María Clara Aguirre Castañeda

Expediente 1534/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1534/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
14/12/2021

Partes del expediente

  • María Clara Aguirre Castañeda

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada el treinta de noviembre del año en curso, dentro del término de cinco días que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la resolución por la que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por María Clara Aguirre Castañeda; para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante el licenciado César David Bejarano Magaña, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la cuenta que antecede, glósese a los autos el escrito inicial de demanda signado por ***, contra actos del Juez Primero de lo Civil y de Extinción de Dominio de Texcoco, Estado de México y otras, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Registro del expediente Fórmese expediente y regístrese con el número 1534/2021-1, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN JUDICIAL Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De un análisis de la demanda de amparo en su integridad, se advierte que el acto que en realidad reclama o que le podría causar agravio a la parte quejosa no son los atribuidos al Juez Primero de lo Civil y de Extinción de Dominio de Texcoco, Estado de México, ni al Juez Tercero de lo Mercantil de Pachuca, Hidalgo, ya que si bien refiere les reclama el reconocimiento y existencia de diversas actuaciones, las cuales concluyeron en un embargo de derechos litigiosos del expediente 713/20213 el cual se encuentra radicado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo; lo cierto es que lo que en realidad le duele es la diligencia de doce de noviembre de este año, en la que se constituyó el actuario adscrito a la Junta responsable a realizar la ejecución del laudo de siete de julio de dos mil catorce derivado del expediente 711/2013, en el domicilio localizado en avenida 8, esquina nadador número 7, manzana D, colonia Plutarco Elías Calles, Pachuca, Hidalgo, de parte de Esperanza Cruz Gutiérrez, ello sin considerar que dichos derechos litigiosos y de cobro se encontraba embargados por la aquí quejosa. . Respecto de dicho acto reclamado consistente en la diligencia de doce de noviembre de este año, en la que se constituyó el actuario adscrito a la Junta responsable a realizar la ejecución del laudo de siete de julio de dos mil catorce derivado del expediente 711/2013, en el domicilio localizado en avenida 8, esquina nadador número 7, manzana D, colonia Plutarco Elías Calles, Pachuca, Hidalgo, de parte de Esperanza Cruz Gutiérrez, ello sin considerar que dichos derechos litigiosos y de cobro se encontraba embargados por la aquí quejosa, se advierte que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. En la especie, este juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" Es de precisarse, que el interés jurídico se hace consistir en el derecho que les asiste a los particulares para reclamar, en la vía de amparo, cualquier acto de autoridad perpetrado en contra de éstos, que repudien violatorio de sus derechos fundamentales; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por determinado acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o intereses; en ese contexto, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto de autoridad reclamado, de manera que, el sujeto que posee esta titularidad, puede ocurrir al juicio de amparo a fin de reclamar las violaciones cometidas en su perjuicio, pero no otra persona. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enuncia: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Luego, para la procedencia de la acción constitucional, es un presupuesto indispensable que la ley o el acto reclamado cause perjuicio o afecte la esfera jurídica del quejoso de manera real, objetiva y jurídica, no así cuando los actos de autoridad produzcan solamente afectaciones de carácter formal o procesal dado que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de naturaleza extraordinaria, que sólo procederá en el caso de actos dictados por tribunales judiciales, contra aquellos que ocasionen un agravio personal y directo. En ese sentido, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, el juicio constitucional biinstancial es improcedente en contra de los actos que por esta vía se combaten, porque dichos actos se refieren a cuestiones de ejecución en un laudo cuando se encuentra facultado para promover a virtud de los derechos litigiosos que dice tiene adquiridos, esto es; la diligencia de doce de noviembre de este año, en la que se constituyó el actuario adscrito a la Junta responsable a realizar la ejecución del laudo de siete de julio de dos mil catorce derivado del expediente 711/2013, en el domicilio localizado en avenida 8, esquina nadador número 7, manzana D, colonia Plutarco Elías Calles, Pachuca, Hidalgo, de parte de Esperanza Cruz Gutiérrez, ello sin considerar que dichos derechos litigiosos y de cobro se encontraba embargados por la aquí quejosa, por lo que, el acto que reclama en