Maria Celia Garcia Zagal
Expediente 12/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 23 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 12/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 28/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria Celia Garcia Zagal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 12/2018-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de junio de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar al tercero interesado Israel Orion Solís Landa en su carácter de endosatario en procuración de Jorge Arturo Álvarez Alemán, la resolución de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho y auto de treinta y uno del mismo mes y año, por las razones que en la misma expone. En mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, al advertirse que el tercero interesado referido no se apersonó en este juicio de amparo, ni señaló domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; por tanto, practíquense las notificaciones de referencia, así como las subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Samantha Espinosa Lobo, que autoriza y da fe...auto que en lo conducente establece: ...Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 12/2018, promovido por MARIA CELIA GARCIA ZAGAL, constante de trescientas dieciocho fojas útiles que contiene la sentencia engrosada el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer, asimismo, remite un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; en tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3765/2017, ante el secretario Marcos Zamora Álvarez que autoriza y da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Guanajuato, Guanajuato, a veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 12/2018-I del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 239/2018-III del registro de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, promovido por María Celia García Zagal, en contra de actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el cuatro de enero de dos mil dieciocho (fojas 2 a 10 del juicio de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, María Celia García Zagal, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de las autoridades, que a continuación se transcriben: "IV. Acto Reclamado: La materialización en mi contra de algún acto de molestia, CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN Y/O LOS EFECTOS de auto de exequendo ordenado por autoridad jurisdiccional. Mismo que viola flagrantemente mis derechos humanos, por constituir un acto de ejecución irreparable dentro de juicio y atentar contra la inviolabilidad del domicilio, el debido proceso y acceso a la justicia, consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Ley fundamental" Actos que consideraron violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; no señaló tercero interesado; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, cuya Secretaria de Juzgado encargada del despacho por vacaciones de su titular mediante proveído de ocho de enero de dos mil dieciocho registró la demanda bajo el número 12/2018-I, además hizo saber a la parte quejosa la obligación de señalar con precisión a las autoridades responsables, bajo el apercibimiento de que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en la demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes. Se procedió al examen del escrito inicial de demanda de amparo y el juzgador auxiliado admitió a trámite la demanda de amparo; motivo por el cual, se formó el expediente respectivo, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 11 a 17 ibídem). Por acuerdo de uno de febrero de dos mil dieciocho, el juzgador auxiliado advirtió que el carácter de tercero interesado recaía en Israel Orión Solís Landa, endosatario en procuración de Jorge Arturo Álvarez Alemán, para lo cual ordenó su emplazamiento, sin que obre constancias de que éste se apersonara a juicio (fojas 235 a 236). Finalmente, a las nueve horas con treinta y un minutos del día veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dio inicio la audiencia constitucional, como consta en el acta visible a foja 303 de autos. TERCERO. Envío del expediente de amparo. En acuerdo de nueve de mayo de dos mil dieciocho (foja 304), el Secretario de Juzgado encargado del despacho por licencia del juez auxiliado ordenó la remisión del expediente de amparo 12/2018-I, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en términos del punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en los juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número 239/2018-III; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N SI D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la jurisprudencia 2a./J.107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclaman actos con efectos de ejecución en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, esto es, dentro del ámbito de competencia territorial del órgano de control constitucional auxiliado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Asimismo, impone la obligación a los jueces de amparo de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De este modo, se establece que en el presente juicio de amparo el acto reclamado lo constituye el auto de exequendo emitido en el juicio ejecutivo mercantil 717/2017 del índice del Juzgado Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca (antes Juez Primero Menor Civil en Cuernavaca, Morelos). TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las siguientes autoridades responsables al momento de rendir su respectivo informe con justificación, negaron la existencia de los actos reclamados: 1) Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 49). 2) Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 41). 3) Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 42). 4) Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 37). 5) Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 43). 6) Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 53). 7) Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 57). 8) Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 44). 9) Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 46). 10) Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 55), y 11) Juzgado Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos (foja 33). De manera que ante la negativa lisa y llana expuesta por las autoridades responsables antes señaladas sobre la existencia de los actos de molestia que les son reclamados por María Celia García Zagal; dicha situación provoca que tales autoridades no tengan alguna carga probatoria de remitir las constancias a las que hace alusión el artículo 117 de la Ley de Amparo, para justificar su negativa, toda vez que, al no haber nacido a la vida jurídica la actividad autoritaria que se les atribuye, es evidente que no puede haber rastros de su existencia, ni documentos que la apoyen. En este orden de ideas, le corresponde a la parte quejosa, la carga probatoria de acreditar la existencia de los actos reclamados a las autoridades antes citadas, para de esa manera desvirtuar la negativa que manifiestan lisa y llana en su respectivo informe con justificación. Sin embargo, en el caso particular, del análisis de las constancias integrantes del presente juicio de amparo, se aprecia que la quejosa no ofreció ni aportó algún elemento de prueba encaminado a demostrar la existencia de los actos reclamados y, por ende, no logra desvirtuar la negativa de los actos reclamados que informaron las citadas autoridades responsables, a través de sus informes justificados. Por lo anterior, se sobresee en el presente juicio de amparo en relación con las citadas autoridades responsables, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por identidad jurídica, conviene citar el contenido de la siguiente jurisprudencia, con número de registro 1002350, "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Jueza Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca (fojas 61 a 234), al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. En consecuencia, debe tenerse por cierto tal acto, pues la manifestación de la responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 749 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues la quejosa María Celia García Zagal, señaló que tuvo conocimiento de los actos que por esta vía se reclama el quince de diciembre de dos mil diecisiete (foja 3); surtiendo sus efectos el dieciocho siguiente y por tanto, el término para la interposición del juicio de amparo inició el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete y concluyó el diez de enero de dos mil dieciocho, mediando entre esas fechas los días veintitrés, veinticuatro, veinticinco, treinta y treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, así como el uno, seis y siete de enero de dos mil dieciocho, los cuales fueron inhábiles por haber sido sábados y domingos, o días festivos. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el día cuatro de enero de dos mil dieciocho; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia. SEXTO. Causales de Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo al fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 814 ochocientos catorce, consultable en la página 553 quinientos cincuenta y tres, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 mil novecientos diecisiete guión mil novecientos noventa y cinco, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia." En ese tenor, si bien es cierto que los Tribunales Federales están obligados a analizar los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo correspondiente, esta obligación desaparece cuando se actualiza alguna causal de improcedencia, ya que ésta impide el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Respecto a ello, el suscrito juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Precepto que dispone: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Del numeral y fracción anteriormente trascrito, se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra de actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así, y en atención al Principio de Definitividad que rige el Juicio de Amparo, la parte quejosa previo a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar aquéllos, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr incluso que desapareciere de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. De lo expuesto, este juzgador considera que la promovente del amparo María Celia García Zagal, no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, toda vez que contra el auto de exequendo de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, pronunciado por la Jueza Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, ya que ésta se encontraba obligada a agotar el RECURSO DE REVOCACIÓN a que se refiere el artículo 1334, primer párrafo, en relación con los diversos numerales 1339 y 1340, todos del Código de Comercio, preceptos que señalan: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio.". "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $633,075.88 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." "Artículo 1340.- La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $633,075.88 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. En tal virtud, toda vez que respecto del auto mencionado procede el recurso de revocación, la solicitante constitucional debió interponer el citado medio de impugnación, previo a la instauración del juicio de amparo, pues éste tiene como efecto, revocar el auto de exequendo de fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete y, al no hacerlo así, es claro que soslayó agotar el Principio de Definitividad, conforme al cual, el acto reclamado debe ser atacado previamente, mediante los recursos o medios de defensa establecidos en la Ley que rige ese acto, siendo por ende, indispensable para la procedencia del juicio de amparo, el cumplimiento de aquel principio, pues resulta evidente que la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común; de ahí que no se cumpla con el requisito de definitividad rector del juicio de amparo. Resulta aplicable la Jurisprudencia 1ª./J. 70/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 2005047, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, Diciembre de 2013, tomo I, página 401, de contenido: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." También resulta de observancia la jurisprudencia número 986, impresa a fojas 678, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir el juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Del mismo modo es aplicable, la tesis de jurisprudencia consultable a fojas 361, Tomo VI, segunda parte-1, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal para los terceros extraños y aquéllos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, de deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.". Por todo lo expuesto, se estima que la