María Cruz Gil Martín del Campo

Expediente 966/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
966/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • María Cruz Gil Martín del Campo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, causó estado el auto por el que se desechó la demanda de amparo. Ahora bien, toda vez que resulta innecesaria la permanencia de las constancias que adjuntó la Magistrado de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a su informe justificado rendido en el juicio de amparo directo civil 636******, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito y que obran por separado en un cuaderno de pruebas; devuélvanse dichas documentales a la mencionada autoridad para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del dieciocho al veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno (término computado a partir de la notificación del acuerdo de doce de marzo de dos mil veintiuno, en el que se levantó la suspensión de plazos y términos decretada en atención a la Circular CAP/3/2020 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal que decretó el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, a IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; así como en atención a las Circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021 suscritas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se suspendieron los plazos y términos en el presente expediente del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno), en que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda con que se formó el presente expediente, no se presentó promoción alguna en que se haya hecho uso del recurso de queja a que se alude en el artículo 97 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 fracción I, inciso a) en relación con el 98 y 99 de la ley de materia y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes De conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se desechó la demanda de amparo, carece de valor jurídico e histórico y relevancia documental que amerite su conservación; además, no existen documentos originales. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Una vez transcurrido el plazo de tres años remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la Circular SECNO/8/2021 suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, cabe destacar que la fracción I, punto 2 de dicha Circular establece que una vez transcurrido el plazo del uno al nueve de febrero de dos mil veintiuno, se reanudarán los plazos y términos procesales conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, en posterior decisión la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó ampliar el plazo de que se trata, del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno, según lo corrobora la Circular SECNO/9/2021, en lo que corresponde a la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Morelos, Guerrero, Querétaro, Nayarit, Hidalgo y Colima; y, finalmente, la circular SECNO/10/2021, estableció como fecha de inicio para reanudar los plazos, a partir del dieciocho de febrero del propio mes y año, para las entidades federativas enlistadas, exceptuando a los Estados de Guanajuato y Guerrero. En consecuencia, continúese con la tramitación del presente juicio de amparo en la etapa en que se encuentra, esto es, se levanta la suspensión de plazos y términos, la cual operará a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación por lista por lo que las partes estarán en aptitud de promover lo que en derecho corresponda, de preferencia y de estar a su alcance mediante el esquema de juicio en línea, en el entendido de que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Ahora bien, considerando que el artículo 2 del citado Acuerdo General levantó la suspensión con precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal, aunado a que se trata de una suspensión de términos y plazos subsecuente, esto es, que no es la primera suspensión durante la contingencia sanitaria y que constituye un hecho notorio que a la fecha las labores jurisdiccionales han dejado de encontrarse suspendidas, así como la obligación de las partes de revisar en forma periódica la lista a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena hacer de su conocimiento la reanudación que fue decretada, en términos del numeral 21 del propio Acuerdo General. Consecuentemente, y con apoyo además en los artículos 2, fracción II, 5 fracciones I y II, y 6, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes la reanudación del presente expediente, mediante la publicación en lista a que hace referencia el numeral transcrito. Sin que escape a la vista la tesis aislada de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, tal criterio establece que debe notificarse personalmente la resolución que ordena reanudar un procedimiento que se encuentra suspendido y no cuando todos los procedimientos dentro del órgano jurisdiccional se encontraban suspendidos con motivo de una contingencia sanitaria y se levanta la suspensión de plazos y términos al mismo tiempo de manera notoria. Máxime que, como se explicó, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal levantó la suspensión con precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. Además, dada la amplia difusión en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal de las Circulares y Acuerdos relacionados con los esquemas de contingencia, constituye un hecho notorio para los justiciables la fecha a partir de la cual las labores jurisdiccionales en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en particular del Noveno Circuito, han dejado de encontrarse suspendidas, lo que impacta en la obligación de revisar en forma periódica la lista a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Amparo, que se publica físicamente y en internet. Notifíquese.