Maria Cristina Ortiz Casanova
Expediente 1697/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1697/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Maria Cristina Ortiz Casanova
Actuaciones
- Principal
Juicio 1697/2021-VI-2 diecisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, en contra del auto de cinco de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por María Cristina Ortiz Casanova, contra actos de los Jueces de Control que integran la Región Nueve de los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Devolución de documento. Por otra parte, de conformidad por lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo General, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele a la parte quejosa para que comparezca a recoger ante este Juzgado en cualquier hora y día hábil, en un plazo de noventa días naturales, la documental y discos compactos que exhibió en el presente asunto, apercibida que de no hacerlo, una vez que concluya el término concedido, dicha documental podrá ser destruida junto con este sumario. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Juicio 1697/2021-VI-2 folio 82. cinco de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta: Téngase por recibido el escrito firmado por la quejosa María Cristina Ortiz Casanova, con el que desahoga la prevención efectuada en proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. En ese sentido, de la lectura integral de su escrito aclaratorio fechado el cuatro de enero de la presente anualidad, tenemos que los actos que reclama en esta instancia son los siguientes a) LAS OMISIONES Y ABSTENCIONES A INVESTIGAR DE LA FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA UNIDAD MASIVA DE LA FISCALÍA DE VICTIMAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN VILLAHERMOSA, TABASCO, LICENCIADA MARIACRUZ ROBLES BALCAZAR, EN CUANTO A ENCONTRAR PRUEBAS SUFIECIENTES Y BASTANTES CON LOS CUALES ACREDITE CATEGORICAMENTE EL DELITO QUE SE LE ATRIBUYE EN LA CAUSA PENAL 643/2019 A LA IMPUTADA Y VINCUALDA A PROCESO MARÍA YOLANDA VIDAL CASANOVA. DE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta, completa e imparcial que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento la demanda de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta, completa e imparcial, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Antes de proveer lo conducente es menester señalar de manera específica los actos que en la especie se reclaman, y una vez realizado un cabal estudio del libelo actio de amparo, se advierte que la parte quejosa se duele de lo siguiente a). LAS OMISIONES Y ABSTENCIONES A INVESTIGAR DE LA FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA UNIDAD MASIVA DE LA FISCALÍA DE VICTIMAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN VILLAHERMOSA, TABASCO, LICENCIADA MARIACRUZ ROBLES BALCAZAR, EN CUANTO A ENCONTRAR PRUEBAS SUFIECIENTES Y BASTANTES CON LOS CUALES ACREDITE CATEGORICAMENTE EL DELITO QUE SE LE ATRIBUYE EN LA CAUSA PENAL 643/2019 A LA IMPUTADA Y VINCUALDA A PROCESO MARÍA YOLANDA VIDAL CASANOVA. En ese contexto, en el particular, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, el cual en la parte conducente, establece*** Del dispositivo apuntado en párrafos que anteceden, se advierte que el principio de definitividad, conforme al cual existe la obligación legal y deber jurídico de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo. La falta de cumplimiento de esa obligación acarrea la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior obedece a que el juicio de amparo es, de suyo, un medio de defensa extraordinario, de tal manera que los recursos ordinarios se constituyen en una especie de filtro, cuyo objetivo es impedir el abuso del juicio de derechos humanos, ya que a través de la sustanciación de los recursos o medios de impugnación ordinarios pueden darse por terminados conflictos o litigios que, dada su naturaleza, no tienen razón de ser del conocimiento de los tribunales federales de amparo. Entonces, para que se actualice la causal de improcedencia señalada, es necesario que concurran los requisitos siguientes a) Que se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales administrativos o de trabajo; b) Que proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar; y, Casos de excepción al principio: c) Que no tendrán que agotarse esos recursos, juicios o medios de defensa legales, antes de promover el amparo, si en virtud de la interposición de ellos no se obtiene la suspensión de los efectos de los actos de las citadas autoridades; d) Tampoco tendrán que agotarse esos recursos, juicios o medios de defensa legales, antes de promover el amparo, si se obtiene la suspensión de los efectos de los actos de autoridad administrativa o fiscal, pero, con mayores requisitos que los que la Ley de Amparo señala para conceder la suspensión definitiva; y, Menos aún deben agotarse recursos, juicios o medios de defensa legales, de naturaleza ordinaria, en los casos en que el acto carezca de fundamentación, lo que se justifica, pues es inútil impugnar previamente lo carente de respaldo jurídico, que de suyo es inconstitucional en sí mismo, por violar el artículo 16 de la Carta Magna, dada la omisión de fundamentación. Una vez precisado lo anterior, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia antes invocada; esto, en razón de que el primero de los requisitos -que el acto reclamado derive de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales administrativos o de trabajo-, se surte en la especie, en virtud que el acto de reclamo consiste en las omisiones y abstenciones de la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad Masiva de la Fiscalía de Víctimas en Situación de Vulnerabilidad en Villahermosa, Tabasco, licenciada Mariacruz Robles Balcazar, en cuanto a encontrar pruebas suficientes y bastantes con los cuales se acredite categóricamente el delito que se le atribuye en la causa penal 643/2019 a la imputada y vinculada a proceso María Yolanda Vidal Casanova. Asimismo, se actualiza el segundo de los requisitos enunciados -proceda algún medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama- en atención a que en contra del acto de reclamo consistente en las omisiones y abstenciones de la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad Masiva de la Fiscalía de Víctimas en Situación de Vulnerabilidad en Villahermosa, Tabasco, licenciada Mariacruz Robles Balcazar, en cuanto a encontrar pruebas suficientes y bastantes con los cuales se acredite categóricamente el delito que se le atribuye en la causa penal 643/2019 a la imputada y vinculada a proceso María Yolanda Vidal Casanova, procede el medio de impugnación previsto en los artículos 109, fracción XXI, en relación con el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante el juez de control***. Del contenido de los preceptos invocados se desprende que en el nuevo sistema de justicia penal, el legislador contempló que el Juez de Control fuera un garante de los derechos humanos de las partes; y, por ende, ante las omisiones o negligencia en el desempeño de las funciones de investigación encomendadas al ministerio público, procede el medio de impugnación previsto en los artículos 109, fracción XXI, en relación con el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante el juez de control. De ahí que, la parte quejosa debió agotar el medio de defensa ordinario antes de acudir a ésta instancia constitucional***. De lo antes expuesto, se puede concluir que ante la omisión de integrar la carpeta de investigación CIFVSV- 75/2018, que reclama la impetrante de amparo, primero debió acudir ante el Juez de control competente, e interponer el medio de defensa que la ley de la materia contempla, por virtud del cual se pueda revocar o modificar el acto reclamado -previo a acudir al presente juicio-; y, por tanto, al no hacerlo así, no se cumplió con el principio de definitividad; por lo que es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; y, por ende, debe desecharse la demanda de amparo***. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
Villahermosa, Tabasco; veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por ********** contra actos de los Jueces de Control que integran la Región Nueve de los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Expediente electrónico. Fórmese tanto el expediente impreso como el electrónico y regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa, bajo el expediente 1697/2021-VI-2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, que establece la obligación para todos los órganos jurisdiccionales, incluidos los que no están de guardia, el levantamiento de la suspensión de plazos y términos procesales, para la recepción, trámite, estudio y resolución de los asuntos con expedientes electrónicos integrados, en los que las autorizadas para actuar a través del Portal de Servicio en Línea, se procede a dictar el acuerdo respectivo. PREVENCIÓN. Ahora, previo a acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión o desechamiento de la demanda, este órgano de control constitucional debe seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca el artículo 114 de la citada ley, que en lo referente establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." El normativo anterior impone a quien resuelve, la obligación, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiar el escrito inicial y sus anexos para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita y que no existieren irregularidades en el mismo. LINEAMIENTOS DE LA PREVENCIÓN. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que faculta a este órgano de control constitucional requerir al promovente para que aclare el escrito de demanda, si observa alguna deficiencia, irregularidad u omisión que deba ser corregida. En ese contexto, debe destacarse que el libelo constitucional cuenta con una irregularidad que debe ser subsanada, y consiste en: ? Deberá precisar si el acto reclamado consiste en las omisiones y abstenciones a investigar de la fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad Masiva de la Fiscalía de Víctimas en situación de vulnerabilidad; o bien, a actos atribuidos al Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, esto debido a que en los antecedentes de su demanda manifiesta -en la parte que nos interesa- lo siguiente: "irregularidades y errores de algunos de los jueces de control que administran las salas de justicia oral en la región Nueve de Centro, Tabasco, las irregularidades, faltas y omisión a investigar de la Fiscalía General del estado de Tabasco" (SIC) y posteriormente en el mismo capítulo de antecedentes manifiesta -en la parte que nos interesa- lo siguiente: "el A quo de control concedió a mi ex asesor jurídico particular a pesar de ser relevado, el saneamiento y reposición del plazo de investigación complementaria, decretando el Juez de Control antes mencionado que me otorgaban un asesor de oficio de la Fiscalía General del Estado". De ahí, que sea necesaria que sea aclarada esta circunstancia para que este juzgador cuente con los elementos necesarios para proveer lo conducente. Requerimiento que deberá ser desahogado bajo protesta de decir verdad dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que le surta sus efectos la legal notificación de este proveído. Brinda sustento jurídico la jurisprudencia doscientos once, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, página 144, Tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA. No debe el juez desecharla de plano, sino mandar que sea aclarada en los términos de la ley." En el entendido, que del escrito mediante el cual se cumpla con la prevención impuesta en este acuerdo, deberá contener copias para cada una de las partes que tienen injerencia en el presente sumario en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo; ello, para estar en condiciones de correr el traslado de ley, habida cuenta que en el caso concreto, el escrito aclaratorio no puede quedar desvinculado al de demanda, ya que viene a formar parte de la misma. La anterior consideración se sustenta en la jurisprudencia P./J. 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Asimismo, se le hace saber a la parte quejosa, que dado que se requiere que realice manifestaciones bajo protesta de decir verdad, deberá ser desahogada de manera personalísima por quien promovió la demanda (María Cristina Ortiz Casanova) y que la información que se desprenda de las manifestaciones que vierta en su escrito aclaratorio serán confrontadas con la que se advierta de las constancias que en su momento obren en autos, por lo que de realizar argumentos que se traduzcan en hechos falsos, este Juzgado de Distrito procederá a dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo XXIV, Materia Común, de Julio de 2006, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Así como la tesis II.2o.P..51 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a página 781, tomo VII, marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DELITO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 211, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. El delito que prevé el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo es un delito que para que se configure debe ser intencional, pues si bien es cierto que tal figura no exige un resultado, también lo es que la omisión o afirmación de un hecho falso es con la firme intención dolosa de obtener una sentencia favorable a sus intereses, es decir, dicho delito requiere que la omisión o alteración de los hechos sea con la finalidad y dañada intención de obtener la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado y, por ende, la protección constitucional, además de que la falta de su señalamiento o alteración sea indispensable para que trascienda al resultado del fallo, lo que constituye el elemento subjetivo del tipo penal; por lo que al no quedar acreditada la firme intención dolosa de obtener una sentencia favorable a sus intereses, y que dicha omisión no constituye antecedente del acto reclamado, sin el cual no se hubiera podido resolver el juicio constitucional, no se actualizan los elementos del tipo penal que para ello prevé precisamente el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo." APERCIBIMIENTO EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, de conformidad con el párrafo penúltimo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO DEL QUEJOSO Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos1 a la persona que menciona en su escrito de amparo, toda vez que así lo solicitó expresamente. SE EXHORTA AL TRÁMITE ELECTRÓNICO.
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