere, pues ni siquiera se señaló la disposición que expresamente infringió, toda vez que la conducta que se señala desplegó su representada, a saber -trabajo de investigación entregado mediante oficio INV-05/2019 de 09 de mayo de 2019, de veinticinco hojas útiles- en ningún momento se vincula ni concatena con la normatividad que supuestamente infringió. - Que de ninguno de los fundamentos y alegaciones contenidos en el auto de admisión se le hace de conocimiento a su patrocinada de qué forma incumplió presuntivamente con las leyes y reglamentos que se le señalan, lo que contraviene las garantías de legalidad y seguridad jurídica, porque según se desprende del artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el procedimiento administrativo inicia con el auto de radicación que puntualice la materia, naturaleza y las responsabilidades imputadas, de lo cual habrá de deducirse el oficio de citación; para que al citar a los servidores públicos encausados o sometidos a dicho procedimiento, puedan identificar con claridad cuáles son las responsabilidades imputadas y las pruebas que las sustenten, respetando así sus garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica; con lo que debió darse cumplimiento al principio de tipicidad, que es una de las manifestaciones esenciales del principio de legalidad y exige la más estricta adecuación entre la conducta prohibida descrita en el tipo y el hecho cometido por acción u omisión; por ello, las normas que definen las infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica. - Que existen contradicciones notorias en el procedimiento, en razón de que en el auto de admisión para la instauración del procedimiento administrativo, en el rubro denominado "Responsabilidad Administrativa f.3" se procedió a fijar la materia del procedimiento, diciendo que ésta se constituye en los términos señalados en el oficio IEJ- 343/2019, signado por la Directora del Instituto de Estudios Judiciales y transcribiendo el contenido de los puntos segundo al noveno del escrito en comento, resaltando que el punto tercero dice que se instruyó a María de Guadalupe Ortiz Mora para que elaborara una investigación académica jurídica respecto al tema "Justicia Comunitaria"; respecto de lo cual, su representada, bajo el oficio INV-05/2019, de nueve de mayo de dos mil diecinueve, adjuntó veinticinco fojas útiles por el frente, de las que se aprecia que se contienen las formalidades legales y necesarias de la investigación requerida, con lo que dio cabal cumplimiento a la instrucción de su superior jerárquico, de modo que no incurrió en la falta que se señala en el punto uno, a foja cinco del auto de admisión consistente en "no cumplir con las funciones y obligaciones inherentes a su cargo". - En lo que ve a la imputación consistente en "no cumplir con las funciones y obligaciones inherentes al cargo de investigadora adscrita al Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura porque a consideración de la instructora del procedimiento de responsabilidad, el trabajo de investigación que presenté mediante oficio INV-05/2019 de 09 de mayo de 2019, tiene las inconsistencias", en ningún momento se le hizo de conocimiento el supuesto incumplimiento de forma clara, ya que no se le precisan cuales son las funciones inherentes al cargo de investigadora, ni las disposiciones legales o reglamentarias en que se encuentran contenidas esas funciones; se omite mencionar cuáles son las funciones que tiene asignadas en al cargo de investigadora y no se hace mención alguna de los requisitos de forma y fondo que se le atribuye que presuntamente no cumplió en el citado trabajo de investigación presentado, lo que se debió hacer, dado que se le imputa no cumplir con los requisitos de forma y fondo que debe tener todo trabajo académico en el área de Derecho. - Que en cuanto al punto número uno, inciso c), a foja número cinco, se advierte la inconsistencia de incurrir en un supuesto plagio, por los motivos ahí aducidos, lo cual se niega rotundamente, dado que legal y jurídicamente el plagio se configura sí y solo sí, cuando el supuesto plagio se divulga, se publica y reproduce una obra a nombre de un autor distinto del verdadero, atentando a sus derechos morales y patrimoniales, el cual, en la especie, no se configuró, en razón de no darse los supuestos mencionados; por lo que, es innegable que no se estableció fehacientemente la supuesta figura de plagio y mucho menos en forma dolosa, como lo adujo la denunciante. - Que es anacrónico e incongruente que el oficio IEJ- 099/2019, fechado el tres de mayo de dos mil diecinueve y recibido por su representada el tres de abril de dos mil diecinueve, a las 2:04 pm, se le instruya a presentar la investigación solicitada, así como el anagrama de actividades a más tardar el ocho de abril de dos mil diecinueve. - Que se atribuye a su representada haber causado un daño patrimonial al Poder Judicial del Estado, con motivo de la conducta desplegada, lo cual viola el principio de presunción de inocencia en perjuicio de la imputada, dado que para establecer que se causó un daño patrimonial al Estado, primeramente se deben establecer los alcances, causas y efectos de las actividades sujetas a sanción, es decir, el nexo causal, y en el caso no se precisa la norma o dispositivo que regula los límites de la función pública, para que partiendo de ahí, se esté en aptitud de definir cuál es la acción u omisión, y por tanto, el poder determinar que se está ante un hecho ilícito, de tal manera que primero se debe demostrar tal hecho ilícito y al no haberse hecho así, se viola el principio de presunción de inocencia, al pretender imputarle el haber causado un daño patrimonial al Poder Judicial del Estado, sin que previamente se haya probado la existencia del hecho ilícito. - Que en el acuerdo de desarrollo de la audiencia inicial del procedimiento administrativo, el funcionario que instruye y desarrolla dicha audiencia, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, el Secretario de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura, quien actuó con testigos de asistencia, licenciadas María Esther Arellano Celestino y Christian Jocelyn Ramos García, se manifestó al respecto por el representante de la imputada que "Solicito en éste momento que se me de vista con la personalidad del funcionario que instruye el presente procedimiento administrativo, a efecto de no violar el mismo.", ante lo cual, se le puso a la vista una credencial expedida por el Poder Judicial del Estado a nombre de licenciado José Antonio Vázquez Espino, en la cual se hace constar el cargo de Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, con número de empleado 605115, sin embargo, en ningún momento se le dio vista, ni se exhibió nombramiento alguno con el que se acreditara el puesto que dijo ostentar, a fin de determinar qué funcionario instruye el procedimiento, con lo que se violaron las formalidades esenciales relativas a la instrucción del procedimiento. - Que también en uso de la voz, expresó a favor de su representada en la referida audiencia de ley: "Solicito quede asentado que desde el inicio y en estos momentos no se encuentran en este recinto los testigos de asistencia que menciona, ni ningún otro tipo de testigos, violando así la formalidad que marca la normatividad aplicable al presente procedimiento.", a lo cual, el instructor en ese momento dijo regularizar el procedimiento y certificó que "en la presente audiencia se encuentra presente como testigo de asistencia la C. Christian Jocelyn Ramos García, NO ASÍ LA C. MARIA EXTHER ARELLANO CASTILLO, POR TANTO, SE REQUIERE SU PRESENCIA EN ESTA SALA Y SE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO HASTA LA ETAPA DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA". - Que también, en representación de la implicada, manifestó "en reposición del mismo, se advierte que la testigo de asistencia Christian Jocelyn Ramos García no contaba con el medio de identificación idónea, por lo que se ordenó salir del recinto a efecto de aportar su identificación como testigo.", con lo que se violó flagrantemente el procedimiento, ante la inobservancia de las formalidades que tutelan el desarrollo de cualquier procedimiento administrativo seguido ante el Consejo de la Judicatura. - Que la denunciante ofreció como prueba de su intención la inspección judicial, que se deberá llevar a cabo el día y la hora que esta Secretaría señale, el documento adjuntado como anexo 6, consistente en oficio IEJ-158-2019 del cinco de junio de dos mil diecinueve, firmado por el licenciado Jesús Alberto Góngora Moncada, Subdirector del instituto, relativo al cuadro "COMPARATIVO TEXTO DE INVESTIGACIÓN Y LO ENTONCTRADO EN LAS PÁGINAS DE INTERNET', bajo el extremo señalado en el oficio IEJ- 343/2019, para la cual, se fijó fecha y hora para su desahogo y posteriormente, se tuvo a la oferente por desistida de dicho medio de prueba, de lo que se concluye que no se encuentra plenamente acreditada ni probada la causa de responsabilidad que se le atribuye, porque las pruebas en las que se apoya no son legalmente suficientes, dado que la prueba documental sexta, consistente en el original del oficio IEJ-158-2019 y su anexo, únicamente sirven para probar que el licenciado Jesús Alberto Góngora Moncada, Subdirector del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura, manifestó lo que ahí se contiene, pero sin que ello implique que está demostrada la veracidad de lo que manifestó. Manifestaciones vertidas por el autorizado de la quejosa en la continuación de la audiencia de ley a que se refiere el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, efectuada el catorce de febrero de dos mil veinte. - Que en virtud de haber presentado los alegatos correspondientes, los ratificaba en todas y cada una de sus partes, solicitando se sirvieran someter el presente asunto a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura, de conformidad con el artículo 119 del Reglamento Interior de dicho Consejo, solicitando además que se tomara en cuenta el desechamiento de la prueba de inspección judicial ofrecida por la denunciante, con lo que se dejaron sin efecto los extremos señalados en el oficio número IEJ-343/2019, en razón también de que es innegable que no se probó ni acreditó plenamente la causa de responsabilidad que se le atribuye a su representada. La protección constitucional otorgada no obliga a la autoridad responsable a que la resolución que emita sea en determinado sentido, sino únicamente para que se pronuncie congruente y exhaustivamente, respecto de la falta formal destacada en la presente determinación. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura; Director de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; Secretaria Ejecutiva del Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; y Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por no haber sido reclamados por vicios propios." La Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial del Estado, en resolución de tres de noviembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la determinación dictada el ocho de junio de dos mil veinte, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad número ....../2019, y en su lugar, emitió una nueva determinación, en la que, declaró infundadas en su totalidad las manifestaciones defensivas que expresó la quejosa María de .........., en los escritos presentados el diecisiete de enero de dos mil veinte y el catorce de febrero del mismo año, así como en las intervenciones realizadas por dicha parte procesal en el inicio y continuación de la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que tuvieron lugar el veinte de enero y el catorce de febrero, ambas de dos mil veinte. "Argumento que es infundado, debido a que, la autoridad instructora del procedimiento administrativo de responsabilidad, desde el inicio de éste, se ciñó a las formalidades esenciales del procedimiento, previstas en los artículos 181, 183, 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Primeramente, el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, prevé las sanciones administrativas que se aplicarán a los servidores judiciales, mientras que los artículos 183, 184 y 185 de la propia legislación, estatuye el procedimiento administrativo que se seguirá para la aplicación de dichas sanciones. [Transcripción de los artículos 181, 183, 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí] De la intelección de las disposiciones legales trascritas se viene en conocimiento que la ley orgánica prevé diversas sanciones administrativas. Ahora, la aplicación de dichas sanciones deberá estar precedida por el procedimiento respectivo que corresponde instaurar al Consejo de la Judicatura, con excepción de las que correspondan a los magistrados, que está reservado para el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Dicho procedimiento iniciará a instancia de parte, mediante queja que podrán presentar los órganos auxiliares o los particulares que tengan interés jurídico. En este caso, la queja se formulará por escrito o de manera verbal, pero en este último caso se levantará acta circunstanciada. También podrá iniciarse de oficio por el superior jerárquico del presunto infractor, o por cualquiera de los consejeros cuando la gravedad de la irregularidad observada así lo amerite y, en tal caso, corresponderá al Pleno del Consejo de la Judicatura imponer al responsable la sanción respectiva. El procedimiento lo instruirá el Secretariado Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina auxiliado por la Visitaduría o la Contraloría, según corresponda, y comprenderá una audiencia que se verificará dentro de los quince días hábiles siguientes, con intervención del Ministerio Público. Es indispensable destacar que, deberá citarse a la presunta responsable a la audiencia, y se le hará saber la responsabilidad que se le imputa y el derecho que tiene a ofrecer pruebas ya alegar. En ese orden de ideas, el auto de inicio del procedimiento administrativo sancionador que nos ocupa, cobra suma relevancia, pues no debe considerarse como un acuerdo de mero trámite, sino como la actuación de esta autoridad administrativa por la que da a conocer las causas o motivos imputados a la servidora pública, al igual que las normas infringidas; exigencia que, interpretada de manera acorde con los principios de legalidad, tipicidad y exacta aplicación de la ley, previstos para la materia penal en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y aplicables al derecho administrativo sancionador, conlleva la obligación de precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conducta realizada por la presunta infractora y encuadrarla exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida como infracción o falta que se le atribuye. En esa medida, el auto de radicación de tres de diciembre de dos mil diecinueve, debe contener las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tuvo lugar la conducta reprochada, de manera que encuadre exactamente en la hipótesis tipificada como falta administrativa. Como se observa a fojas 1 a la 7 del expediente, el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad, contiene el acto u omisión materia de la denuncia, pues se hace alusión al oficio IEJ-343/2019, signado por la Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, mediante el cual, hace del conocimiento diversos hechos que ameritan la instauración del procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la Investigadora María de Guadalupe Mora Ortiz, oficio que contiene un capítulo de legitimación de la promovente, uno de antecedentes, en el que se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la investigación académica que se le solicitó a la investigadora y que fueron materia de este procedimiento, además ese oficio contiene un capítulo de faltas administrativas que a consideración de la quejosa, incurrió la investigadora y un capítulo de los preceptos legales aplicables, capítulo de pruebas ofrecidas y finalmente, uno de solicitud de inicio de procedimiento administrativo de responsabilidad. En el auto de admisión, se observan las infracciones que, se le imputan a la investigadora y, en la clasificación legal, técnica y apropiada de la infracción que se le imputó, se dijo que con base en las manifestaciones vertidas por la promovente, la servidora judicial denunciada presuntamente incumplió las obligaciones previstas en los artículos 7, fracción V y 49, fracción III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en relación con los diversos 6, fracción V y 48, fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, consistentes en actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y atender las instrucciones de sus superiores, siempre, que éstas sean acordes a las disposiciones relacionadas con el servicio público. También se dijo que se actualizaban las causas de responsabilidad de los investigadores, normadas por el artículo 77, fracciones I y II, consistentes en incumplir las obligaciones establecidas en ese reglamento y la deficiencia en el desempeño de las labores de investigación. Se precisaron las circunstancias de modo tiempo y lugar de la conducta realizada por la servidora pública. Modo, es decir, se estableció que se le solicitó realizar un trabajo de investigación del tema de Justicia Comunitaria, bajo los lineamientos del protocolo de investigación jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México, se establecieron las circunstancias de tiempo, ya que se le dijo que debía de presentar el cronograma de actividades a más tardar el ocho de abril de dos mil diecinueve y que la fecha de conclusión y entrega de la investigación sería el nueve de mayo de aquel año y de igual manera, se señalaron las circunstancias de lugar, esto es, en San Luis Potosí, San Luis Potosí, todo esto, se hizo patente en el oficio IEJ-099-2019, signado por la licenciada Isabel Cristina Santibañez Bandala, de tres de mayo de dos mil diecinueve, visible a fojas 18 de este expediente. Finalmente, se encuadró exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida como falta administrativa, esto fue, en las dispuestas en los artículos 178, fracción IX y 179, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En ese sentido y contrario a lo que argumenta la investigadora de quien se estudia su responsabilidad, este órgano de control disciplinario cumplió con el principio de tipicidad, el cual, se hace extensivo al derecho administrativo sancionador, respecto de las infracciones y sanciones administrativas, de modo que, si la disposición administrativa, es decir, los artículos 7, fracción V, 49, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 77, fracciones I y II del Reglamento del Instituto de Estudios Judiciales, señalan que la transgresión a esos dispositivos es causa de falta responsabilidad administrativa, es que se establece una sanción por esas infracciones, esta conducta realizada por la servidora pública, encuadra exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida en los artículos 178, fracción IX y 179, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, pues infringió los dispositivos reseñados de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Reglamento del Instituto. Circunstancias por las cuales, en ningún momento se coartó el derecho de defensa de la Investigadora Mora Ortiz, debido a que se le hizo de su conocimiento, de forma completa y clara a la propia encausada el contenido del auto de admisión de tres de diciembre de dos mil diecinueve, pronunciado en este expediente y personalmente se le emplazó y corrió traslado con las copias de las constancias de todas las actuaciones que integraban el expediente, entre las cuales se encontraban los oficios IEJ-343/2019, IEJ-099-2019, INV-05/2019, IEJ 151-2019, IEJ-158-2019 y IEJ-243-2019, ese sentido, fue sabedora de las conductas e infracciones que se le imputaban, la autoridad ante la cual tenía que comparecer, la fecha y hora de la audiencia de ley, así como el derecho de ofrecer pruebas y alegar, máxime que la propia servidora compareció a este procedimiento por escritos recibidos el diecisiete de enero y catorce de febrero de dos mil veinte. Consecuentemente; la autoridad instructora del procedimiento de responsabilidad administrativa, desde el inicio de éste, ajustó su actuación a las formalidades esenciales del procedimiento administrativo para los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, por ello, y contrario a lo que refiere la servidora judicial de quien se estudia su responsabilidad, sí se señaló con precisión el deber jurídico que infringió y que esto fue derivado de la instrucción que le realizó por escrito su superior jerárquico, referente a que realizara una investigación académica del tema Justicia Comunitaria, el cual debía de hacer sujeto a las reglas preestablecidas del protocolo de investigación jurídica de la Universidad Autónoma Nacional." "Argumento defensivo que también es infundado, y se comparten los mismos motivos por los cuales se consideró infundado el anterior, pues como se dijo, la autoridad instructora del procedimiento administrativo de responsabilidad, desde el inicio de éste, se ciñó a las formalidades esenciales del procedimiento, previstas en los artículos 181, 183, 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior, es así, ya que el procedimiento lo instruyó el Secretariado Ejecutivo de Vigilancia, comprendió una audiencia de ley, la cual se verifico dentro de los quince días hábiles siguientes, con la intervención por escrito del Ministerio Público. Se le emplazó personalmente a la servidora judicial, se le citó a la audiencia, y se le hizo saber la responsabilidad que se le imputaba y el derecho que tenía a ofrecer pruebas y a alegar. Referente el auto de radicación de tres de diciembre de dos mil diecinueve, éste contiene las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tuvo lugar la conducta reprochada, y se encuadró en la hipótesis tipificada como falta administrativa. [.] "Consecuentemente, la autoridad instructora del