María Concepción Torres Cornejo
Expediente 350/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 350/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/05/2019
Partes del expediente
- María Concepción Torres Cornejo
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, catorce de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación con que se da cuenta de la que se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de garantías promovida por María Concepción Torres Cornejo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, se advierte que ese expediente se encuentra debidamente integrado, por lo que no existe mandato alguno por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. En otro orden de ideas, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, dos de mayo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio número 529-III-DACLB-(LAJL)-64784, signado por el Director General de Amparos Contra Leyes, en representación del Presidente de la República y del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual comunica que el nueve de abril de dos mil diecinueve, recibió el oficio A/5124/2019, relativo a la interposición del recurso de revisión por parte del Presidente de la República, a través de la autoridad oficiante; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por María Concepción Torres Cornejo, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito, bajo el número 350/2019-IV. A continuación, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a efectuar el análisis correspondiente de la misma. Dicho numeral establece, que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Pues bien del estudio integral del escrito de demanda que nos ocupa, se desprende que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el estado, con sede en Matamoros, Tamaulipas, de quien reprocha lo siguiente: "De las Autoridades señaladas con el carácter de Ordenadoras y ejecutoras se reclama la resolución de fecha 15 (quince) de abril del año 2019 (dos mil diecinueve), misma que se encuentra fundamentada en el artículo 2, 4, 5, 40, 41, 105, 108, 336, 339 y 341 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas. Toda vez que dicho acto no se encuentra debidamente fundado ni motivado por la autoridad competente." (sic) Asimismo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, específicamente en el punto dos, bajo protesta de decir verdad, manifiesta: "2.- Aproximadamente en el mes de mayo de del año 2018 (dos mil dieciocho), tengo conocimiento de una demanda entablada en mi contra relativa al Juicio Ordinario Civil sobre nulidad de Testamento y nulidad de juicio testamentario, mismo que se encuentra radicado en el Juzgado Segundo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, bajo el número de expediente 589/2018; siendo las partes actoras del juicio las terceras interesadas. Dentro de los autos del expediente antes citado, ha existido la negativa, por parte del Juez Segundo de lo Familiar de Primera Instancia, del Cuarto Distrito Judicial a dictar la resolución definitiva, no obstante que se solicito en el momento procesal oportuno par ello, tomando en cuenta que tanto el periodo probatorio y el periodo de Alegatos, ya concluyeron. Ahora bien, el Juez Segundo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, dentro del juicio 589/2018, que se cita dicto una resolución dentro de un recurso de revocación en fecha 15 de abril del año 2019 (dos mil diecinueve), mediante el cual, el juzgador ordena de nueva cuenta una diligencia relativa a una prueba de campo y observaciones en la escritura 627 del protocolo a cargo del notario público., y que a la letra establece lo siguiente: ".por recibido el escrito de cuenta, signado por Elizabeth Roldán Hernández, analizado que fue el mismo y como lo solicita, haciendo las manifestaciones que indica a las mismas, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba pericial en Grafoscopia y en atención a la misma, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba pericial ofrecida en autos, se deberá constituir en el domicilio ubicado en la calle Quinta no 190 altos entre bravo y Bustamante de la zona centro de esta ciudad, mismo que corresponde a la notaria publica numero 332 a cargo de c. Arturo Francisco Hinojosa Rodríguez, con ejercicio en esta ciudad a fin de que el c. Lic. Esteban Francisco Garza Monsiváis, perito en Grafos copia designado en autos por la parte actora y el ing. Civil francisco Javier Martinez Carbajal perito en rebeldía de la parte demandada, procedan a realizar las pruebas de campo pertinentes dentro de la escritura que corresponde al Testamento Publico Abierto otorgado por el Señor Carlos Alberto Veloz Torres, e identificada como la escritura pública numero 627 de fecha cinco de agosto del año 2014, levantada por el notario público en comento, por lo que se señalan las trece horas del día 30 treinta de abril del año 2019, y se autoriza al Secretario de acuerdos adscrito a este H. Juzgado el Lic. Hugo Francisco Perez Martinez.. con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 2, 4, 5, 40, 41, 68, 108, 336, 339 y 341 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado." (todo sic) De lo transcrito con antelación, fue narrado por la promovente bajo protesta de decir verdad, en relación al acto reclamado, así como de los conceptos de violación planteados, se desprende lo siguiente: 1. El acto reclamado deriva de un recurso de revocación relativo al juicio ordinario civil sobre nulidad de testamento y de juicio testamentario 589/2018 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. 