María Cecilia Ramírez López

Expediente 884/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 15 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
884/2015
Año
2015
Actuaciones
16
Última actuación
15/09/2015

Partes del expediente

  • María Cecilia Ramírez López
  • César Carlos Hernández
  • Adolfo Morquecho Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a quince de septiembre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el día veintisiete de agosto del año en curso, en la cual se negó al quejoso el amparo y protección solicitados; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA. Hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes y en atención a que la resolución de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvase a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Concepción del Oro, Zacatecas las constancias en copia certificada que integran el juicio ejecutivo mercantil 2/2015, que remitió como apoyo a su informe justificado. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, y por otra parte, que el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar respecto del acto reclamado. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION III, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DICTADA EN VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, LA CUAL EN SU PUNTO RESOLUTIVO DICE LO SIGUIENTE: se R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA, NI PROTEGE a MARÍA CECILIA RAMÍREZ LÓPEZ, contra de los actos reclamados al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Concepción del Oro, Zacatecas, así como al Actuario de su adscripción, por las razones expuestas en el considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada María Soledad Torres Muguiro, hasta el día de hoy veintisiete de agosto de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del Juzgado. DOY FE

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C) DE LA NUEVA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO ADOLFO MOQUECHO MENDEZ, EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DICTADA EN VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, LA CUAL EN LO CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE: "se R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA, NI PROTEGE a MARÍA CECILIA RAMÍREZ LÓPEZ, contra de los actos reclamados al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Concepción del Oro, Zacatecas, así como al Actuario de su adscripción, por las razones expuestas en el considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada María Soledad Torres Muguiro, hasta el día de hoy veintisiete de agosto de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del Juzgado. DOY FE."

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 884/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, MARÍA CECILIA RAMÍREZ LÓPEZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades responsables: Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Concepción del Oro, Zacatecas. Actuario del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Concepción del Oro, Zacatecas. Actos reclamados: La Falta de emplazamiento al Juicio Ejecutivo Mercantil 2/2015, el embargo trabado el veintiocho de enero de dos mil quince y la sentencia dictada el treinta de abril del presente año. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La quejosa señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del Juicio de Amparo. En auto de veintiséis de mayo de dos mil quince, se admitió la demanda de garantías promovida por la quejosa, se ordenó emplazar a los terceros interesados; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: *La Falta de emplazamiento al Juicio Ejecutivo Mercantil 2/2015. *El embargo trabado el veintiocho de enero de dos mil quince, respecto del bien inmueble ubicado en la calle García de la Cadena sin número de la colonia Las Lajas de Concepción del Oro, Zacatecas, el cual es propiedad de la quejosa. *La sentencia dictada el treinta de abril del presente año. II.2. Inexistencia, certeza o prevención del acto reclamado: Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o precisión de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza. El Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Concepción del Oro, Zacatecas, así como el Actuario de su adscripción, al rendir sus respectivos informes con justificación aceptaron la existencia de los actos reclamados. En este sentido, es aplicable, la Jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." La certeza anterior se corrobora con las documentales que adjuntó como soporte a su informe el Juez responsable, consistentes en copias fotostáticas certificadas del juicio mercantil ejecutivo número 2/2015; documentales que tienen pleno valor probatorio, conforme lo disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última y de las cuales se demuestra la existencia de los actos reclamados. Al respecto, es aplicable, el contenido de la jurisprudencia de rubro y texto siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público, es de oficio y preferente al de la materia de fondo de la constitucionalidad planteada, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la Jurisprudencia del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia". Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juez de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia de manera oficiosa. IV. Litis constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". En los conceptos de violación, la quejosa medularmente alega: Que no fue llamada al juicio de origen, en donde se le embargan bienes de su propiedad y en el que al haber procedido de igual manera, se actualiza un litisconsorcio pasivo necesario, por lo que no se le respetó su garantía de audiencia, violando con ello en su contra los artículos 169, 170, 171, 172 y demás aplicables al Código de Procedimientos Civiles del Estado; máxime que tiene un interés legítimo sobre el bien embargado Y cita las tesis de los rubros: "PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, CONCEPTO DE"; "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL NO UNA CONDICIÓN DE LA ACCIÓN"; "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO, CUANDO SE ADVIERTE EN EL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA O SEGUNDA INSTANCIA, SU EFECTO ES LLAMAR A JUICIO A LOS LITISCONSORTES QUE NO HAN SIDO CONVOCADOS A ÉL Y NO DEJAR A SALVO LOS DERECHOS DE LAS PARTES"; "LITISCONSORCIO ACTIVO NECESARIO, DEBE ANALIZARSE DE OFICIO EN CUALQUIER ETAPA DEL JUICIO, PARA QUE LOS INTERESADOS COMPAREZCAN AL PROCEDIMIENTO A DEDUCIR SUS DERECHOS Y LA SENTENCIA QUE SE DICTE SEA VÁLIDA PARA TODOS ELLOS"; "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, IMPLICA UN EXAMEN CUIDADOSO DEL ACTO RECLAMADO"; "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO". Que se violan las garantías individuales de seguridad jurídica de la quejosa, al trabar embargo sobre el inmueble de su propiedad, en razón de que para que sea legal un embargo trabado sobre un inmueble propiedad de uno de los cónyuges, casado bajo el régimen de sociedad conyugal, es requisito SINE QUA NON, que durante la secuela del juicio mercantil se halla demostrado la existencia de capitulaciones matrimoniales, las que son indispensables para determinar la titularidad de la sociedad conyugal respecto del bien inmueble embargado, lo que en el caso no aconteció. Y cita las tesis de los siguientes rubros: "SOCIEDAD CONYUGAL. SI NO SE PACTARON CAPITULACIONES MATRIMONIALES, LAS ACCIONES QUE SE EJERZAN CONTRA A ELLA O SOBRE LOS BIENES QUE LA CONFORMAN, DEBERÁN DIRIGIRSE EN CONTRA DE AMBOS CÓNYUGES, AL SER ELLOS QUIENES EJERCEN EL DOMINIO Y LA ADMINISTRACIÓN DE AQUÉLLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)"; "SOCIEDAD CONYUGAL. SI NO EXISTEN CAPITULACIONES MATRIMONIALES, NO HAY BASE LEGAL PARA CONSIDERAR QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR UNO SOLO DE LOS CÓNYUGES, PERTENEZCAN A AMBOS"; "CAPITULACIONES MATRIMONIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). INCONSTITUCIONALIDAD DEL EMBARGO DE UN BIEN INMUEBLE ADQUIRIDO EN PROPIEDAD POR UNO DE LOS CÓNYUGES, DESPUÉS DE CELEBRARSE EL MATRIMONIO, BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL, SI EN UN JUICIO MERCANTIL NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE LAS" V. Estudio de la constitucionalidad de la resolución combatida. Son infundados los aludidos conceptos de violación, según se expondrá a continuación. En la especie, la parte quejosa ostentándose tercera extraña al juicio ejecutivo mercantil 02/2015, reclama por esta vía, la falta de emplazamiento a juicio, la diligencia de embargo de veintiocho de enero de dos mil quince, en la que se trabó embargo respecto del bien inmueble ubicado en la calle García de la Cadena sin número de la colonia Las Lajas de Concepción del Oro, Zacatecas, el cual es de su propiedad y la sentencia emitida en el citado juicio. Ahora bien, de las constancias que adjuntó el Juez responsable a su informe justificado se advierten como antecedentes del acto reclamado los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil catorce, en el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Concepción del Oro, Zacatecas, Adolfo Morquecho Méndez, en cuanto endosatario en propiedad de Imelda Guadalupe Díaz López promovió Juicio Ejecutivo Mercantil en contra de César Carlos Hernández, el cual se registró bajo el número 02/2015. 