procedimiento de responsabilidad administrativa, desde el inicio de éste, ajustó su actuación a las formalidades esenciales del procedimiento administrativo para los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, por ello, y contrario a lo que refiere la servidora judicial de quien se estudia su responsabilidad, sí se señaló con precisión que derivado de la instrucción que le realizó por escrito su superior jerárquico, referente a que realizara una investigación académica del tema Justicia Comunitaria, el cual debla de hacer sujeto a las reglas preestablecidas del protocolo de investigación jurídica de la Universidad Autónoma Nacional, presuntamente implicaban el incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 7, fracción V y 49, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con el 6, fracción V y 48, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado." "Argumento que es infundado, ya que contrario a lo que refiere, en el auto de admisión se dijo que se actualizaban las hipótesis del Reglamento del Instituto de Estudios Judiciales siguientes, transcribiéndose el artículo 77, fracciones I, II y III, del referido reglamento." "Argumento que es infundado, en razón de que, como bien se le hizo de su conocimiento al momento en que se le emplazó, se le dijo que le notificaba personalmente el contenido del auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, pronunciado en el expediente P88/2019, relativo al procedimiento administrativo de responsabilidad, en ese sentido, era sabedora de que se encontraba denunciada en un procedimiento de esa naturaleza, derivado de su calidad de servidora pública, por lo cual, las leyes o reglamentos que se estarían al escrutinio de este órgano colegiado, serían las relacionadas con la prestación del servicio público que tiene como investigadora en este Poder Judicial del Estado. Y el referir que no sabe en qué parte de la ley se encuentran sus deberes conforme al nombramiento que ostenta, es tanto como desconocer el cargo de investigadora por el cual fue contratada y que ha desempeñado por más de diecisiete años y por el cual, obtiene una remuneración." "Argumento que de la misma manera es infundado, pues como ya se ha referido, en toda la secuela procesal se han seguido las formalidades esenciales de los procedimientos administrativos de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y dispuestas de entre otros, en el artículo 185 de la Ley Orgánica del ,Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, pues este procedimiento inicio por el oficio que presentó la Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, superior jerárquica del presunto infractor, lo instruyó el Secretariado Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, y comprendió una audiencia que se verificó en el término establecido, con intervención del Ministerio Público, se le emplazó y corrió traslado a la imputada con todas las constancias que integraban el expediente y se le hizo saber la fecha y hora en que se desahogaría la audiencia de ley, la responsabilidad que se le imputaba y el derecho que tenla a ofrecer pruebas y a alegar, por lo que, siempre se respetaron los principios de, audiencia, legalidad y seguridad jurídica." Argumento que es infundado. Como se ha venido reiterando, al declarar infundados todos los anteriores argumentos defensivos, en la notificación personal mediante la cual se le emplazó a juicio a la investigadora, se hizo de su conocimiento de forma completa y clara el contenido del auto de admisión de tres de diciembre de dos mil diecinueve y se le corrió traslado con las copias de las constancias de todas las actuaciones que integraban el expediente, entre las cuales se encontraban los oficios IEJ-343/2019, IEJ-099-2019, INV-05/2019, IEJ 151-2019, IEJ-158-2019 y IEJ-243-2019, ese sentido, fue sabedora de las conductas e infracciones que se le imputaban, la autoridad ante la cual tenía que comparecer, la fecha y hora de la audiencia de ley, así como el derecho de ofrecer pruebas y alegar. Por ello, y contrario a lo que argumenta la servidora judicial, se cumplió con el principio de tipicidad, pues de los hechos narrados por la promovente, se le dijo que presuntamente se incumplía el contenido de los artículos 7, fracción V, 49, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 6, fracción V y 48, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, 77, fracciones 1 y II del Reglamento del Instituto de Estudios Judiciales, y que presuntamente se podrían actualizar las faltas administrativas contenidas en los artículos 178, fracción IX y 179, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, pues infringió los dispositivos reseñados de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Reglamento del Instituto, cumpliéndose así con los principios de tipicidad y exacta aplicación de la ley, previstos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Argumento que también es infundado, porque las funciones inherentes al cargo de investigadora las debe de conocer, pues ha ejerciendo ese cargo por más de diecisiete años en el Poder Judicial del Estado y con toda esa trayectoria, debe de conocer ampliamente las funciones que día a día desempeña y que sus deberes y obligaciones como servidora pública tienen consecuencias jurídicas derivado de su incumplimiento." "Al respecto, debe decirse que este argumento es infundado, ya que en el considerando sexto, se estableció que el problema jurídico a resolver en este procedimiento sería el determinar si la investigadora María de Guadalupe Mora Ortiz, en el trabajo de investigación que se le encomendó del tema de Justicia Comunitaria, inobservó en el desempeño de su cargo los principios de disciplina y profesionalismo que rigen el servicio público, establecidos en el artículo 7°, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; si incurrió en omisión de actuar conforme a una cultura orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades, de conformidad con lo establecido en la fracción V, artículo 7°, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; si incumplir con las obligaciones que tiene como investigadora, atento a lo dispuesto en los artículos 72, en correlación con el 77, fracción I, del Reglamento del Instituto de Estudios Judiciales; y si el desempeño de la labor de investigación que se le solicitó del tema "Justicia Comunitaria", fue deficiente según lo señalado en la fracción II, artículo 77, del Reglamento del Instituto de Estudios Judiciales; en ese sentido, en este procedimiento no se le imputa que no haya cumplido con los requisitos de forma y fondo, por lo tanto, sus manifestaciones parten de una premisa errónea." "Argumento que es infundado, toda vez que, que en el considerando sexto se estableció el problema jurídico a resolver en este procedimiento, el cual, en ningún momento consistió en atribuirle un daño patrimonial al Poder Judicial del Estado, de ahí lo infundado de sus manifestaciones." "Argumento defensivo que es infundado, por las mismas consideraciones que el argumento anterior, esto es, que en esta determinación, el problema jurídico a resolver no consistió en atribuirle el haber causado un daño patrimonial al Poder Judicial del Estado." "En efecto, en la audiencia de ley verificada el veinte de enero de dos mil veinte, en la etapa de ofrecimiento de pruebas, el abogado autorizado de la servidora judicial denunciada manifestó que desde el inicio de la audiencia y hasta esa etapa no se encontraba en el recinto los testigos de asistencia que se mencionaron y que se violaba así la formalidad que marca la normatividad aplicable a este procedimiento. Al respecto, el Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, a efecto de regularizar el procedimiento certificó que se encontraba presente como testigo de asistencia Christian Jocelyn Ramos García, y no así María Esther Arellano Celestino, por lo que, se requirió su presencia en la sala y se ordenó la reposición del procedimiento hasta la etapa de contestación de la demanda. Por tanto, lo manifestado en este argumento defensivo, quedó convalidado en los términos antes expresados desde esa audiencia. "Es pertinente referir que los alegatos que manifestó el abogado autorizado de la investigadora, son manifestaciones casi idénticas de las vertidas en el escrito que presentó el diecisiete de enero de dos mil veinte, por lo que, se engarzan las consideraciones que sirvieron de base para declararlos infundados." "Argumento que es infundado, debido a que, la autoridad instructora del procedimiento administrativo de responsabilidad, desde el inicio de éste, se ciñó a las formalidades esenciales del procedimiento, previstas en los artículos 181, 183, 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Primeramente, el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, prevé las sanciones administrativas que se aplicarán a los servidores judiciales, mientras que los artículos 183, 184 y 185 de la propia legislación, estatuye el procedimiento administrativo que se seguirá para la aplicación de dichas sanciones." [.] "Argumento que es infundado, ya que contrario a lo que refiere, en el auto de admisión se dijo que se actualizaban las hipótesis del Reglamento del Instituto de Estudios Judiciales siguientes, transcribiéndose el artículo 77, fracciones I, II y III, del referido reglamento, por lo que, si se especificaron." "Argumento que es infundado, en razón de que, como bien se le hizo de su conocimiento al momento en que se le emplazó, se le dijo que se le notificaba personalmente el contenido del auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, pronunciado en el expediente P88/2019, relativo al procedimiento administrativo de responsabilidad, en ese sentido, era sabedora de que se encontraba denunciada en un procedimiento de esa naturaleza, derivado de su calidad de servidora pública, por lo cual, las leyes o reglamentos que estarían al escrutinio de este órgano colegiado, serían las relacionadas con la prestación del servicio público que tiene como investigadora en este Poder Judicial del Estado. Y el referir que no sabe en qué parte de la ley se encuentran sus deberes conforme al nombramiento que ostenta, es tanto como desconocer el cargo de investigadora por el cual fue contratada y que ha desempeñado por más de diecisiete años y por el cual obtiene una remuneración." "Argumento que es infundado, debido a que, en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad, si contiene el acto u omisión materia de la denuncia, pues se hace alusión al oficio IEJ-343/2019, signado por la Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, mediante el cual, hace del conocimiento diversos hechos que ameritan la instauración del procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la Investigadora María de Guadalupe Mora Ortiz, oficio que contiene un capítulo de antecedentes, en el que se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la investigación académica que se le solicitó a la investigadora y que fueron materia de este procedimiento, además ese oficio contiene un capítulo de faltas administrativas que a consideración de la quejosa, incurrió la investigadora y un capítulo de los preceptos legales aplicables. Aunado a ello, en el referido auto de admisión, se observan las infracciones que se le imputan a la investigadora y, en la clasificación legal, técnica y apropiada de la infracción que se le imputó, se dijo que con base en las manifestaciones vertidas por la promovente, la servidora judicial denunciada presuntamente incumplió las obligaciones previstas en los artículos 7, fracción V y 49, fracción III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en relación con los diversos 6, fracción V y 48, fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, consistentes en actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes a las disposiciones relacionadas con el servicio público. También se dijo que se actualizaban las causas de responsabilidad de los investigadores, normadas por el artículo 77, fracciones I y ll, consistentes en incumplir las obligaciones establecidas en ese reglamento y la deficiencia en el desempeño de las labores de investigación y se encuadraron exactamente en la hipótesis normativas previamente establecidas como faltas administrativas, artículos 178, fracción IX y 179, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado." "Argumento que también es infundado, pues en todo momento se dio cumplimiento al principio de tipicidad, debido a que se le hizo de su conocimiento, de forma completa y clara a la propia encausada el contenido del auto de admisión de tres de diciembre de dos mil diecinueve, pronunciado en este expediente y personalmente se le emplazó y corrió traslado con las copias de las constancias de todas las actuaciones que integraban el expediente, entre las cuales se encontraban los oficios IEJ-343/2019, IEJ-099-2019, INV-05/2019, IEJ 151-2019, IEJ-158-2019 y IEJ-243-2019, ese sentido, fue sabedora de las conductas e infracciones que se le imputaban, la autoridad ante la cual tenía que comparecer, la fecha y hora de la audiencia de ley, así como el derecho de ofrecer pruebas y alegar, máxime que la propia servidora compareció a este procedimiento por escritos recibidos el diecisiete de enero y catorce de febrero de dos mil veinte, lo anterior, evidencia que contrario a lo que arguye, si se le puntualizó la materia, la naturaleza y las responsabilidades que se le imputaban, por lo tanto, este procedimiento administrativo de responsabilidad se ajustó al marco normativo para los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí." "Argumento que es infundado, y esto radica en que efectivamente, en este procedimiento se encuentra probado en autos que la investigadora presentó por oficio INV-05/2019 su proyecto de investigación, pero, como también a quedado probado en este procedimiento, esa investigación no siguió las reglas preestablecidas del protocolo de investigación jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que así se le solicitó por oficio IEJ-099-2019, por lo que, no es viable que la servidora pública aduzca que con la presentación de lo que ella considera su investigación, dio cumplimiento a la instrucción de su superior jerárquico." "Argumento que es infundado, porque las funciones inherentes al cargo de investigadora las debe de conocer, pues ha ejercido ese cargo por más de diecisiete años en el Poder Judicial del Estado y con esa trayectoria, debe de conocer ampliamente las funciones que día a día desempeña y que sus deberes y obligaciones como servidora pública tienen consecuencias jurídicas derivado de su incumplimiento. Además, ha quedado claro que en esta determinación, no se le imputó el no cumplir los requisitos de forma y fondo que debe tener todo trabajo académico, circunstancia que se evidencia con lo dispuesto en el considerando sexto." "Manifestaciones que son infundadas, en el sentido de que, en el considerando sexto de esta determinación, se estableció el problema jurídico a resolver y este no consistió en atribuirle ningún plagio a la investigadora, por lo tanto, sus manifestaciones son carentes de sustento legal." "Argumentos que son infundados, en razón de ser genéricos pues no dice porque razón considera que es anacrónico e incongruente el que se le hubiera instruido a la servidora judicial presentar la investigación y el anagrama a más tardar el ocho de abril de dos mil diecinueve." "Argumento que es infundado, debido a que, como en reiteradas ocasiones se ha argumentado, el problema jurídico a resolver quedó fijado en el considerando sexto de esta determinación y en él no se advierte que se le haya atribuido ningún daño patrimonial causado al Poder Judicial del Estado." "Manifestaciones que son infundadas. Primeramente, se debe decir que no existe precepto legal que imponga al Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina a presentar su nombramiento en la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y, en segundo lugar, pese a no existir disposición legal que así lo requiera, en la especie, en la audiencia desahogada el veinte de enero de dos mil veinte, se le puso a la vista la credencial expedida por el Poder Judicial del Estado, a nombre del licenciado José Antonio Vázquez Espino, Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, con número de empleado 605115, en ese sentido y contrario a lo que arguye en su defensa la servidora judicial, no se violaron las formalidades esenciales del procedimiento, pues como se explicó, no existe norma alguna que así lo prevea. "Manifestación que es Infundada, toda vez que, en la audiencia de ley verificada el veinte de enero de dos mil veinte, en la etapa de ofrecimiento de pruebas, el abogado autorizado de la servidora judicial denunciada manifestó que desde el inicio de la audiencia y hasta esa etapa no se encontraba en el recinto los testigos de asistencia que se mencionaron y que se violaba así la formalidad que marca la normatividad aplicable a éste procedimiento. Al respecto, el Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, a efecto de regularizar el procedimiento certificó que se encontraba presente como testigo de asistencia Christian Jocelyn Ramos García, y no así María Esther Arellano Celestino, por lo que, se requirió su presencia en la sala y se ordenó la reposición del procedimiento hasta la etapa de contestación de la demanda. Por tanto, lo manifestado en este argumento defensivo, quedó convalidado en los términos antes expresados desde esa audiencia. "Argumento que de igual forma es infundado, debido a que, como se observa a fojas 105 del procedimiento, en la audiencia de ley y una vez que se regularizó el procedimiento, y se ordenó su reposición hasta la etapa de contestación de la demanda, se dio cuenta de la presencia de las testigos de asistencia, y se advierte que Christian Jocelyn Ramos García, se identificó con credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector RM0RCH93021024M400." "Argumento que es infundado, en razón de que, con independencia de que la promovente se haya desistido de la prueba de inspección judicial, en el considerando séptimo, a diversas probanzas, entre ellas, la documental sexta, consistente en el oficio IEJ-158-2019, se le confirió pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 280, fracción II, 323, fracción II, y 388 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, ya que fue expedida por funcionario que desempeña cargo público en lo que se refiera al ejercicio de sus funciones y no fue redargüida de falsedad y esta prueba no fue la única en la que esta autoridad resolutora apoyó su decisión, sino también en las documentales tercera, cuarta, quinta, a las cuales, de igual manera, se les otorgó valor probatorio pleno en el considerando séptimo." "Al efecto, se comparten las mismas consideraciones expuestas párrafos arriba, en el sentido de que, con independencia de que la promovente se haya desistido de la prueba de inspección judicial, en el considerando séptimo; a diversas probanzas, entre ellas, la documental sexta, consistente en el oficio IEJ-158-2019, se le confirió pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 280, fracción II, 323, fracción II, y 388 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, ya que fue expedida por funcionario que desempeña cargo público en lo que se refiera al ejercicio de sus funciones y no fue redargüida de falsedad y esta prueba no fue la única en la que esta autoridad resolutora apoyó su decisión, sino también en las documentales tercera, cuarta, quinta, a las cuales, de igual manera, se les otorgó valor probatorio pleno en el considerando séptimo." En ese sentido, este órgano colegiado siguió puntualmente el marco legal que rige el procedimiento administrativo de responsabilidad para los servidores públicos de este Poder, garantizando siempre el respeto a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, en razón de lo anterior, es que resultan infundadas en su totalidad las manifestaciones defensivas que expresó la licenciada María de Guadalupe Mora Ortiz. Por su parte, la Secretaria Ejecutiva de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Directora General de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; y Directora de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, informaron que acatarían lo dispuesto por la autoridad ordenadora Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. La comparación entre el efecto del amparo otorgado a la parte quejosa y lo realizado por las autoridades responsables Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura; Director de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; Secretaria Ejecutiva del Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; y Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, pone de relieve que aquélla fue restituida en el goce del derecho fundamental violado como lo exige el artículo 77, fracción I, en relación con el 196, párrafo tercero, y cuarto, de la Ley de Amparo. Por tanto, se considera que la sentencia de amparo está cumplida en su totalidad, y que no existe defecto o exceso en el cumplimiento. Ahora bien, no se soslaya para la anterior determinación, las manifestaciones que plasma la quejosa María de Guadalupe Mora Ortiz, a través de su escrito recibido en este Juzgado el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el sentido de no se encuentra plenamente cumplida la sentencia de amparo, al considerar que la autoridad responsable resolutora no realizó un análisis exhaustivo de los argumentos defensivos que hizo valer en procedimiento de origen, sino únicamente se limita a declararlos infundados. Sin embargo, en oposición a lo argumentado por la quejosa en el escrito de mérito, como ya se dejó plasmado en el presente acuerdo, la autoridad responsable Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, ciñéndose a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar, emitió una nueva determinación, en la que, con libertad de jurisdicción, se pronunció respecto de la totalidad de los argumentos vertidos por la quejosa en su defensa. De lo anterior, se desprende que la autoridad responsable atendió los lineamientos de la sentencia de amparo, ello no obstante que dichos argumentos los declaró infundados, pues cabe señalar que la protección constitucional otorgada no obligaba a la autoridad responsable a emitir la nueva resolución en determinado sentido, sino únicamente para que se pronunciara congruente y exhaustivamente, respecto de las manifestaciones expuestas por la quejosa; determinación que en todo caso constituye un nuevo acto ya que se plasmaron consideraciones a las que arribo la autoridad para la toma de la decisión que no son materia del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De ahí que, el fallo protector dictado en autos está cumplido en su totalidad y no existe defecto o exceso en su cumplimiento. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercero interesada David*****, la determinación de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, que en síntesis dice: Cumplimiento ejecutoria de amparo Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a las partes, por auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, y al efecto la parte quejosa formuló manifestaciones sobre el cumplimiento que dieron las autoridades responsables Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura; Director de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; Secretaria Ejecutiva del Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; y Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a la ejecutoria dictada en el presente asunto; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido proveído y este Juzgado procede a pronunciarse al respecto. Demanda. María de Guadalupe ............demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. a) Con el carácter de Ordenadora: El H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, y b) Con el carácter de ejecutoras: 1. La persona titular del Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. 2. La persona del Secretario Ejecutivo de Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. 3. La persona titular del Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. 4. La persona titular del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. 5. La persona titular de la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí." IV. ACTOS RECLAMADOS: a) De la Responsable Ordenadora, H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, se reclama la resolución definitiva dictada en sesión celebrada el 08 de junio de 2020 en el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad controlado bajo el expediente número ......., a través de la cual se sanciona a la suscrita actora con la destitución del cargo de Investigadora que venía desempeñando en el Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Propio Consejo de la Judicatura, según consta en la Cédula de Notificación que se adjunta al presente escrito de demanda. La resolución reclamada a la Responsable Ordenadora fue notificada a la amparista, a través de la Cédula que se menciona en el párrafo que antecede, el día ------------, como consta en la página 36 de la propia Cédula. b) De las autoridades responsables ejecutoras, se reclaman los actos siguientes: 1. De las personas titulares de los secretariados ejecutivos de Vigilancia y Disciplina y de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, se reclama la inscripción de la resolución emitida por la Ordenadora el 08 de junio de 2020 que, en acatamiento del considerando 8 de la propia resolución, realicen en los archivos del expediente de la suscrita, por sí o a través de las unidades administrativas que les son adscritas. 2. De las personas titulares del Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, se reclama la emisión del auto de fecha 25 de junio de 2020, por el cual da por recibidas diversas comunicaciones de la Directora de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado (sic), por las que informa respecto de la ejecución de la sanción de destitución impuesta a la quejosa, y por el que hace saber a la impetrante que los cheques correspondientes al pago del finiquito correspondiente se encuentran a su disposición por 15 días hábiles en esa Secretaría. 3. De la persona titular de la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, reclamo los actos tendientes a la efectiva destitución de la suscrita de su cargo de investigadora, en ejecución de la resolución emitida por la ordenadora y por instrucción del titular del Secretariado Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, según queda evidenciado en el auto de fecha 25 de junio de 2020. 4. De todas y cada una de las autoridades responsables ejecutoras se reclama todo acto que tenga por objeto -de manera directa o indirecta- privar a la suscrita del cargo de investigadora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, en ejecución de la resolución definitiva dictada en sesión celebrada el 08 de junio de 2020 en el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad controlado bajo el expediente número P88/2019, o que sea consecuencia -mediata o inmediata- de éste. Suspensión de procedimiento Por auto de veintidós de julio de dos veinte se tuvo por recibida la demanda de amparo, y se reservó acordar lo procedente en derecho, al estimarse que no se trataba de la actualización de un supuesto de inmediatez o urgencia que ameritara su trámite en el contexto que en ese momento guardaba la pandemia causada por el virus SARS CoV-2. Reanudación El doce de agosto de dos mil veinte, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, en el que se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, se ordenó levantar la suspensión de plazos y términos procesales, por lo que se continuo con la tramitación del presente asunto. Sentencia. En sentencia de catorce de diciembre de dos mil veinte, emitida por este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que la autoridad responsable Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente la determinación dictada el ocho de junio de dos mil veinte, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad número P88/2019. b) En su lugar, emita una nueva determinación, en la que, con libertad de jurisdicción, se pronuncie respecto de la totalidad de los argumentos señalados por la aquí quejosa en el procedimiento de origen, en los escritos presentados el diecisiete de enero de dos mil veinte y el catorce de febrero del mismo año, así como en las intervenciones realizadas por dicha parte procesal en el inicio y continuación de la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que tuvieron lugar el veinte de enero y el catorce de febrero, ambas datas del año en curso. La protección constitucional otorgada no obliga a la autoridad responsable a que la resolución que emita sea en determinado sentido, sino únicamente para que se pronuncie congruente y exhaustivamente, respecto de la falta formal destacada en la presente determinación. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura; Director de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; Secretaria Ejecutiva del Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; y Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por no haber sido reclamados por vicios propios." Revisión Inconforme con la sentencia de catorce de diciembre de dos mil veinte, la quejosa María de ........interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, bajo el amparo en revisión 1122021. El tribunal de alzada, en sesión de siete de octubre de dos mil veintiuno, emitió resolución que en sus puntos resolutivos dice: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a María de........, contra el acto reclamado al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y otras autoridades, precisados en la sentencia recurrida, para los efectos señalados en dicho fallo." Requiere cumplimiento Por auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, se requirió a las autoridades Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura; Director de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; Secretaria Ejecutiva del Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; y Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del mencionado auto, informaran sobre el cumplimiento que dieran a la ejecutoria de mérito. Cumplimiento. En proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, se agregaron oficios recibidos en este juzgado el nueve del referido mes y año, registrados bajó los números de correspondencia 18860, 18861, 18862, 18863 y 18868, mediante los cuales, la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial del Estado; Secretaria Ejecutiva de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Directora General de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; y Directora de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, informaron el cumplimiento que dieron al fallo protector dictado en autos. Por su parte, la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial del Estado, remitió copia certificada de la resolución de tres de noviembre de dos mil veintiuno, por la que dejó insubsistente la determinación dictada el ocho de junio de dos mil veinte, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad número ........, y en su lugar, emitió una nueva determinación, en la que, declaró infundadas en su totalidad las manifestaciones defensivas que expresó la quejosa María de Guadalupe Mora Ortiz, en los escritos presentados el diecisiete de enero de dos mil veinte y el catorce de febrero del mismo año, así como en las intervenciones realizadas por dicha parte procesal en el inicio y continuación de la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que tuvieron lugar el veinte de enero y el catorce de febrero, ambas de dos mil veinte. En lo que respecta a la Secretaria Ejecutiva de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Directora General de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; y Directora de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, informaron que acatarían lo dispuesto por la autoridad ordenadora Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. De igual forma, la diversa autoridad responsable Secretaria Ejecutiva de Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, a través del oficio S.E.P.C.J. ......., recibido en este órgano jurisdiccional el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, bajo el número de registro 19498, manifestó que en cumplimiento a la sentencia de amparo, acataba lo dispuesto por la autoridad responsable ordenadora Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en su resolución de tres de noviembre del año en curso. Lo anterior pone de relieve que las autoridades responsables en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en este expediente, realizó lo siguiente: Efectos de la concesión del amparo. Cumplimiento al fallo protector por la autoridad responsable: "a) Deje insubsistente la determinación dictada el ocho de junio de dos mil veinte, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad número P88/2019. b) En su lugar, emita una nueva determinación, en la que, con libertad de jurisdicción, se pronuncie respecto de la totalidad de los argumentos señalados por la aquí quejosa en el procedimiento de origen, en los escritos presentados el diecisiete de enero de dos mil veinte y el catorce de febrero del mismo año, así como en las intervenciones realizadas por dicha parte procesal en el inicio y continuación de la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que tuvieron lugar el veinte de enero y el catorce de febrero, ambas datas del año en curso. Manifestaciones contenidas en escrito de diecisiete de enero de dos mil veinte. - Que al señalar el bien jurídico que la vincula con el bien que tutela las obligaciones previstas en los numerales 7, fracción V y 49, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con el 6, fracción V, y 48, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, 178, fracción IX y 179, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; la autoridad instructora presume que infringió dichos ordenamientos legales, en razón de que no ajustó su actuación a tales ordenamientos, pero en ninguna parte señala con precisión el deber jurídico que presuntamente infringió, y no señala de manera clara y específica, de qué forma, incumplió presuntamente con las disposiciones legales mencionadas, es decir, la forma individual en que los incumplió, ya que sólo afirmó que las infracciones imputadas, implicaban presuntivamente el incumplimiento de las siguientes obligaciones: a) actuar conforme a una cultura de servicio orientado al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades; y b) atender las instrucciones de sus superiores, siempre que estas sean acordes a las disposiciones relacionadas con el servicio público. - Que la autoridad instructora establece que dichas obligaciones se encuentran en los artículos 7, fracción V y 49, fracción III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con el 6, fracción V, y 48, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado; sin embargo, nunca señala, cómo es que la implicada no procedió conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones, a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades, pues tampoco señala cuáles son las funciones que dice corresponden a su nombramiento, ni las metas de la institución; no dice cuál es la conducta realizada en la que vislumbró que no atendió las indicaciones de su superior para así considerar que infringió las obligaciones previstas en los artículos 7, fracción V y 49, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado, de ahí que no se actualicen las presuntas irregularidades a las citadas disposiciones legales que se le atribuyen. - Que se afirmó que se actualiza la hipótesis del artículo 77 del Reglamento del Instituto de Estudios Judiciales, que se refiere al incumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo reglamento, sin que en ninguna parte se especifique cuál de las obligaciones establecidas en tal ordenamiento es que incumplió y tampoco se hace referencia a la disposición normativa en la que se encuentra la obligación cuyo incumplimiento se le atribuye. - Que en cuanto a las faltas administrativas previstas en el artículo 178, fracción IX y 179, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que se le dijo se actualizaban, en ninguna parte del auto inicial y citatorio, se establece cuáles son las leyes y reglamentos a que se refiere el instructor, ni tampoco en qué parte de la Ley se encuentran previstos los deberes conforme al nombramiento que ostenta, como tampoco cuál es la ley o reglamento en que se encuentran contenidos; por lo que, son señalamientos dogmáticos al no haber conducta que evidenciara el incumplimiento referido, porque no se le señala la disposición que expresamente infringió, puesto que la conducta que se le atribuye -trabajo de investigación entregado mediante oficio INV-05/2019 de 09 de mayo de 2019, de veinticinco hojas útiles- en nada se concatena con la normatividad que supuestamente infringió. - Que no se le hace de conocimiento fehacientemente de qué forma incumplió presuntivamente con las leyes y reglamentos que le señalan, lo que contraviene sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, ya que según se desprende del artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el procedimiento administrativo inicia con un auto de radicación que puntualice la materia, la naturaleza y las responsabilidades a imputar, de lo cual habrá de deducirse el oficio citatorio, para que al citar a los servidores públicos encausados o sometidos a dicho procedimiento, puedan identificar con claridad cuáles son las responsabilidades que se le imputan y las pruebas que las sustenten, respetando así sus garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica. - Que en el oficio citatorio con que se inicia el procedimiento se deben precisar los hechos que pudieran generar responsabilidades, esto es, las conductas imputadas, a efecto de que el servidor público esté en aptitud de defenderse y que pueda controvertirlas, ello en cumplimiento, además, al principio de tipicidad que es una de las manifestaciones esenciales del principio de legalidad y exige la más estricta adecuación entre la conducta prohibida descrita en el tipo, y el hecho cometido por acción u omisión; por lo que, las normas que definen las infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica. - Que en cuanto a la imputación que se le hace, consistente en -no cumplir con las funciones y obligaciones inherentes al cargo de investigadora adscrita al Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura- porque a consideración de la instructora del procedimiento de responsabilidad, el trabajo de investigación que presentó, tiene inconsistencias, pero no se le hace saber en forma clara cuáles son las funciones inherentes al cargo de investigadora, ni siquiera las disposiciones legales o reglamentarias en que se encuentran contenidas las funciones; tampoco se menciona cuáles de las funciones que tiene asignadas al cargo de investigadora, fueron las que dejó de cumplir. - Que no se le hace mención alguna de los requisitos de forma y fondo que se le atribuye que presuntamente no cumplió en el citado trabajo de investigación que presentó, ya que se le imputa -no cumplir con los requisitos de forma y fondo que debe tener todo trabajo académico en el área de Derecho-, empero no se especifica cuáles son esos requisitos, así como tampoco, de esos requisitos cuáles son los que no cumplió. - Que se le atribuyó el haber causado un daño patrimonial al Poder Judicial del Estado, con motivo de la conducta desplegada, lo cual viola el principio de presunción de inocencia en su perjuicio, pues para establecer que se causó un daño patrimonial al Estado, primeramente se deben establecer los alcances, causas y efectos de las actividades sujetas a sanción, es decir, el nexo causal. - Que no se precisa la norma dispositiva que regula los límites de la función pública, para que partiendo de ahí, se esté en aptitud de definir cuál es la acción u omisión, y por tanto, el poder determinar que se está ante un hecho ilícito, de tal manera que primero se debe demostrar un hecho ilícito, por lo que se viola en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, al pretender imputarle el haber causado un daño patrimonial al Poder Judicial del Estado, sin que previamente se hubiera probado la existencia del hecho ilícito. Argumentos del abogado autorizado de la quejosa, en el inicio de la audiencia de ley a que se refiere el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, llevada a cabo el veinte de enero de dos mil veinte, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativo de origen. - Que en virtud de que se manifestó y se advirtió que no se encontraban los testigos de asistencia, los cuales se afirmó en ese procedimiento, y que en reposición del mismo se advierte que la testigo Christian Jocelyn Ramos García, no contaba con el medio de identificación idóneo, por lo que se le ordenó salir del recinto a efecto de aportar su identificación como testigo y puntualizó que el testigo es el mismo que actúa como escribiente en la instrucción. Argumentos de la parte quejosa contenidos en escrito de catorce de febrero de dos mil veinte. - Que las presunciones relativas a que su representada infringió los ordenamientos legales contenidos en los numerales 7, fracción V y 49, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con los artículos 6, fracción V, y 48, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y artículo 178, fracción IX y 179, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; dichas aseveraciones son infundadas en razón de que en ninguna parte de lo argumentando se señala como precisión el deber jurídico que presuntamente infringió; no se manifiesta de qué forma se incumplió en lo individual con cada uno de los numerales invocados respecto de los cuales se le atribuye incumplimiento; nunca se señaló cómo es que la supuesta infractora no actuó conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades, pues además, no se señala cuáles son las funciones que corresponden al nombramiento de investigador, ni las metas de la institución, cuál es la conducta realizada por la trabajadora en la que se vislumbre que no atendió las instrucciones de su superior, para así considerar que efectivamente infringió las obligaciones contenidas en la normatividad invocada en el auto de admisión de tres de diciembre de dos mil diecinueve. - Que respecto de la afirmación relativa a que se actualiza la hipótesis del artículo 77 del Reglamento del Instituto de Estudios Judiciales, en ningún momento se especifica cuál de las obligaciones establecidas en dicho Reglamento es la que la imputada incumplió, cuando ni siquiera se hace referencia a la disposición normativa en la que se encuentra la obligación cuyo incumplimiento se le atribuye. - Que en lo referente a las faltas administrativas previstas en los artículos 178, fracción IX y 179, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no se establece cuáles son las leyes y reglamentos a que se refiere, ni tampoco en qué parte de la ley se encuentran previstos los deberes que conforme al nombramiento de su representada se encuentran previstos en dicha normatividad, como tampoco se especifica cuál es la normatividad o reglamento en que se encuentran contenidos. - Que se trata de señalamientos dogmáticos al no haber una conducta que evidenciara el incumplimiento que se refiere, pues ni siquiera se señaló la disposición que expresamente infringió, toda vez que la conducta que se señala desplegó su representada, a saber -trabajo de investigación entregado mediante oficio INV-05/2019 de 09 de mayo de 2019, de veinticinco hojas útiles- en ningún momento se vincula ni concatena con la normatividad que supuestamente infringió. - Que de ninguno de los fundamentos y alegaciones contenidos en el auto de