2. El quince de abril de dos mil diecinueve, el titular de dicho órgano jurisdiccional confirmó el desahogo de la prueba pericial en Grafoscopía ofertada en el expediente natural y señaló fecha y hora para tal efecto. Dicha resolución de quince de abril del año en curso, constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. En esas condiciones, en el caso, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, y 6, interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Hipótesis dentro de la cual encuadra en el acto reclamado, ya que este órgano jurisdiccional determina que el acto combatido en esta instancia deviene improcedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto, pues no se advierte que exista alguna afectación irreparable a la promovente y sobre todo actual, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en su esfera jurídica, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza de que se vaya a realizar, por lo que se reitera que la citada demanda resulta improcedente. Ello es así, ya que por perjuicio debe entenderse el menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes de la peticionaria de garantías que afecten de manera inmediata derechos sustantivos, en forma tal que el perjuicio irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior; por tanto, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir al órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación y ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo, lo que en el caso a estudio no se actualiza puesto que no se desprende que de la resolución reclamada se derive algún perjuicio a la hoy promovente del amparo y, por tanto, al no causarle perjuicio debe determinarse que no existe interés jurídico para promover la presente demanda de garantías. Atento a lo anterior, es improcedente el amparo indirecto en contra de la determinación emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, en la que señaló fecha y hora para el desahogo de la prueba pericial en Grafoscopía ofertada en el expediente de origen, ya que no es un acto de imposible reparación, toda vez que no produce una afectación material a sus derechos sustantivos, pues únicamente produce una lesión adjetiva que no necesariamente puede llegar a trascender a la sentencia que en definitiva se dicte en el juicio de origen (misma que no ha sido dictada, según lo manifestado bajo protesta de decir verdad en su escrito de cuenta), lo que no le afecta en su persona o en sus bienes y, precisamente, el juicio de amparo tiene por objeto proteger a la promovente frente a un menoscabo que en su persona o bienes pueda resultarle del acto inconstitucional, lo cual en el acto reclamado a estudio no se observa que vulnere los derechos de la aquí parte quejosa. En efecto, sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio y que, por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Tiene aplicación la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), de la Décima Época, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Común, página 1539 de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Por lo anterior, se insiste que la naturaleza y las consecuencias en sí mismas del acto reclamado son las que determinan la procedencia o no de la instancia constitucional y no las conductas procesales de las partes, de modo que, en el caso a estudio, el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación y, por ende, no procede el amparo indirecto para reclamarlo; puesto que, se trata de una resolución emitida en un recurso de revocación en el juicio de origen, que señala fecha y hora para el desahogo de una prueba pericial en materia de Grafoscopía, la cual no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, se desecha la demanda de garantías promovida por María Concepción Torres Cornejo. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual resulta preferible que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Los razonamientos expuestos con antelación, apoyados en las consideraciones que informan las tesis invocadas, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta que en opinión de quien esto resuelve, se halla la certeza de su existencia, pues no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya el criterio anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1631, Tomo: XX, Septiembre de 2004; ambas de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 180,663, que es del rubro y tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otra parte, téngase a la agraviada señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda; y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Carlos Edgardo Garay Flores, quien se encuentra inscrito en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con el número 36328. En otro orden de ideas, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de garantías promovida por María Concepción Torres Cornejo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
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