Maria Concepcion May Coba

Expediente 1429/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1429/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
10/12/2019

Partes del expediente

  • Maria Concepcion May Coba

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    IV. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que acusó recibo del expediente original 1429/2019.IV, remitido con motivo de la incompetencia planteada en este juicio en que se actúa; e informó que es competente para conocer de dicho juicio por lo que ordenó registrar y formar el amparo directo número 716/2019. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como asunto totalmente concluido. A efecto de dar cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expedientillo, carece de relevancia documental en términos de lo establecido en el punto Décimo primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, así como de documentos originales; por tanto, realícese la anotación que corresponde en la carátula del mismo. Y, toda vez que el presente expedientillo de mérito se encuentra en la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    MESA V. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de ellos se advierte que el Licenciado Saúl Armando Mendoza Hernández, Director del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal con sede en Apizaco, Tlaxcala, no ha dado contestación al oficio V-35041/2019 del índice de este juzgado de fecha cuatro de octubre del año en curso, por medio del cual se le solicitó que remita a esta potestad judicial el original del juicio de amparo V-571/2011, mismo que se envió el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, a la Dirección del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal con sede en Apizaco, Tlaxcala, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona diversas disposiciones de los similares que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal. Atento a lo anterior, solicítese de la manera más atenta al Licenciado Saúl Armando Mendoza Hernández, Director del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal con sede en Apizaco, Tlaxcala, para que remita a este Juzgado a la brevedad posible, el expediente de referencia, a fin de proveer acerca del escrito en comento; por lo que una vez que sea recibido dicho expediente se acordará lo que legalmente corresponda. CUMPLASE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    mesa i. Vista la cuenta que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de dos años, previsto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, que comenzó a contarse a partir del catorce de agosto de dos mil diecisiete, sin embargo, en acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se ordenó la devolución del billete de depósito número N-791246, expedido a favor de la quejosa Irma de los Ángeles Magaña Campos, por la sucursal en esta ciudad, del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, a fin de que siga surtiendo sus efectos la suspensión provisional que en su oportunidad le fue concedida en los autos incidentales del presente juicio de amparo; sin que a la fecha se haya presentado ante este Juzgado la nombrada quejosa a recoger el citado documento; por tanto, con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se decreta la prescripción del derecho de la parte quejosa para exigir la devolución del billete de depósito en cuestión. En ese sentido, dado que el presente asunto ha causado ejecutoria y se encuentra en el archivo de este Órgano Jurisdiccional, se ordena se aplique en beneficio del Fisco Federal el importe del referido billete; y una vez que cause estado el presente acuerdo, remítase al Tesorero de la Federación el billete de depósito en cuestión, debidamente endosado al Fisco Federal, adjuntándole copia certificada de este acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar; lo anterior, con apoyo en lo previsto por el numeral 45, tercer párrafo, del ordenamiento legal invocado y en acatamiento a lo dispuesto en el punto seis de la circular II/2007, emitida el once de julio de dos mil siete, y signada por la entonces Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, por la que se precisa el procedimiento que se ha autorizado para la constitución y el manejo de los depósitos en dinero o en valores que se efectúen ante esos órganos Jurisdiccionales, en términos de lo previsto por la fracción III, del artículo 243 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás disposiciones aplicables, así como de conformidad con el primer párrafo del artículo 31, del Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, el cual fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión de dos mayo de dos mil siete. Sin que sea necesario dar aviso de la remisión del billete de depósito de que se trata a la Dirección General de Tesorería, ni a la Secretaría Técnica del Fondo, ambas del Consejo de la Judicatura Federal, debiéndose en cambio, comunicar dicho movimiento a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, con el fin de que haga el registro correspondiente en el mencionado sistema, para los efectos legales correspondientes, esto, en atención a lo establecido en el tercer párrafo del citado numeral 31 del mencionado Acuerdo General 17/2007, y en el punto siete de la referida circular II/2007.