admisión se le hace de conocimiento a su patrocinada de qué forma incumplió presuntivamente con las leyes y reglamentos que se le señalan, lo que contraviene las garantías de legalidad y seguridad jurídica, porque según se desprende del artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el procedimiento administrativo inicia con el auto de radicación que puntualice la materia, naturaleza y las responsabilidades imputadas, de lo cual habrá de deducirse el oficio de citación; para que al citar a los servidores públicos encausados o sometidos a dicho procedimiento, puedan identificar con claridad cuáles son las responsabilidades imputadas y las pruebas que las sustenten, respetando así sus garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica; con lo que debió darse cumplimiento al principio de tipicidad, que es una de las manifestaciones esenciales del principio de legalidad y exige la más estricta adecuación entre la conducta prohibida descrita en el tipo y el hecho cometido por acción u omisión; por ello, las normas que definen las infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica. - Que existen contradicciones notorias en el procedimiento, en razón de que en el auto de admisión para la instauración del procedimiento administrativo, en el rubro denominado "Responsabilidad Administrativa f.3" se procedió a fijar la materia del procedimiento, diciendo que ésta se constituye en los términos señalados en el oficio IEJ- 343/2019, signado por la Directora del Instituto de Estudios Judiciales y transcribiendo el contenido de los puntos segundo al noveno del escrito en comento, resaltando que el punto tercero dice que se instruyó a María de Guadalupe Ortiz Mora para que elaborara una investigación académica jurídica respecto al tema "Justicia Comunitaria"; respecto de lo cual, su representada, bajo el oficio INV-05/2019, de nueve de mayo de dos mil diecinueve, adjuntó veinticinco fojas útiles por el frente, de las que se aprecia que se contienen las formalidades legales y necesarias de la investigación requerida, con lo que dio cabal cumplimiento a la instrucción de su superior jerárquico, de modo que no incurrió en la falta que se señala en el punto uno, a foja cinco del auto de admisión consistente en "no cumplir con las funciones y obligaciones inherentes a su cargo". - En lo que ve a la imputación consistente en "no cumplir con las funciones y obligaciones inherentes al cargo de investigadora adscrita al Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura porque a consideración de la instructora del procedimiento de responsabilidad, el trabajo de investigación que presenté mediante oficio INV-05/2019 de 09 de mayo de 2019, tiene las inconsistencias", en ningún momento se le hizo de conocimiento el supuesto incumplimiento de forma clara, ya que no se le precisan cuales son las funciones inherentes al cargo de investigadora, ni las disposiciones legales o reglamentarias en que se encuentran contenidas esas funciones; se omite mencionar cuáles son las funciones que tiene asignadas en al cargo de investigadora y no se hace mención alguna de los requisitos de forma y fondo que se le atribuye que presuntamente no cumplió en el citado trabajo de investigación presentado, lo que se debió hacer, dado que se le imputa no cumplir con los requisitos de forma y fondo que debe tener todo trabajo académico en el área de Derecho. - Que en cuanto al punto número uno, inciso c), a foja número cinco, se advierte la inconsistencia de incurrir en un supuesto plagio, por los motivos ahí aducidos, lo cual se niega rotundamente, dado que legal y jurídicamente el plagio se configura sí y solo sí, cuando el supuesto plagio se divulga, se publica y reproduce una obra a nombre de un autor distinto del verdadero, atentando a sus derechos morales y patrimoniales, el cual, en la especie, no se configuró, en razón de no darse los supuestos mencionados; por lo que, es innegable que no se estableció fehacientemente la supuesta figura de plagio y mucho menos en forma dolosa, como lo adujo la denunciante. - Que es anacrónico e incongruente que el oficio IEJ- 099/2019, fechado el tres de mayo de dos mil diecinueve y recibido por su representada el tres de abril de dos mil diecinueve, a las 2:04 pm, se le instruya a presentar la investigación solicitada, así como el anagrama de actividades a más tardar el ocho de abril de dos mil diecinueve. - Que se atribuye a su representada haber causado un daño patrimonial al Poder Judicial del Estado, con motivo de la conducta desplegada, lo cual viola el principio de presunción de inocencia en perjuicio de la imputada, dado que para establecer que se causó un daño patrimonial al Estado, primeramente se deben establecer los alcances, causas y efectos de las actividades sujetas a sanción, es decir, el nexo causal, y en el caso no se precisa la norma o dispositivo que regula los límites de la función pública, para que partiendo de ahí, se esté en aptitud de definir cuál es la acción u omisión, y por tanto, el poder determinar que se está ante un hecho ilícito, de tal manera que primero se debe demostrar tal hecho ilícito y al no haberse hecho así, se viola el principio de presunción de inocencia, al pretender imputarle el haber causado un daño patrimonial al Poder Judicial del Estado, sin que previamente se haya probado la existencia del hecho ilícito. - Que en el acuerdo de desarrollo de la audiencia inicial del procedimiento administrativo, el funcionario que instruye y desarrolla dicha audiencia, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, el Secretario de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura, quien actuó con testigos de asistencia, licenciadas María Esther Arellano Celestino y Christian Jocelyn Ramos García, se manifestó al respecto por el representante de la imputada que "Solicito en éste momento que se me de vista con la personalidad del funcionario que instruye el presente procedimiento administrativo, a efecto de no violar el mismo.", ante lo cual, se le puso a la vista una credencial expedida por el Poder Judicial del Estado a nombre de licenciado José Antonio Vázquez Espino, en la cual se hace constar el cargo de Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, con número de empleado 605115, sin embargo, en ningún momento se le dio vista, ni se exhibió nombramiento alguno con el que se acreditara el puesto que dijo ostentar, a fin de determinar qué funcionario instruye el procedimiento, con lo que se violaron las formalidades esenciales relativas a la instrucción del procedimiento. - Que también en uso de la voz, expresó a favor de su representada en la referida audiencia de ley: "Solicito quede asentado que desde el inicio y en estos momentos no se encuentran en este recinto los testigos de asistencia que menciona, ni ningún otro tipo de testigos, violando así la formalidad que marca la normatividad aplicable al presente procedimiento.", a lo cual, el instructor en ese momento dijo regularizar el procedimiento y certificó que "en la presente audiencia se encuentra presente como testigo de asistencia la C. Christian Jocelyn Ramos García, NO ASÍ LA C. MARIA EXTHER ARELLANO CASTILLO, POR TANTO, SE REQUIERE SU PRESENCIA EN ESTA SALA Y SE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO HASTA LA ETAPA DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA". - Que también, en representación de la implicada, manifestó "en reposición del mismo, se advierte que la testigo de asistencia Christian Jocelyn Ramos García no contaba con el medio de identificación idónea, por lo que se ordenó salir del recinto a efecto de aportar su identificación como testigo.", con lo que se violó flagrantemente el procedimiento, ante la inobservancia de las formalidades que tutelan el desarrollo de cualquier procedimiento administrativo seguido ante el Consejo de la Judicatura. - Que la denunciante ofreció como prueba de su intención la inspección judicial, que se deberá llevar a cabo el día y la hora que esta Secretaría señale, el documento adjuntado como anexo 6, consistente en oficio IEJ-158-2019 del cinco de junio de dos mil diecinueve, firmado por el licenciado Jesús Alberto Góngora Moncada, Subdirector del instituto, relativo al cuadro "COMPARATIVO TEXTO DE INVESTIGACIÓN Y LO ENTONCTRADO EN LAS PÁGINAS DE INTERNET', bajo el extremo señalado en el oficio IEJ- 343/2019, para la cual, se fijó fecha y hora para su desahogo y posteriormente, se tuvo a la oferente por desistida de dicho medio de prueba, de lo que se concluye que no se encuentra plenamente acreditada ni probada la causa de responsabilidad que se le atribuye, porque las pruebas en las que se apoya no son legalmente suficientes, dado que la prueba documental sexta, consistente en el original del oficio IEJ-158-2019 y su anexo, únicamente sirven para probar que el licenciado Jesús Alberto Góngora Moncada, Subdirector del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura, manifestó lo que ahí se contiene, pero sin que ello implique que está demostrada la veracidad de lo que manifestó. Manifestaciones vertidas por el autorizado de la quejosa en la continuación de la audiencia de ley a que se refiere el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, efectuada el catorce de febrero de dos mil veinte. - Que en virtud de haber presentado los alegatos correspondientes, los ratificaba en todas y cada una de sus partes, solicitando se sirvieran someter el presente asunto a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura, de conformidad con el artículo 119 del Reglamento Interior de dicho Consejo, solicitando además que se tomara en cuenta el desechamiento de la prueba de inspección judicial ofrecida por la denunciante, con lo que se dejaron sin efecto los extremos señalados en el oficio número IEJ-343/2019, en razón también de que es innegable que no se probó ni acreditó plenamente la causa de responsabilidad que se le atribuye a su representada. La protección constitucional otorgada no obliga a la autoridad responsable a que la resolución que emita sea en determinado sentido, sino únicamente para que se pronuncie congruente y exhaustivamente, respecto de la falta formal destacada en la presente determinación. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura; Director de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; Secretaria Ejecutiva del Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; y Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por no haber sido reclamados por vicios propios." La Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial del Estado, en resolución de tres de noviembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la determinación dictada el ocho de junio de dos mil veinte, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad número ....../2019, y en su lugar, emitió una nueva determinación, en la que, declaró infundadas en su totalidad las manifestaciones defensivas que expresó la quejosa María de .........., en los escritos presentados el diecisiete de enero de dos mil veinte y el catorce de febrero del mismo año, así como en las intervenciones realizadas por dicha parte procesal en el inicio y continuación de la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que tuvieron lugar el veinte de enero y el catorce de febrero, ambas de dos mil veinte. "Argumento que es infundado, debido a que, la autoridad instructora del procedimiento administrativo de responsabilidad, desde el inicio de éste, se ciñó a las formalidades esenciales del procedimiento, previstas en los artículos 181, 183, 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Primeramente, el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, prevé las sanciones administrativas que se aplicarán a los servidores judiciales, mientras que los artículos 183, 184 y 185 de la propia legislación, estatuye el procedimiento administrativo que se seguirá para la aplicación de dichas sanciones. [Transcripción de los artículos 181, 183, 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí] De la intelección de las disposiciones legales trascritas se viene en conocimiento que la ley orgánica prevé diversas sanciones administrativas. Ahora, la aplicación de dichas sanciones deberá estar precedida por el procedimiento respectivo que corresponde instaurar al Consejo de la Judicatura, con excepción de las que correspondan a los magistrados, que está reservado para el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Dicho procedimiento iniciará a instancia de parte, mediante queja que podrán presentar los órganos auxiliares o los particulares que tengan interés jurídico. En este caso, la queja se formulará por escrito o de manera verbal, pero en este último caso se levantará acta circunstanciada. También podrá iniciarse de oficio por el superior jerárquico del presunto infractor, o por cualquiera de los consejeros cuando la gravedad de la irregularidad observada así lo amerite y, en tal caso, corresponderá al Pleno del Consejo de la Judicatura imponer al responsable la sanción respectiva. El procedimiento lo instruirá el Secretariado Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina auxiliado por la Visitaduría o la Contraloría, según corresponda, y comprenderá una audiencia que se verificará dentro de los quince días hábiles siguientes, con intervención del Ministerio Público. Es indispensable destacar que, deberá citarse a la presunta responsable a la audiencia, y se le hará saber la responsabilidad que se le imputa y el derecho que tiene a ofrecer pruebas ya alegar. En ese orden de ideas, el auto de inicio del procedimiento administrativo sancionador que nos ocupa, cobra suma relevancia, pues no debe considerarse como un acuerdo de mero trámite, sino como la actuación de esta autoridad administrativa por la que da a conocer las causas o motivos imputados a la servidora pública, al igual que las normas infringidas; exigencia que, interpretada de manera acorde con los principios de legalidad, tipicidad y exacta aplicación de la ley, previstos para la materia penal en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y aplicables al derecho administrativo sancionador, conlleva la obligación de precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conducta realizada por la presunta infractora y encuadrarla exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida como infracción o falta que se le atribuye. En esa medida, el auto de radicación de tres de diciembre de dos mil diecinueve, debe contener las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tuvo lugar la conducta reprochada, de manera que encuadre exactamente en la hipótesis tipificada como falta administrativa. Como se observa a fojas 1 a la 7 del expediente, el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad, contiene el acto u omisión materia de la denuncia, pues se hace alusión al oficio IEJ-343/2019, signado por la Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, mediante el cual, hace del conocimiento diversos hechos que ameritan la instauración del procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la Investigadora María de Guadalupe Mora Ortiz, oficio que contiene un capítulo de legitimación de la promovente, uno de antecedentes, en el que se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la investigación académica que se le solicitó a la investigadora y que fueron materia de este procedimiento, además ese oficio contiene un capítulo de faltas administrativas que a consideración de la quejosa, incurrió la investigadora y un capítulo de los preceptos legales aplicables, capítulo de pruebas ofrecidas y finalmente, uno de solicitud de inicio de procedimiento administrativo de responsabilidad. En el auto de admisión, se observan las infracciones que, se le imputan a la investigadora y, en la clasificación legal, técnica y apropiada de la infracción que se le imputó, se dijo que con base en las manifestaciones vertidas por la promovente, la servidora judicial denunciada presuntamente incumplió las obligaciones previstas en los artículos 7, fracción V y 49, fracción III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en relación con los diversos 6, fracción V y 48, fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, consistentes en actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y atender las instrucciones de sus superiores, siempre, que éstas sean acordes a las disposiciones relacionadas con el servicio público. También se dijo que se actualizaban las causas de responsabilidad de los investigadores, normadas por el artículo 77, fracciones I y II, consistentes en incumplir las obligaciones establecidas en ese reglamento y la deficiencia en el desempeño de las labores de investigación. Se precisaron las circunstancias de modo tiempo y lugar de la conducta realizada por la servidora pública. Modo, es decir, se estableció que se le solicitó realizar un trabajo de investigación del tema de Justicia Comunitaria, bajo los lineamientos del protocolo de investigación jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México, se establecieron las circunstancias de tiempo, ya que se le dijo que debía de presentar el cronograma de actividades a más tardar el ocho de abril de dos mil diecinueve y que la fecha de conclusión y entrega de la investigación sería el nueve de mayo de aquel año y de igual manera, se señalaron las circunstancias de lugar, esto es, en San Luis Potosí, San Luis Potosí, todo esto, se hizo patente en el oficio IEJ-099-2019, signado por la licenciada Isabel Cristina Santibañez Bandala, de tres de mayo de dos mil diecinueve, visible a fojas 18 de este expediente. Finalmente, se encuadró exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida como falta administrativa, esto fue, en las dispuestas en los artículos 178, fracción IX y 179, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En ese sentido y contrario a lo que argumenta la investigadora de quien se estudia su responsabilidad, este órgano de control disciplinario cumplió con el principio de tipicidad, el cual, se hace extensivo al derecho administrativo sancionador, respecto de las infracciones y sanciones administrativas, de modo que, si la disposición administrativa, es decir, los artículos 7, fracción V, 49, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 77, fracciones I y II del Reglamento del Instituto de Estudios Judiciales, señalan que la transgresión a esos dispositivos es causa de falta responsabilidad administrativa, es que se establece una sanción por esas infracciones, esta conducta realizada por la servidora pública, encuadra exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida en los artículos 178, fracción IX y 179, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, pues infringió los dispositivos reseñados de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Reglamento del Instituto. Circunstancias por las cuales, en ningún momento se coartó el derecho de defensa de la Investigadora Mora Ortiz, debido a que se le hizo de su conocimiento, de forma completa y clara a la propia encausada el contenido del auto de admisión de tres de diciembre de dos mil diecinueve, pronunciado en este expediente y personalmente se le emplazó y corrió traslado con las copias de las constancias de todas las actuaciones que integraban el expediente, entre las cuales se encontraban los oficios IEJ-343/2019, IEJ-099-2019, INV-05/2019, IEJ 151-2019, IEJ-158-2019 y IEJ-243-2019, ese sentido, fue sabedora de las conductas e infracciones que se le imputaban, la autoridad ante la cual tenía que comparecer, la fecha y hora de la audiencia de ley, así como el derecho de ofrecer pruebas y alegar, máxime que la propia servidora compareció a este procedimiento por escritos recibidos el diecisiete de enero y catorce de febrero de dos mil veinte. Consecuentemente; la autoridad instructora del procedimiento de responsabilidad administrativa, desde el inicio de éste, ajustó su actuación a las formalidades esenciales del procedimiento administrativo para los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, por ello, y contrario a lo que refiere la servidora judicial de quien se estudia su responsabilidad, sí se señaló con precisión el deber jurídico que infringió y que esto fue derivado de la instrucción que le realizó por escrito su superior jerárquico, referente a que realizara una investigación académica del tema Justicia Comunitaria, el cual debía de hacer sujeto a las reglas preestablecidas del protocolo de investigación jurídica de la Universidad Autónoma Nacional." "Argumento defensivo que también es infundado, y se comparten los mismos motivos por los cuales se consideró infundado el anterior, pues como se dijo, la autoridad instructora del procedimiento administrativo de responsabilidad, desde el inicio de éste, se ciñó a las formalidades esenciales del procedimiento, previstas en los artículos 181, 183, 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior, es así, ya que el procedimiento lo instruyó el Secretariado Ejecutivo de Vigilancia, comprendió una audiencia de ley, la cual se verifico dentro de los quince días hábiles siguientes, con la intervención por escrito del Ministerio Público. Se le emplazó personalmente a la servidora judicial, se le citó a la audiencia, y se le hizo saber la responsabilidad que se le imputaba y el derecho que tenía a ofrecer pruebas y a alegar. Referente el auto de radicación de tres de diciembre de dos mil diecinueve, éste contiene las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tuvo lugar la conducta reprochada, y se encuadró en la hipótesis tipificada como falta administrativa. [.] "Consecuentemente, la autoridad instructora del procedimiento de responsabilidad administrativa, desde el inicio de éste, ajustó su actuación a las formalidades esenciales del procedimiento administrativo para los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, por ello, y contrario a lo que refiere la servidora judicial de quien se estudia su responsabilidad, sí se señaló con precisión que derivado de la instrucción que le realizó por escrito su superior jerárquico, referente