María Cleotilde Chavez Ruesca

Expediente 181/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
181/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
07/03/2017

Partes del expediente

  • María Cleotilde Chavez Ruesca

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos, el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura, del Presidente y de las Salas del Tribunal Superior de Justicia en Materia de Amparo, mediante el cual acusa recibo del oficio 5337/2017, por el que le fueron remitidas las constancias relativas al Toca Civil 2473/2016, cuaderno de apelación 124/2016 y los autos del expediente 732/2009, lo que se asienta para debida constancia....II

  2. Principal

    ...Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, CAUSÓ ESTADO el proveído que DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, ordenándose el archivo del mismo; en tal razón, devuélvase a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, las constancias que remitió relativas al Toca Civil 2473/2016, cuaderno de apelación 124/2016 y los autos del expediente 732/2009; asimismo, solicítese el acuse de recibo respectivo a la citada autoridad, apercibida que de no cumplir con lo requerido en el plazo de tres días contados a partir de la legal notificación de este auto, se hará acreedora a una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo...II

  3. Principal

    V I S T O el estado que guardan los autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que con apoyo concede el artículo 98 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para que se interpusiera recurso de queja previsto por el precepto 97 fracción I, inciso a) de la Ley en cita, en contra del auto por el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por tanto y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo por haberse desechado la demanda de amparo. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito....II