2. Por auto de ocho de enero de dos mil quince, se admitió a trámite el juicio, se mandó emplazar al demandado y se ordenó requerirlo del pago de las prestaciones reclamadas y, en caso de no hacerlo, se le embargarían bienes de su propiedad suficientes para garantizar el adeudo. 3. En cumplimiento a lo anterior, en diligencia de veintiocho de enero de dos mil quince, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, en la que el actor manifestó, que el demandado Carlos César Hernández contrajo matrimonio el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, con la aquí quejosa María Cecilia Ramírez López, bajo el régimen de sociedad conyugal, por lo que señaló para embargo el bien inmueble ubicado en la calle García de la Cadena sin número, de la colonia Las Lajas, de Concepción del Oro, Zacatecas. 3. Mediante escrito presentado el diez de febrero del presente año, el demandado compareció a dar contestación a la demanda entablada en su contra; por lo que, en auto de trece de febrero de ese mismo año, se le tuvo por presentando en tiempo y forma la contestación de la demanda y por opuestas excepciones y defensas. 4. Seguido que fue el juicio por sus trámites legales, el treinta de abril de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva, en la que se condenó al demandado al pago de las prestaciones reclamadas y se ordenó hacer trance y remate de los bienes embargados. Ahora bien, de autos se advierte que efectivamente la aquí quejosa es propietaria del inmueble embargado ubicado en la calle García de la Cadena sin número, de la colonia Las Lajas, de Concepción del Oro, Zacatecas, lo que se acredita con la copia certificada de la escritura pública número dos mil seiscientos cincuenta y tres, en la cual se contiene el contrato de compra-venta, celebrado entre Manuel Sánchez Briones y la aquí quejosa María Cecilia Ramírez López, el treinta de marzo de dos mil nueve, bajo la fe del notario público número 52, con residencia en Concepción del Oro, Zacatecas, la cual fue exhibida en el juicio de origen; que la ahora quejosa contrajo matrimonio con el demandado César Carlos Hernández, el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, bajo el régimen de sociedad conyugal, lo que se acredita con el acta de matrimonio que obra glosada a foja 32 de autos; por ende, si se atiende que la ahora quejosa adquirió el bien inmueble embargado el treinta de marzo de dos mil nueve, según se advierte de la copia certificada del contrato de compraventa -fojas 23 y 24 del cuaderno de pruebas-, es evidente que pasó a formar parte del caudal común, lo anterior, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 149, del Código Familiar para el Estado de Zacatecas. En relación con el tema el artículo 135 del Código Familiar en el Estado de Zacatecas, vigente en la época de los hechos, literalmente establecía: "ARTICULO 135.- El matrimonio puede celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal, bajo el de separación de bienes, o bien régimen mixto. Del contenido de la disposición legal antes transcrita, se desprende que al celebrarse un matrimonio, necesariamente debe fijarse el régimen matrimonial bajo el cual se administrarán los bienes de los cónyuges, pudiendo ser el de separación de bienes, bien régimen mixto o bien el de sociedad conyugal como se actualiza en el presente caso. Ahora bien, el artículo 149 del Código Familiar en el Estado de Zacatecas, vigente en la época en que la quejosa y el demandado aquí tercero interesado César Carlos Hernández, contrajeron matrimonio el (veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve), establece que la sociedad conyugal se regirá por capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y, mientras la sociedad conyugal subsista le corresponde a ella el dominio y posesión de los bienes que formen su patrimonio. ARTICULO 149.