Maria Concepción Domínguez Espinoza
Expediente 190/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 190/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/03/2023
Partes del expediente
- Maria Concepción Domínguez Espinoza
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de veinticuatro de febrero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo y destino archivístico. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. I. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ********************, mediante el cual cumple con la prevención formulada en autos, por lo que, al efecto se provee: II. Desechamiento. Ahora bien, se procede al estudio de la demanda de amparo promovida por la citada quejosa, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano. En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Al caso es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, publicada en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 196196), que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". III. Acto reclamado. Ahora bien, es menester precisar que, de una lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: A la primera autoridad señalada como responsable le reclamos el ilegal auto emitido en el expediente familiar número ********************, de fecha 14 de febrero del año 2023, mediante el cual, ordena a las restantes autoridades responsables, se nos requiera por la entrega del vehículo ********************, número de serie ********************, ordenando al actuario adscrito a su juzgado se constituya en el domicilio habitual de la suscrita acompañado del tercer interesado para que a su vez ambos me requieran el vehículo antes mencionado, autorizando medidas de apremio de las conferidas en ley, sin considerar que la suscrita, pague y he pago mensualidades y enganches de esa unidad, misma unidad que forma parte de una masa hecha entre mi ex concubino y la suscrita, olvidando que esa unidad es la fuente de mi empleo, situación que se acredito en autos del expediente principal ********************, ya que era el acuerdo que el tercer interesado y la suscrita habíamos tenido. Lo anterior ya que la suscrita tengo en depósito esta unidad derivado del juicio antes mencionado por disolución de concubinato entre el tercer interesado y la suscrita, he de hacer del conocimiento a esta autoridad federal que la unidad se encuentra inscrita ante el padrón vehicular del estado a nombre del tercer interesado, eso por que como lo menciono con anterioridad forma parte de una masa adquirida dentro de un concubinato. A esta misma autoridad le reclamamos la inminente orden de cambio de depositario mediante el uso de la fuerza pública, del vehículo antes descrito, mismo que actualmente ocupa para empleo y traslado personal, bajo el derecho que me ha dado pagar la mitad del crédito y el enganche de la unidad hasta que la autoridad responsable no resuelva la sentencia definitiva de aquel negocio, orden de entrega y cambio de depositario que está completamente ilegal e inconstitucional, como se verá en el transcurso de la presente demanda. A las restantes autoridades responsables, les reclamamos la ejecución material de las órdenes giradas por la primera autoridad responsable y que ya quedaron precisadas anteriormente. [.]" Así, de la demanda inicial y de su aclaración, se desprende que la quejosa señaló como acto reclamado destacado, esencialmente el siguiente: El auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, por el que se le requirió la entrega del vehículo que defiende, para lo cual se comisionó al actuario de la adscripción en compañía del que dice le reviste el carácter de tercero interesado, incluso con auxilio de la fuerza pública; lo que según la quejosa implica un inminente cambio de depositario de dicho bien inmueble. La precisión anterior se efectúa en concordancia con la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, registro 195745, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" En efecto, en la fracción antes citada, se consagra el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto de actos emitidos por tribunales judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo; conforme a la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos, ya que en caso contrario, el acto reclamado carece de definitividad y por consiguiente, no es reclamable en amparo. La reproducción que antecede, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de allí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII incisos a), b), c) y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Ilustra lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala, publicada en la página 1835, tomo CIII quinta época, del Semanario Judicial de la Federación. "ACTO RECLAMADO, DEFINITIVIDAD DEL. Para los efectos de la procedencia del amparo, el carácter de definitividad del acto reclamado, debe basarse en la posibilidad o imposibilidad de su impugnación, por medio de un recurso ordinario, pues de no existir ese recurso el acto reclamado es ya una molestia y también una afectación de los derechos de particulares, quienes no pueden dejar transcurrir el término señalado por la ley, ya que el acto queda firme e inatacable por medio del juicio de amparo. Ahora bien, la orden de cancelación de un permiso o autorización, dado que cancelar significa una acción definitiva, es