  4. Principal

    IV. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio de MIRIAM GUADALUPE PACHECO VÁZQUEZ, apoderada de la directa quejosa MARÍA CONCEPCIÓN MAY COBA, con el que da cumplimiento a la prevención que se le hiciera el diecisiete de los corrientes. Ahora bien, en cuanto a la presente demanda promovida por la citada MAY COBA, contra el acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución interlocutoria de nueve de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el juicio laboral 98/2007; este órgano jurisdiccional declara que carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las consideraciones siguientes. En efecto, de la lectura integral al escrito de demanda, se advierte que la parte promovente señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional, la resolución de nueve de agosto de dos mil diecinueve, en autos del juicio laboral de origen, promovido por Luis Martín González, y otros, contra el Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán, misma que resolvió el incidente de sustitución procesal que planteo la aquí quejosa, y en el que no se le reconoció el carácter de beneficiaria de su esposo, quien en vida llevó el nombre de Luis Martín González, dictada por la autoridad responsable Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios. Ahora bien, al respecto, el artículo 107 de la Constitución General de la República, en sus fracciones III, inciso a), V, inciso a), y VI, dispone que el amparo en la vía directa procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y que éstas no sean reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. A su vez, el artículo 170 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Por tanto, es claro que el artículo 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. De ahí que si el acto reclamado lo constituye la resolución interlocutoria de nueve de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, determinación en la que en su primer punto resolutivo, resolvió que la aquí quejosa María Concepción May Cobá, no acredito su carácter de sustituta procesal y beneficiaria de quien en vida se llamó LUIS MARTÍN GONZÁLEZ, por lo que, no se le reconoció dicho carácter; de ahí que, es evidente que dicha determinación fue emitida dentro de un procedimiento especial que resulta independiente al juicio laboral, cuenta habida que de acuerdo al numeral 892, en relación con el 503 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, en dicho incidente se dirimió si efectivamente a la promovente le correspondía el carácter de beneficiaria del extinto trabajador, en el que tuvo la oportunidad de ofrecer pruebas para acreditar su dicho, formular alegatos, y oponerse al derecho de presuntos beneficiarios, es decir, admite controversia entre éstos, de ahí que, dicho procedimiento tiene la naturaleza de juicio, debido a que en todos los casos, se investiga y convoca a quienes estimen tener derecho o mejor derecho para ser declarados como beneficiarios; y por ende, la resolución que se reclama se equipara a un laudo, motivo por el que a juicio de este juzgador, la reclamación correspondiente debe hacerse en vía de amparo directo, ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción III, inciso a), Constitucional, así como 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 530, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2013592, de rubro y contenido siguiente: "PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS. LA RESOLUCIÓN QUE LO DIRIME TIENE LA NATURALEZA DE LAUDO, POR LO QUE, EN SU CONTRA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. El procedimiento especial de declaración de beneficiarios a que se refiere el artículo 892, en relación con el 503, ambos de la Ley Federal del Trabajo, tiene como objetivo determinar quién o quiénes y en qué proporción habrán de suceder al trabajador fallecido en sus derechos laborales, liberando al patrón de responsabilidad en caso de que pague a quien señale la Junta de Conciliación y Arbitraje; procedimiento que es útil en caso de muerte por riesgos de trabajo o cuando se encuentran pendientes de cubrir prestaciones o indemnizaciones, ejercitar acciones o continuar juicios, según se advierte de los numerales 115 y 503 de la citada legislación, pues evita la obligación de sustanciar el juicio sucesorio. Ahora bien, en dicho procedimiento la Junta está obligada a investigar y convocar a quienes consideran tener derecho a ser declarados beneficiarios del extinto trabajador, y se da la oportunidad de exhibir pruebas, formular alegatos y oponerse al derecho de presuntos beneficiarios, es decir, admite controversia entre éstos y, por tanto, tiene la naturaleza de juicio; sin que constituya una incidencia o etapa preliminar, ya que su objetivo es exclusivamente el mencionado, y lo corrobora el hecho de que en caso de muerte por riesgos de trabajo o prestaciones pendientes, no necesariamente se desarrollará una controversia entre patrón y beneficiarios con posterioridad a su resolución. Por ello, si aquel procedimiento se estableció para admitir una controversia entre partes y no constituye una incidencia ni un acto prejudicial o preparatorio a juicio, la resolución que lo dirime no constituye una actuación dictada en juicio, fuera de juicio o después de concluido, sino que tiene la naturaleza de laudo, en términos de la fracción III del artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, en su contra procede el juicio de amparo directo." Por lo que, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio de amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto. Atento a lo anterior, deberá remitirse el juicio de amparo en cuestión, a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados de este Circuito, a fin de que sea turnado al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, y se provea lo que en derecho proceda. Cobra aplicación al caso, la tesis I. 1o. A. J/15, relativa a la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 87, tomo IX, marzo de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario a la letra, dice: "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un Juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto.". Asimismo, es aplicable, por identidad de los preceptos de la Ley de Amparo derogada y la vigente, la tesis 2ª. CCXI/2001, publicada en la página 41, tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. NO SE UBICA DENTRO DEL SUPUESTO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO PROMOVERLA POR EL JUEZ DE DISTRITO A UN SUPERIOR, SI AQUÉL ESTIMA QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO. Del análisis relacionado de lo dispuesto en los artículos 47, 49 y 55 de la Ley de Amparo, se desprende que el último de éstos no contiene una prohibición en el sentido de que el Juez de Distrito declare su incompetencia si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto, dado que el numeral 49 citado permite tal hipótesis, cuando del examen de la demanda de garantías el Juez de Distrito advierta que se trata de un caso en el que el acto reclamado lo constituye alguno de los que señala el artículo 44 de la ley citada, sino que el impedimento a que alude el señalado numeral 55 se refiere al caso en que el superior del Juez Federal, con apoyo en el artículo 47 indicado, ya haya determinado que es incompetente para conocer del asunto y que corresponde conocer de él al juzgador, ya que si éste no la aceptara y devolviera los autos, estaría planteando a su superior una cuestión contenciosa de competencia, aspecto que sí prohíbe el referido artículo 55." Finalmente, solicítese atentamente al mencionado Tribunal Colegiado que de no existir impedimento legal, acuse el recibo de estilo e informe lo conducente en relación con la presente determinación. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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