- El régimen de la sociedad conyugal consiste en la formación y administración de un patrimonio común, diferente de los patrimonios propios de los consortes. La sociedad conyugal se rige por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan y por las siguientes disposiciones: I. La sociedad conyugal es una persona jurídica cuya capacidad nace desde el momento de la celebración del matrimonio, cuando las capitulaciones matrimoniales se otorgaron con anterioridad a éste o desde el otorgamiento de tales capitulaciones, si se pactaron con posterioridad; II. Mientras la sociedad conyugal subsista le corresponde a ella el dominio y posesión de los bienes que formen su patrimonio; III. Las capitulaciones matrimoniales que se establezcan en la sociedad conyugal, deben contener: a) El inventario de los bienes que cada consorte lleve a la sociedad, con la expresión de su valor y gravámenes; b) Nota pormenorizada de las deudas que tenga cada esposo al otorgarse las capitulaciones con expresión de si la sociedad ha de responder de ellas, o únicamente de las que se contraigan durante la sociedad por ambos consortes o por cualquiera de ellos; c) La declaración expresa de si la sociedad conyugal ha de comprender todos los bienes de cada consorte o sólo parte de ellos, expresando en este último caso cuáles son los bienes que hayan de entrar en la sociedad; d) La declaración sobre si los bienes que adquieran ambos cónyuges o uno de ellos después de iniciada la sociedad, pertenecerán a ambos en copropiedad, si serán propios de cada uno de ellos o si entrarán a formar parte del patrimonio de la sociedad, así como la manera de probar su adquisición. Si se omite esta declaración, todos los bienes que existan en poder de cualquiera de ellos al concluir la sociedad se presumen gananciales mientras no se pruebe lo contrario; e) La declaración de si la sociedad es sólo de ganancias, expresándose pormenorizadamente la parte que a cada uno de ellos ha de corresponder; f) La declaración de si el producto del trabajo de cada consorte corresponde exclusivamente al que lo ejecutó, o si debe dar participación de ese producto a otro consorte y en qué proporción; g) Las reglas para la administración de la sociedad y las bases para su liquidación. Es nula toda la capitulación en la que se establezca que sólo uno de los consortes tendrá derecho a todas las utilidades. No puede renunciarse anticipadamente a las ganancias. En ese tenor, lo dispuesto por la fracción III del artículo 149 del Código Familiar para el Estado de Zacatecas la constitución y la regulación de los regímenes patrimoniales se rigen por las capitulaciones matrimoniales, en las cuales los cónyuges pueden establecer los más diversos pactos, entre otros, la declaración expresa de si la sociedad conyugal ha de comprender todos los bienes de cada consorte o sólo parte de ellos, expresando en este último caso cuáles son los bienes que hayan de entrar en la sociedad. Pues bien, de acuerdo a lo expuesto, cuando los cónyuges omiten formular capitulaciones matrimoniales, y por ende, no establecen las condiciones de la sociedad, esa inexistencia de capitulaciones matrimoniales generadora de la omisión en la designación de cuál de los socios será quien ejerza los actos de administración y representación por parte de la sociedad conyugal, conlleva a que tal derecho y obligación recaiga en ambos cónyuges. Lo anterior se afirma, pues es preciso señalar que a la fecha, en el presente asunto nadie ha sostenido ni demostrado que los cónyuges hubieren celebrado capitulaciones matrimoniales. Tampoco nadie ha afirmado ni demostrado que, en capitulaciones matrimoniales, los cónyuges hubieran pactado que los bienes que adquirieran en el futuro durante el matrimonio, aunque uno solo de ellos fuera el adquirente, pertenecería pro indiviso a ambos esposos, en un cincuenta por ciento. Sin embargo, no existe controversia con relación a que en el renglón correspondiente del acta de matrimonio, donde debía anotarse el régimen patrimonial bajo el cual el contendiente contraería nupcias, se asentó "sociedad conyugal". Además, nadie ha afirmado y menos demostrado, que los referidos esposos hubieran celebrado capitulaciones matrimoniales con un determinado contenido. Conforme a lo anterior, cabe afirmar que es verdad que la quejosa MARÍA CECILIA RAMÍREZ LÓPEZ Y CÉSAR CARLOS HERNÁNDEZ, se encuentran casados bajo el régimen de sociedad conyugal. En estas condiciones, es pertinente recordar lo expuesto en el primer párrafo del artículo 149 del Código Familiar para el Estado de Zacatecas, en el que se señala que el régimen de la sociedad conyugal consiste en la formación y administración de un patrimonio común, por tanto, la constitución de la sociedad conyugal comienza o tiene su génesis al celebrarse el matrimonio, esto es, su nacimiento no está sujeto a la formulación de capitulaciones matrimoniales, sino única y exclusivamente a la voluntad de los consortes. Es por ello que el régimen de sociedad conyugal nace cuando así lo pacten los contrayentes, lo que sucede en el acto de celebrarse el