un acto que contiene las características de definitividad, a que se refiere la fracción IX del artículo 107 constitucional, por no existir recurso alguno ordinario en contra de ella". Así como lo considerado en la jurisprudencia número I.60.C.J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, materia común, que en su estricta literalidad establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual manera, es aplicable a lo razonado, en lo conducente, el criterio aislado número I.3o.C. J/39, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra enuncia: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Así también, robustece a lo aquí dicho, la jurisprudencia I. 4o. C. J/25, enunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra manifiesta: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Ahora, con la finalidad de demostrar el motivo en que se basa la causa de improcedencia explicada con anterioridad, esto es, para evidenciar que contra el acto reclamado procede un medio de defensa ordinario que de ser el caso tendría el efecto jurídico-material de modificar, revocar o nulificar el auto impugnado, debe traerse a glosa el proveído que combate el promovente, esto es, el auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual la autoridad responsable ordenó la entrega del vehículo que menciona la quejosa, para lo cual comisionó al actuario de la adscripción en compañía de su contrario en el juicio de origen, autorizando para tal efecto el uso de la fuerza pública, todo esto derivado, a decir de la quejosa, del inminente cambio de depositario. Luego, en la especie, el acto reclamado aludido, constituye una determinación emitida por un tribunal judicial, como lo es el Juez Octavo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del juicio ********************, en el que la quejosa es parte (demandada material y formal), así lo relató bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo. En este sentido, tal circunstancia permite establecer que, de acuerdo con la legislación que rige el procedimiento de referencia (Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro), los autos y resoluciones dictados por el juzgador que conoce del juicio son impugnables a través de los medios de defensa que al efecto establece la codificación mencionada. Así, en el caso que nos ocupa, a criterio de quien esto resuelve, previo al juicio de amparo, debe agotarse el recurso ordinario de defensa que para tal efecto contempla la ley de la materia, que en el caso lo es el RECURSO DE APELACIÓN que establece el artículo 728 y 736 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, que dicen lo siguiente: "Artículo 728. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior revise las resoluciones dictadas por el inferior, pudiendo tener como resultado, la confirmación, revocación o modificación de ellas." "Artículo 736. Las sentencias definitivas son apelables cuando recaigan en negocios cuyo valor exceda de trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona y en aquellos cuyo interés no sea susceptible de calcularse en dinero. En estos casos la relación se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sea solo en efecto devolutivo. Las sentencias interlocutorias y los autos, sólo son apelables cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio, debiendo los segundos tener fuerza de definitivos o disponerlo este Código. La apelación contra estas resoluciones procede sólo en el efecto devolutivo, salvo que exista en contrario disposición expresa de la ley." De la transcripción del precepto legal, se puede colegir contra los autos que en esta instancia constitucional se combaten, la ley ordinaria prevé un recurso o medio de defensa, a saber, el de apelación, por virtud del cual el superior jerárquico revisa las resoluciones dictadas por el inferior, pudiendo tener como resultado, la confirmación, revocación o modificación de ellas; sin que se surta en la especie alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo que deviene inconcuso que, de manera previa a la promoción del presente juicio de derechos fundamentales, la parte promovente se encontraba obligada a interponer el indicado medio de impugnación, a efecto de agotar el principio del que se viene hablando y, al no haberlo hecho, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, razón por la cual es improcedente la demanda de amparo en estudio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 447, que textualmente establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". Asimismo, en la tesis I.6o.C.43 K, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, su texto y rubro es: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Resulta meramente ilustrativa a lo expuesto, la jurisprudencia VI.1o. J/85, con número de registro 215770, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 67, Julio de 1993, Página 51, Materia Común, cuyo rubro y texto se precisan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Como se ve, la parte quejosa previo a la interposición al juicio de amparo, debió promover el recurso de apelación previsto en el artículo 728 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, en tanto que el acto reclamado fue emitido dentro de un juicio de terminación judicial de concubinato, cuyo negocio es de cuantía determinada, pues implica el valor del vehículo que ahora se defiende, en términos del artículo 736 del citado ordenamiento legal, resulta que previo a acudir al juicio de amparo debe cumplirse con el principio de definitividad previsto en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en el que no aplican las excepciones relativas a la suspensión, fundamentación y violaciones directas de las que se refiere la diversa fracción XX del artículo en comento. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo que nos ocupa. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Aunado a lo anterior, resulta necesario destacar que, aún en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, dado que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, así, el acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses, mientras que la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 2017117, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, de contenido siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." V. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. VI. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. VII. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. I. Se recibe escrito. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ********************, mediante el que pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, en tanto a ello, se provee: II. No ha lugar a tener por cumplida prevención Visto el ocurso de cuenta, dígase a la promovente que no ha lugar a tener por cumplida la prevención referida, toda vez que fue omisa en observar el punto tercero del requerimiento formulado, dado que no anexa las copias de traslado necesarias de su escrito aclaratorio, en tanto que únicamente exhibe dos, sin embargo, resultan necesarias cuatro para distribuirse de la siguiente manera: dos para cada una de las autoridades responsables, una para el tercero interesado y una más para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito. III. Subsiste prevención. Atento a lo anterior, hágase del conocimiento de la parte promovente que, subsiste en sus términos, la prevención inserta en auto inicial, así como el término concedido para desahogarla; en el entendido que el plazo otorgado para su cumplimiento seguirá transcurriendo una vez que se notifique de manera personal el presente proveído, pues el mismo se ha visto interrumpido por causa de la presentación del escrito aclaratorio. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por********************, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro y Actuarios adscritos a dicho juzgado. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 190/2023. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados destacados los siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO: A la primera autoridad señalada como responsable le reclamos el ilegal auto emitido en el expediente familiar número ********************, de fecha 14 de febrero del año 2023, mediante el cual, ordena a las restantes autoridades responsables, se nos requiera por la entrega del vehículo ********************, número de serie ********************, ordenando al actuario adscrito a su juzgado se constituya en el domicilio habitual de la suscrita acompañado del tercer interesado para que a su vez ambos me requieran el vehículo antes mencionado, autorizando medidas de apremio de las conferidas en ley, sin considerar que la suscrita, pague y he pago mensualidades y enganches de esa unidad, misma unidad que forma parte de una masa hecha entre mi ex concubino y la suscrita, olvidando que esa unidad es la fuente de mi empleo, situación que se acredito en autos del expediente principal ********************, ya que era el acuerdo que el tercer interesado y la suscrita habíamos tenido. Lo anterior ya que la suscrita tengo en depósito esta unidad derivado del juicio antes mencionado por disolución de concubinato entre el tercer interesado y la suscrita, he de hacer del conocimiento a esta autoridad federal que la unidad se encuentra inscrita ante el padrón vehicular del estado a nombre del tercer interesado, eso por que como lo menciono con anterioridad forma parte de una masa adquirida dentro de un concubinato. A esta misma autoridad le reclamamos la inminente orden de cambio de depositario mediante el uso de la fuerza pública, del vehículo antes descrito, mismo que actualmente ocupa para empleo y traslado personal, bajo el derecho que me ha dado pagar la mitad del crédito y el enganche de la unidad hasta que la autoridad responsable no resuelva la sentencia definitiva de aquel negocio, orden de entrega y cambio de depositario que está completamente ilegal e inconstitucional, como se verá en el transcurso de la presente demanda. A las restantes autoridades responsables, les reclamamos la ejecución material de las órdenes giradas por la primera autoridad responsable y que ya quedaron precisadas anteriormente. [.]" IV. Prevención. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 114 fracción V, en relación con el 110, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación que se le realice de este auto, cumpla con la siguiente prevención: PRIMERO.