María Cristina Munive Guerrero
Expediente 941/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 941/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/07/2022
Partes del expediente
- María Cristina Munive Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de julio de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de veintiuno de junio de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexos de cuenta, de la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través del cual rinde informe justificado correspondiente por conducto de su Presidente por Ministerio de Ley. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado correspondiente, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia. Ahora, de las copias certificadas que remite la autoridad responsable en cita -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que el seis de mayo de dos mil veintidós los integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, dictaron el acuerdo correspondiente a fijar las trece horas quince minutos del trece de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia en la que se escuchará a los presuntos beneficiarios del extinto ********************, se recibirán pruebas y en su caso, se dictará resolución, seguida de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, en el juicio laboral ********************. Por tanto, el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de emitir el acuerdo en el que se señalen hora y día para el verificativo de la audiencia correspondiente en el juicio laboral ********************, promovido por María Cristina Munive Guerrero; deviene inexistente como enseguida se expondrá. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia, conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo, un acto es inexistente entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. Se afirma lo anterior pues el seis de mayo de dos mil veintidós, la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla fijó las trece horas quince minutos del trece de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia en la que se escuchará a los presuntos beneficiarios del extinto ********************, se recibirán pruebas y en su caso, se dictará resolución, seguida de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, en el juicio laboral ********************. Entonces, si en el juicio laboral ********************, el seis de mayo de dos mil veintidós, la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla fijó las trece horas quince minutos del trece de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia en la que se escuchará a los presuntos beneficiarios del extinto ********************, se recibirán pruebas y en su caso, se dictará resolución, seguida de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, resulta que a la fecha de presentación de la demanda, que lo fue el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, la omisión reclamada, consistente en la omisión de emitir el acuerdo en el que se señalen hora y día para el verificativo de la audiencia correspondiente en el juicio laboral ********************, se torna inexistente. Pues está acreditado que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable ya había señalado fecha para la celebración de la audiencia el juicio laboral ********************, por ende, la omisión reclamada en este amparo deviene inexistente. En las relatadas consideraciones, al ser inexistente el acto reclamado de la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, en los términos apuntados, se SOBRESEE en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número 79, julio de 1994, de rubro siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." La determinación que aquí se adopta se justifica porque, la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado y tomando en cuenta que en autos se acreditó que el trece de septiembre de dos mil veintiuno la Directora de Notarías de la Consejería Jurídica del Estado de Puebla, se pronunció respecto del escrito de la parte quejosa presentado el tres de septiembre de dos mil veintiuno, es inconcuso que deviene inexistente la omisión reclamada. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL DÍA DE HOY. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexos de cuenta, de la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través del cual rinde informe justificado correspondiente por conducto de su Presidente por Ministerio de Ley. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado correspondiente, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia. Ahora, de las copias certificadas que remite la autoridad responsable en cita -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que el seis de mayo de dos mil veintidós los integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, dictaron el acuerdo correspondiente a fijar las trece horas quince minutos del trece de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia en la que se escuchará a los presuntos beneficiarios del extinto ********************, se recibirán pruebas y en su caso, se dictará resolución, seguida de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, en el juicio laboral ********************. Por tanto, el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de emitir el acuerdo en el que se señalen hora y día para el verificativo de la audiencia correspondiente en el juicio laboral ********************, promovido por María Cristina Munive Guerrero; deviene inexistente como enseguida se expondrá. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia, conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo, un acto es inexistente entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. Se afirma lo anterior pues el seis de mayo de dos mil veintidós, la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla fijó las trece horas quince minutos del trece de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia en la que se escuchará a los presuntos beneficiarios del extinto ********************, se recibirán pruebas y en su caso, se dictará resolución, seguida de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, en el juicio laboral ********************. Entonces, si en el juicio laboral ********************, el seis de mayo de dos mil veintidós, la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla fijó las trece horas quince minutos del trece de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia en la que se escuchará a los presuntos beneficiarios del extinto ********************, se recibirán pruebas y en su caso, se dictará resolución, seguida de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, resulta que a la fecha de presentación de la demanda, que lo fue el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, la omisión reclamada, consistente en la omisión de emitir el acuerdo en el que se señalen hora y día para el verificativo de la audiencia correspondiente en el juicio laboral ********************, se torna inexistente. Pues está acreditado que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable ya había señalado fecha para la celebración de la audiencia el juicio laboral ********************, por ende, la omisión reclamada en este amparo deviene inexistente. En las relatadas consideraciones, al ser inexistente el acto reclamado de la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, en los términos apuntados, se SOBRESEE en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número 79, julio de 1994, de rubro siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." La determinación que aquí se adopta se justifica porque, la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado y tomando en cuenta que en autos se acreditó que el trece de septiembre de dos mil veintiuno la Directora de Notarías de la Consejería Jurídica del Estado de Puebla, se pronunció respecto del escrito de la parte quejosa presentado el tres de septiembre de dos mil veintiuno, es inconcuso que deviene inexistente la omisión reclamada. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL DÍA DE HOY. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, no ha dado cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós. En tales condiciones, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la constancia de notificación practicada a la parte actora respecto del proveído de trece de mayo de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 646/2021, de su estadística. Apercíbase a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a la persona física que actualmente ocupa el cargo de Actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós. En el entendido que en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, los citados titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192 segundo párrafo de la ley de la materia, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." En ese orden de ideas, requiérase al superior jerárquico de la autoridad responsable, es decir, a la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós. Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
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