matrimonio, aunque se omitan las capitulaciones matrimoniales. De esta manera, se sigue que a pesar de que no se haya observado este formalismo jurídico, existe y opera la sociedad conyugal, pues resulta evidente que el interés jurídico de aquel que celebra el contrato matrimonial deviene del régimen a través del cual lo verificó y no del hecho de que se hayan o no celebrado capitulaciones matrimoniales, de aquí que cuando se afectan los derechos de uno de los consortes o socios en un procedimiento, es claro que está formando parte el otro cónyuge de la sociedad, sus intereses están debidamente representados. Al respecto, es ilustrativa, la tesis del rubro y texto siguiente: "SOCIEDAD CONYUGAL. AL NO PACTARSE CAPITULACIONES MATRIMONIALES, EL RÉGIMEN PATRIMONIAL DEBE REGIRSE POR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTRATO DE SOCIEDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). La constitución del patrimonio de los cónyuges es una institución de orden público en el derecho privado que si bien es cierto en un principio está llamada a proyectarse en los haberes y deberes de aquéllos, también lo es que existe la posibilidad de que los bienes que lo integran lleguen a conformar el patrimonio de familia o que a la postre su aumento o disminución beneficie o perjudique a sus descendientes; por ello, el legislador estatal, apreciando una realidad de suma importancia en la sociedad, ha creado una ficción jurídica cuando los consortes omiten pactar capitulaciones matrimoniales -al celebrarse el matrimonio o en algún acto posterior-; por lo que es, conforme a ese espíritu, que debe interpretarse el artículo 180 del Código Civil para el Estado de Baja California, que dispone que la sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, luego, frente al método de interpretación gramatical es preferible atender a la finalidad de la ley que consiste en la protección efectiva de ese patrimonio; en consecuencia, debe aplicarse por analogía el citado numeral cuando se omita pactar capitulaciones y no sólo al supuesto en que es imprescindible integrar la voluntad de los cónyuges en lo concerniente a lo no expresamente estipulado. En tal virtud, la remisión legislativa contenida en el artículo examinado al diverso 2601 conduce a establecer, válidamente, que ese régimen patrimonial se rige por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, ya que es primordial generar certeza jurídica respecto de los bienes que la conforman, y es así que cobra vida la ficción legal de que se trata, para establecer que ambos cónyuges son copropietarios de todos los bienes de manera proporcional o alícuota". En resumen, la sociedad conyugal es una comunidad de bienes, la cual nace cuando los cónyuges expresan su voluntad de que el matrimonio se celebre bajo dicho régimen, prevaleciendo de esta manera el precepto específico que establece que los contrayentes en la solicitud de matrimonio expresen bajo cuál régimen patrimonial quieren vivir, atendiendo al principio de autonomía de la voluntad, en caso de que los consortes no formulen las capitulaciones matrimoniales a que se refiere el artículo 149 del código familiar, que las define como los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar la administración de éstas, en uno u otro caso debe hacerse mención que el referido numeral no sujeta tal nacimiento de la sociedad conyugal a la formulación de capitulaciones matrimoniales, sino única y exclusivamente a la voluntad de los consortes; por ello, cuando aquéllas no se pactan en el momento de la celebración del matrimonio, la sociedad conyugal opera en virtud de la voluntad externada por los consortes ante el Juez del Registro Civil para constituir el régimen a través del cual desean celebrar su contrato matrimonial. De igual forma, las reglas atinentes a la administración de la sociedad que en el ordenamiento legal en consulta existen y guardan relación con el tema de que se trata, las cuales se desprenden del artículo 151 del ordenamiento legal en cita dispone: "ARTÍCULO 151.