María Cristina Chazaro Mabarak
Expediente 1123/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1123/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/08/2023
Partes del expediente
- María Cristina Chazaro Mabarak
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 5629/2023, signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, por medio del cual hace del conocimiento que ese tribunal aceptó la competencia declinada por este órgano judicial en este asunto; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos. Por lo anterior, es de sostenerse que el presente cuaderno se encuentra concluido, de ahí que, con sustento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto de incompetencia. De igual manera, como lo disponen los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran seis meses el presente cuaderno deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 19 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos relativos al juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, no ha informado si aceptó la competencia del presente asunto, la cual fue registrada bajo el amparo directo 588/2022, como se advierte del oficio 5875/2022, en el cual se reservó respecto a la admisión o desechamiento de la demanda promovida por María Cristina Chazaro Mabarak. Por tanto, solicítese de la manera más atenta a la superioridad que de no tener inconveniente legal alguno informe se avocó al conocimiento del ocurso aludido en el párrafo que antecede, ello para estar en posibilidades de proveer lo que en derecho proceda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Gloria Beatriz Hernández Sánchez, en su carácter de representante legal de María Cristina Chazaro Mabarak, contra actos de los Magistrados de la Segunda Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León; regístrese en el libro respectivo con el número 1123/2022-III. Se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Declaratoria de incompetencia. En cumplimiento a los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, atento a las siguientes razones. De la demanda se advierte que la promovente señala como autoridad responsable a la siguiente: Segunda Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León. A la que reclama la resolución emitida el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dentro del expediente 304/22-EC2-01-9, misma que declara procedente pero infundado el recurso de reclamación intentado en contra del auto de uno de agosto del mismo año, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de nulidad. De lo anterior se colige que la determinación reclamada se trata de una resolución que pone fin al juicio dictada por un Tribunal Administrativo Federal, toda vez que se confirmó el auto en el que se tuvo por no presentada de fecha uno de agosto de dos mil veintidós; por ende, dicho juicio de nulidad ha quedado concluido. Al respecto, es conveniente informar el contenido del artículo 170, fracción I, párrafos primero y segundo, de la actual Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. ." (lo resaltado es de este tribunal) El precepto transcrito establece que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo que las sentencias definitivas y los laudos son las determinaciones que deciden el juicio en lo principal, en tanto que las resoluciones que ponen fin al juicio son aquellas que lo dan por concluido, sin pronunciarse sobre lo principal. En ese sentido, el acto reclamado en el presente asunto lo constituye la resolución emitida el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dentro del expediente 304/22-EC2-01-9, misma que declara procedente pero infundado el recurso de reclamación intentado en contra del auto de uno de agosto del mismo año, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de nulidad. En tal sentido, al ser una resolución que pone fin al juicio, resulta procedente el juicio de amparo directo ante Tribunales de Circuito, debiendo substanciarse de conformidad con las reglas previstas en la Ley de Amparo para ese tipo de asuntos. Resulta aplicable, la de jurisprudencia P./J. 6/2015, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Tomo I, abril de dos mil quince , página 95, del rubro y sinópsis siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En el criterio reproducido, el alto tribunal distinguió tres presupuestos procesales en el juicio de amparo: a) La procedencia de la vía, que alude al procedimiento que la ley dispone para la tramitación de un juicio. Existen dos vías de tramitación para el juicio de amparo: la directa y la indirecta. Es procedente la vía de tramitación directa contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por las primeras, las que decidan el juicio en lo principal y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. b) La competencia, que se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el juez incompetente. Es una cuestión de orden público dado que es necesario que el tribunal sea competente para que el juicio sea válido. c) Procedencia acorde al principio de definitividad. Se pueden identificar dentro de los presupuestos procesales las condiciones que establece la ley para que un juicio sea procedente, sobre la base de que la insatisfacción del tales imperativos legales se traduce en la imposibilidad de tramitar válidamente el proceso, o sea, en la improcedencia del juicio. Ahora bien, el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del