esta instancia constitucional, no es un acto que tenga una imposible reparación, en virtud de que dicha determinación no le causa perjuicio de difícil reparación o que viole sus derechos sustantivos, ya que si como refiere cuenta con derechos litigiosos y de cobro respecto del juicio 711/2013, que se lleva ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo, puede comparecer ante dicha autoridad a efecto de hacer valer sus derechos y más si refiere ya se embargaron los mismos derivado del juicio mercantil que se lleva ante el Juez Primero de lo Civil y de Extinción de Dominio de Texcoco, Estado de México, por lo que puede comparecer ante la responsable y manifestar lo que a su interés convenga y en caso de no darle entrada a su solicitud o contestarle lo pedido ya podrá promover amparo o el medio de impugnación que estime necesario y será hasta en ese momento que tal vez dependiendo si efectivamente tiene derechos litigiosos respecto de dicho juicio laboral, podrá tener una afectación. En apoyo a las consideraciones anteriores se cita la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintitrés del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 97-102, Primera Parte que es del tenor siguiente: "PERJUICIO E INTERES JURIDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." Asimismo, tiene aplicación por analogía la tesis I.13o.A.3 K, visible en la página 1742 del tomo XIII, Marzo de 2001, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente expone: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aun no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo." Luego, es inconcuso que no existe en autos algún elemento que revele que el acto destacado como reclamado afecte real y (en su esfera de derechos como particular) directamente los derechos jurídicamente tutelados de la quejosa, toda vez que no demuestra de manera objetiva que hasta este momento que el acto impugnado, le haya vulnerado su esfera jurídica. Por lo tanto, si para la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, situación que en la especie no aconteció, ya que la diligencia de doce de noviembre de este año, en la que se constituyó el actuario adscrito a la Junta responsable a realizar la ejecución del laudo de siete de julio de dos mil catorce derivado del expediente 711/2013, en el domicilio localizado en avenida 8, esquina nadador número 7, manzana D, colonia Plutarco Elías Calles, Pachuca, Hidalgo, de parte de Esperanza Cruz Gutiérrez, ello sin considerar que dichos derechos litigiosos y de cobro se encontraba embargados por la aquí quejosa, no le causa perjuicio, por lo que, el acto que reclama en esta instancia constitucional, no es un acto que tenga una imposible reparación, sino que será hasta en tanto que la Junta responsable le niegue la entrada a la ejecución de laudo o no le llegara a contestar una petición en el término que marca la ley, cuando podría promover amparo o el recurso que estime pertinente. De modo que, ante la ausencia de agravio personal y directo del justiciable, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Con base en lo expuesto, debe concluirse que la diligencia de doce de noviembre de este año, en la que se constituyó el actuario adscrito a la Junta responsable a realizar la ejecución del laudo de siete de julio de dos mil catorce derivado del expediente 711/2013, en el domicilio localizado en avenida 8, esquina nadador número 7, manzana D, colonia Plutarco Elías Calles, Pachuca, Hidalgo, de parte de Esperanza Cruz Gutiérrez, ello sin considerar que dichos derechos litigiosos y de cobro se encontraba embargados por la aquí quejosa, no constituye un acto que hasta la fecha afecte directa y materialmente un derecho sustantivo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Décima Época registro: 2011580 Instancia: Segunda Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación el 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, página 1086, del texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia radica en la circunstancia de que la determinación reclamada de no vinculación a proceso, no le afecta y no le podría causar un perjuicio ni con lo resuelto ni a futuro ya que su consecuencia es tener por concluido el proceso penal. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Precisión de criterios jurisprudenciales. Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir el usuario que refiere "OMARDIAZ2", lo anterior por así haberlo solicitado expresamente. En atención a su contenido se autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica, a través de los usuario "OMARDIAZ2"; por tanto, se encomienda al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que dé de alta al usuario de referencia, en el expediente electrónico del juicio en que se actúa, para dicho efecto. Ténganse como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que refiere en virtud de no contar con registro de sus cédulas profesionales a su nombre en el Módulo de Consulta Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y personalmente por medio de usuario al quejoso

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