- La administración de la sociedad corresponde a ambos cónyuges; pero puede convenirse que sólo uno de ellos sea el administrador". Entonces, al interpretar de dicho precepto legal al caso en concreto, la conclusión obligada es que inaceptable resulta para el derecho, que el consorte integrante de la sociedad conyugal que no contrató o realizó actos de administración respecto de los bienes afectos al patrimonio común y que no acudió en forma material al juicio, pueda ser considerado tercero extraño, cuando el otro sí los ejecutó y realizó actos de defensa, pues la calidad de socios que ambos tienen de acuerdo a la ley, los obliga frente a los demás, sin desconocer que la propia ley confiere acción al socio interesado para responsabilizar a su consorte de los daños que ocasione al fondo común. En tales condiciones, este Juez de Distrito concluye que el consorte integrante de la sociedad conyugal que no realizó actos de administración respecto del bien afecto al patrimonio común y que no acudió en forma material al juicio, o bien, habiéndose embargado bienes propios del cónyuge que no fue demandado, no puede ser considerado tercero extraño, cuando el otro si los ejecutó, pues, la calidad de socios que ambos tienen de acuerdo a la ley, los obliga frente a los demás, sin desconocer que la propia ley confiere acción al socio interesado para responsabilizar a su consorte de los daños que ocasione al fondo común; por tanto, es de considerarse que la ahora peticionaria de garantías MARÍA CECILIA RAMÍREZ LÓPEZ, carece de la calidad de tercero extraño al juicio del que emanan los actos reclamados, en virtud de que su consorte César Carlos Hernández, tuvo conocimiento del juicio ejecutivo mercantil 02/2015 -el veintiocho de enero de dos mil quince-, habida cuenta que la calidad de socios que ambos tienen de acuerdo a la ley, los obliga frente a los demás. Consecuentemente, se determina que la ahora quejosa no tiene el carácter de tercero extraño al juicio mercantil ejecutivo del que emanan los actos reclamados, pues su consorte César Carlos Hernández es parte demandada en dicho juicio, por lo que fue emplazado al mismo y compareció ante el Juez de origen a contestar la demanda entablada en su contra; por lo tanto, no existe violación a su garantía de audiencia por no haber sido llamada de manera personal al juicio natural y el embargo practicado en el bien inmueble del que se ostenta propietaria MARÍA CECILIA RAMÍREZ LÓPEZ, no resulta violatorio de las garantías como lo refiere dicha peticionaria de amparo pues como ya se dijo, la ahora quejosa y su cónyuge omitieron formular capitulaciones matrimoniales; y por otro lado, la compraventa del bien inmueble defendido se realizó durante la vigencia de la sociedad legal, según se demuestra con la copia certificada de la escritura pública número dos mil seiscientos cincuenta y tres, en la cual se contiene el contrato de compra-venta celebrado entre Manuel Sánchez Briones y la aquí quejosa María Cecilia Ramírez López, el treinta de marzo de dos mil nueve, bajo la fe del notario público número 52, con residencia en Concepción del Oro, Zacatecas. Y aunado a lo anterior, cuando se llevó a cabo el emplazamiento del demandado aquí tercero interesado Carlos César Hernández al juicio de donde emanan los actos reclamados (veintiocho de enero de dos mil quince, f. 17 a 19 del cuaderno de pruebas) y se trabó formal embargo sobre el bien inmueble, se encontraba la aquí quejosa unida en matrimonio, pues no obra en autos constancia que acredite lo contrario, es decir que ese vínculo matrimonial se hubiera disuelto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto: "SOCIEDAD CONYUGAL. LOS BIENES ADQUIRIDOS INDIVIDUALMENTE A TÍTULO ONEROSO POR CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES O A TÍTULO GRATUITO POR AMBOS, DURANTE EL MATRIMONIO CONTRAÍDO BAJO ESE RÉGIMEN, AUN CUANDO NO SE HAYAN FORMULADO CAPITULACIONES MATRIMONIALES, FORMAN PARTE DEL CAUDAL COMÚN (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000). Si se toma en consideración, por un lado, que los elementos que definen a la sociedad conyugal se identifican con los de una sociedad de gananciales, que se caracteriza por estar formada con los bienes adquiridos individualmente a título oneroso por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio, mediante sus esfuerzos; por los frutos y productos recibidos por los bienes que sean de propiedad común; y los adquiridos por fondos del caudal común o adquiridos a título gratuito por ambos cónyuges y, por otro, que el fundamento y finalidad de este tipo de comunidad consiste en sobrellevar las cargas matrimoniales, es decir, los gastos de manutención y auxilio de los consortes y los hijos, si los hubiere, es inconcuso que aunque no se hubiesen formulado capitulaciones en los matrimonios celebrados bajo el régimen de sociedad conyugal, este último señalamiento bastaba para constituir una sociedad de gananciales, integrada básicamente, entre otros, por los bienes adquiridos individualmente a título oneroso por cualesquiera de los cónyuges, inclusive el producto del trabajo, las rentas y los frutos.". De igual forma, ilustra lo antes expuesto la siguiente jurisprudencia: "SOCIEDAD LEGAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO UNO DE LOS CÓNYUGES EN EL JUICIO SEGUIDO EN CONTRA DEL OTRO, AUN CUANDO SE EMBARGUEN BIENES COMUNES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA).- Cuando se trata de bienes que forman parte del fondo común de la sociedad legal, debe tomarse en consideración tanto la nota distintiva del régimen de sociedad legal, consistente en que al no precisarse el dominio de los cónyuges sobre bienes o partes alícuotas determinadas, ninguno de ellos puede verse afectado con el embargo en una parte específica de su patrimonio, pues ésta la conocerán sólo hasta el momento de la liquidación de la sociedad, como que de conformidad con lo previsto en los artículos 340 al 342, 363, 365 y 366 del Código Civil para el Estado de Sonora, existe la posibilidad de que las deudas a cargo de la sociedad legal puedan cubrirse con bienes propios y que las individuales con bienes de la sociedad, estableciéndose que será hasta el momento de la liquidación de la misma cuando el cónyuge acreedor podrá exigirle al obligado el débito correspondiente; de ahí que si uno de los cónyuges no fue demandado en el juicio seguido contra el otro, en el cual se embargaron bienes comunes o, incluso, propios del cónyuge que no fue demandado, este último no debe ser considerado tercero extraño al juicio. Lo anterior se confirma y encuentra apoyo en los artículos 310 y 331 del indicado código, los cuales establecen que ninguno de los cónyuges puede ser considerado como tercero respecto de la sociedad, por lo que ve a obligaciones a cargo de ésta que afecten bienes sociales, llegando la ley al extremo de considerar que la sentencia que se dicte en contra de uno solo de ellos tiene efectos de cosa juzgada frente al otro, y aunque el citado artículo 331 hace referencia a la excepción prevista en el artículo 330 del propio código, ésta no resulta aplicable al embargo de bienes comunes, toda vez que se refiere a los casos en los que se reclame la constitución de obligaciones o enajenaciones de bienes inmuebles o vehículos, es decir, de actos meramente voluntarios, supuesto dentro del cual no cabe el embargo, por tratarse de una afectación judicial o mandamiento de autoridad que no requiere del consentimiento del deudor. En consecuencia, en el supuesto de que se embarguen bienes propios de cada consorte o, en su defecto, bienes comunes del patrimonio de la sociedad legal, el cónyuge que no fue demandado no puede ser considerado como tercero extraño al juicio". Aún más, cabe indicar, que del acta de veintiocho de enero de dos mil quince, se embargó la parte proporcional que le pudiera corresponder del bien inmueble al demandado, es decir, no se embargó en su totalidad el bien inmueble, en tanto que, en el acta de embargo reclamada sólo se hizo la traba real y formal de aquél embargo, lo que significa que está resguardado el derecho de la quejosa, pues como parte de la sociedad conyugal sólo se embargó la parte que corresponde a su socio -conyugue-, de ahí que se refuerza aún más la negativa del amparo. Es por ello, que resultan infundados los conceptos de violación expresados por la quejosa, máxime que de lo anteriormente expuesto, se advierte que no existe ningún litisconsorcio pasivo necesario como aduce la peticionaria de garantías, sino una sociedad conyugal. Finalmente, por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en la sentencia dictada dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 02/2015, por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Concepción del Oro, Zacatecas, debe atenderse a lo resuelto por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito dentro del amparo en revisión civil 28/2014, cuya materia de estudio lo fue la sentencia dictada por este Juzgador dentro del juicio de amparo 615/2013-5, ejecutoria que en lo que interesa dispone: (.) "Por ello, incorrecto es el análisis fragmentado de actos que el juez realizó y sus consecuencias, como lo fue, incluso previo a determinar la negativa del amparo, ya haberse pronunciado respecto a un sobreseimiento en cuanto a los actos de ejecución, que se traduciría de ser correcto, en otorgar firmeza a los mismos, no obstante que las resultas de la revisión a la negativa del amparo, como ha ocurrido en el caso, hubieren dejado sin efecto el auto que ordenó el emplazamiento a través de edictos." "Y qué decir de la escisión ordenada vía declaratoria de incompetencia, del análisis de la sentencia de remate, que el juez Federal estimó corresponde realizar al tribunal de