tribunal colegiado de circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. Bajo tales premisas, dada la naturaleza del acto que se impugna, de conformidad con lo que disponen los artículos 103, fracción I, y 107 fracción V, inciso b), constitucionales; así como 34 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal por razón de la vía para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en tanto que el acto reclamado resulta del conocimiento de un Tribunal Colegiado. Sirve de apoyo a lo anterior, por su relación con el tema, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 223134, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "RESOLUCIÓN AL RECURSO DE RECLAMACIÓN QUE CONFIRMA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE NULIDAD PRESENTADA ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DADAS SUS CARACTERISTICAS SE UBICA EN LAS HIPOTESIS CONTEMPLADAS POR LOS ARTÍCULOS 44 Y 46 DE LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE DEBEN SER MATERIA DE UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. En efecto, la resolución al recurso de reclamación que confirma el acuerdo desechatorio de la demanda de nulidad, es una resolución que pone fin al juicio de nulidad porque sin decidirlo en lo principal lo da por concluido, y en contra de dicha resolución las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario mediante el cual pueda ser modificado o revocado. Así lo establecen los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, al señalar que procede el juicio de garantías en la vía directa ante los Tribunales Colegiados y por conducto de la autoridad responsable, si se reclaman resoluciones pronunciadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que pongan fin al juicio, entendiendo por ellas las que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Esto resulta aplicable a las resoluciones en comento, porque es condición fundamental de esta clase de resoluciones atacables en la vía directa, que se produzcan una vez nacido el juicio ante la responsable, pues sólo existiendo éste pueden darlo por concluido. La Suprema Corte tiene establecido, en diversas ejecutorias, que por juicio, para los efectos del amparo, debe entenderse el procedimiento contencioso desde que se inicia en cualquier forma, hasta que queda ejecutada la sentencia definitiva. La noción así delineada de juicio permite a este órgano colegiado afirmar que, el desechamiento de una demanda presentada ante el Tribunal Fiscal de la Federación debe entenderse como un acto producido en el juicio, pues éste se inició con la presentación de dicho ocurso a fin de excitar el ejercicio de la función jurisdiccional del órgano a quien se dirigió, y que por lo tanto, al impedir su continuación tiene efectos conclusivos sobre él. De esta manera, el desechamiento de una demanda de nulidad, habiendo agotado el recurso respectivo ante la Sala Fiscal, resulta una resolución que pone fin al juicio para efectos de la procedencia del amparo en su contra en la vía directa". Igualmente, por analogía tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2012293, que establece: "RESOLUCIÓN QUE DESECHA EL RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, INTERPUESTO PARA IMPUGNAR LA SENTENCIA QUE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO. Del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo se advierte que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Además, prevé que se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal y, por resoluciones que pongan fin al juicio las que, sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. En ese sentido, la determinación que desecha el recurso de reclamación mencionado contra una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que decretó el sobreseimiento en el juicio de nulidad, al haber sido dictada por los Magistrados integrantes de la Sala y no únicamente por el instructor, se asemeja a aquellas que ponen fin al juicio sin decidir el fondo del asunto, en virtud de que, para la parte que intente ese medio ordinario de impugnación, su juicio concluye con esa decisión, pues tiene como consecuencia la firmeza de la sentencia de sobreseimiento y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo." Por las razones apuntadas, con fundamento en los artículos 35 y 47 de la Ley de Amparo, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de este asunto, ordenando se remita el presente expediente y las copias de la demanda exhibidas al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno, con sede en Reynosa, Tamaulipas, por conducto de la oficina de correspondencia común; solicitándole que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar la determinación que al respecto se emita. Ahora bien, con copia de la demanda de amparo fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Domicilio y autorizado. Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Samuel Sergio de los Ríos Santamaría, quien se encuentra registrado en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se le tiene proporcionando el correo electrónico samuel_rivers@hotmail, el cual, será utilizado únicamente para comunicaciones no procesales, tal y como lo establece el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Transparencia. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, secretario que actúa y da fe.
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