a que realizara una investigación académica del tema Justicia Comunitaria, el cual debla de hacer sujeto a las reglas preestablecidas del protocolo de investigación jurídica de la Universidad Autónoma Nacional, presuntamente implicaban el incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 7, fracción V y 49, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con el 6, fracción V y 48, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado." "Argumento que es infundado, ya que contrario a lo que refiere, en el auto de admisión se dijo que se actualizaban las hipótesis del Reglamento del Instituto de Estudios Judiciales siguientes, transcribiéndose el artículo 77, fracciones I, II y III, del referido reglamento." "Argumento que es infundado, en razón de que, como bien se le hizo de su conocimiento al momento en que se le emplazó, se le dijo que le notificaba personalmente el contenido del auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, pronunciado en el expediente P88/2019, relativo al procedimiento administrativo de responsabilidad, en ese sentido, era sabedora de que se encontraba denunciada en un procedimiento de esa naturaleza, derivado de su calidad de servidora pública, por lo cual, las leyes o reglamentos que se estarían al escrutinio de este órgano colegiado, serían las relacionadas con la prestación del servicio público que tiene como investigadora en este Poder Judicial del Estado. Y el referir que no sabe en qué parte de la ley se encuentran sus deberes conforme al nombramiento que ostenta, es tanto como desconocer el cargo de investigadora por el cual fue contratada y que ha desempeñado por más de diecisiete años y por el cual, obtiene una remuneración." "Argumento que de la misma manera es infundado, pues como ya se ha referido, en toda la secuela procesal se han seguido las formalidades esenciales de los procedimientos administrativos de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y dispuestas de entre otros, en el artículo 185 de la Ley Orgánica del ,Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, pues este procedimiento inicio por el oficio que presentó la Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, superior jerárquica del presunto infractor, lo instruyó el Secretariado Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, y comprendió una audiencia que se verificó en el término establecido, con intervención del Ministerio Público, se le emplazó y corrió traslado a la imputada con todas las constancias que integraban el expediente y se le hizo saber la fecha y hora en que se desahogaría la audiencia de ley, la responsabilidad que se le imputaba y el derecho que tenla a ofrecer pruebas y a alegar, por lo que, siempre se respetaron los principios de, audiencia, legalidad y seguridad jurídica." Argumento que es infundado. Como se ha venido reiterando, al declarar infundados todos los anteriores argumentos defensivos, en la notificación personal mediante la cual se le emplazó a juicio a la investigadora, se hizo de su conocimiento de forma completa y clara el contenido del auto de admisión de tres de diciembre de dos mil diecinueve y se le corrió traslado con las copias de las constancias de todas las actuaciones que integraban el expediente, entre las cuales se encontraban los oficios IEJ-343/2019, IEJ-099-2019, INV-05/2019, IEJ 151-2019, IEJ-158-2019 y IEJ-243-2019, ese sentido, fue sabedora de las conductas e infracciones que se le imputaban, la autoridad ante la cual tenía que comparecer, la fecha y hora de la audiencia de ley, así como el derecho de ofrecer pruebas y alegar. Por ello, y contrario a lo que argumenta la servidora judicial, se cumplió con el principio de tipicidad, pues de los hechos narrados por la promovente, se le dijo que presuntamente se incumplía el contenido de los artículos 7, fracción V, 49, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 6, fracción V y 48, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, 77, fracciones 1 y II del Reglamento del Instituto de Estudios Judiciales, y que presuntamente se podrían actualizar las faltas administrativas contenidas en los artículos 178, fracción IX y 179, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, pues infringió los dispositivos reseñados de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Reglamento del Instituto, cumpliéndose así con los principios de tipicidad y exacta aplicación de la ley, previstos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Argumento que también es infundado, porque las funciones inherentes al cargo de investigadora las debe de conocer, pues ha ejerciendo ese cargo por más de diecisiete años en el Poder Judicial del Estado y con toda esa trayectoria, debe de conocer ampliamente las funciones que día a día desempeña y que sus deberes y obligaciones como servidora pública tienen consecuencias jurídicas derivado de su incumplimiento." "Al respecto, debe decirse que este argumento es infundado, ya que en el considerando sexto, se estableció que el problema jurídico a resolver en este procedimiento sería el determinar si la investigadora María de Guadalupe Mora Ortiz, en el trabajo de investigación que se le encomendó del tema de Justicia Comunitaria, inobservó en el desempeño de su cargo los principios de disciplina y profesionalismo que rigen el servicio público, establecidos en el artículo 7°, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; si incurrió en omisión de actuar conforme a una cultura orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades, de conformidad con lo establecido en la fracción V, artículo 7°, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; si incumplir con las obligaciones que tiene como investigadora, atento a lo dispuesto en los artículos 72, en correlación con el 77, fracción I, del Reglamento del Instituto de Estudios Judiciales; y si el desempeño de la labor de investigación que se le solicitó del tema "Justicia Comunitaria", fue deficiente según lo señalado en la fracción II, artículo 77, del Reglamento del Instituto de Estudios Judiciales; en ese sentido, en este procedimiento no se le imputa que no haya cumplido con los requisitos de forma y fondo, por lo tanto, sus manifestaciones parten de una premisa errónea." "Argumento que es infundado, toda vez que, que en el considerando sexto se estableció el problema jurídico a resolver en este procedimiento, el cual, en ningún momento consistió en atribuirle un daño patrimonial al Poder Judicial del Estado, de ahí lo infundado de sus manifestaciones." "Argumento defensivo que es infundado, por las mismas consideraciones que el argumento anterior, esto es, que en esta determinación, el problema jurídico a resolver no consistió en atribuirle el haber causado un daño patrimonial al Poder Judicial del Estado." "En efecto, en la audiencia de ley verificada el veinte de enero de dos mil veinte, en la etapa de ofrecimiento de pruebas, el abogado autorizado de la servidora judicial denunciada manifestó que desde el inicio de la audiencia y hasta esa etapa no se encontraba en el recinto los testigos de asistencia que se mencionaron y que se violaba así la formalidad que marca la normatividad aplicable a este procedimiento. Al respecto, el Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, a efecto de regularizar el procedimiento certificó que se encontraba presente como testigo de asistencia Christian Jocelyn Ramos García, y no así María Esther Arellano Celestino, por lo que, se requirió su presencia en la sala y se ordenó la reposición del procedimiento hasta la etapa de contestación de la demanda. Por tanto, lo manifestado en este argumento defensivo, quedó convalidado en los términos antes expresados desde esa audiencia. "Es pertinente referir que los alegatos que manifestó el abogado autorizado de la investigadora, son manifestaciones casi idénticas de las vertidas en el escrito que presentó el diecisiete de enero de dos mil veinte, por lo que, se engarzan las consideraciones que sirvieron de base para declararlos infundados." "Argumento que es infundado, debido a que, la autoridad instructora del procedimiento administrativo de responsabilidad, desde el inicio de éste, se ciñó a las formalidades esenciales del procedimiento, previstas en los artículos 181, 183, 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Primeramente, el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, prevé las sanciones administrativas que se aplicarán a los servidores judiciales, mientras que los artículos 183, 184 y 185 de la propia legislación, estatuye el procedimiento administrativo que se seguirá para la aplicación de dichas sanciones." [.] "Argumento que es infundado, ya que contrario a lo que refiere, en el auto de admisión se dijo que se actualizaban las hipótesis del Reglamento del Instituto de Estudios Judiciales siguientes, transcribiéndose el artículo 77, fracciones I, II y III, del referido reglamento, por lo que, si se especificaron." "Argumento que es infundado, en razón de que, como bien se le hizo de su conocimiento al momento en que se le emplazó, se le dijo que se le notificaba personalmente el contenido del auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, pronunciado en el expediente P88/2019, relativo al procedimiento administrativo de responsabilidad, en ese sentido, era sabedora de que se encontraba denunciada en un procedimiento de esa naturaleza, derivado de su calidad de servidora pública, por lo cual, las leyes o reglamentos que estarían al escrutinio de este órgano colegiado, serían las relacionadas con la prestación del servicio público que tiene como investigadora en este Poder Judicial del Estado. Y el referir que no sabe en qué parte de la ley se encuentran sus deberes conforme al nombramiento que ostenta, es tanto como desconocer el cargo de investigadora por el cual fue contratada y que ha desempeñado por más de diecisiete años y por el cual obtiene una remuneración." "Argumento que es infundado, debido a que, en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad, si contiene el acto u omisión materia de la denuncia, pues se hace alusión al oficio IEJ-343/2019, signado por la Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, mediante el cual, hace del conocimiento diversos hechos que ameritan la instauración del procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la Investigadora María de Guadalupe Mora Ortiz, oficio que contiene un capítulo de antecedentes, en el que se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la investigación académica que se le solicitó a la investigadora y que fueron materia de este procedimiento, además ese oficio contiene un capítulo de faltas administrativas que a consideración de la quejosa, incurrió la investigadora y un capítulo de los preceptos legales aplicables. Aunado a ello, en el referido auto de admisión, se observan las infracciones que se le imputan a la investigadora y, en la clasificación legal, técnica y apropiada de la infracción que se le imputó, se dijo que con base en las manifestaciones vertidas por la promovente, la servidora judicial denunciada presuntamente incumplió las obligaciones previstas en los artículos 7, fracción V y 49, fracción III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en relación con los diversos 6, fracción V y 48, fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, consistentes en actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes a las disposiciones relacionadas con el servicio público. También se dijo que se actualizaban las causas de responsabilidad de los investigadores, normadas por el artículo 77, fracciones I y ll, consistentes en incumplir las obligaciones establecidas en ese reglamento y la deficiencia en el desempeño de las labores de investigación y se encuadraron exactamente en la hipótesis normativas previamente establecidas como faltas administrativas, artículos 178, fracción IX y 179, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado." "Argumento que también es infundado, pues en todo momento se dio cumplimiento al principio de tipicidad, debido a que se le hizo de su conocimiento, de forma completa y clara a la propia encausada el contenido del auto de admisión de tres de diciembre de dos mil diecinueve, pronunciado en este expediente y personalmente se le emplazó y corrió traslado con las copias de las constancias de todas las actuaciones que integraban el expediente, entre las cuales se encontraban los oficios IEJ-343/2019, IEJ-099-2019, INV-05/2019, IEJ 151-2019, IEJ-158-2019 y IEJ-243-2019, ese sentido, fue sabedora de las conductas e infracciones que se le imputaban, la autoridad ante la cual tenía que comparecer, la fecha y hora de la audiencia de ley, así como el derecho de ofrecer pruebas y alegar, máxime que la propia servidora compareció a este procedimiento por escritos recibidos el diecisiete de enero y catorce de febrero de dos mil veinte, lo anterior, evidencia que contrario a lo que arguye, si se le puntualizó la materia, la naturaleza y las responsabilidades que se le imputaban, por lo tanto, este procedimiento administrativo de responsabilidad se ajustó al marco normativo para los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí." "Argumento que es infundado, y esto radica en que efectivamente, en este procedimiento se encuentra probado en autos que la investigadora presentó por oficio INV-05/2019 su proyecto de investigación, pero, como también a quedado probado en este procedimiento, esa investigación no siguió las reglas preestablecidas del protocolo de investigación jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que así se le solicitó por oficio IEJ-099-2019, por lo que, no es viable que la servidora pública aduzca que con la presentación de lo que ella considera su investigación, dio cumplimiento a la instrucción de su superior jerárquico." "Argumento que es infundado, porque las funciones inherentes al cargo de investigadora las debe de conocer, pues ha ejercido ese cargo por más de diecisiete años en el Poder Judicial del Estado y con esa trayectoria, debe de conocer ampliamente las funciones que día a día desempeña y que sus deberes y obligaciones como servidora pública tienen consecuencias jurídicas derivado de su incumplimiento. Además, ha quedado claro que en esta determinación, no se le imputó el no cumplir los requisitos de forma y fondo que debe tener todo trabajo académico, circunstancia que se evidencia con lo dispuesto en el considerando sexto." "Manifestaciones que son infundadas, en el sentido de que, en el considerando sexto de esta determinación, se estableció el problema jurídico a resolver y este no consistió en atribuirle ningún plagio a la investigadora, por lo tanto, sus manifestaciones son carentes de sustento legal." "Argumentos que son infundados, en razón de ser genéricos pues no dice porque razón considera que es anacrónico e incongruente el que se le hubiera instruido a la servidora judicial presentar la investigación y el anagrama a más tardar el ocho de abril de dos mil diecinueve." "Argumento que es infundado, debido a que, como en reiteradas ocasiones se ha argumentado, el problema jurídico a resolver quedó fijado en el considerando sexto de esta determinación y en él no se advierte que se le haya atribuido ningún daño patrimonial causado al Poder Judicial del Estado." "Manifestaciones que son infundadas. Primeramente, se debe decir que no existe precepto legal que imponga al Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina a presentar su nombramiento en la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y, en segundo lugar, pese a no existir disposición legal que así lo requiera, en la especie, en la audiencia desahogada el veinte de enero de dos mil veinte, se le puso a la vista la credencial expedida por el Poder Judicial del Estado, a nombre del licenciado José Antonio Vázquez Espino, Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, con número de empleado 605115, en ese sentido y contrario a lo que arguye en su defensa la servidora judicial, no se violaron las formalidades esenciales del procedimiento, pues como se explicó, no existe norma alguna que así lo prevea. "Manifestación que es Infundada, toda vez que, en la audiencia de ley verificada el veinte de enero de dos mil veinte, en la etapa de ofrecimiento de pruebas, el abogado autorizado de la servidora judicial denunciada manifestó que desde el inicio de la audiencia y hasta esa etapa no se encontraba en el recinto los testigos de asistencia que se mencionaron y que se violaba así la formalidad que marca la normatividad aplicable a éste procedimiento. Al respecto, el Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, a efecto de regularizar el procedimiento certificó que se encontraba presente como testigo de asistencia Christian Jocelyn Ramos García, y no así María Esther Arellano Celestino, por lo que, se requirió su presencia en la sala y se ordenó la reposición del procedimiento hasta la etapa de contestación de la demanda. Por tanto, lo manifestado en este argumento defensivo, quedó convalidado en los términos antes expresados desde esa audiencia. "Argumento que de igual forma es infundado, debido a que, como se observa a fojas 105 del procedimiento, en la audiencia de ley y una vez que se regularizó el procedimiento, y se ordenó su reposición hasta la etapa de contestación de la demanda, se dio cuenta de la presencia de las testigos de asistencia, y se advierte que Christian Jocelyn Ramos García, se identificó con credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector RM0RCH93021024M400." "Argumento que es infundado, en razón de que, con independencia de que la promovente se haya desistido de la prueba de inspección judicial, en el considerando séptimo, a diversas probanzas, entre ellas, la documental sexta, consistente en el oficio IEJ-158-2019, se le confirió pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 280, fracción II, 323, fracción II, y 388 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, ya que fue expedida por funcionario que desempeña cargo público en lo que se refiera al ejercicio de sus funciones y no fue redargüida de falsedad y esta prueba no fue la única en la que esta autoridad resolutora apoyó su decisión, sino también en las documentales tercera, cuarta, quinta, a las cuales, de igual manera, se les otorgó valor probatorio pleno en el considerando séptimo." "Al efecto, se comparten las mismas consideraciones expuestas párrafos arriba, en el sentido de que, con independencia de que la promovente se haya desistido de la prueba de inspección judicial, en el considerando séptimo; a diversas probanzas, entre ellas, la documental sexta, consistente en el oficio IEJ-158-2019, se le confirió pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 280, fracción II, 323, fracción II, y 388 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, ya que fue expedida por funcionario que desempeña cargo público en lo que se refiera al ejercicio de sus funciones y no fue redargüida de falsedad y esta prueba no fue la única en la que esta autoridad resolutora apoyó su decisión, sino también en las documentales tercera, cuarta, quinta, a las cuales, de igual manera, se les otorgó valor probatorio pleno en el considerando séptimo." En ese sentido, este órgano colegiado siguió puntualmente el marco legal que rige el procedimiento administrativo de responsabilidad para los servidores públicos de este Poder, garantizando siempre el respeto a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, en razón de lo anterior, es que resultan infundadas en su totalidad las manifestaciones defensivas que expresó la licenciada María de Guadalupe Mora Ortiz. Por su parte, la Secretaria Ejecutiva de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Directora General de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; y Directora de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, informaron que acatarían lo dispuesto por la autoridad ordenadora Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. La comparación entre el efecto del amparo otorgado a la parte quejosa y lo realizado por las autoridades responsables Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura; Director de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; Secretaria Ejecutiva del Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; y Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, pone de relieve que aquélla fue restituida en el goce del derecho fundamental violado como lo exige el artículo 77, fracción I, en relación con el 196, párrafo tercero, y cuarto, de la Ley de Amparo. Por tanto, se considera que la sentencia de amparo está cumplida en su totalidad, y que no existe defecto o exceso en el cumplimiento. Ahora bien, no se soslaya para la anterior determinación, las manifestaciones que plasma la quejosa María de Guadalupe Mora Ortiz, a través de su escrito recibido en este Juzgado el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el sentido de no se encuentra plenamente cumplida la sentencia de amparo, al considerar que la autoridad responsable resolutora no realizó un análisis exhaustivo de los argumentos defensivos que hizo valer en procedimiento de origen, sino únicamente se limita a declararlos infundados. Sin embargo, en oposición a lo argumentado por la quejosa en el escrito de mérito, como ya se dejó plasmado en el presente acuerdo, la autoridad responsable Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, ciñéndose a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar, emitió una nueva determinación, en la que, con libertad de jurisdicción, se pronunció respecto de la totalidad de los argumentos vertidos por la quejosa en su defensa. De lo anterior, se desprende que la autoridad responsable atendió los lineamientos de la sentencia de amparo, ello no obstante que dichos argumentos los declaró infundados, pues cabe señalar que la protección constitucional otorgada no obligaba a la autoridad responsable a emitir la nueva resolución en determinado sentido, sino únicamente para que se pronunciara congruente y exhaustivamente, respecto de las manifestaciones expuestas por la quejosa; determinación que en todo caso constituye un nuevo acto ya que se plasmaron consideraciones a las que arribo la autoridad para la toma de la decisión que no son materia del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De ahí que, el fallo protector dictado en autos está cumplido en su totalidad y no existe defecto o exceso en su cumplimiento. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente

  4. Principal

    Cumplimiento ejecutoria de amparo Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a las partes, por auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, y al efecto la parte quejosa formuló manifestaciones sobre el cumplimiento que dieron las autoridades responsables Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura; Director de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; Secretaria Ejecutiva del Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; y Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a la ejecutoria dictada en el presente asunto; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido proveído y este Juzgado procede a pronunciarse al respecto. Demanda. María de Guadalupe ............demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. a) Con el carácter de Ordenadora: El H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, y b) Con el carácter de ejecutoras: 1. La persona titular del Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. 2. La persona del Secretario Ejecutivo de Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. 3. La persona titular del Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. 4. La persona titular del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. 5. La persona titular de la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí." IV. ACTOS RECLAMADOS: a) De la Responsable Ordenadora, H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, se reclama la resolución definitiva dictada en sesión celebrada el 08 de junio de 2020 en el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad controlado bajo el expediente número ......., a través de la cual se sanciona a la suscrita actora con la destitución del cargo de Investigadora que venía desempeñando en el Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Propio Consejo de la Judicatura, según consta en la Cédula de Notificación que se adjunta al presente escrito de demanda. La resolución reclamada a la Responsable Ordenadora fue notificada a la amparista, a través de la Cédula que se menciona en el párrafo que antecede, el día ------------, como consta en la página 36 de la propia Cédula. b) De las autoridades responsables ejecutoras, se reclaman los actos siguientes: 1. De las personas titulares de los secretariados ejecutivos de Vigilancia y Disciplina y de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, se reclama la inscripción de la resolución emitida por la Ordenadora el 08 de junio de 2020 que, en acatamiento del considerando 8 de la propia resolución, realicen en los archivos del expediente de la suscrita, por sí o a través de las unidades administrativas que les son adscritas. 2. De las personas titulares del Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, se reclama la emisión del auto de fecha 25 de junio de 2020, por el cual da por recibidas diversas comunicaciones de la Directora de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado (sic), por las que informa respecto de la ejecución de la sanción de destitución impuesta a la quejosa, y por el que hace saber a la impetrante que los cheques correspondientes al pago del finiquito correspondiente se encuentran a su disposición por 15 días hábiles en esa Secretaría. 3. De la persona titular de la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, reclamo los actos tendientes a la efectiva destitución de la suscrita de su cargo de investigadora, en ejecución de la resolución emitida por la ordenadora y por instrucción del titular del Secretariado Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, según queda evidenciado en el auto de fecha 25 de junio de 2020. 4. De todas y cada una de las autoridades responsables ejecutoras se reclama todo acto que tenga por objeto -de manera directa o indirecta- privar a la suscrita del cargo de investigadora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, en ejecución de la resolución definitiva dictada en sesión celebrada el 08 de junio de 2020 en el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad controlado bajo el expediente número P88/2019, o que sea consecuencia -mediata o inmediata- de éste. Suspensión de procedimiento Por auto de veintidós de julio de dos veinte se tuvo por recibida la demanda de amparo, y se reservó acordar lo procedente en derecho, al estimarse que no se trataba de la actualización de un supuesto de inmediatez o urgencia que ameritara su trámite en el contexto que en ese momento guardaba la pandemia causada por el virus SARS CoV-2. Reanudación El doce de agosto de dos mil veinte, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, en el que se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, se ordenó levantar la suspensión de plazos y términos procesales, por lo que se continuo con la tramitación del presente asunto. Sentencia. En sentencia de catorce de diciembre de dos mil veinte, emitida por este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que la autoridad responsable Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente la determinación dictada el ocho de junio de dos mil veinte, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad número P88/2019. b) En su lugar, emita una nueva determinación, en la que, con libertad de jurisdicción, se pronuncie respecto de la totalidad de los argumentos señalados por la aquí quejosa en el procedimiento de origen, en los escritos presentados el diecisiete de enero de dos mil veinte y el catorce de febrero del mismo año, así como en las intervenciones realizadas por dicha parte procesal en el inicio y continuación de la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que tuvieron lugar el veinte de enero y el catorce de febrero, ambas datas del año en curso. La protección constitucional otorgada no obliga a la autoridad responsable a que la resolución que emita sea en determinado sentido, sino únicamente para que se pronuncie congruente y exhaustivamente, respecto de la falta formal destacada en la presente determinación. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura; Director de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; Secretaria Ejecutiva del Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; y Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por no haber sido reclamados por vicios propios." Revisión Inconforme con la sentencia de catorce de diciembre de dos mil veinte, la quejosa María de ........interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, bajo el amparo en revisión 1122021. El tribunal de alzada, en sesión de siete de octubre de dos mil veintiuno, emitió resolución que en sus puntos resolutivos dice: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a María de........, contra el acto reclamado al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y otras autoridades, precisados en la sentencia recurrida, para los efectos señalados en dicho fallo." Requiere cumplimiento Por auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, se requirió a las autoridades Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura; Director de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; Secretaria Ejecutiva del Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; y Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del mencionado auto, informaran sobre el cumplimiento que dieran a la ejecutoria de mérito. Cumplimiento. En proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, se agregaron oficios recibidos en este juzgado el nueve del referido mes y año, registrados bajó los números de correspondencia 18860, 18861, 18862, 18863 y 18868, mediante los cuales, la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial del Estado; Secretaria Ejecutiva de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Directora General de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; y Directora de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, informaron el cumplimiento que dieron al fallo protector dictado en autos. Por su parte, la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial del Estado, remitió copia certificada de la resolución de tres de noviembre de dos mil veintiuno, por la que dejó insubsistente la determinación dictada el ocho de junio de dos mil veinte, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad número ........, y en su lugar, emitió una nueva determinación, en la que, declaró infundadas en su totalidad las manifestaciones defensivas que expresó la quejosa María de Guadalupe Mora Ortiz, en los escritos presentados el diecisiete de enero de dos mil veinte y el catorce de febrero del mismo año, así como en las intervenciones realizadas por dicha parte procesal en el inicio y continuación de la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que tuvieron lugar el veinte de enero y el catorce de febrero, ambas de dos mil veinte. En lo que respecta a la Secretaria Ejecutiva de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Directora General de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; y Directora de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, informaron que acatarían lo dispuesto por la autoridad ordenadora Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. De igual forma, la diversa autoridad responsable Secretaria Ejecutiva de Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, a través del oficio S.E.P.C.J. ......., recibido en este órgano jurisdiccional el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, bajo el número de registro 19498, manifestó que en cumplimiento a la sentencia de amparo, acataba lo dispuesto por la autoridad responsable ordenadora Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en su resolución de tres de noviembre del año en curso. Lo anterior pone de relieve que las autoridades responsables en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en este expediente, realizó lo siguiente: Efectos de la concesión del amparo. Cumplimiento al fallo protector por la autoridad responsable: "a) Deje insubsistente la determinación dictada el ocho de junio de dos mil veinte, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad número P88/2019. b) En su lugar, emita una nueva determinación, en la que, con libertad de jurisdicción, se pronuncie respecto de la totalidad de los argumentos señalados por la aquí quejosa en el procedimiento de origen, en los escritos presentados el diecisiete de enero de dos mil veinte y el catorce de febrero del mismo año, así como en las intervenciones realizadas por dicha parte procesal en el inicio y continuación de la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que tuvieron lugar el veinte de enero y el catorce de febrero, ambas datas del año en curso. Manifestaciones contenidas en escrito de diecisiete de enero de dos mil veinte. - Que al señalar el bien jurídico que la vincula con el bien que tutela las obligaciones previstas en los numerales 7, fracción V y 49, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con el 6, fracción V, y 48, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, 178, fracción IX y 179, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; la autoridad instructora presume que infringió dichos ordenamientos legales, en razón de que no ajustó su actuación a tales ordenamientos, pero en ninguna parte señala con precisión el deber jurídico que presuntamente infringió, y no señala de manera clara y específica, de qué forma, incumplió presuntamente con las disposiciones legales mencionadas, es decir, la forma individual en que los incumplió, ya que sólo afirmó que las infracciones imputadas, implicaban presuntivamente el incumplimiento de las siguientes obligaciones: a) actuar conforme a una cultura de servicio orientado al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades; y b) atender las instrucciones de sus superiores, siempre que estas sean acordes a las disposiciones relacionadas con el servicio público. - Que la autoridad instructora establece que dichas obligaciones se encuentran en los artículos 7, fracción V y 49, fracción III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con el 6, fracción V, y 48, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado; sin embargo, nunca señala, cómo es que la implicada no procedió conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones, a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades, pues tampoco señala cuáles son las funciones que dice corresponden a su nombramiento, ni las metas de la institución; no dice cuál es la conducta realizada en la que vislumbró que no atendió las indicaciones de su superior para así considerar que infringió las obligaciones previstas en los artículos 7, fracción V y 49, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado, de ahí que no se actualicen las presuntas irregularidades a las citadas disposiciones legales que se le atribuyen. - Que se afirmó que se actualiza la hipótesis del artículo 77 del Reglamento del Instituto de Estudios Judiciales, que se refiere al incumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo reglamento, sin que en ninguna parte se especifique cuál de las obligaciones establecidas en tal ordenamiento es que incumplió y tampoco se hace referencia a la disposición normativa en la que se encuentra la obligación cuyo incumplimiento se le atribuye. - Que en cuanto a las faltas administrativas previstas en el artículo 178, fracción IX y 179, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que se le dijo se actualizaban, en ninguna parte del auto inicial y citatorio, se establece cuáles son las leyes y reglamentos a que se refiere el instructor, ni tampoco en qué parte de la Ley se encuentran previstos los deberes conforme al nombramiento que ostenta, como tampoco cuál es la ley o reglamento en que se encuentran contenidos; por lo que, son señalamientos dogmáticos al no haber conducta que evidenciara el incumplimiento referido, porque no se le señala la disposición que expresamente infringió, puesto que la conducta que se le atribuye -trabajo de investigación entregado mediante oficio INV-05/2019 de 09 de mayo de 2019, de veinticinco hojas útiles- en nada se concatena con la normatividad que supuestamente infringió. - Que no se le hace de conocimiento fehacientemente de qué forma incumplió presuntivamente con las leyes y reglamentos que le señalan, lo que contraviene sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, ya que según se desprende del artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el procedimiento administrativo inicia con un auto de radicación que puntualice la materia, la naturaleza y las responsabilidades a imputar, de lo cual habrá de deducirse el oficio citatorio, para que al citar a los servidores públicos encausados o sometidos a dicho procedimiento, puedan identificar con claridad cuáles son las responsabilidades que se le imputan y las pruebas que las sustenten, respetando así sus garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica. - Que en el oficio citatorio con que se inicia el procedimiento se deben precisar los hechos que pudieran generar responsabilidades, esto es, las conductas imputadas, a efecto de que el servidor público esté en aptitud de defenderse y que pueda controvertirlas, ello en cumplimiento, además, al principio de tipicidad que es una de las manifestaciones esenciales del principio de legalidad y exige la más estricta adecuación entre la conducta prohibida descrita en el tipo, y el hecho cometido por acción u omisión; por lo que, las normas que definen las infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica. - Que en cuanto a la imputación que se le hace, consistente en -no cumplir con las funciones y obligaciones inherentes al cargo de investigadora adscrita al Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura- porque a consideración de la instructora del procedimiento de responsabilidad, el trabajo de investigación que presentó, tiene inconsistencias, pero no se le hace saber en forma clara cuáles son las funciones inherentes al cargo de investigadora, ni siquiera las disposiciones legales o reglamentarias en que se encuentran contenidas las funciones; tampoco se menciona cuáles de las funciones que tiene asignadas al cargo de investigadora, fueron las que dejó de cumplir. - Que no se le hace mención alguna de los requisitos de forma y fondo que se le atribuye que presuntamente no cumplió en el citado trabajo de investigación que presentó, ya que se le imputa -no cumplir con los requisitos de forma y fondo que debe tener todo trabajo académico en el área de Derecho-, empero no se especifica cuáles son esos requisitos, así como tampoco, de esos requisitos cuáles son los que no cumplió. - Que se le atribuyó el haber causado un daño patrimonial al Poder Judicial del Estado, con motivo de la conducta desplegada, lo cual viola el principio de presunción de inocencia en su perjuicio, pues para establecer que se causó un daño patrimonial al Estado, primeramente se deben establecer los alcances, causas y efectos de las actividades sujetas a sanción, es decir, el nexo causal. - Que no se precisa la norma dispositiva que regula los límites de la función pública, para que partiendo de ahí, se esté en aptitud de definir cuál es la acción u omisión, y por tanto, el poder determinar que se está ante un hecho ilícito, de tal manera que primero se debe demostrar un hecho ilícito, por lo que se viola en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, al pretender imputarle el haber causado un daño patrimonial al Poder Judicial del Estado, sin que previamente se hubiera probado la existencia del hecho ilícito. Argumentos del abogado autorizado de la quejosa, en el inicio de la audiencia de ley a que se refiere el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, llevada a cabo el veinte de enero de dos mil veinte, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativo de origen. - Que en virtud de que se manifestó y se advirtió que no se encontraban los testigos de asistencia, los cuales se afirmó en ese procedimiento, y que en reposición del mismo se advierte que la testigo Christian Jocelyn Ramos García, no contaba con el medio de identificación idóneo, por lo que se le ordenó salir del recinto a efecto de aportar su identificación como testigo y puntualizó que el testigo es el mismo que actúa como escribiente en la instrucción. Argumentos de la parte quejosa contenidos en escrito de catorce de febrero de dos mil veinte. - Que las presunciones relativas a que su representada infringió los ordenamientos legales contenidos en los numerales 7, fracción V y 49, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con los artículos 6, fracción V, y 48, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y artículo 178, fracción IX y 179, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; dichas aseveraciones son infundadas en razón de que en ninguna parte de lo argumentando se señala como precisión el deber jurídico que presuntamente infringió; no se manifiesta de qué forma se incumplió en lo individual con cada uno de los numerales invocados respecto de los cuales se le atribuye incumplimiento; nunca se señaló cómo es que la supuesta infractora no actuó conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades, pues además, no se señala cuáles son las funciones que corresponden al nombramiento de investigador, ni las metas de la institución, cuál es la conducta realizada por la trabajadora en la que se vislumbre que no atendió las instrucciones de su superior, para así considerar que efectivamente infringió las obligaciones contenidas en la normatividad invocada en el auto de admisión de tres de diciembre de dos mil diecinueve. - Que respecto de la afirmación relativa a que se actualiza la hipótesis del artículo 77 del Reglamento del Instituto de Estudios Judiciales, en ningún momento se especifica cuál de las obligaciones establecidas en dicho Reglamento es la que la imputada incumplió, cuando ni siquiera se hace referencia a la disposición normativa en la que se encuentra la obligación cuyo incumplimiento se le atribuye. - Que en lo referente a las faltas administrativas previstas en los artículos 178, fracción IX y 179, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no se establece cuáles son las leyes y reglamentos a que se refiere, ni tampoco en qué parte de la ley se encuentran previstos los deberes que conforme al nombramiento de su representada se encuentran previstos en dicha normatividad, como tampoco se especifica cuál es la normatividad o reglamento en que se encuentran contenidos. - Que se trata de señalamientos dogmáticos al no haber una conducta que evidenciara el incumplimiento que se refiere, pues ni siquiera se señaló la disposición que expresamente infringió, toda vez que la conducta que se señala desplegó su representada, a saber -trabajo de investigación entregado mediante oficio INV-05/2019 de 09 de mayo de 2019, de veinticinco hojas útiles- en ningún momento se vincula ni concatena con la normatividad que supuestamente infringió. - Que de ninguno de los fundamentos y alegaciones contenidos en el auto de admisión se le hace de conocimiento a su patrocinada de qué forma incumplió presuntivamente con las leyes y reglamentos que se le señalan, lo que contraviene las garantías de legalidad y seguridad jurídica, porque según se desprende del artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el procedimiento administrativo inicia con el auto de radicación que puntualice la materia, naturaleza y las responsabilidades imputadas, de lo cual habrá de deducirse el oficio de citación; para que al citar a los servidores públicos