María Cerna Hernández

Expediente 1330/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1330/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • María Cerna Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo la constancia correspondiente para acreditar lo anterior. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas; y una vez fenecido el plazo, emítase la determinación correspondiente en términos del referido numeral. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.MIDM*

  2. Principal

    AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, el auto de DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo la constancia correspondiente para acreditar lo anterior. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas; y una vez fenecido el plazo, emítase la determinación correspondiente en términos del referido numeral. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa...

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a doce de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución, en la que determinó en el único punto resolutivo conceder el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO BIS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MORELOS para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: "Deje insubsistente la determinación emitida el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en la parte conducente en que determinó cumplido el laudo en su totalidad y archivó el asunto como concluido, dentro del juicio laboral ********************, y; En su lugar, emita otra determinación con libertad de jurisdicción en la que de manera fundada y motivada, se pronuncie en relación a si la liquidación exhibida cumple con los requisitos formales establecidos en los artículos 33 y 945 de la Ley Federal del Trabajo; particularmente si contiene o no renuncia de derechos, o cómo es que no fueron afectados los derechos del mismo, si se cumplieron las prestaciones a las que fue condenada la demandada, tomando en consideración las constancias que tuvo a la vista, las manifestaciones realizadas por las partes y el pago realizado." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1330/2019-V, promovido por MARÍA CERNA HERNÁNDEZ, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnada al día siguiente en este juzgado, MARÍA CERNA HERNÁNDEZ, por propio derecho, solicitó el amparo de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Uno Bis de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de dos de octubre de dos mil diecinueve admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, que dio inicio al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1o, fracción V, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, el lugar donde reside la autoridad responsable emisora del acto reclamado, que no tiene ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Al respecto, la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Uno Bis de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve por el cual la Junta responsable declara cumplido en su totalidad el laudo emitido en el juicio laboral 12/15/15 BIS y ordena su archivo. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado en virtud de que así lo señaló la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Se corrobora, además, con las constancias certificadas del juicio laboral de origen, adjuntadas a su informe, a las que en virtud haberse expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129,130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al no existir causa de improcedencia hecha valer o que se advierte de oficio se procede al análisis de fondo de la cuestión planteada. CUARTO. Estudio del concepto de violación. Son fundados los conceptos de violación, suplidos en deficiencia de la queja en términos del artículo 79 fracción V de la Ley de Amparo, por ser la parte trabajadora quien acude a esta instancia constitucional. Para evidenciar lo anterior, es necesario citar los antecedentes del acto reclamado, en la forma siguiente: 1. En el juicio laboral 12/15/15 el ocho de octubre de dos mil dieciocho la responsable Junta Especial Número Uno Bis de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dictó laudo en el que condenó a la demandada UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS a pagar a la actora, MARÍA CERNA HERNÁNDEZ, el pago de los conceptos de aportación especial de fin de año, vacaciones, prima vacacional, vales de despensa, previsión social y parte proporcional de quinquenio, cuya suma es por la cantidad de $32,828.67 (TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 67/100 MONEDA NACIONAL. Además, se condenó a la demandada al pago de los vales de lentes. Estímulos e incentivos, así como al exhibir y entregar las constancias de aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, Sistema de Ahorro para el Retiro, así como al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, por el tiempo de servicios prestados a la actora. 