amparo uniinstancial, sin observar que concepto de violación alguno dirigido en contra de los argumentos concretos de ésta, simplemente no contiene la demanda de garantías, ya que en exclusiva se hace referencia a la misma como consecuencia indeseada del ilegal emplazamiento." (.) (Énfasis añadido) En esa tesitura, con base en lo decidido por la superioridad, al omitir la quejosa exponer motivo de inconformidad alguno en su escrito de demanda, que permita confrontar sus argumentos lógicos-jurídicos con las consideraciones sustentadas por las autoridades responsables, es que dichos actos deben tenerse como consecuencia del emplazamiento reclamado, de allí que al habérsele negado la protección de la Justicia Federal sobre ese aspecto y, por ello, deba de hacerse extensivo la negativa de amparo, al no estarse en el supuesto de competencia escalonada, tal como de igual forma lo decidió el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, dentro de los amparos en revisión 289/2011 y 294/2011, que dieron origen a la tesis aislada X.A.T.75 L (9a.), que se puede encontrar en la página 4380, Libro VI, Tomo 5, Materia Común, enero de 2012, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO LABORAL. CUANDO EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA, Y COMO CONSECUENCIA EL LAUDO RESPECTIVO, SI EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL NO SE ESTÁ EN EL SUPUESTO DE COMPETENCIA ESCALONADA, POR LO QUE LA NEGATIVA DEL AMPARO DEBE HACERSE EXTENSIVA AL LAUDO Y NO DEBEN REMITIRSE LOS AUTOS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE. El Tribunal Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 6/2007-PL, emitió la jurisprudencia P./J. 70/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005)."; de la que se advierte que el estudio de la garantía de audiencia es preferente, en atención a la prelación del análisis de los conceptos de violación cuando se trata de estudios consecuenciales o escalonados, por lo que cuando en amparo indirecto se impugna la ilegalidad o ausencia del emplazamiento en un juicio laboral y, una vez que el Juez de Distrito ha decidido sobre su constitucionalidad con la correspondiente negativa del amparo por cuanto a dicho acto se refiere, sigue el examen del laudo reclamado por vicios propios y, considerando que se trata de una resolución respecto de la cual no procede recurso ordinario alguno susceptible de modificarlo, entonces, el Juez deberá declararse incompetente y remitir los autos al Tribunal Colegiado correspondiente, a efecto de que califique esa determinación, en términos del artículo 44 de la Ley de Amparo; sin embargo, de la ejecutoria que originó la referida jurisprudencia, también se advierte que cuando el laudo respectivo se reclame en vía de consecuencia, no se está en el supuesto de competencia escalonada, donde al señalarse aquél como acto destacado pueda escindirse la demanda de garantías en relación con algunos actos y autoridades; en consecuencia, la legalidad establecida respecto del emplazamiento y, por consiguiente, la negativa de conceder la protección constitucional debe hacerse extensiva al laudo, pues en ese supuesto el quejoso pudo hacer valer los medios de defensa procedentes contra las resoluciones que le causaron perjuicio." (Énfasis añadido) En atención a lo anterior, no se vulneran las tesis invocadas por la quejosa, dadas las consideraciones vertidas. Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertida queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo vigente, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a MARÍA CECILIA RAMÍREZ LÓPEZ. La negativa del amparo debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados del Actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Concepción del Oro, Zacatecas, acorde a los lineamientos previstos en la tesis, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES EJECUTORAS, NEGACIÓN DEL AMPARO CONTRA ORDENADORAS.- Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las que solo ejecutaron tal acto por razón de jerarquía". Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA, NI PROTEGE a MARÍA CECILIA RAMÍREZ LÓPEZ, contra de los actos reclamados al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Concepción del Oro, Zacatecas, así como al Actuario de su adscripción, por las razones expuestas en el considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada María Soledad Torres Muguiro, hasta el día de hoy veintisiete de agosto de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del Juzgado. DOY FE. mtm

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