encausados o sometidos a dicho procedimiento, puedan identificar con claridad cuáles son las responsabilidades imputadas y las pruebas que las sustenten, respetando así sus garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica; con lo que debió darse cumplimiento al principio de tipicidad, que es una de las manifestaciones esenciales del principio de legalidad y exige la más estricta adecuación entre la conducta prohibida descrita en el tipo y el hecho cometido por acción u omisión; por ello, las normas que definen las infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica. - Que existen contradicciones notorias en el procedimiento, en razón de que en el auto de admisión para la instauración del procedimiento administrativo, en el rubro denominado "Responsabilidad Administrativa f.3" se procedió a fijar la materia del procedimiento, diciendo que ésta se constituye en los términos señalados en el oficio IEJ- 343/2019, signado por la Directora del Instituto de Estudios Judiciales y transcribiendo el contenido de los puntos segundo al noveno del escrito en comento, resaltando que el punto tercero dice que se instruyó a María de Guadalupe Ortiz Mora para que elaborara una investigación académica jurídica respecto al tema "Justicia Comunitaria"; respecto de lo cual, su representada, bajo el oficio INV-05/2019, de nueve de mayo de dos mil diecinueve, adjuntó veinticinco fojas útiles por el frente, de las que se aprecia que se contienen las formalidades legales y necesarias de la investigación requerida, con lo que dio cabal cumplimiento a la instrucción de su superior jerárquico, de modo que no incurrió en la falta que se señala en el punto uno, a foja cinco del auto de admisión consistente en "no cumplir con las funciones y obligaciones inherentes a su cargo". - En lo que ve a la imputación consistente en "no cumplir con las funciones y obligaciones inherentes al cargo de investigadora adscrita al Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura porque a consideración de la instructora del procedimiento de responsabilidad, el trabajo de investigación que presenté mediante oficio INV-05/2019 de 09 de mayo de 2019, tiene las inconsistencias", en ningún momento se le hizo de conocimiento el supuesto incumplimiento de forma clara, ya que no se le precisan cuales son las funciones inherentes al cargo de investigadora, ni las disposiciones legales o reglamentarias en que se encuentran contenidas esas funciones; se omite mencionar cuáles son las funciones que tiene asignadas en al cargo de investigadora y no se hace mención alguna de los requisitos de forma y fondo que se le atribuye que presuntamente no cumplió en el citado trabajo de investigación presentado, lo que se debió hacer, dado que se le imputa no cumplir con los requisitos de forma y fondo que debe tener todo trabajo académico en el área de Derecho. - Que en cuanto al punto número uno, inciso c), a foja número cinco, se advierte la inconsistencia de incurrir en un supuesto plagio, por los motivos ahí aducidos, lo cual se niega rotundamente, dado que legal y jurídicamente el plagio se configura sí y solo sí, cuando el supuesto plagio se divulga, se publica y reproduce una obra a nombre de un autor distinto del verdadero, atentando a sus derechos morales y patrimoniales, el cual, en la especie, no se configuró, en razón de no darse los supuestos mencionados; por lo que, es innegable que no se estableció fehacientemente la supuesta figura de plagio y mucho menos en forma dolosa, como lo adujo la denunciante. - Que es anacrónico e incongruente que el oficio IEJ- 099/2019, fechado el tres de mayo de dos mil diecinueve y recibido por su representada el tres de abril de dos mil diecinueve, a las 2:04 pm, se le instruya a presentar la investigación solicitada, así como el anagrama de actividades a más tardar el ocho de abril de dos mil diecinueve. - Que se atribuye a su representada haber causado un daño patrimonial al Poder Judicial del Estado, con motivo de la conducta desplegada, lo cual viola el principio de presunción de inocencia en perjuicio de la imputada, dado que para establecer que se causó un daño patrimonial al Estado, primeramente se deben establecer los alcances, causas y efectos de las actividades sujetas a sanción, es decir, el nexo causal, y en el caso no se precisa la norma o dispositivo que regula los límites de la función pública, para que partiendo de ahí, se esté en aptitud de definir cuál es la acción u omisión, y por tanto, el poder determinar que se está ante un hecho ilícito, de tal manera que primero se debe demostrar tal hecho ilícito y al no haberse hecho así, se viola el principio de presunción de inocencia, al pretender imputarle el haber causado un daño patrimonial al Poder Judicial del Estado, sin que previamente se haya probado la existencia del hecho ilícito. - Que en el acuerdo de desarrollo de la audiencia inicial del procedimiento administrativo, el funcionario que instruye y desarrolla dicha audiencia, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, el Secretario de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura, quien actuó con testigos de asistencia, licenciadas María Esther Arellano Celestino y Christian Jocelyn Ramos García, se manifestó al respecto por el representante de la imputada que "Solicito en éste momento que se me de vista con la personalidad del funcionario que instruye el presente procedimiento administrativo, a efecto de no violar el mismo.", ante lo cual, se le puso a la vista una credencial expedida por el Poder Judicial del Estado a nombre de licenciado José Antonio Vázquez Espino, en la cual se hace constar el cargo de Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, con número de empleado 605115, sin embargo, en ningún momento se le dio vista, ni se exhibió nombramiento alguno con el que se acreditara el puesto que dijo ostentar, a fin de determinar qué funcionario instruye el procedimiento, con lo que se violaron las formalidades esenciales relativas a la instrucción del procedimiento. - Que también en uso de la voz, expresó a favor de su representada en la referida audiencia de ley: "Solicito quede asentado que desde el inicio y en estos momentos no se encuentran en este recinto los testigos de asistencia que menciona, ni ningún otro tipo de testigos, violando así la formalidad que marca la normatividad aplicable al presente procedimiento.", a lo cual, el instructor en ese momento dijo regularizar el procedimiento y certificó que "en la presente audiencia se encuentra presente como testigo de asistencia la C. Christian Jocelyn Ramos García, NO ASÍ LA C. MARIA EXTHER ARELLANO CASTILLO, POR TANTO, SE REQUIERE SU PRESENCIA EN ESTA SALA Y SE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO HASTA LA ETAPA DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA". - Que también, en representación de la implicada, manifestó "en reposición del mismo, se advierte que la testigo de asistencia Christian Jocelyn Ramos García no contaba con el medio de identificación idónea, por lo que se ordenó salir del recinto a efecto de aportar su identificación como testigo.", con lo que se violó flagrantemente el procedimiento, ante la inobservancia de las formalidades que tutelan el desarrollo de cualquier procedimiento administrativo seguido ante el Consejo de la Judicatura. - Que la denunciante ofreció como prueba de su intención la inspección judicial, que se deberá llevar a cabo el día y la hora que esta Secretaría señale, el documento adjuntado como anexo 6, consistente en oficio IEJ-158-2019 del cinco de junio de dos mil diecinueve, firmado por el licenciado Jesús Alberto Góngora Moncada, Subdirector del instituto, relativo al cuadro "COMPARATIVO TEXTO DE INVESTIGACIÓN Y LO ENTONCTRADO EN LAS PÁGINAS DE INTERNET', bajo el extremo señalado en el oficio IEJ- 343/2019, para la cual, se fijó fecha y hora para su desahogo y posteriormente, se tuvo a la oferente por desistida de dicho medio de prueba, de lo que se concluye que no se encuentra plenamente acreditada ni probada la causa de responsabilidad que se le atribuye, porque las pruebas en las que se apoya no son legalmente suficientes, dado que la prueba documental sexta, consistente en el original del oficio IEJ-158-2019 y su anexo, únicamente sirven para probar que el licenciado Jesús Alberto Góngora Moncada, Subdirector del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura, manifestó lo que ahí se contiene, pero sin que ello implique que está demostrada la veracidad de lo que manifestó. Manifestaciones vertidas por el autorizado de la quejosa en la continuación de la audiencia de ley a que se refiere el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, efectuada el catorce de febrero de dos mil veinte. - Que en virtud de haber presentado los alegatos correspondientes, los ratificaba en todas y cada una de sus partes, solicitando se sirvieran someter el presente asunto a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura, de conformidad con el artículo 119 del Reglamento Interior de dicho Consejo, solicitando además que se tomara en cuenta el desechamiento de la prueba de inspección judicial ofrecida por la denunciante, con lo que se dejaron sin efecto los extremos señalados en el oficio número IEJ-343/2019, en razón también de que es innegable que no se probó ni acreditó plenamente la causa de responsabilidad que se le atribuye a su representada. La protección constitucional otorgada no obliga a la autoridad responsable a que la resolución que emita sea en determinado sentido, sino únicamente para que se pronuncie congruente y exhaustivamente, respecto de la falta formal destacada en la presente determinación. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura; Director de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; Secretaria Ejecutiva del Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; y Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por no haber sido reclamados por vicios propios." La Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial del Estado, en resolución de tres de noviembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la determinación dictada el ocho de junio de dos mil veinte, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad número ....../2019, y en su lugar, emitió una nueva determinación, en la que, declaró infundadas en su totalidad las manifestaciones defensivas que expresó la quejosa María de .........., en los escritos presentados el diecisiete de enero de dos mil veinte y el catorce de febrero del mismo año, así como en las intervenciones realizadas por dicha parte procesal en el inicio y continuación de la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que tuvieron lugar el veinte de enero y el catorce de febrero, ambas de dos mil veinte. "Argumento que es infundado, debido a que, la autoridad instructora del procedimiento administrativo de responsabilidad, desde el inicio de éste, se ciñó a las formalidades esenciales del procedimiento, previstas en los artículos 181, 183, 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Primeramente, el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, prevé las sanciones administrativas que se aplicarán a los servidores judiciales, mientras que los artículos 183, 184 y 185 de la propia legislación, estatuye el procedimiento administrativo que se seguirá para la aplicación de dichas sanciones. [Transcripción de los artículos 181, 183, 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí] De la intelección de las disposiciones legales trascritas se viene en conocimiento que la ley orgánica prevé diversas sanciones administrativas. Ahora, la aplicación de dichas sanciones deberá estar precedida por el procedimiento respectivo que corresponde instaurar al Consejo de la Judicatura, con excepción de las que correspondan a los magistrados, que está reservado para el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Dicho procedimiento iniciará a instancia de parte, mediante queja que podrán presentar los órganos auxiliares o los particulares que tengan interés jurídico. En este caso, la queja se formulará por escrito o de manera verbal, pero en este último caso se levantará acta circunstanciada. También podrá iniciarse de oficio por el superior jerárquico del presunto infractor, o por cualquiera de los consejeros cuando la gravedad de la irregularidad observada así lo amerite y, en tal caso, corresponderá al Pleno del Consejo de la Judicatura imponer al responsable la sanción respectiva. El procedimiento lo instruirá el Secretariado Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina auxiliado por la Visitaduría o la Contraloría, según corresponda, y comprenderá una audiencia que se verificará dentro de los quince días hábiles siguientes, con intervención del Ministerio Público. Es indispensable destacar que, deberá citarse a la presunta responsable a la audiencia, y se le hará saber la responsabilidad que se le imputa y el derecho que tiene a ofrecer pruebas ya alegar. En ese orden de ideas, el auto de inicio del procedimiento administrativo sancionador que nos ocupa, cobra suma relevancia, pues no debe considerarse como un acuerdo de mero trámite, sino como la actuación de esta autoridad administrativa por la que da a conocer las causas o motivos imputados a la servidora pública, al igual que las normas infringidas; exigencia que, interpretada de manera acorde con los principios de legalidad, tipicidad y exacta aplicación de la ley, previstos para la materia penal en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y aplicables al derecho administrativo sancionador, conlleva la obligación de precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conducta realizada por la presunta infractora y encuadrarla exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida como infracción o falta que se le atribuye. En esa medida, el auto de radicación de tres de diciembre de dos mil diecinueve, debe contener las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tuvo lugar la conducta reprochada, de manera que encuadre exactamente en la hipótesis tipificada como falta administrativa. Como se observa a fojas 1 a la 7 del expediente, el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad, contiene el acto u omisión materia de la denuncia, pues se hace alusión al oficio IEJ-343/2019, signado por la Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, mediante el cual, hace del conocimiento diversos hechos que ameritan la instauración del procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la Investigadora María de Guadalupe Mora Ortiz, oficio que contiene un capítulo de legitimación de la promovente, uno de antecedentes, en el que se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la investigación académica que se le solicitó a la investigadora y que fueron materia de este procedimiento, además ese oficio contiene un capítulo de faltas administrativas que a consideración de la quejosa, incurrió la investigadora y un capítulo de los preceptos legales aplicables, capítulo de pruebas ofrecidas y finalmente, uno de solicitud de inicio de procedimiento administrativo de responsabilidad. En el auto de admisión, se observan las infracciones que, se le imputan a la investigadora y, en la clasificación legal, técnica y apropiada de la infracción que se le imputó, se dijo que con base en las manifestaciones vertidas por la promovente, la servidora judicial denunciada presuntamente incumplió las obligaciones previstas en los artículos 7, fracción V y 49, fracción III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en relación con los diversos 6, fracción V y 48, fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, consistentes en actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y atender las instrucciones de sus superiores, siempre, que éstas sean acordes a las disposiciones relacionadas con el servicio público. También se dijo que se actualizaban las causas de responsabilidad de los investigadores, normadas por el artículo 77, fracciones I y II, consistentes en incumplir las obligaciones establecidas en ese reglamento y la deficiencia en el desempeño de las labores de investigación. Se precisaron las circunstancias de modo tiempo y lugar de la conducta realizada por la servidora pública. Modo, es decir, se estableció que se le solicitó realizar un trabajo de investigación del tema de Justicia Comunitaria, bajo los lineamientos del protocolo de investigación jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México, se establecieron las circunstancias de tiempo, ya que se le dijo que debía de presentar el cronograma de actividades a más tardar el ocho de abril de dos mil diecinueve y que la fecha de conclusión y entrega de la investigación sería el nueve de mayo de aquel año y de igual manera, se señalaron las circunstancias de lugar, esto es, en San Luis Potosí, San Luis Potosí, todo esto, se hizo patente en el oficio IEJ-099-2019, signado por la licenciada Isabel Cristina Santibañez Bandala, de tres de mayo de dos mil diecinueve, visible a fojas 18 de este expediente. Finalmente, se encuadró exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida como falta administrativa, esto fue, en las dispuestas en los artículos 178, fracción IX y 179, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En ese sentido y contrario a lo que argumenta la investigadora de quien se estudia su responsabilidad, este órgano de control disciplinario cumplió con el principio de tipicidad, el cual, se hace extensivo al derecho administrativo sancionador, respecto de las infracciones y sanciones administrativas, de modo que, si la disposición administrativa, es decir, los artículos 7, fracción V, 49, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 77, fracciones I y II del Reglamento del Instituto de Estudios Judiciales, señalan que la transgresión a esos dispositivos es causa de falta responsabilidad administrativa, es que se establece una sanción por esas infracciones, esta conducta realizada por la servidora pública, encuadra exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida en los artículos 178, fracción IX y 179, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, pues infringió los dispositivos reseñados de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Reglamento del Instituto. Circunstancias por las cuales, en ningún momento se coartó el derecho de defensa de la Investigadora Mora Ortiz, debido a que se le hizo de su conocimiento, de forma completa y clara a la propia encausada el contenido del auto de admisión de tres de diciembre de dos mil diecinueve, pronunciado en este expediente y personalmente se le emplazó y corrió traslado con las copias de las constancias de todas las actuaciones que integraban el expediente, entre las cuales se encontraban los oficios IEJ-343/2019, IEJ-099-2019, INV-05/2019, IEJ 151-2019, IEJ-158-2019 y IEJ-243-2019, ese sentido, fue sabedora de las conductas e infracciones que se le imputaban, la autoridad ante la cual tenía que comparecer, la fecha y hora de la audiencia de ley, así como el derecho de ofrecer pruebas y alegar, máxime que la propia servidora compareció a este procedimiento por escritos recibidos el diecisiete de enero y catorce de febrero de dos mil veinte. Consecuentemente; la autoridad instructora del procedimiento de responsabilidad administrativa, desde el inicio de éste, ajustó su actuación a las formalidades esenciales del procedimiento administrativo para los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, por ello, y contrario a lo que refiere la servidora judicial de quien se estudia su responsabilidad, sí se señaló con precisión el deber jurídico que infringió y que esto fue derivado de la instrucción que le realizó por escrito su superior jerárquico, referente a que realizara una investigación académica del tema Justicia Comunitaria, el cual debía de hacer sujeto a las reglas preestablecidas del protocolo de investigación jurídica de la Universidad Autónoma Nacional." "Argumento defensivo que también es infundado, y se comparten los mismos motivos por los cuales se consideró infundado el anterior, pues como se dijo, la autoridad instructora del procedimiento administrativo de responsabilidad, desde el inicio de éste, se ciñó a las formalidades esenciales del procedimiento, previstas en los artículos 181, 183, 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior, es así, ya que el procedimiento lo instruyó el Secretariado Ejecutivo de Vigilancia, comprendió una audiencia de ley, la cual se verifico dentro de los quince días hábiles siguientes, con la intervención por escrito del Ministerio Público. Se le emplazó personalmente a la servidora judicial, se le citó a la audiencia, y se le hizo saber la responsabilidad que se le imputaba y el derecho que tenía a ofrecer pruebas y a alegar. Referente el auto de radicación de tres de diciembre de dos mil diecinueve, éste contiene las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tuvo lugar la conducta reprochada, y se encuadró en la hipótesis tipificada como falta administrativa. [.] "Consecuentemente, la autoridad instructora del procedimiento de responsabilidad administrativa, desde el inicio de éste, ajustó su actuación a las formalidades esenciales del procedimiento administrativo para los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, por ello, y contrario a lo que refiere la servidora judicial de quien se estudia su responsabilidad, sí se señaló con precisión que derivado de la instrucción que le realizó por escrito su superior jerárquico, referente a que realizara una investigación académica del tema Justicia Comunitaria, el cual debla de hacer sujeto a las reglas preestablecidas del protocolo de investigación jurídica de la Universidad Autónoma Nacional, presuntamente implicaban el incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 7, fracción V y 49, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con el 6, fracción V y 48, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado." "Argumento que es infundado, ya que contrario a lo que refiere, en