2. El seis de septiembre de dos mil diecinueve, ante la autoridad responsable compareció la demandada a exhibir pago mediante cheque por la cantidad de $27,036.55 (VEINTISIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 55/100 MONEDA NACIONAL), a favor de MARÍA CERNA HERNÁNDEZ, cantidad que se estimó resultante de restar a $32,828.67 (TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 67/100 MONEDA NACIONAL, el impuesto sobre la renta. La parte trabajadora compareció igualmente en esa fecha y recibió dicho título de crédito. Enseguida, la Junta responsable resolvió dar por presentada a la demandada dando cumplimiento total al laudo de ocho de octubre de dos mil dieciocho y ordenó el archivo del expediente por estimar que carecía de materia para su continuación; siendo dicho acto el que se combate a través del presente juicio. Ahora bien, cabe precisar que respecto al establecimiento de limitantes al contenido de los convenios en materia laboral, cuya vulneración entraña renuncia de derechos en perjuicio de los trabajadores, la Ley Federal del Trabajo en el artículo 33, a la letra dicen: "Artículo 33. Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores." Esta disposición se encuentra inserta en el capítulo primero de las disposiciones generales del título segundo de la Ley Federal del Trabajo, correspondiente a las relaciones individuales de trabajo, sin que exista precepto que excluya su aplicación a los diversos actos jurídicos con los cuales las partes dan por concluida la relación de trabajo, o bien, pactan la solución de un diferendo respecto al alcance y cumplimiento de las prestaciones derivadas de aquélla, con independencia del momento procesal en que se celebren. Precepto aplicable en los términos de la condena impuesta en el laudo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J.17/2015 (10ª), estableció las siguientes consideraciones: 1. La Ley Federal del Trabajo regula la celebración de convenios ante la autoridad laboral, a efecto de que las partes eviten o concluyan una controversia laboral, ello como mecanismo alterno de solución de controversias que estipula el artículo 17, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. La negociación ha sido reconocida como un elemento relevante en el desarrollo de las relaciones colectivas e individuales de trabajo, ya que las alternativas a la solución contenciosa de los conflictos, como la conciliación o mediación, pueden ser más eficaces para acercar posiciones, por lo que resulta necesario que las leyes aseguren estabilidad del resultado de tales medios, sin que las partes puedan desconocerlos posteriormente, en perjuicio de la certeza y seguridad jurídica. 3. La legislación laboral regula diversos procedimientos para la celebración de convenios que celebren ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y obtengan de ésta su aprobación, en cuya aplicación se toma en cuenta el momento procesal en que ocurra su celebración. Si ya se dictó el laudo, el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de uno de mayo de dos mil diecinueve, autoriza a las partes a acordar las modalidades de cumplimiento, conforme a lo siguiente: (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación.". (ADICIONADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) "Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento.". 4. Además de la seguridad jurídica y de la eficacia de los medios alternativos de solución de controversias, en la aplicación de la legislación que regula la negociación y la conciliación en materia laboral, no se puede desconocer que el derecho del trabajo tiene como punto de partida la situación de desigualdad en que se encuentran los factores de la producción, de forma que en la aplicación de las normas laborales debe tomarse en cuenta el riesgo que subsiste en las soluciones alternas, derivado de la disparidad económico-social entre obrero y patrón, para garantizar la finalidad de dicha legislación de carácter social. 5. Que para ello, la Ley laboral exige en su numeral 33, que para la validez de los convenios no sólo deben constar por escrito o que tengan determinado contenido, sino que además deben ser ratificados ante la Junta y que ésta los debe aprobar, verificando que no exista renuncia de derechos, con el fin de tutelar a los trabajadores, pero también para dotar de certeza y estabilidad lo pactado. 