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa, la determinación de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, que en síntesis dice: Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Recepción oficio Téngase por recibido el oficio número 5929/2020 de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, a través del cual remite la demanda de amparo y cuatro copias de la misma, que dio origen al amparo directo en materia civil 636/2020, promovida por *****, contra actos de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; informe justificado que rinde el Magistrado Presidente de dicha Sala; constancia de emplazamiento del tercero interesado ****; y, los autos del toca 502-2020; lo anterior, en atención a que el mencionado Tribunal por acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte, declaró carecer de competencia legal para conocer de la referida demanda, ordenando su remisión al Juzgado de Distrito en turno, el que correspondió a este Juzgado Primero; acúsese recibo y con fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Puntos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado se avoca al conocimiento de la demanda que dio origen al juicio de amparo en materia civil 636/2020. Demanda En consecuencia, vista la demanda de amparo, promovida por ****, contra actos de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 966/2020-3. Acto reclamado La lectura integral de la demanda con la que se ha dado cuenta, revela que el quejoso como acto reclamado señala: La resolución de tres de noviembre de dos mil veinte, pronunciada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los autos del toca 502-2020, que confirma la diversa de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Tercero del Ramo Civil en esta ciudad, en el expediente 1560/2018, relativo al juicio ordinario civil promovido por ***** en contra de *****, que declara procedente la excepción de conexidad de la causa opuesta por el demandado. Antecedentes del caso 1. Ante el Juzgado Tercero Civil en esta ciudad, se tramita el expediente 1560/2018, relativo al juicio ordinario civil promovido por **** en contra de ****. 3. Dentro de ese procedimiento, el demandado opuso la excepción de conexidad de la causa que fue admitida a trámite con fecha cinco de junio de dos mil diecinueve, con suspensión del procedimiento. 4. El veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, mediante resolución declaró procedente la excepción de conexidad de la causa opuesta por el demandado. 5. Inconforme con dicha determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación del que conoció la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, bajo el toca número 502-2020. 6. Mediante resolución de tres de noviembre de dos mil veinte, la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, confirmó la diversa de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Determinación que constituye ahora el acto reclamado. Establecido lo anterior, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de cuenta, al advertir esta Juzgadora un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal y como se indica a continuación. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 171 de la Ley de Amparo aplicable, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita se establece de acuerdo a la posibilidad de promover el amparo indirecto por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es decir los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera; no así en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, el acto aquí reclamado, no puede ser considerado como actos de imposible reparación ya que éste se traduce como un acto que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Razón por la cual de conformidad con el artículo 171 de la Ley de Amparo, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, para hacer valer las violaciones que se puedan dar dentro del procedimiento respectivo, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Como se expuso, la parte quejosa como acto reclamado señala la resolución de tres de noviembre de dos mil veinte, pronunciada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los autos del toca 502-2020, que confirma la diversa de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Tercero del Ramo Civil en esta ciudad, en el expediente 1560/2018, relativo al juicio ordinario civil promovido por María Cruz Gil Martín del Campo en contra de Rodrigo Alonso Salinas, que declara procedente la excepción de conexidad de la causa opuesta por el demandado. De lo que resulta claro que la resolución de tres de noviembre de dos mil veinte, pronunciada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los autos del toca 502-2020, atendiendo a la connotación que respecto a este tipo de actos establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe ser considerada como acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, en virtud de que no afecta materialmente algún derecho sustantivo, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales; y bien puede ocurrir que la quejosa obtenga sentencia favorable en el expediente 1560/2018, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieren causado con los actos que reclama a través de la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa. En otras palabras, los efectos de la resolución de tres de noviembre de dos mil veinte, pronunciada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los autos del toca 502-2020, se actualizarían hasta el dictado de la sentencia respectiva en el expediente 1560/2018, relativo al juicio ordinario civil promovido por María Cruz Gil Martín del Campo en contra de Rodrigo Alonso Salinas, toda vez que hasta antes de ese momento no se podrá apreciar si con motivo de que la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, confirmó la diversa de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Tercero del Ramo Civil en esta ciudad, en el expediente 1560/2018, relativo al juicio ordinario