- Aclare los actos que en concreto reclama, en virtud de que de la lectura integral de la demanda no se advierte con exactitud qué acto es el que combate en el presente juicio, toda vez que, como se indicó, en el apartado relativo señala como acto reclamado esencialmente; el auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual la autoridad responsable ordenó la entrega del vehículo en mención, así como el cambio de depositario de dicho automotor mediante el uso de la fuerza pública. Sin embargo, en el capítulo de antecedentes señala que lo siguiente: "(.) la autoridad responsable (C. JUEZ OCTAVO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA EN QUERÉTARO), decidió que las notificaciones incluso las de carácter personal me surtirían por listas, decisión que fue tomada después de las fechas en las que menciona se me notificaron los apercibimientos, sin antes haberme dado el derecho a réplica o bien a audiencia (.) (.) derivado de las nulas y omisas notificaciones a la suscrita, notificaciones que como lo menciono no fueron de carácter personal a la suscrita, toma la decisión de hacer efectivo sus apercibimientos y quererme despojar de parte del patrimonio que la suscrita también le ha costado." De igual manera, en los conceptos de violación refiere expresamente lo siguiente: "(.) las autoridades responsables al girar orden para molestarnos en nuestro domicilio, para dicha entrega del vehículo antes mencionado no respetan el procedimiento previamente escrito, ya que las medidas de apremio el apercibimiento de su imposición y la obligación a cumplimentar deben notificarse personalmente, mismos apercibimientos que menciona la autoridad responsable en el auto de 14 de febrero del año 2023, la suscrita había sido notificada y apercibida, en fechas 26 de agosto y 20 de septiembre del año 2022, siendo que es totalmente falso ya que dichos apercibimientos no fueron notificados personalmente a la suscrita (.) Es notorio que la autoridad responsable viola en su totalidad el derecho de la suscrita a audiencia y a ser molestado en su persona, máxime si nunca fui notificada de manera personal de dichos apercibimientos (.)" Mientras que en el segundo punto petitorio de su escrito inicial se advierte: SEGUNDO. Otorgarnos la Suspensión Provisional y en su caso la definitiva de los actos reclamados para efectos de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no seamos lanzados o desalojados por medio de la fuerza pública de la finca antes mencionada." En esa razón, ante la incertidumbre de los actos reclamados, a fin de fijar debidamente la Litis en el presente juicio de amparo, la quejosa deberá aclarar el acto que reclama, para lo cual deberá precisar lo siguiente: Si también señala como acto reclamado, la orden de desposesión o desalojo de la finca que refiere, deberá señalar el domicilio de dicho bien inmueble. En caso de reclamar las notificaciones efectuadas por listas que refiere, precise la data de los autos que se le pretendían notificar y, si en su caso, si promovió el incidente de nulidad de notificaciones relativo. En la inteligencia que, deberá abundar bajo protesta de decir verdad, respecto de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los nuevos actos que señale como reclamados o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, de conformidad con los artículos 108, fracción V y 114, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, dígase a la promovente que el escrito aclaratorio está bajo los efectos de la protesta de decir verdad que ya vertió y, que de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. Sobre el tema, es aplicable a lo anterior por identidad jurídica, la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 871 del Tomo Ismael Rivas Cedeño del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla la parte quejosa y no los autorizados, debido a que aquél entraña expresiones bajo protesta de decir verdad, inherentes a la accionante. Ilustra la Jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, visible en la página 348, tomo XXIV, julio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del rubro siguiente. "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". SEGUNDO.- Informe el estado procesal actual que guarda el juicio de origen ******************** del que emanan los actos reclamados y en caso de que exista sentencia, informe el sentido de la misma, a fin de contar con mayores elementos para proveer lo que en derecho corresponda. TERCERO. Exhiba copias suficientes del escrito con el que dé cumplimiento a la prevención, ello en términos del artículo 110 de la ley de amparo. V. Apercibimiento. Se apercibe a la promovente que, en caso de no cumplir en sus términos con el presente requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. En el entendido que, la falta de exhibición de copias para el incidente de suspensión, solo dará lugar a la postergación de su apertura. VI. Domicilio y autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se tiene como domicilio procesal ubicado en ********************y con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizados en términos restringidos a ********************, por no contar con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales, y en términos restringidos de dicho numeral a ******************** por así haberlo solicitado. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. VII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. VIII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. IX. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
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