6. Por consiguiente, una vez que hay pronunciamiento de la Junta en el sentido de que en el convenio no existe renuncia de derechos, después de haber verificado su contenido y lo expuesto en la audiencia de su ratificación, debe tenerse como una resolución firme. Dichas consideraciones son acordes con lo sustentado en la jurisprudencia citada que es del tenor literal siguiente: "CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010). Los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o. y 33 de la Ley Federal del Trabajo establecen limitantes al contenido de los convenios en materia laboral, cuya vulneración entraña renuncia de derechos en perjuicio de los trabajadores. Asimismo, el segundo párrafo del último precepto citado prevé como requisitos de los convenios, liquidaciones y finiquitos, que: a) consten por escrito; b) contengan una relación circunstanciada de los hechos que los motiven y de los derechos que sean su objeto; c) se ratifiquen ante la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva; y, d) ésta los apruebe cuando no contengan renuncia de los derechos de los trabajadores. Por tanto, con la aprobación de la Junta, los hechos narrados en el convenio, los montos en él liquidados y su clausulado deben surtir efectos y, por ende, son vinculantes para las partes, por lo que no procede que con posterioridad el trabajador haga valer su nulidad aduciendo una renuncia de derechos, en relación con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento por el tribunal laboral; de ahí que resulta improcedente la acción de nulidad de los convenios sancionados por la Junta, así como la revisión posterior de hechos o prestaciones materia de dicho pronunciamiento, lo que lleva a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abandonar las tesis de jurisprudencia aludidas, en la medida que consideran procedente la acción de nulidad de un convenio aprobado por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, la improcedencia de la acción de nulidad respecto de convenios aprobados por la Junta no excluye que pueda plantearse la invalidez de los que no han sido aprobados por la autoridad judicial, ni excluye que ésta, o los tribunales de amparo, deban aplicar las normas generales de protección a favor de los trabajadores, cuando las cláusulas dispongan condiciones inferiores a aquéllas y, por tanto, deban tenerse por no puestas para regir la relación de trabajo o las prestaciones derivadas o relacionados con ésta." En ese sentido, se tiene que el referido artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, establece que todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él y deberá ser ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. Por tanto, para que el convenio o liquidación sea válido, debe reunir los siguientes requisitos: a) Constar por escrito; b) Contener una relación circunstanciada de los hechos que los motiven y de los derechos que sean su objeto; c) Ser ratificados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva; y d) Ser aprobados por la Junta cuando no contengan renuncia de los derechos de los trabajadores, para lo cual, la junta del conocimiento se encuentra obligada a verificar que no existe dicha renuncia. Una vez precisadas las anteriores premisas, tenemos que entre las prerrogativas de seguridad jurídica que establece nuestra Carta Magna, se encuentra la de legalidad consagrada en el numeral 16, párrafo primero constitucional, el cual se transcribe a continuación: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Dicho precepto constitucional, en forma genérica estipula los requisitos que debe reunir cualquier acto autoritario que importe molestia a la esfera jurídica de los ciudadanos: a) Constar por escrito; b) Ser dictado por autoridad competente; y, c) Estar fundado y motivado. Con relación a este último punto, por fundamentación debe entenderse que la autoridad, en el propio cuerpo del acto reclamado, ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso; y por motivación, el señalamiento preciso de las causas especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren en el caso concreto las hipótesis normativas. Ello se interpretó en la jurisprudencia de la Séptima Época, con registro 238212, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 97-102 tercera parte, materia común, página 143, de rubro y sumario: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." De lo anterior, resulta que en torno a satisfacer los requerimientos formales de adecuada fundamentación y motivación, son precisamente los aspectos de fondo del acto en particular los que deben justificarse en su demostración con base en la invocación de los preceptos que resulten aplicables, así como la expresión de las causas especiales y razones particulares con las que se demuestre existe adecuación entre el supuesto jurídico o normativo y el caso concreto. Efectivamente, el derecho fundamental de legalidad contenido en el precepto constitucional antes descrito, obliga a las autoridades, entre otras cosas, a fundar y motivar los actos por ellas emitidos, esto es: 1. Citar los preceptos normativos en que apoya su actuar. 