María Concepción Serrato Soto

Expediente 1036/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1036/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
10/12/2019

Partes del expediente

  • María Concepción Serrato Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto por el que se sobreseyó en el sumario en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado estado. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente asunto. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Por lo que refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que allegó al presente asunto, mismas que obran en un tomo de pruebas, por resultar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa y a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la resolución de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa señaló originalmente como autoridad responsable y actos reclamados, lo siguiente: Actos reclamados: La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 57/2019, así como todas sus consecuencias jurídicas. Autoridad responsable: Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en el Estado de Michoacán, con residencia en La Piedad. En virtud de lo anterior, por auto de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el informe de la autoridad judicial responsable con su respectiva justificación, de donde se advirtió que el ocho de febrero de dos mil diecinueve, el actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto, con residencia en La Piedad, Michoacán, emplazó a la parte quejosa dentro al juicio de origen 57/2019 y en el citado informe se manifestó lo siguiente: ". No obstante, contario a lo que refiere la quejosa, no se vulneran los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, pues sí se realizó el emplazamiento del que se duele la impetrante, por lo que tal actuación y en el trámite del juicio mismo se observaron los lineamientos establecidos al efecto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado. ." Por lo que, en ese propio auto se dio vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de que surtiera sus efectos la notificación respectiva, para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto, con residencia en La Piedad, Michoacán; y, de ser así formulara su escrito de ampliación de acuerdo con los requisitos que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto, como se advierte del diverso auto de cinco de noviembre actual, en el que se ordenó continuar el juicio únicamente por la autoridad judicial señalada como responsable en la demanda de amparo. Expuesto lo anterior, previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Así, este juzgado advierte de manera oficiosa que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108 fracción III, ambos de la Ley de Amparo; cuestión que se considera en este sentido por las razones que a continuación se exponen. Las porciones normativas citadas disponen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; .." La interpretación, de los artículos anteriores, pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa omita en su demanda alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, como es el relativo al señalamiento de autoridades responsables o entes de quienes proviene el acto que le perjudica al particular, así como a los titulares de los órganos del Estado a quienes competa la promulgación de una norma cuando en el juicio de amparo se pretenda impugnar la inconstitucionalidad de una ley. La finalidad de lo anterior, radica en la medida en que se considere que en el juicio de amparo, como todo tipo de procedimiento jurisdiccional, debe respetarse el derecho de audiencia y defensa de quienes formen parte en el desarrollo del mismo, esto es, que si la parte peticionaria de amparo decide someter al análisis de constitucionalidad un acto emitido por una autoridad, resulta necesario que a ésta se le tenga como parte de la relación procesal del juicio de amparo, ello, a efecto de que tenga oportunidad de defender la constitucionalidad del acto a cuyo estudio se abocará el juzgador. El alcance jurídico de la porción normativa a que alude la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, no sólo se restringe a lo explicado en los párrafos precedentes, sino que encuentra también su operatividad en el establecimiento de un equilibrio procesal entre las partes que integran el proceso constitucional. En ese sentido, debe destacarse que cuando del análisis integral al escrito de demanda, el órgano de control constitucional advierta la existencia de una autoridad no señalada por el justiciable de manera destacada, habrá de prevenir a la parte quejosa a efecto de que la regularice, tal y como así lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 30/96, visible en la página 250 del tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA." De igual forma, es necesario puntualizar que el referido órgano de control constitucional ha sustentado el mismo criterio pero en el caso en que la participación de una autoridad se advierta del contenido del informe que rinda una diversa o de las constancias que al efecto ésta allegue a la sede constitucional, como se encuentra establecido en la jurisprudencia 112/2003, visible en la página 93 del tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA." Es tan contundente dicha regla, que uno de los supuestos en que opera la ampliación de demanda es cuando la parte quejosa tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre una diversa autoridad de la inicialmente señalada como responsable, tal y como así se lee en el artículo 111 de la Ley de Amparo. En la especie, de las constancia remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advirtió la participación de la Actuaria adscrita al Juzgado Menor Mixto, con residencia en La Piedad, Michoacán, en la emisión del acto reclamado, puesto que el ocho de febrero de dos mil diecinueve, se constituyó en el domicilio ubicado en la calle Agustín Arriaga, sin número, de la Comunidad de Torrecillas, Municipio de Churintzio, Michoacán, donde emplazó personalmente a María Concepción Serrato Soto, al juicio ordinario civil sobre reivindicación de inmueble, 57/2019, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en La Piedad, Michoacán, por ello, en auto de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se le formuló prevención a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como responsable a dicha autoridad. No obstante ello, la peticionaria de amparo fue omisa al respecto, según la certificación con que se dio cuenta en auto de cinco de noviembre de la anualidad que transcurre, y en consecuencia, se ordenó continuar con el trámite del presente juicio sólo respecto de los actos atribuidos a la autoridad judicial señalada en el escrito de demanda. En el entendido que, en la especie resultaba necesario que se llamara como responsable a la Actuaria adscrita al Juzgado Menor Mixto, con residencia en La Piedad, Michoacán, porque es quien realizó el emplazamiento a la parte quejosa dentro del juicio de origen. En este orden de ideas, debe tomarse nuevamente en consideración la interpretación a contrario sentido de la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, que pone de manifiesto que para la debida integración de la relación procesal en el juicio de amparo, y en concordancia al respeto del derecho de audiencia y defensa previa, no es posible que en el juicio de amparo pueda ser analizada la constitucionalidad de los actos reclamados si no fueron parte del mismo las autoridades responsables que en ellos intervinieron, en este caso, la Actuaria adscrita al Juzgado Menor Mixto, con residencia en La Piedad, Michoacán. Lo anterior, pues así quedó demostrado con constancias que obran en autos, en las que se aprecia el acta de emplazamiento de ocho de febrero dos mil diecinueve, de la que se advierte que la autoridad en cita, en atención a lo ordenado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en La Piedad, Michoacán, mediante proveído de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de origen, emplazó a juicio ordinario civil sobre reivindicación de inmueble 57/2019, a la quejosa María Concepción Serrato Soto, lo cual ya no es una conducta que se pueda atribuir a la autoridad señalada inicialmente. Así, debe entenderse que si la parte quejosa no cumplió con el requisito señalado en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, emerge el supuesto de improcedencia aludido, que conlleva el obstáculo procesal de que no se puede atender la litis constitucional efectivamente planteada sin menoscabar su derecho de audiencia y defensa que le resulta a la autoridad responsable por la que dicho acto subsiste pero que no formó parte del desarrollo procesal de este juicio, de ahí la improcedencia de mérito; tomando en consideración además, que la razón por la que una de las partes, esto es, la autoridad responsable, no fue llamada a juicio, reside en la voluntad tácita del justiciable que así lo decidió, como ha quedado demostrado en autos del presente expediente. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio en relación con el acto consistente en la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 57/2019, así como todas sus consecuencias jurídicas. Sustenta lo anterior la jurisprudencia VII.A.T. J/6, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 202332, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." Asimismo, la tesis 2a. CLXIV/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 113 del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Al igual que la jurisprudencia VI.2o. J/205, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo II, Octubre de 1995, página 468, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Finalmente, la jurisprudencia VI. 2o. J/7, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. En atención a lo anterior, se dejan la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista, personalmente a la partes, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que feneció el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en auto de cuatro de octubre del año en curso, para el efecto de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda por la autoridad y acto precisados en dicho proveído, sin que haya hecho manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese proveído, y con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se sigue el presente juicio únicamente por la autoridad y actos señalados en el líbelo constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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