el auto de admisión se dijo que se actualizaban las hipótesis del Reglamento del Instituto de Estudios Judiciales siguientes, transcribiéndose el artículo 77, fracciones I, II y III, del referido reglamento." "Argumento que es infundado, en razón de que, como bien se le hizo de su conocimiento al momento en que se le emplazó, se le dijo que le notificaba personalmente el contenido del auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, pronunciado en el expediente P88/2019, relativo al procedimiento administrativo de responsabilidad, en ese sentido, era sabedora de que se encontraba denunciada en un procedimiento de esa naturaleza, derivado de su calidad de servidora pública, por lo cual, las leyes o reglamentos que se estarían al escrutinio de este órgano colegiado, serían las relacionadas con la prestación del servicio público que tiene como investigadora en este Poder Judicial del Estado. Y el referir que no sabe en qué parte de la ley se encuentran sus deberes conforme al nombramiento que ostenta, es tanto como desconocer el cargo de investigadora por el cual fue contratada y que ha desempeñado por más de diecisiete años y por el cual, obtiene una remuneración." "Argumento que de la misma manera es infundado, pues como ya se ha referido, en toda la secuela procesal se han seguido las formalidades esenciales de los procedimientos administrativos de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y dispuestas de entre otros, en el artículo 185 de la Ley Orgánica del ,Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, pues este procedimiento inicio por el oficio que presentó la Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, superior jerárquica del presunto infractor, lo instruyó el Secretariado Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, y comprendió una audiencia que se verificó en el término establecido, con intervención del Ministerio Público, se le emplazó y corrió traslado a la imputada con todas las constancias que integraban el expediente y se le hizo saber la fecha y hora en que se desahogaría la audiencia de ley, la responsabilidad que se le imputaba y el derecho que tenla a ofrecer pruebas y a alegar, por lo que, siempre se respetaron los principios de, audiencia, legalidad y seguridad jurídica." Argumento que es infundado. Como se ha venido reiterando, al declarar infundados todos los anteriores argumentos defensivos, en la notificación personal mediante la cual se le emplazó a juicio a la investigadora, se hizo de su conocimiento de forma completa y clara el contenido del auto de admisión de tres de diciembre de dos mil diecinueve y se le corrió traslado con las copias de las constancias de todas las actuaciones que integraban el expediente, entre las cuales se encontraban los oficios IEJ-343/2019, IEJ-099-2019, INV-05/2019, IEJ 151-2019, IEJ-158-2019 y IEJ-243-2019, ese sentido, fue sabedora de las conductas e infracciones que se le imputaban, la autoridad ante la cual tenía que comparecer, la fecha y hora de la audiencia de ley, así como el derecho de ofrecer pruebas y alegar. Por ello, y contrario a lo que argumenta la servidora judicial, se cumplió con el principio de tipicidad, pues de los hechos narrados por la promovente, se le dijo que presuntamente se incumplía el contenido de los artículos 7, fracción V, 49, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 6, fracción V y 48, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, 77, fracciones 1 y II del Reglamento del Instituto de Estudios Judiciales, y que presuntamente se podrían actualizar las faltas administrativas contenidas en los artículos 178, fracción IX y 179, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, pues infringió los dispositivos reseñados de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Reglamento del Instituto, cumpliéndose así con los principios de tipicidad y exacta aplicación de la ley, previstos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Argumento que también es infundado, porque las funciones inherentes al cargo de investigadora las debe de conocer, pues ha ejerciendo ese cargo por más de diecisiete años en el Poder Judicial del Estado y con toda esa trayectoria, debe de conocer ampliamente las funciones que día a día desempeña y que sus deberes y obligaciones como servidora pública tienen consecuencias jurídicas derivado de su incumplimiento." "Al respecto, debe decirse que este argumento es infundado, ya que en el considerando sexto, se estableció que el problema jurídico a resolver en este procedimiento sería el determinar si la investigadora María de Guadalupe Mora Ortiz, en el trabajo de investigación que se le encomendó del tema de Justicia Comunitaria, inobservó en el desempeño de su cargo los principios de disciplina y profesionalismo que rigen el servicio público, establecidos en el artículo 7°, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; si incurrió en omisión de actuar conforme a una cultura orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades, de conformidad con lo establecido en la fracción V, artículo 7°, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; si incumplir con las obligaciones que tiene como investigadora, atento a lo dispuesto en los artículos 72, en correlación con el 77, fracción I, del Reglamento del Instituto de Estudios Judiciales; y si el desempeño de la labor de investigación que se le solicitó del tema "Justicia Comunitaria", fue deficiente según lo señalado en la fracción II, artículo 77, del Reglamento del Instituto de Estudios Judiciales; en ese sentido, en este procedimiento no se le imputa que no haya cumplido con los requisitos de forma y fondo, por lo tanto, sus manifestaciones parten de una premisa errónea." "Argumento que es infundado, toda vez que, que en el considerando sexto se estableció el problema jurídico a resolver en este procedimiento, el cual, en ningún momento consistió en atribuirle un daño patrimonial al Poder Judicial del Estado, de ahí lo infundado de sus manifestaciones." "Argumento defensivo que es infundado, por las mismas consideraciones que el argumento anterior, esto es, que en esta determinación, el problema jurídico a resolver no consistió en atribuirle el haber causado un daño patrimonial al Poder Judicial del Estado." "En efecto, en la audiencia de ley verificada el veinte de enero de dos mil veinte, en la etapa de ofrecimiento de pruebas, el abogado autorizado de la servidora judicial denunciada manifestó que desde el inicio de la audiencia y hasta esa etapa no se encontraba en el recinto los testigos de asistencia que se mencionaron y que se violaba así la formalidad que marca la normatividad aplicable a este procedimiento. Al respecto, el Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, a efecto de regularizar el procedimiento certificó que se encontraba presente como testigo de asistencia Christian Jocelyn Ramos García, y no así María Esther Arellano Celestino, por lo que, se requirió su presencia en la sala y se ordenó la reposición del procedimiento hasta la etapa de contestación de la demanda. Por tanto, lo manifestado en este argumento defensivo, quedó convalidado en los términos antes expresados desde esa audiencia. "Es pertinente referir que los alegatos que manifestó el abogado autorizado de la investigadora, son manifestaciones casi idénticas de las vertidas en el escrito que presentó el diecisiete de enero de dos mil veinte, por lo que, se engarzan las consideraciones que sirvieron de base para declararlos infundados." "Argumento que es infundado, debido a que, la autoridad instructora del procedimiento administrativo de responsabilidad, desde el inicio de éste, se ciñó a las formalidades esenciales del procedimiento, previstas en los artículos 181, 183, 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Primeramente, el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, prevé las sanciones administrativas que se aplicarán a los servidores judiciales, mientras que los artículos 183, 184 y 185 de la propia legislación, estatuye el procedimiento administrativo que se seguirá para la aplicación de dichas sanciones." [.] "Argumento que es infundado, ya que contrario a lo que refiere, en el auto de admisión se dijo que se actualizaban las hipótesis del Reglamento del Instituto de Estudios Judiciales siguientes, transcribiéndose el artículo 77, fracciones I, II y III, del referido reglamento, por lo que, si se especificaron." "Argumento que es infundado, en razón de que, como bien se le hizo de su conocimiento al momento en que se le emplazó, se le dijo que se le notificaba personalmente el contenido del auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, pronunciado en el expediente P88/2019, relativo al procedimiento administrativo de responsabilidad, en ese sentido, era sabedora de que se encontraba denunciada en un procedimiento de esa naturaleza, derivado de su calidad de servidora pública, por lo cual, las leyes o reglamentos que estarían al escrutinio de este órgano colegiado, serían las relacionadas con la prestación del servicio público que tiene como investigadora en este Poder Judicial del Estado. Y el referir que no sabe en qué parte de la ley se encuentran sus deberes conforme al nombramiento que ostenta, es tanto como desconocer el cargo de investigadora por el cual fue contratada y que ha desempeñado por más de diecisiete años y por el cual obtiene una remuneración." "Argumento que es infundado, debido a que, en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad, si contiene el acto u omisión materia de la denuncia, pues se hace alusión al oficio IEJ-343/2019, signado por la Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, mediante el cual, hace del conocimiento diversos hechos que ameritan la instauración del procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la Investigadora María de Guadalupe Mora Ortiz, oficio que contiene un capítulo de antecedentes, en el que se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la investigación académica que se le solicitó a la investigadora y que fueron materia de este procedimiento, además ese oficio contiene un capítulo de faltas administrativas que a consideración de la quejosa, incurrió la investigadora y un capítulo de los preceptos legales aplicables. Aunado a ello, en el referido auto de admisión, se observan las infracciones que se le imputan a la investigadora y, en la clasificación legal, técnica y apropiada de la infracción que se le imputó, se dijo que con base en las manifestaciones vertidas por la promovente, la servidora judicial denunciada presuntamente incumplió las obligaciones previstas en los artículos 7, fracción V y 49, fracción III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en relación con los diversos 6, fracción V y 48, fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, consistentes en actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes a las disposiciones relacionadas con el servicio público. También se dijo que se actualizaban las causas de responsabilidad de los investigadores, normadas por el artículo 77, fracciones I y ll, consistentes en incumplir las obligaciones establecidas en ese reglamento y la deficiencia en el desempeño de las labores de investigación y se encuadraron exactamente en la hipótesis normativas previamente establecidas como faltas administrativas, artículos 178, fracción IX y 179, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado." "Argumento que también es infundado, pues en todo momento se dio cumplimiento al principio de tipicidad, debido a que se le hizo de su conocimiento, de forma completa y clara a la propia encausada el contenido del auto de admisión de tres de diciembre de dos mil diecinueve, pronunciado en este expediente y personalmente se le emplazó y corrió traslado con las copias de las constancias de todas las actuaciones que integraban el expediente, entre las cuales se encontraban los oficios IEJ-343/2019, IEJ-099-2019, INV-05/2019, IEJ 151-2019, IEJ-158-2019 y IEJ-243-2019, ese sentido, fue sabedora de las conductas e infracciones que se le imputaban, la autoridad ante la cual tenía que comparecer, la fecha y hora de la audiencia de ley, así como el derecho de ofrecer pruebas y alegar, máxime que la propia servidora compareció a este procedimiento por escritos recibidos el diecisiete de enero y catorce de febrero de dos mil veinte, lo anterior, evidencia que contrario a lo que arguye, si se le puntualizó la materia, la naturaleza y las responsabilidades que se le imputaban, por lo tanto, este procedimiento administrativo de responsabilidad se ajustó al marco normativo para los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí." "Argumento que es infundado, y esto radica en que efectivamente, en este procedimiento se encuentra probado en autos que la investigadora presentó por oficio INV-05/2019 su proyecto de investigación, pero, como también a quedado probado en este procedimiento, esa investigación no siguió las reglas preestablecidas del protocolo de investigación jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que así se le solicitó por oficio IEJ-099-2019, por lo que, no es viable que la servidora pública aduzca que con la presentación de lo que ella considera su investigación, dio cumplimiento a la instrucción de su superior jerárquico." "Argumento que es infundado, porque las funciones inherentes al cargo de investigadora las debe de conocer, pues ha ejercido ese cargo por más de diecisiete años en el Poder Judicial del Estado y con esa trayectoria, debe de conocer ampliamente las funciones que día a día desempeña y que sus deberes y obligaciones como servidora pública tienen consecuencias jurídicas derivado de su incumplimiento. Además, ha quedado claro que en esta determinación, no se le imputó el no cumplir los requisitos de forma y fondo que debe tener todo trabajo académico, circunstancia que se evidencia con lo dispuesto en el considerando sexto." "Manifestaciones que son infundadas, en el sentido de que, en el considerando sexto de esta determinación, se estableció el problema jurídico a resolver y este no consistió en atribuirle ningún plagio a la investigadora, por lo tanto, sus manifestaciones son carentes de sustento legal." "Argumentos que son infundados, en razón de ser genéricos pues no dice porque razón considera que es anacrónico e incongruente el que se le hubiera instruido a la servidora judicial presentar la investigación y el anagrama a más tardar el ocho de abril de dos mil diecinueve." "Argumento que es infundado, debido a que, como en reiteradas ocasiones se ha argumentado, el problema jurídico a resolver quedó fijado en el considerando sexto de esta determinación y en él no se advierte que se le haya atribuido ningún daño patrimonial causado al Poder Judicial del Estado." "Manifestaciones que son infundadas. Primeramente, se debe decir que no existe precepto legal que imponga al Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina a presentar su nombramiento en la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y, en segundo lugar, pese a no existir disposición legal que así lo requiera, en la especie, en la audiencia desahogada el veinte de enero de dos mil veinte, se le puso a la vista la credencial expedida por el Poder Judicial del Estado, a nombre del licenciado José Antonio Vázquez Espino, Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, con número de empleado 605115, en ese sentido y contrario a lo que arguye en su defensa la servidora judicial, no se violaron las formalidades esenciales del procedimiento, pues como se explicó, no existe norma alguna que así lo prevea. "Manifestación que es Infundada, toda vez que, en la audiencia de ley verificada el veinte de enero de dos mil veinte, en la etapa de ofrecimiento de pruebas, el abogado autorizado de la servidora judicial denunciada manifestó que desde el inicio de la audiencia y hasta esa etapa no se encontraba en el recinto los testigos de asistencia que se mencionaron y que se violaba así la formalidad que marca la normatividad aplicable a éste procedimiento. Al respecto, el Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, a efecto de regularizar el procedimiento certificó que se encontraba presente como testigo de asistencia Christian Jocelyn Ramos García, y no así María Esther Arellano Celestino, por lo que, se requirió su presencia en la sala y se ordenó la reposición del procedimiento hasta la etapa de contestación de la demanda. Por tanto, lo manifestado en este argumento defensivo, quedó convalidado en los términos antes expresados desde esa audiencia. "Argumento que de igual forma es infundado, debido a que, como se observa a fojas 105 del procedimiento, en la audiencia de ley y una vez que se regularizó el procedimiento, y se ordenó su reposición hasta la etapa de contestación de la demanda, se dio cuenta de la presencia de las testigos de asistencia, y se advierte que Christian Jocelyn Ramos García, se identificó con credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector RM0RCH93021024M400." "Argumento que es infundado, en razón de que, con independencia de que la promovente se haya desistido de la prueba de inspección judicial, en el considerando séptimo, a diversas probanzas, entre ellas, la documental sexta, consistente en el oficio IEJ-158-2019, se le confirió pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 280, fracción II, 323, fracción II, y 388 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, ya que fue expedida por funcionario que desempeña cargo público en lo que se refiera al ejercicio de sus funciones y no fue redargüida de falsedad y esta prueba no fue la única en la que esta autoridad resolutora apoyó su decisión, sino también en las documentales tercera, cuarta, quinta, a las cuales, de igual manera, se les otorgó valor probatorio pleno en el considerando séptimo." "Al efecto, se comparten las mismas consideraciones expuestas párrafos arriba, en el sentido de que, con independencia de que la promovente se haya desistido de la prueba de inspección judicial, en el considerando séptimo; a diversas probanzas, entre ellas, la documental sexta, consistente en el oficio IEJ-158-2019, se le confirió pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 280, fracción II, 323, fracción II, y 388 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, ya que fue expedida por funcionario que desempeña cargo público en lo que se refiera al ejercicio de sus funciones y no fue redargüida de falsedad y esta prueba no fue la única en la que esta autoridad resolutora apoyó su decisión, sino también en las documentales tercera, cuarta, quinta, a las cuales, de igual manera, se les otorgó valor probatorio pleno en el considerando séptimo." En ese sentido, este órgano colegiado siguió puntualmente el marco legal que rige el procedimiento administrativo de responsabilidad para los servidores públicos de este Poder, garantizando siempre el respeto a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, en razón de lo anterior, es que resultan infundadas en su totalidad las manifestaciones defensivas que expresó la licenciada María de Guadalupe Mora Ortiz. Por su parte, la Secretaria Ejecutiva de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Directora General de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; y Directora de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, informaron que acatarían lo dispuesto por la autoridad ordenadora Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. La comparación entre el efecto del amparo otorgado a la parte quejosa y lo realizado por las autoridades responsables Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura; Director de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; Secretaria Ejecutiva del Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; y Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, pone de relieve que aquélla fue restituida en el goce del derecho fundamental violado como lo exige el artículo 77, fracción I, en relación con el 196, párrafo tercero, y cuarto, de la Ley de Amparo. Por tanto, se considera que la sentencia de amparo está cumplida en su totalidad, y que no existe defecto o exceso en el cumplimiento. Ahora bien, no se soslaya para la anterior determinación, las manifestaciones que plasma la quejosa María de Guadalupe Mora Ortiz, a través de su escrito recibido en este Juzgado el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el sentido de no se encuentra plenamente cumplida la sentencia de amparo, al considerar que la autoridad responsable resolutora no realizó un análisis exhaustivo de los argumentos defensivos que hizo valer en procedimiento de origen, sino únicamente se limita a declararlos infundados. Sin embargo, en oposición a lo argumentado por la quejosa en el escrito de mérito, como ya se dejó plasmado en el presente acuerdo, la autoridad responsable Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, ciñéndose a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar, emitió una nueva determinación, en la que, con libertad de jurisdicción, se pronunció respecto de la totalidad de los argumentos vertidos por la quejosa en su defensa. De lo anterior, se desprende que la autoridad responsable atendió los lineamientos de la sentencia de amparo, ello no obstante que dichos argumentos los declaró infundados, pues cabe señalar que la protección constitucional otorgada no obligaba a la autoridad responsable a emitir la nueva resolución en determinado sentido, sino únicamente para que se pronunciara congruente y exhaustivamente, respecto de las manifestaciones expuestas por la quejosa; determinación que en todo caso constituye un nuevo acto ya que se plasmaron consideraciones a las que arribo la autoridad para la toma de la decisión que no son materia del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De ahí que, el fallo protector dictado en autos está cumplido en su totalidad y no existe defecto o exceso en su cumplimiento. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente

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