María Concepción Cantera Contreras
Expediente 536/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 536/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- María Concepción Cantera Contreras
Actuaciones
- Principal
Tribunal colegiado acepta competencia. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual informa que aceptó la competencia planteada, circunstancia de lo cual queda enterado este Órgano Jurisdiccional. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el oficio firmado por Luis Ignacio Castellanos Hernández, en su carácter de Profesional Ejecutivo de la Tesorería de la Federación, por medio del cual acusa recibo del oficio 17258/2022, por el que se le remitió el billete de depósito relacionado a este juicio de derechos. Información de la que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Finalmente, se confirma la recepción del mismo al correo electrónico luis_castellanos@hacienda.gob.mx. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a dieciocho de abril de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve ***** por derecho propio, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimapan, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 536/2022-6, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. De una revisión del escrito de demanda, la quejosa señala como actos destacados los siguientes: La sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad de concubinato dictada dentro del expediente ****, del índice Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimapan, Hidalgo. La omisión de realizar la valoración correcta de un documento, dentro del juicio de nulidad de concubinato ****. INCOMPETENCIA PARA CONOCER DEL ASUNTO De lo antes transcrito, se advierte que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, carece de competencia legal para conocer y tramitar el juicio de amparo en que se actúa, toda vez que, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del juicio de amparo intentado por María Concepción Cantera Contreras, contra un acto del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimapan, Hidalgo, corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito, en atención a las consideraciones siguientes. En principio cabe señalar que los preceptos invocados son del tenor siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en los juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de su intereses patrimoniales, y (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" En efecto, de los artículos transcritos, se advierte que procede el amparo directo, contra resoluciones definitivas que ponen fin al juicio, entendiéndose también por éstas las que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario en virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por su parte, el último párrafo de la fracción I del artículo 170, de la Ley de Amparo, establece entre otras cosas, que para efectos de esa Ley el juicio inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente y concluye con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por las dos primeras, las que decidan el juicio en lo principal; en tanto que, por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Precisado lo anterior, como se adelantó, de la lectura integral del escrito de demanda, se aprecia que el acto reclamado lo constituye la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad de concubinato dictada dentro del expediente ****, del índice Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimapan, Hidalgo; lo anterior, pues así lo refieren la quejosa en los hechos que bajo protesta de decir verdad narra en su escrito de demanda. De ahí que, si en la especie el acto reclamado en el presente sumario constitucional, lo constituye una sentencia definitiva, la cual evidentemente decidió el juicio en lo principal, por tanto, es claro que en su contra es procedente el juicio de amparo directo. Sin que sea obstáculo a lo anterior que contra la referida determinación no se hubiere agotado el recurso ordinario procedente, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, como lo dispone el párrafo tercero del artículo 170 de la Ley de Amparo, pues es criterio firme del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, porque promover el juicio de amparo contra una resolución de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una determinación que da por concluido el juicio, lo cual hace que se surta la competencia a favor del Tribunal Colegiado de Circuito, el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo, incluso en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 6/2015 del Pleno del Alto Tribunal del País, cuyo rubro, texto y datos de localización, son los siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época, Materia: Común. Libro 17, Abril de 2015, Tomo I. Página: 95. Bajo ese contexto, como se adelantó, este juzgador considera que la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por la quejosa María Concepción Cantera Contreras, no corresponde a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ya que el acto que se pretende combatir se trata precisamente de una sentencia definitiva, independientemente de que proceda o no recurso ordinario en su contra, y por tanto, procede el amparo directo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, previo antecedente que se forme del cuaderno principal en el que se actúa, remítase el presente asunto, así como las copias de demanda respectivas, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, por surtirse a su favor la competencia para su trámite y conocimiento. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la papeleta en turno, de la demanda de derechos, y del presente proveído con firma autógrafa. DOMICILIO y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta; y, como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **************, en virtud de que no tienen registrada su cédula profesional en el Módulo de consulta del Consejo de la Judicatura Federal; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlos como autorizados en términos amplios. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO En otro orden, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General, requiérase a las partes a efecto de que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que se establezcan comunicaciones no procesales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.
- Principal
TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEIDO DE DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO PROVEÍDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: " Vista la demanda de amparo que promueve ***** por derecho propio, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimapan, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 536/2022-6, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. De una revisión del escrito de demanda, la quejosa señala como actos destacados los siguientes: La sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad de concubinato dictada dentro del expediente ****, del índice Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimapan, Hidalgo. La omisión de realizar la valoración correcta de un documento, dentro del juicio de nulidad de concubinato ****. INCOMPETENCIA PARA CONOCER DEL ASUNTO De lo antes transcrito, se advierte que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, carece de competencia legal para conocer y tramitar el juicio de amparo en que se actúa, toda vez que, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del juicio de amparo intentado por María Concepción Cantera Contreras, contra un acto del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimapan, Hidalgo, corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito, en atención a las consideraciones siguientes. En principio cabe señalar que los preceptos invocados son del tenor siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en los juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de su intereses patrimoniales, y (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" En efecto, de los artículos transcritos, se advierte que procede el amparo directo, contra resoluciones definitivas que ponen fin al juicio, entendiéndose también por éstas las que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario en virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por su parte, el último párrafo de la fracción I del artículo 170, de la Ley de Amparo, establece entre otras cosas, que para efectos de esa Ley el juicio inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente y concluye con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por las dos primeras, las que decidan el juicio en lo principal; en tanto que, por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Precisado lo anterior, como se adelantó, de la lectura integral del escrito de demanda, se aprecia que el acto reclamado lo constituye la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad de concubinato dictada dentro del expediente ****, del índice Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimapan, Hidalgo; lo anterior, pues así lo refieren la quejosa en los hechos que bajo protesta de decir verdad narra en su escrito de demanda. De ahí que, si en la especie el acto reclamado en el presente sumario constitucional, lo constituye una sentencia definitiva, la cual evidentemente decidió el juicio en lo principal, por tanto, es claro que en su contra es procedente el juicio de amparo directo. Sin que sea obstáculo a lo anterior que contra la referida determinación no se hubiere agotado el recurso ordinario procedente, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, como lo dispone el párrafo tercero del artículo 170 de la Ley de Amparo, pues es criterio firme del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, porque promover el juicio de amparo contra una resolución de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una determinación que da por concluido el juicio, lo cual hace que se surta la competencia a favor del Tribunal Colegiado de Circuito, el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo, incluso en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 6/2015 del Pleno del Alto Tribunal del País, cuyo rubro, texto y datos de localización, son los siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época, Materia: Común. Libro 17, Abril de 2015, Tomo I. Página: 95. Bajo ese contexto, como se adelantó, este juzgador considera que la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por la quejosa María Concepción Cantera Contreras, no corresponde a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ya que el acto que se pretende combatir se trata precisamente de una sentencia definitiva, independientemente de que proceda o no recurso ordinario en su contra, y por tanto, procede el amparo directo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, previo antecedente que se forme del cuaderno principal en el que se actúa, remítase el presente asunto, así como las copias de demanda respectivas, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, por surtirse a su favor la competencia para su trámite y conocimiento. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la papeleta en turno, de la demanda de derechos, y del presente proveído con firma autógrafa. DOMICILIO y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta; y, como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **************, en virtud de que no tienen registrada su cédula profesional en el Módulo de consulta del Consejo de la Judicatura Federal; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlos como autorizados en términos amplios. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO En otro orden, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General, requiérase a las partes a efecto de que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que se establezcan comunicaciones no procesales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.Notifíquese personalmente.". NOTIFÍQUESE
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