María Claudia Castruita Rincón
Expediente 1131/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1131/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- María Claudia Castruita Rincón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
El cinco de enero de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la juez con el oficio registrado con número de registro 141 y anexo que se acompaña. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, firmado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta ciudad, al que acompaña copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada por ese órgano colegiado el quince de diciembre de dos mil dieciséis, en el recurso de queja civil número 136/2016-1, de la que se aprecia que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por Eduardo Muñoz Arteaga (autorizado de la parte quejosa) contra el auto de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de derechos; acúsese el recibo de estilo y háganse las notaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora, toda vez que la superioridad mediante la resolución de mérito consideró infundado el recurso de queja citado y como no existen diligencias pendientes por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívense los autos. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario que autoriza y da fe. *María del Carmen*
- Principal
El veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, el secretario da cuenta a la juez con el oficio número registrado con el número 19810. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la actuaria judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que se admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por Eduardo Muñoz Arteaga, en su carácter de autorizado de la quejosa, contra el auto de ocho de noviembre del año en curso, quedando registrado como queja civil 136/2016-1. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla.- DOY FE. *María del Carmen
- Principal
El veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el secretario da cuenta a la Juez con el escrito registrado con el folio 19516. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta signado por Eduardo Muñoz Arteaga (autorizado de la quejosa); en atención a su contenido, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto recurso de queja contra el auto de ocho de noviembre del año en curso (fojas 16 a 23), por el que se desechó la demanda de amparo que promovió María Claudia Castruita Rincón, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja que nos ocupa, en el sentido de que ES CIERTO el acto reclamado, ya que efectivamente en el juicio de amparo en que se actúa, se dictó el auto recurrido. Ahora bien, remítase copia certificada de la demanda de amparo con que se formó el presente expediente, del auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis (prevención), del escrito foliado con el número 18390, del auto recurrido y de su notificación; a fin de que sea substanciado el medio de impugnación de que se habla en párrafos precedentes, debiendo acompañarse el original y copia del escrito de expresión de agravios respetivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla.- Doy fe. *María del Carmen*
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, ocho de noviembre de dos mil dieciséis. Téngase recibido el escrito de cuenta firmado por la quejosa María Claudia Castruita Rincón, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, informa que el juicio de origen se encuentra en la etapa probatoria. En tales condiciones, se provee: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto anterior establece la posibilidad de que la demanda de amparo se deseche cuando exista una causa manifiesta e indudable de sobreseimiento. En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que esta resolutora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la Ley Fundamental o de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 170 y 171 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo..." II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, en lo que interesa, se deduce que por regla general, la vía en la que deben reclamarse los actos dentro de juicio que afecten derechos adjetivos o procesales del quejoso, es el juicio de amparo directo. Lo anterior, puesto que en esta vía de control constitucional es posible combatir las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieran afectado las defensas del quejoso y trascendido al resultado del fallo. Ahora bien, la regla expuesta encuentra su excepción cuando dentro del juicio surjan cuestiones que sean de imposible reparación para las partes, caso en el que puede acudirse inmediatamente al amparo indirecto. Ello, de acuerdo con el artículo 107, fracción V, del ordenamiento en mención, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." El precepto citado establece la posibilidad de reclamar los actos dictados dentro de juicio cuando éstos tengan sobre las personas una ejecución que sea de imposible reparación; tales actos se entienden como los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En contrasentido, la vía de amparo indirecto será improcedente cuando los actos dictados dentro de juicio tengan una ejecución reparable con el dictado de la sentencia definitiva. La razón fundamental del requisito anterior, es que si la parte en contra de quien se cometieron violaciones procesales en un juicio obtiene sentencia favorable, el perjuicio que le pudieron ocasionar tales violaciones desaparece, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, por lo que de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza son reparados. Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto. Por tanto, las violaciones ocurridas dentro del procedimiento deben ser combatidas constitucionalmente, por regla general, en la vía de amparo directo, salvo que sean de ejecución irreparable, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Es decir, las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impiden o afectan, en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, derivada del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sobre esa base, los actos dictados en juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), como se expuso, sólo serán impugnables vía amparo directo. Los razonamientos expuestos tienen sustento en la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, del volumen 56, agosto de 1992, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Y resulta aplicable por las razones que informa la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno del Más Alto Tribunal de nuestro país, visible en la página 39, del Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006589, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así como también resulta ilustrativa la tesis I.1o.A.E.30 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la república, consultable en la página 2317, del Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2008665, que señala: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución.". En conclusión, los actos dictados en juicio tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por otra parte, en relación con la figura jurídica de la reposición del procedimiento, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 17/90, señaló que para establecer la procedencia del juicio de amparo en relación con un acto de dicha naturaleza, en cada caso concreto debía estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por sus efectos, eran o no de imposible reparación. En efecto, si las consecuencias de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la resolución definitiva si la parte quejosa estima que trascendió al resultado del fallo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J.17/91, consultable a página 25, del tomo VII, Mayo de 1991, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 205810 que establece: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." En esa línea, la nulidad de actuaciones, por sí sola, únicamente tiene efectos procesales, por lo que no genera un perjuicio de imposible reparación, al no estar involucrado un derecho sustantivo. Es ilustrativo de lo anterior, por la razón que informa la Tesis: 1a./J. 94/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Materia Civil, página 256, con número de registro 167896, Novena Época, del contenido siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada. En el caso, se reclama la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio civil 26/2016 dictada por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, que desestimó el recurso de revocación interpuesto contra el auto de ocho de agosto de dos mil dieciséis; y este último proveído. De lo narrado por la amparista, se advierte que la inconformidad radica en que en los actos reclamados se desestimó su petición de dejar sin efectos el emplazamiento por edictos con el que se le vinculó al procedimiento natural. Así, la materia de los actos reclamados se integra por el emplazamiento por edictos de la quejosa al juicio natural. No obstante, la peticionaria del amparo manifestó que el juicio de origen se encuentra en etapa probatoria, lo que implica que aún no se ha emitido la sentencia definitiva. De manera que en los actos reclamados únicamente se encuentra involucrada la legalidad del emplazamiento en controversia, sin que se haya dictado la sentencia del procedimiento natural; por lo que no constituye un acto en el juicio que tenga sobre la esfera jurídica de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, que afecte materialmente sus derechos sustantivos, en los términos concebidos por el legislador ordinario, pues solo constituye una violación procesal que no afecta algún derecho fundamental tutelado a su favor en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país. Atendiendo a lo anterior, se considera que el presente amparo indirecto es improcedente, en razón de que conforme a la redacción de la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo vigente, el auto reclamado no constituye un acto pronunciado en el procedimiento cuya repercusión sobre el hoy accionante del amparo se considere como de imposible reparación, por no afectar materialmente sus derechos sustantivos previstos en la Constitución General o en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en los términos destacados por el legislador ordinario, pues sólo constituye una violación procesal que no repercute en dichas prerrogativas, al solo involucrar los actos reclamados la pretensión de la quejosa de obtener la nulidad de actuaciones del juicio natural, en relación con el emplazamiento que le fue realizado. Por tanto, bajo la directriz establecida por el constituyente derivado, al darle contenido a ese concepto, se considera que conforme a la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), en relación con el artículo 107, fracción V, de la Constitución Federal, el acto aquí reclamado no puede ser considerado como de aquéllos que afecten derechos sustantivos, pues bien puede ocurrir que a pesar de esa determinación, la aquí quejosa obtenga sentencia favorable en el juicio de origen, desapareciendo así cualquier violación procesal que se hubiera cometido en su perjuicio; y en caso contrario, estará en posibilidad de impugnar tal violación junto con dicha resolución. De lo hasta aquí expuesto se obtiene que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente para combatir el acto que aquí se reclama, en tanto que sus efectos son sólo intraprocesales. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por María Claudia Castruita Rincón. En otro aspecto, como lo solicita la promovente, se tiene como autorizado con las amplias facultades que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo, al licenciado Eduardo Muñoz Arteaga (1880386), toda vez que se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y por no acreditar dicha circunstancia, únicamente para oír y recibir notificaciones a Rubén Gurrola Carrillo y Nubia Gabriela Ramírez, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Universidad número 329 tercer piso, colonia Hidráulica en esta ciudad. Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo vigente, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. *María del Carmen*.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- María Azucena Moncada Acevedo1746/2018
- María Belem Almillo Guerrero272/2015
- María Briseño Guzmán1256/2015
- María Cecilia García Novella717/2022
- María Cecilia Ramírez López884/2015
- María Citlallic Vizcaya Zamudio2239/2015
- María Cleofas Reyes González283/2015
- María Concepción Cervantes Moreno161/2018
- María Concepción del Hoyo Santillán226/2018
- María Concepción Elias Márquez1192/2023
- María Concepción González Sánchez898/2019
- María Concepción Prieto Acevedo1153/2022