María Cristina Mónica Molina Islas

Expediente 224/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
224/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
07/04/2021

Partes del expediente

  • María Cristina Mónica Molina Islas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de abril de dos mil veintiuno. Conforme a la certificación que antecede y el estado de los autos, se advierte que a la fecha en que se actúa la parte promovente no se inconformó en contra del auto por el que se desechó la demanda dictado el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Cumplimiento a la prevención Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, intégrese a los presentes autos el escrito de cuenta de la parte quejosa***, por medio del cual da cumplimiento a la prevención realizada por auto de tres de marzo de dos mil veintiuno, en tal virtud, se acuerda: Acto reclamado De la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa María Cristina Mónica Molina Islas reclama de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Puebla "2", con sede en Puebla la resolución 700-48-00-00-00-2020-2777 de cinco de noviembre de dos mil veinte por medio de la cual -en contestación al escrito de la quejosa presentado el veintidós de octubre de dos mil veinte en el que solicitó en términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación la inscripción de Jesús Sergio Anzures Hernández en el registro de representantes legales de las autoridades fiscales- negó atender su petición, pues indicó que no existen publicadas reglas de carácter general en que se norme la recepción de promociones como la que realizó la quejosa. Causal de improcedencia De lo anterior, este juzgado de distrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Del precepto legal en cita, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rigen, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a dichas leyes, se suspendan los efectos de los actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa de que se trate, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Lo anterior, debido a que debe cumplirse con lo requerido por los principios rectores del juicio de amparo, siendo uno de éstos el principio de definitividad, que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b), fracción III, del artículo 107 de la Constitución General de la República, para que en el caso de serle adversos los resultados, hasta entonces acudir a la Justicia Federal a demandar el amparo y protección. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. ... Ahora bien, los artículos 2° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3°, fracción XII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, disponen: Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo "Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley.". Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; [.]" De los preceptos transcritos, establecen que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá del juicio contencioso administrativo en contra de las resoluciones dictadas por autoridades administrativas que pongan fin o resuelvan un procedimiento o instancia en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció criterio en el sentido de que es resolución administrativa definitiva aquella que constituye el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública y que puede ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento; y, b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. ... En el caso, el acto reclamado lo constituye la resolución 700-48-00-00-00-2020-2777 de cinco de noviembre de dos mil veinte por medio de la cual da contestación al escrito de la quejosa presentado el veintidós de octubre de dos mil veinte en el que solicitó en términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación la inscripción de Jesús Sergio Anzures Hernández en el registro de representantes legales de las autoridades fiscales en el sentido de negar atender su petición, pues la responsable afirmó que no existen publicadas reglas de carácter general en que se norme la recepción de promociones o solicitudes como la que formuló la quejosa. En efecto, para este Juzgador, la solicitud hecha por María Cristina Mónica Molina Islas constituye una instancia, en la medida en que instó la actividad administrativa del Estado para obtener algo, por lo que es claro que la respuesta que le recayó a dicha solicitud constituye una resolución definitiva que le pone fin a una instancia. Bajo esa tesitura, si el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es procedente en contra de las resoluciones definitivas o actos administrativos que pongan fin a una instancia, como sucedió en el caso, entonces es claro que previamente a la promoción del juicio de amparo se debió agotar ese medio ordinario de defensa, ya que a través de éste se puede obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución contenida en el oficio reclamado. ... Ello, porque -como se advierte- el acto reclamado, por una parte, deriva de una controversia administrativa suscitada entre la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Puebla "2", con sede en Puebla, y la parte aquí quejosa, y por otra, a través del mismo la autoridad respectiva expreso su última voluntad al contener una determinación cuya característica dictaminó negar la petición de la quejosa en el sentido de inscribir a Jesús Sergio Anzures Hernández en el registro de representantes legales de las autoridades fiscales, pues afirmo que no existen publicadas reglas de carácter general en que se norme la recepción de promociones o solicitudes como la que formuló la quejosa y que en todo caso, las facultades de representación deberán ser demostradas ante las autoridades fiscales correspondientes en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación y 13 de su Reglamento. En ese sentido, la resolución impugnada, es una determinación que puso fin a un procedimiento en términos de la fracción XII del artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en contra de la que procede el juicio contencioso administrativo. ......Máxime que la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo no exige mayores requisitos para conceder la suspensión. ... De lo expuesto resulta evidente que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de junio de dos mil dieciséis, el cual tiene aplicación en la especie; no establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que los consignados en los artículos 128, 132, 135 y 136, de la Ley de Amparo; por el contrario, la comparación de tales disposiciones legales pone de relieve que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes, y por tanto no se surte la excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. ..... En ese sentido, la parte quejosa debió promover juicio contencioso administrativo previo a la interposición del presente juicio; ello, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, máxime que no se actualiza alguna de las causas de excepción que prevé la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así es, la resolución reclamada no importa peligro de privación de la vida ni ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de un acto que afecte la libertad personal de la parte quejosa dentro o fuera de procedimiento; no se ostentó como persona extraña al procedimiento. Asimismo, es necesario manifestar que los planteamientos hechos valer por el quejoso en su ocurso de amparo se pone de manifiesto que efectivamente hizo valer cuestiones de legalidad o violaciones indirectas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual tiene singular relevancia, porque como se explicó, si se plantean simultáneamente en la demanda violaciones directas e indirectas a la Carta Magna, no opera excepción alguna al principio de definitividad, esto es así, porque refiere violaciones a leyes secundarias, por tanto, la vía constitucional que intenta resulta improcedente. ... Máxime, que el acto reclamado es de naturaleza administrativa, no penal y no se aduce alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20 constitucionales; no reclama leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, de modo que no se actualiza está excepción y; el acto reclamado no son de los contenidos en el artículo 22 constitucional, por ser una resolución administrativa. Por lo expuesto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Puebla "2", con sede en Puebla, consistente en la la resolución 700-48-00-00-00-2020-2777 de cinco de noviembre de dos mil veinte por medio de la cual negó atender su petición, pues indicó que no existen publicadas reglas de carácter general en que se norme la recepción de promociones como la que realizó la quejosa. Desechamiento En consecuencia, al surtirse la causal de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 y, con apoyo del artículo 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo que procede, como se expresó anteriormente, se desecha de plano la demanda de amparo. ....

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que por auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, se fijaron las once horas con treinta y un del día de hoy para llevar a cabo la audiencia relativa al incidente establecido en el último párrafo del artículo 67 de la Ley de Amparo, sin embargo, a la presente fecha se encuentra pendiente que el perito oficial William Jiménez Martínez, rinda el dictamen correspondiente. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, la audiencia incidental establecida en el último párrafo del artículo 67 de la Ley de Amparo, señalada para este día, se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. ...fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido vía electrónica, el escrito de cuenta de ***, autorizada del quejoso en términos de lo dispuesto por el artículo 12, primer párrafo, de la ley de la materia, a través del cual solicita se remitan los recursos de queja interpuestos en el presente Incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1937/2019, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito que corresponda. Atento a lo anterior, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que de autos se advierte que no obran la totalidad de los acuses de notificación de los proveídos de doce y catorce de enero de dos mil veintiuno, en los que se interpusieron los recursos de queja. ...

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