civil promovido por María Cruz Gil Martín del Campo en contra de Rodrigo Alonso Salinas, que declara procedente la excepción de conexidad de la causa opuesta por el demandado, se vulneraron las defensas de la quejosa y, por tal motivo, se incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado de la sentencia que se pronuncie en el mencionado expediente, lo que hace evidente que ese tipo de actos no tienen una ejecución de imposible reparación conforme lo establece la fracción V del artículo 107 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Al respecto se invoca la jurisprudencia I.8o.C. J/2 (10a.), publicada en la página 2416, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época número de registro 2013976 que dice: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida. También se invoca la jurisprudencia I.1o.A.E. J/4 (10a.), publicada en la página 1903, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, número de registro 2011339 que establece: "ACTOS O VIOLACIONES INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS CARACTERÍSTICAS. Tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para exigir una inmediata impugnación en el amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones adjetivas o procedimentales. Por tanto, más que la modalidad o tipo de acto (intraprocesal o terminal), lo relevante son los efectos y agravio que puedan producir en situaciones y circunstancias concretas; esto es, pueden reclamarse de manera inmediata cuando se esté en presencia de aquellos denominados de imposible reparación o, en su caso, junto con el acto terminal al que han trascendido, y siempre que hayan generado indefensión". Así como la jurisprudencia II.2o.P. J/29, publicada en la página 1721, Tomo XXIX, Abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, registro 167579, que dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es equivocada la pretensión de confundir la identidad y naturaleza de los actos reclamados con los conceptos de violación que se enderezan a tratar de explicar y, en su caso, justificar por qué el acto reclamado se estima inconstitucional, pues independientemente del número o variedad de dichos conceptos, ello no produce una segmentación o multiplicación del acto o actos reclamados cuando la identidad y precisión de ellos aparece debidamente delimitada. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio en el supuesto previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, deben considerarse los efectos que producen de manera objetiva y jurídica, y no las argumentaciones que constituyan los conceptos de violación, pues éstos, en todo caso, constituyen el fondo del amparo que pudiera llegar a resolverse de estimarse procedente la demanda de garantías. Ello es así, porque la consideración de los efectos del acto constituyen el presupuesto de su procedibilidad, previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería la técnica del juicio de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción IV del artículo 114 de la propia ley". Finalmente se invoca tesis I.5o.C.38 K, visible en la página 214, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, con registro 222943, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE ACOGE LA EXCEPCION DE CONEXIDAD. La interlocutoria que declara procedente la excepción de conexidad no puede estimarse como un acto de ejecución irreparable, en términos de la fracción IV, del artículo 114 de la Ley de Amparo; tomando en cuenta que quien la opone pretende la acumulación de dos procesos diferentes entre sí, que se relacionan por la identidad de las partes o porque provenga de una misma causa, para que los juicios conexos se resuelvan en una sentencia y evitar que se dicten sentencias que pudieran ser contradictorias. De lo anterior se advierte con claridad que los derechos que el quejoso estima le fueron violados, no tienen el carácter de fundamentales, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, ya que se reducen a cuestiones netamente procesales, no a cuestiones sustantivas cuya ejecución sea irreparable para los efectos del amparo indirecto, el cual únicamente es procedente cuando verdaderamente se afecten los llamados derechos fundamentales." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia al principio invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que promueve María Cruz Gil Martín del Campo, contra actos de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Uso de aparatos electrónicos Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se faculta a las partes así como a sus autorizados, para imponerse de los acuerdos dictados en el juicio de amparo en que se actúa, a través de su reproducción con el uso de aparatos electrónicos de uso personal; esto es desde luego bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de acuerdos respectivo, salvo que se trate de información confidencial o reservada. Hágase saber a las partes, la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico para consulta del expediente, debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a las labores que esencialmente debe prestar. Lo anterior, previa constancia que se deje en autos. Domicilio y autorizados Por otra parte, con base en el artículo 27, fracción I, de la Ley de amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su ocurso de cuenta, y como autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Ruvalcaba González, Pedro David Gómez Escobedo, Jessica Karina Salazar Salinas, David Emmanuel Amaro Cárdenas y Fabián Horner López, y en términos restringidos a Itzel Viridiana Domínguez Silva, por así solicitarlo el promovente. Notificaciones Asimismo, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles. Transparencia Luego, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Notifíquese personalmente.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 11,606 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano