María Cristina Ignacio Chable
Expediente 2167/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2167/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- María Cristina Ignacio Chable
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de once de octubre del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho; por tanto, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado
- Principal
Villahermosa, Tabasco, once de octubre de dos mil veintitrés. En atención a lo informado en la cuenta que antecede, téngase recibida la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco y otras autoridades. ASPECTOS GENERALES. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 2167/2023 V 2. Genérese el expediente electrónico, así como el impreso únicamente para agregar los documentos que se exhiban de manera física. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; ello, pues en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Ahora bien, respecto de los actos reclamados se advierte que opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" Del precepto transcrito se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Contra ese acto debe proceder algún recurso o medio de defensa legal ordinario; c) Por medio de ese medio de impugnación, el acto reclamado debe ser susceptible de modificación, revocación o nulificación. Precisado lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción transcrita, lo cual se encuentra motivado por el hecho de que la parte quejosa, previo acudir a la instancia constitucional, debió agotar los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, las omisiones reclamadas, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. Casos de excepción al principio d) Que la parte quejosa sea una persona extraña al juicio de origen. e) Que no se trate de actos que importen peligro a la privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. f) Que no se trate de un acto reclamado consistente en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación, resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca requisitos para su disfrute. En el caso, la parte quejosa reclama una inactividad procesal en la carpeta de investigación CI FVSV 551/2023, del índice de la Fiscalía del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas de la Fiscalía de Victimas en Situación de Vulnerabilidad; pues, en lo que aquí interesa refirió que no se le ha dado seguimiento a las diligencias ordenadas mediante oficios *********** aclaración respecto del monto del dictamen pericial que efectuó el perito ***********. Ahora, como ya se dijo, se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que, respecto de los actos reclamados, la parte quejosa, debió agotar el medio de defensa tendiente a confirmar, modificar o revocar los actos lesivos. Se estima así, porque contra los actos combatidos en esta instancia constitucional, procede el medio de impugnación previsto en los artículos 109, fracción XXI, en relación con el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante el juez de control**********Así, la parte quejosa previo a la promoción del juicio de amparo, debió agotar el recurso previsto en los artículos 109, fracción XXI, en relación con el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que ese recurso procede, entre otras cosas, contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. En ese contexto, resulta evidente que la promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XVIII, del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 del ordenamiento en consulta, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ************, contra actos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco y otras autoridades. DOMICILIO DEL QUEJOSO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, que indica en su escrito de cuenta. Por otro lado, téngase por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, por tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que los acredita como abogados. Por otro lado, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos************ Tosca en razón a que por el momento no hay constancia que los acredite como licenciados en derecho o abogados y no tener registradas su cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado. SE EXHORTA AL TRÁMITE ELECTRÓNICO**********
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