María Concepción Ortiz Campoverde

Expediente 930/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
930/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • María Concepción Ortiz Campoverde

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por apoderado legal del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, por conducto de su Fiduciaria Nacional Financiera Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita la devolución de los documentos exhibidos a su informe justificado rendido dentro del juicio en que se actúa; en virtud de lo anterior, dígase a los promoventes de referencia que se esté a lo acordado en proveído de once de diciembre del año en curso. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    El secretario certifica: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, toda vez que el mismo transcurrió del diecinueve de noviembre al tres de diciembre del año en curso; tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, se hace constar que no se exhibió garantía alguna, toda vez que no se solicitó la apertura del incidente de suspensión respectivo. Morelia, Michoacán, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 930/2019, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. Conste. Morelia, Michoacán, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita. Finalmente, se advierte que obran glosados documentos exhibidos por la parte quejosa; en consecuencia, se ordena su devolución y con fundamento en el punto décimo primero, tercer párrafo, capítulo tercero, del referido Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos, previa identificación, acta de entrega y copia certificada que de los mismos se deje en autos, apercibida que de no hacerlo en dicho término, correrán la suerte que tenga el presente expediente. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 930/2019, sin la comparecencia de las partes. Acto continuo la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta con las documentales aportadas por la parte quejosa, así como por las autoridades responsables. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por desahogadas dichas pruebas y por precluido el derecho de las demás partes para ofrecerlas. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario da cuenta con los alegatos de la parte quejosa. El juez provee: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene por reproducidos dichos alegatos y se declara precluido el derecho de las partes para formularlos. Al no existir pruebas pendientes por admitir y desahogar se da por concluida la presente audiencia constitucional, con lo cual quedan vistos los autos para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, María Concepción Ortiz Campoverde, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridad Responsable: Director General del Fideicomiso de Fondo de Pensiones de Banrural de la Ciudad de México. Delegado Regional del Servicio de Administración y Enajenamiento de Bienes, del Estado de México. Coordinador Regional del Fideicomiso de Fondos de Pensiones de Banrural de Zamora, Michoacán. Acto reclamado: La omisión de dar contestación a su escrito de once de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual ejercitó su derecho de petición solicitando se integre como derechohabiente del servicio médico del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural. Segundo. Por acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde; y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues el acto reclamado se atribuye a la autoridad con residencia en esta ciudad, lugar donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, esta juzgadora procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de garantías en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, el acto reclamado consiste en: La omisión de dar contestación a su escrito de once de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual ejercitó su derecho de petición solicitando se integre como derechohabiente del servicio médico del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural. Tercero. Las autoridades responsables al momento de rendir sus informes justificados señalaron que no son ciertos los actos reclamados. Negativa que se desprende de las constancias que remitió el apoderado legal de la Fiduciaria del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, Nacional Financiera Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, con residencia en la Ciudad de México, así como del Coordinador Regional del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, en apoyo a sus informes justificado, de las que aprecia la existencia del oficio FPSB/CA/MAGM/010/2019 de treinta de enero de dos mil diecinueve, emitido por el Coordinador de Administración del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, con residencia en la Ciudad de México, por el cual se le dio respuesta a la solicitud realizada. Comunicación que fue remitido a las oficinas de la Coordinación Regional en Zamora, Michoacán, y cuya existencia, según refiere la autoridad responsable se hizo del conocimiento de la hija de la quejosa se encontraba a su disposición para ser entregada, misma que fue remitida a las oficinas más cercanas a la quejosa, puesto del escrito no proporcionó domicilio para ser notificada de forma personal. Documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. En consecuencia, lo expuesto revela que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veintiséis de agosto de dos mil diecinueve) no existía la omisión de dar respuesta a la petición formulada por la impetrante de amparo el once de enero de dos mil diecinueve, pues con fecha treinta de enero de ese año, se dio respuesta a su petición mediante oficio FPSB/CA/MAGM/010/2019 de treinta de enero de dos mil diecinueve, misma que fue remitida a las oficinas más cercanas a la quejosa, sin que se haya logrado hacer entrega de la misma a la quejosa, pues ésta no proporciono domicilio para recibirla. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad responsable referida en la presente resolución, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo que respecta al Administrador Titular Jurídico y Recepción en la Delegación Regional, Centro Sur del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con residencia en el Estado de México, al momento de rendir su informe justificado señaló que no es cierto el acto reclamado. A efecto de sustentar la inexistencia del acto que les fue reclamado, a la aquí responsables remitió copias del escrito de once de enero de dos mil diecinueve, dirigido al Coordinador de Administración Regional de Zamora, Michoacán, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. También importa señalar que, por regla general, la parte quejosa tiene la carga de la prueba para demostrar la existencia de los actos reclamados, directa o mediante el o los informes respectivos. Resulta ilustrativa, por igualdad de razón, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito VI.2o. J/308, consultable en la página 77, agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Sin embargo, la parte solicitante del amparo no ofreció medio de prueba alguno para acreditar que efectivamente haya dirigido su petición ante la autoridad responsable Administrador Titular Jurídico y Recepción en la Delegación Regional, Centro Sur del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con residencia en el Estado de México. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades responsables y atento a que la parte quejosa no demostró la existencia del mismo, aunado a que de las constancias que obran en el presente juicio de amparo tampoco se advierte la certeza de éstos; se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 284, visible en la página 236, tomo VI, Sexta Época, del Apéndice 2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en el considerando tercero de la presente resolución se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Concepción Ortiz Campoverde, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en párrafos que anteceden. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, del estado de autos se advierte que aún no obra el informe justificado ni el acuse de recibo del oficio mediante el cual se le requirió al Coordinador Regional de Fideicomiso de Fondo de Pensiones de Banrural, con residencia en Zamora, Michoacán. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones, requiérase nuevamente a dicha autoridad su informe justificado que deberá rendir en los términos planteados en proveído de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, del cual se ordena su reenvío mediante vía acelerada, para que esté en condiciones de rendir el citado informe. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del trece de noviembre de dos mil diecinueve. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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