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que ese Tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo directo número 4/2017 de su índice; y al efecto, remite la demanda promovida por ******, por su propio derecho, en contra de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro; asimismo, anexa a la misma, las actuaciones del Toca Civil 2473/2016 y cuaderno de apelación 124/2016, los autos del expediente 732/2009, copia certificada del proveído de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, los informes justificados de las autoridades responsables Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Juez Octavo de Primera Instancia Civil, ambos con residencia en esta ciudad, los oficios 686 y 1036 signados por la Secretaria de Acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura, del presidente y de las Salas del Tribunal Superior de Justicia en Materia de Amparo, a través de los cuales, remite las constancias de emplazamiento de los terceros interesados SUCESION A BIENES DE ******, así como un escrito de alegatos del mandatario judicial de la tercera interesada Karla Adriana Luna Jiménez en esa virtud, este Juzgado de Distrito, se avoca al conocimiento del asunto, acúsese el recibo de estilo correspondiente. REGISTRO DE EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por *****, por su propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, con fundamento en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese y regístrese la presente demanda bajo el número de registro 181/2017-II y se ordena dar de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, conviene señalar que la que esto resuelve, obtiene que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo vigente, que estipulan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." ACTO RECLAMADO En el caso que nos ocupa, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: la resolución de diez de noviembre de dos mil dieciséis, emitida por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del Toca Civil 2473/2016, que modificó la diligencia de catorce de julio de dos mil dieciséis, dictada por la Juez Interina del Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en el expediente 732/2009, relativo al proceso sumario hipotecario, que sobre pago de pesos, inició *****, ahora como actual cesionaria ******, en contra de Raúl Contreras Luna y la sucesión a bienes de Juan Salvador Luna Meraz. Así, la resolución que constituye el acto reclamado, se modificó, por parte de la Sala, para los siguientes efectos: "AUDIENCIA DE CONTINUACION DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS CON EFECTOS DE CITACION PARA SENTENCIA: En la Ciudad de Querétaro,. El secretario informa que se encuentra presente la demandada. En relación a la continuación del desahogo de las pruebas, se da cuenta que queda pendiente el desahogo de la PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPÍA Y DOCUMENTOSCOPÍA ofrecida por la parte Demandada Compareciente; ahora bien, tomando en consideración que en la audiencia de veintisiete de junio del presente año, se le dio al perito de la parte Actora el plazo de 5 cinco días para que rindiera su dictamen, mismo que feneció el día 6 seis de julio del año en curso, si bien es cierto que el último día del aludido plazo informó a esta Autoridad que le era imposible rendir el dictamen correspondiente, toda vez que le habían negado las escrituras públicas números 12,746 de la Notaría Pública número 13, y 13,462 de la Notaría Pública número 25, por tal motivo en auto de seis de julio de dos mil dieciséis, se ordenó girar el oficio número 2100-2016, al Archivo General de Notarías, mismo que quedó a disposición del perito nombrado por la parte actora, y como se puede apreciar de las constancias que integran el presente expediente, el mandatario judicial de la actora, lo recogió con demasía y lo entregó a su destinatario hasta el once de julio de dos mil dieciséis. Asimismo, la parte demandada y oferente de la prueba pericial en comento, si impulsó el desahogo de la misma, pues en el escrito recibido en la Secretaría de este juzgado el día de hoy, antes de dar inicio a la audiencia, manifestó que el perito nombrado por su contraria, no había exhibido el dictamen pericial correspondiente, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y se ordena la remoción del perito nombrado por la parte actora, para que se nombre uno en rebeldía en materia de grafoscopía y documentoiscopía, de conformidad con el artículo 363, fracción II del Código de Procedimientos Civiles, en tal virtud, en auto por separado se deberá designar al perito nombrado en rebeldía de la parte actora de acuerdo con los requerimientos del numeral 362 de la citada ley." En este tópico, dispone el artículo 170 de la Ley de Amparo, que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en términos de lo dispuesto por las fracciones V y VI del Artículo 107 Constitucional; además, dice que dicho juicio es procedente contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Así, el juicio de amparo indirecto, solo es procedente contra actos ejecutados dentro del procedimiento, cuya ejecución tenga efectos irreparables para el quejoso, pues así lo establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se advierte que dicho acto, no es de imposible reparación para la quejosa de mérito; en razón de que no afecta sus derechos sustantivos, pues no se dictó una resolución que le afecte directamente de modo irreparable, dado que existe la posibilidad de que pueda obtener sentencia favorable en su oportunidad. Pues, se reitera, dicha determinación no deja a la parte quejosa en estado de indefensión, y únicamente produce efectos intra-procesales cuyas consecuencias pueden extinguirse en la realidad sin haber generado afectación alguna en sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, con el simple hecho de obtener una resolución favorable, y de resultarle adversa puede repararse mediante la vía de amparo directo tal como lo dispone el artículo 170 de la Ley de la Materia, en el que pueden alegar como violación el acto que aquí reclaman, por haber trascendido al resultado del fallo, por lo que bajo esa tesitura el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, tal como lo dispone el artículo 174 de la citada ley especial. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 205651, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a pagina 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, Agosto de 1992, Materia Común, Octava Época. "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de, cualquier acto dentro del juicio." Efectivamente, se indica que la determinación de la Sala, tendiente a que hizo efectivo un apercibimiento y decretó la remoción del perito nombrado por la parte actora, ahora quejosa, para que se nombre uno en rebeldía en materia de grafoscopía y documentoscopía, de conformidad con el artículo 363, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, no afecta los derechos sustantivos de la impetrante del amparo, sino sólo los procesales, en virtud de que lo cierto es que la afectación que, en su caso, pudiese sufrir en su esfera jurídica, sólo puede ser palpable hasta el dictado de la sentencia respectiva y no en este momento. Tal conclusión se determina, en atención a que conforme la anterior Ley de Amparo la expresión de actos de imposible reparación no sólo se refería a aquellos actos que afectaran directamente los derechos sustantivos del quejoso, sino además aquellos que aunque fuese procesales tuvieron una afectación en grado predominante o superior, situación esta última que desapareció con la emisión de la nueva Ley de Amparo bajo la cual se rige este expediente, la cual constriñe la procedencia del amparo a los actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que, concreto y exclusivamente, afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, lo cual dejó fuera de la tutela de la acción de amparo indirecto a los actos procesales como el que aquí se impugna. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2006338, sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Común, Décima Época. "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Es aplicable al particular por identidad jurídica, la Tesis 1.9º.A.12 A de la Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Mayo 2001, página 1077, que dispone: "AMPARO IMPROCEDENTE. EL ACUERDO INTRAPROCESAL QUE CAMBIA LA NATURALEZA DE UNA PRUEBA NO CONSTITUYE ACTO DEFINITIVO. Cuando el acto reclamado en un juicio de garantías consiste en una resolución emitida en un recurso de apelación interpuesto en contra de un proveído dictado en un juicio ordinario federal, que admitió la prueba testimonial ofrecida por la actora y concedió el término de tres días para su desahogo, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se tendrían "por confesos a los testigos", el juicio de amparo resulta improcedente, porque el acto no reviste la categoría de que sus efectos sean de imposible reparación ni entraña consentimiento porque ella es impugnable hasta que se dicte la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 175081, sustentada por Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1536 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo 2006, Materia Común, Novena Época. "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia Jurisprudencia 422, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Octava Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 282, "PRUEBAS, SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueve contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la Jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." ( Igualmente, apoyo a lo expuesto, la diversa jurisprudencia que sustentó la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 98 del Semanario Judicial de la Federación, 19-21, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época, cuyo texto íntegro dice: "PRUEBAS, ADMISION DE, A LA CONTRAPARTE. VIOLACION PROCESAL RECURRIBLE EN AMPARO DIRECTO. De lo establecido por los artículos 107, fracciones III, incisos a) y b), V, VI y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114, fracción IV, 158, 159 y 160 de la Ley de Amparo, se obtiene la regla general de que la vía de amparo directo es la idónea para combatir violaciones al procedimiento cometidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del laudo, sentencia o resolución, así como la regla de que el amparo indirecto es idóneo, entre otros supuestos, para impugnar actos dentro del juicio que sean de ejecución o cumplimiento irreparable. Ahora bien, el acuerdo que admite las pruebas ofrecidas por cualquiera de las partes no acarrea, por sí solo y desde luego, ningún perjuicio a la contraria; éste, podrá actualizarse, eventualmente, hasta que el tribunal efectúe la valoración de esas probanzas, la que sólo tiene lugar al dictarse el laudo que resuelva la controversia y es hasta entonces cuando se podrá saber si la admisión de dichas pruebas agravió a una de las partes, esto es, si la violación trascendió al resultado del fallo, razones por las cuales el auto de que se trata no es de ejecución irreparable. Por tanto, en el amparo directo que en su caso se promueva contra el laudo, podría alegarse la violación cometida durante el procedimiento." Con base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia inmersa en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMAN DA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizado de su parte, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******y, a las diversas personas que señala, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten ante este Juzgado ser licenciados en derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Debido a la voluminosidad de las actuaciones del Toca Civil 2473/2016, cuaderno de apelación 124/2016, los autos del expediente 732/2009, se ordena formar tres tomos de pruebas por separado, para un mejor manejo del sumario, el cual queda a disposición de las partes en la Secretaría de este Juzgado, para su consulta. NOTIFICACIÓN PERSONAL Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifíquese de forma personal a la parte promovente, con copia del presente proveído....II Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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