2. Indicar las consideraciones que la llevaron a resolver en un determinado sentido. Tales exigencias tienen como propósito que los gobernados tengan la posibilidad de atacar dichos fundamentos y motivos, si éstos no fueron los correctos o bien si no fueron acordes con la motivación citada; en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. En estas circunstancias, puede afirmarse que fundar un acto de autoridad supone apoyar la procedencia de tal acto en razones legales que se encuentran establecidas en un cuerpo normativo aplicable al caso; y ese mismo acto estará motivado cuando la autoridad que lo emita explique o dé razón de los motivos o causas inmediatas que la condujeron a pronunciarlo, todo ello con la finalidad de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y arbitrariedad de las decisiones de la autoridad, lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar no solamente los fundamentos del acto, sino los razonamientos que lo rigen. En ese sentido, una vez analizado el derecho elemental de legalidad y seguridad jurídica, se estima que el mismo es violado en perjuicio de la parte trabajadora, aquí quejosa, pues en el caso, se advierte que la Junta del conocimiento emitió la determinación reclamada sin motivar la misma. En efecto, se desprende que la Junta responsable aprobó la liquidación o pago realizado por la parte demanda del juicio natural, teniendo por cumplido en forma total el laudo y ordenando el archivo del expediente sin exponer las razones por las cuales llegó a la conclusión de que la liquidación cumplía con todos los requisitos legales, en particular que no contuviera renuncia de derechos por parte de la trabajadora y que no se veían afectados los derechos de ésta, en términos de los artículos 33 y 945 de la Ley Federal del Trabajo. Precisamente al derivar el acto reclamado de la celebración de un convenio para el cumplimiento del laudo que de conformidad con los preceptos y criterio jurisprudencial invocado, requieren de la actuación e intervención de la Junta para que en ejercicio de su jurisdicción y velando que tanto el fallo como la referida desigualdad no sea causante de la aprobación de un acuerdo o liquidación que contenga renuncia de derechos. Máxime que inclusive la parte obrera expresamente señaló que recibía la cantidad indicada como pago parcial; de ahí que la junta no estaba exenta de revisar y verificar que dicho acto jurídico cumpliera con los requisitos formales, así como que no contuviera renuncia o afectación de derechos en perjuicio de la trabajadora, previo a ordenar el archivo del asunto, pues es propiamente dicho acto de autoridad con el que el legislador pretendió tutelar a los trabajadores para lograr la finalidad del derecho del trabajo, así como dotar de certeza y estabilidad lo pactado. En ese sentido, se estima que carece de motivación la determinación de la responsable, pues en ninguna parte expone algún razonamiento tendente a verificar la validez de la liquidación realizada, es decir, no precisó cómo tuvo la certeza de que cumpliera con los requisitos de forma consistente en que constara por escrito y contuviera una relación circunstanciada de los hechos que la motivara y de los derechos que sean su objeto; así como que no tuviera renuncia o afectación de derechos de la trabajadora, en particular sobre el pago de los vales de lentes; estímulos e incentivos, así como al exhibir y entregar las constancias de aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, Sistema de Ahorro para el Retiro, e igualmente al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, por el tiempo de servicios prestados a la actora; respecto de los cuales existía condena expresa en el laudo; no obstante el deber de lograr que el laudo ejecutoriado se ejecute en todos sus términos. En tales condiciones, la determinación emitida el seis de septiembre de dos mil diecinueve, resulta transgresora en perjuicio de la parte quejosa del artículo 16 de la Constitución Federal, al haberse emitido sin motivar por qué determinó cumplido el laudo en su totalidad y archivó el asunto como concluido sin hacer pronunciamiento sobre la totalidad de las prestaciones a que fue condenada la demandada. En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Junta Especial Número Uno Bis de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: Deje insubsistente la determinación emitida el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en la parte conducente en que determinó cumplido el laudo en su totalidad y archivó el asunto como concluido, dentro del juicio laboral 12-15-18, y; En su lugar, emita otra determinación con libertad de jurisdicción en la que de manera fundada y motivada, se pronuncie en relación a si la liquidación exhibida cumple con los requisitos formales establecidos en los artículos 33 y 945 de la Ley Federal del Trabajo; particularmente si contiene o no renuncia de derechos, o cómo es que no fueron afectados los derechos del mismo, si se cumplieron las prestaciones a las que fue condenada la demandada, tomando en consideración las constancias que tuvo a la vista, las manifestaciones realizadas por las partes y el pago realizado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a MARÍA CERNA HERNÁNDEZ, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos indicados en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.

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