Maria Cristina Anquilina Cordova Poot
Expediente 737/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 737/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Cristina Anquilina Cordova Poot
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de cuatro de junio del presente año, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
III. Vista la demanda de amparo promovida por MARÍA CRISTINA ANQUILINA CORDOVA POOT, contra actos que reclama del Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en el acuerdo de veintisiete de mayo del año en curso, dictado en el expediente 1327/2012, que se le instruye por el delito de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad denunciado por María Nidia Córdova Yam. Asimismo, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la quejosa reclama del Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, el acuerdo de veintisiete de mayo del año en curso, en la causa penal 1327/2012, que se le instruye por el delito de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad, antes expediente 186/2012, del índice del extinto Juzgado Cuarto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Respecto del acto reclamado por la parte quejosa en su demanda de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V aplicado a "contrario sensu", ambos de la Ley de Amparo, que amerita su desechamiento, pues no se trata de un acto que tenga una ejecución que sea de imposible reparación, ni afecta a las partes en grado predominante o superior, en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respectivamente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustenta la siguiente jurisprudencia: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. Acorde con el criterio sustentado en la referida jurisprudencia, los elementos de dicha definición no se dan en el acto reclamado, porque con él sólo se pueden afectar derechos procesales de la parte promovente, en cuanto a la admisión o desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio de origen, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, en razón de lo siguiente: Precisado lo anterior, respecto al acuerdo de veintisiete de mayo del año en curso, dictado por el Juzgado Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en la causa penal 1327/2012; debe decirse que, no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tienen una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional inmediato sin esperar a que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos. Así es, el acuerdo de veintisiete de mayo del año en curso, que reclama la promovente del juzgado penal responsable, en el que se ordenó se continuara con la secuela procedimental, no priva a la parte quejosa, del derecho de defensa que en todo procedimiento tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que el acuerdo de mérito únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales. Se afirma lo anterior, porque como quedó precisado, la ejecución de imposible reparación de un acto jurisdiccional, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da cuando por sí o a través de sus consecuencias, se afectan derechos sustantivos pero en modo alguno los adjetivos o procesales, cuyos efectos y consecuencias pueden desaparecer, sin dejar huella, si el afectado obtiene su pretensión en el fondo, por lo que si en el acuerdo de veintisiete de mayo del año en curso, que se reclama se ordenó se continuara con la prosecución del procedimiento, es evidente que no existe una afectación a los derechos sustantivos de la parte promovente, por la que no afecta, algún derecho de carácter sustantivo de la parte inconforme, pues simplemente se limita a declarar aspectos de carácter adjetivo o procesal, lo que podrá incluso hacer valer en el amparo directo que en su caso interponga, contra la sentencia definitiva dictada en la causa penal de origen; de ahí que sea indudable que el acto reclamado no le causa un perjuicio de carácter irreparable en la persona de la parte quejosa, requisito para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, actualizándose de esta forma la causal de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTIAS PROMOVIDA POR MARÍA CRISTINA ANQUILINA CORDOVA POOT, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada a "contrario sensu", en términos del 173, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo; y como autorizada a Zury Evelyn Castro Sansores, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que la Actuaria Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
III. Vista la demanda de amparo promovida por MARÍA CRISTINA ANQUILINA CORDOVA POOT, contra actos que reclama del Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en el acuerdo de veintisiete de mayo del año en curso, dictado en el expediente 1327/2012, que se le instruye por el delito de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad denunciado por María Nidia Córdova Yam. Asimismo, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la quejosa reclama del Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, el acuerdo de veintisiete de mayo del año en curso, en la causa penal 1327/2012, que se le instruye por el delito de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad, antes expediente 186/2012, del índice del extinto Juzgado Cuarto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Respecto del acto reclamado por la parte quejosa en su demanda de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V aplicado a "contrario sensu", ambos de la Ley de Amparo, que amerita su desechamiento, pues no se trata de un acto que tenga una ejecución que sea de imposible reparación, ni afecta a las partes en grado predominante o superior, en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respectivamente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustenta la siguiente jurisprudencia: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. Acorde con el criterio sustentado en la referida jurisprudencia, los elementos de dicha definición no se dan en el acto reclamado, porque con él sólo se pueden afectar derechos procesales de la parte promovente, en cuanto a la admisión o desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio de origen, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, en razón de lo siguiente: Precisado lo anterior, respecto al acuerdo de veintisiete de mayo del año en curso, dictado por el Juzgado Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en la causa penal 1327/2012; debe decirse que, no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tienen una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional inmediato sin esperar a que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos. Así es, el acuerdo de veintisiete de mayo del año en curso, que reclama la promovente del juzgado penal responsable, en el que se ordenó se continuara con la secuela procedimental, no priva a la parte quejosa, del derecho de defensa que en todo procedimiento tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que el acuerdo de mérito únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales. Se afirma lo anterior, porque como quedó precisado, la ejecución de imposible reparación de un acto jurisdiccional, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da cuando por sí o a través de sus consecuencias, se afectan derechos sustantivos pero en modo alguno los adjetivos o procesales, cuyos efectos y consecuencias pueden desaparecer, sin dejar huella, si el afectado obtiene su pretensión en el fondo, por lo que si en el acuerdo de veintisiete de mayo del año en curso, que se reclama se ordenó se continuara con la prosecución del procedimiento, es evidente que no existe una afectación a los derechos sustantivos de la parte promovente, por la que no afecta, algún derecho de carácter sustantivo de la parte inconforme, pues simplemente se limita a declarar aspectos de carácter adjetivo o procesal, lo que podrá incluso hacer valer en el amparo directo que en su caso interponga, contra la sentencia definitiva dictada en la causa penal de origen; de ahí que sea indudable que el acto reclamado no le causa un perjuicio de carácter irreparable en la persona de la parte quejosa, requisito para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, actualizándose de esta forma la causal de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTIAS PROMOVIDA POR MARÍA CRISTINA ANQUILINA CORDOVA POOT, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada a "contrario sensu", en términos del 173, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo; y como autorizada a Zury Evelyn Castro Sansores, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que la Actuaria Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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