parte quejosa tenía la carga procesal de promover el recurso de revocación, previamente a promover el juicio de amparo indirecto; pues a través de aquel medio ordinario de defensa podía lograr que el acto reclamado quedara anulado, o bien, fuera revocado. En esas condiciones, al resultar improcedente el juicio de amparo instado en contra del auto de exequendo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. En consecuencia dado el sentido de esta resolución, no se analizan los conceptos de violación propuestos por la quejosa porque el sobreseimiento que se decreta en este capítulo, releva a este juzgado federal de su estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 509 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SÉPTIMO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Celia García Zagal, respecto de los actos precisados en el considerando segundo, reclamados a las autoridades responsables señaladas en los considerandos tercero y cuarto; de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos tercero y sexto de esta resolución. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma el maestro José Alfredo Sánchez García, Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de la licenciada Nancy Navarrete arias, secretaria que autoriza, hoy veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia.
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Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 12/2018, promovido por MARIA CELIA GARCIA ZAGAL, constante de trescientas dieciocho fojas útiles que contiene la sentencia engrosada el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer, asimismo, remite un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; en tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3765/2017, ante el secretario Marcos Zamora Álvarez que autoriza y da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Guanajuato, Guanajuato, a veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 12/2018-I del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 239/2018-III del registro de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, promovido por María Celia García Zagal, en contra de actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el cuatro de enero de dos mil dieciocho (fojas 2 a 10 del juicio de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, María Celia García Zagal, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de las autoridades, que a continuación se transcriben: "IV. Acto Reclamado: La materialización en mi contra de algún acto de molestia, CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN Y/O LOS EFECTOS de auto de exequendo ordenado por autoridad jurisdiccional. Mismo que viola flagrantemente mis derechos humanos, por constituir un acto de ejecución irreparable dentro de juicio y atentar contra la inviolabilidad del domicilio, el debido proceso y acceso a la justicia, consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Ley fundamental" Actos que consideraron violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; no señaló tercero interesado; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, cuya Secretaria de Juzgado encargada del despacho por vacaciones de su titular mediante proveído de ocho de enero de dos mil dieciocho registró la demanda bajo el número 12/2018-I, además hizo saber a la parte quejosa la obligación de señalar con precisión a las autoridades responsables, bajo el apercibimiento de que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en la demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes. Se procedió al examen del escrito inicial de demanda de amparo y el juzgador auxiliado admitió a trámite la demanda de amparo; motivo por el cual, se formó el expediente respectivo, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 11 a 17 ibídem). Por acuerdo de uno de febrero de dos mil dieciocho, el juzgador auxiliado advirtió que el carácter de tercero interesado recaía en Israel Orión Solís Landa, endosatario en procuración de Jorge Arturo Álvarez Alemán, para lo cual ordenó su emplazamiento, sin que obre constancias de que éste se apersonara a juicio (fojas 235 a 236). Finalmente, a las nueve horas con treinta y un minutos del día veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dio inicio la audiencia constitucional, como consta en el acta visible a foja 303 de autos. TERCERO. Envío del expediente de amparo. En acuerdo de nueve de mayo de dos mil dieciocho (foja 304), el Secretario de Juzgado encargado del despacho por licencia del juez auxiliado ordenó la remisión del expediente de amparo 12/2018-I, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en términos del punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en los juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número 239/2018-III; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N SI D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la jurisprudencia 2a./J.107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclaman actos con efectos de ejecución en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, esto es, dentro del ámbito de competencia territorial del órgano de control constitucional auxiliado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Asimismo, impone la obligación a los jueces de amparo de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De este modo, se establece que en el presente juicio de amparo el acto reclamado lo constituye el auto de exequendo emitido en el juicio ejecutivo mercantil 717/2017 del índice del Juzgado Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca (antes Juez Primero Menor Civil en Cuernavaca, Morelos). TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las siguientes autoridades responsables al momento de rendir su respectivo informe con justificación, negaron la existencia de los actos reclamados: 1) Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 49). 2) Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 41). 3) Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 42). 4) Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 37). 5) Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 43). 6) Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 53). 7) Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 57). 8) Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 44). 9) Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 46). 10) Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 55), y 11) Juzgado Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos (foja 33). De manera que ante la negativa lisa y llana expuesta por las autoridades responsables antes señaladas sobre la existencia de los actos de molestia que les son reclamados por María Celia García Zagal; dicha situación provoca que tales autoridades no tengan alguna carga probatoria de remitir las constancias a las que hace alusión el artículo 117 de la Ley de Amparo, para justificar su negativa, toda vez que, al no haber nacido a la vida jurídica la actividad autoritaria que se les atribuye, es evidente que no puede haber rastros de su existencia, ni documentos que la apoyen. En este orden de ideas, le corresponde a la parte quejosa, la carga probatoria de acreditar la existencia de los actos reclamados a las autoridades antes citadas, para de esa manera desvirtuar la negativa que manifiestan lisa y llana en su respectivo informe con justificación. Sin embargo, en el caso particular, del análisis de las constancias integrantes del presente juicio de amparo, se aprecia que la quejosa no ofreció ni aportó algún elemento de prueba encaminado a demostrar la existencia de los actos reclamados y, por ende, no logra desvirtuar la negativa de los actos reclamados que informaron las citadas autoridades responsables, a través de sus informes justificados. Por lo anterior, se sobresee en el presente juicio de amparo en relación con las citadas autoridades responsables, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por identidad jurídica, conviene citar el contenido de la siguiente jurisprudencia, con número de registro 1002350, "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Jueza Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca (fojas 61 a 234), al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. En consecuencia, debe tenerse por cierto tal acto, pues la manifestación de la responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 749 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues la quejosa María Celia García Zagal, señaló que tuvo conocimiento de los actos que por esta vía se reclama el quince de diciembre de dos mil diecisiete (foja 3); surtiendo sus efectos el dieciocho siguiente y por tanto, el término para la interposición del juicio de amparo inició el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete y concluyó el diez de enero de dos mil dieciocho, mediando entre esas fechas los días veintitrés, veinticuatro, veinticinco, treinta y treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, así como el uno, seis y siete de enero de dos mil dieciocho, los cuales fueron inhábiles por haber sido sábados y domingos, o días festivos. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el día cuatro de enero de dos mil dieciocho; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia. SEXTO. Causales de Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo al fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 814 ochocientos catorce, consultable en la página 553 quinientos cincuenta y tres, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 mil novecientos diecisiete guión mil novecientos noventa y cinco, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia." En ese tenor, si bien es cierto que los Tribunales Federales están obligados a analizar los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo correspondiente, esta obligación desaparece cuando se actualiza alguna causal de improcedencia, ya que ésta impide el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Respecto a ello, el suscrito juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Precepto que dispone: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Del numeral y fracción anteriormente trascrito, se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra de actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así, y en atención al Principio de Definitividad que rige el Juicio de Amparo, la parte quejosa previo a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar aquéllos, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr incluso que desapareciere de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. De lo expuesto, este juzgador considera que la promovente del amparo María Celia García Zagal, no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, toda vez que contra el auto de exequendo de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, pronunciado por la Jueza Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, ya que ésta se encontraba obligada a agotar el RECURSO DE REVOCACIÓN a que se refiere el artículo 1334, primer párrafo, en relación con los diversos numerales 1339 y 1340, todos del Código de Comercio, preceptos que señalan: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio.". "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $633,075.88 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." "Artículo 1340.- La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $633,075.88 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. En tal virtud, toda vez que respecto del auto mencionado procede el recurso de revocación, la solicitante constitucional debió interponer el citado medio de impugnación, previo a la instauración del juicio de amparo, pues éste tiene como efecto, revocar el auto de exequendo de fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete y, al no hacerlo así, es claro que soslayó agotar el Principio de Definitividad, conforme al cual, el acto reclamado debe ser atacado previamente, mediante los recursos o medios de defensa establecidos en la Ley que rige ese acto, siendo por ende, indispensable para la procedencia del juicio de amparo, el cumplimiento de aquel principio, pues resulta evidente que la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común; de ahí que no se cumpla con el requisito de definitividad rector del juicio de amparo. Resulta aplicable la Jurisprudencia 1ª./J. 70/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 2005047, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, Diciembre de 2013, tomo I, página 401, de contenido: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." También resulta de observancia la jurisprudencia número 986, impresa a fojas 678, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir el juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Del mismo modo es aplicable, la tesis de jurisprudencia consultable a fojas 361, Tomo VI, segunda parte-1, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal para los terceros extraños y aquéllos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, de deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.". Por todo lo expuesto, se estima que la parte quejosa tenía la carga procesal de promover el recurso de revocación, previamente a promover el juicio de amparo indirecto; pues a través de aquel medio ordinario de defensa podía lograr que el acto reclamado quedara anulado, o bien, fuera revocado. En esas condiciones, al resultar improcedente el juicio de amparo instado en contra del auto de exequendo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. En consecuencia dado el sentido de esta resolución, no se analizan los conceptos de violación propuestos por la quejosa porque el sobreseimiento que se decreta en este capítulo, releva a este juzgado federal de su estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 509 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SÉPTIMO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Celia García Zagal, respecto de los actos precisados en el considerando segundo, reclamados a las autoridades responsables señaladas en los considerandos tercero y cuarto; de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos tercero y sexto de esta resolución. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma el maestro José Alfredo Sánchez García, Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de la licenciada Nancy Navarrete arias, secretaria que autoriza, hoy veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintinueve y treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Cuernavaca Morelos treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 12/2018, promovido por MARIA CELIA GARCIA ZAGAL, constante de trescientas dieciocho fojas útiles que contiene la sentencia engrosada el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer, asimismo, remite un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; en tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3765/2017, ante el secretario Marcos Zamora Álvarez que autoriza y da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Guanajuato, Guanajuato, a veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 12/2018-I del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 239/2018-III del registro de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, promovido por María Celia García Zagal, en contra de actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el cuatro de enero de dos mil dieciocho (fojas 2 a 10 del juicio de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, María Celia García Zagal, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de las autoridades, que a continuación se transcriben: "IV. Acto Reclamado: La materialización en mi contra de algún acto de molestia, CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN Y/O LOS EFECTOS de auto de exequendo ordenado por autoridad jurisdiccional. Mismo que viola flagrantemente mis derechos humanos, por constituir un acto de ejecución irreparable dentro de juicio y atentar contra la inviolabilidad del domicilio, el debido proceso y acceso a la justicia, consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Ley fundamental" Actos que consideraron violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; no señaló tercero interesado; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, cuya Secretaria de Juzgado encargada del despacho por vacaciones de su titular mediante proveído de ocho de enero de dos mil dieciocho registró la demanda bajo el número 12/2018-I, además hizo saber a la parte quejosa la obligación de señalar con precisión a las autoridades responsables, bajo el apercibimiento de que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en la demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes. Se procedió al examen del escrito inicial de demanda de amparo y el juzgador auxiliado admitió a trámite la demanda de amparo; motivo por el cual, se formó el expediente respectivo, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 11 a 17 ibídem). Por acuerdo de uno de febrero de dos mil dieciocho, el juzgador auxiliado advirtió que el carácter de tercero interesado recaía en Israel Orión Solís Landa, endosatario en procuración de Jorge Arturo Álvarez Alemán, para lo cual ordenó su emplazamiento, sin que obre constancias de que éste se apersonara a juicio (fojas 235 a 236). Finalmente, a las nueve horas con treinta y un minutos del día veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dio inicio la audiencia constitucional, como consta en el acta visible a foja 303 de autos. TERCERO. Envío del expediente de amparo. En acuerdo de nueve de mayo de dos mil dieciocho (foja 304), el Secretario de Juzgado encargado del despacho por licencia del juez auxiliado ordenó la remisión del expediente de amparo 12/2018-I, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en términos del punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en los juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número 239/2018-III; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N SI D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la jurisprudencia 2a./J.107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclaman actos con efectos de ejecución en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, esto es, dentro del ámbito de competencia territorial del órgano de control constitucional auxiliado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Asimismo, impone la obligación a los jueces de amparo de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De este modo, se establece que en el presente juicio de amparo el acto reclamado lo constituye el auto de exequendo emitido en el juicio ejecutivo mercantil 717/2017 del índice del Juzgado Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca (antes Juez Primero Menor Civil en Cuernavaca, Morelos). TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las siguientes autoridades responsables al momento de rendir su respectivo informe con justificación, negaron la existencia de los actos reclamados: 1) Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 49). 2) Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 41). 3) Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 42). 4) Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 37). 5) Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 43). 6) Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 53). 7) Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 57). 8) Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 44). 9) Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 46). 10) Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 55), y 11) Juzgado Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos (foja 33). De manera que ante la negativa lisa y llana expuesta por las autoridades responsables antes señaladas sobre la existencia de los actos de molestia que les son reclamados por María Celia García Zagal; dicha situación provoca que tales autoridades no tengan alguna carga probatoria de remitir las constancias a las que hace alusión el artículo 117 de la Ley de Amparo, para justificar su negativa, toda vez que, al no haber nacido a la vida jurídica la actividad autoritaria que se les atribuye, es evidente que no puede haber rastros de su existencia, ni documentos que la apoyen. En este orden de ideas, le corresponde a la parte quejosa, la carga probatoria de acreditar la existencia de los actos reclamados a las autoridades antes citadas, para de esa manera desvirtuar la negativa que manifiestan lisa y llana en su respectivo informe con justificación. Sin embargo, en el caso particular, del análisis de las constancias integrantes del presente juicio de amparo, se aprecia que la quejosa no ofreció ni aportó algún elemento de prueba encaminado a demostrar la existencia de los actos reclamados y, por ende, no logra desvirtuar la negativa de los actos reclamados que informaron las citadas autoridades responsables, a través de sus informes justificados. Por lo anterior, se sobresee en el presente juicio de amparo en relación con las citadas autoridades responsables, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por identidad jurídica, conviene citar el contenido de la siguiente jurisprudencia, con número de registro 1002350, "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Jueza Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca (fojas 61 a 234), al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. En consecuencia, debe tenerse por cierto tal acto, pues la manifestación de la responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 749 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues la quejosa María Celia García Zagal, señaló que tuvo conocimiento de los actos que por esta vía se reclama el quince de diciembre de dos mil diecisiete (foja 3); surtiendo sus efectos el dieciocho siguiente y por tanto, el término para la interposición del juicio de amparo inició el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete y concluyó el diez de enero de dos mil dieciocho, mediando entre esas fechas los días veintitrés, veinticuatro, veinticinco, treinta y treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, así como el uno, seis y siete de enero de dos mil dieciocho, los cuales fueron inhábiles por haber sido sábados y domingos, o días festivos. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el día cuatro de enero de dos mil dieciocho; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia. SEXTO. Causales de Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo al fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 814 ochocientos catorce, consultable en la página 553 quinientos cincuenta y tres, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 mil novecientos diecisiete guión mil novecientos noventa y cinco, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia." En ese tenor, si bien es cierto que los Tribunales Federales están obligados a analizar los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo correspondiente, esta obligación desaparece cuando se actualiza alguna causal de improcedencia, ya que ésta impide el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Respecto a ello, el suscrito juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Precepto que dispone: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Del numeral y fracción anteriormente trascrito, se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra de actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así, y en atención al Principio de Definitividad que rige el Juicio de Amparo, la parte quejosa previo a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar aquéllos, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr incluso que desapareciere de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. De lo expuesto, este juzgador considera que la promovente del amparo María Celia García Zagal, no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, toda vez que contra el auto de exequendo de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, pronunciado por la Jueza Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, ya que ésta se encontraba obligada a agotar el RECURSO DE REVOCACIÓN a que se refiere el artículo 1334, primer párrafo, en relación con los diversos numerales 1339 y 1340, todos del Código de Comercio, preceptos que señalan: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio.". "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $633,075.88 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." "Artículo 1340.- La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $633,075.88 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. En tal virtud, toda vez que respecto del auto mencionado procede el recurso de revocación, la solicitante constitucional debió interponer el citado medio de impugnación, previo a la instauración del juicio de amparo, pues éste tiene como efecto, revocar el auto de exequendo de fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete y, al no hacerlo así, es claro que soslayó agotar el Principio de Definitividad, conforme al cual, el acto reclamado debe ser atacado previamente, mediante los recursos o medios de defensa establecidos en la Ley que rige ese acto, siendo por ende, indispensable para la procedencia del juicio de amparo, el cumplimiento de aquel principio, pues resulta evidente que la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común; de ahí que no se cumpla con el requisito de definitividad rector del juicio de amparo. Resulta aplicable la Jurisprudencia 1ª./J. 70/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 2005047, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, Diciembre de 2013, tomo I, página 401, de contenido: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." También resulta de observancia la jurisprudencia número 986, impresa a fojas 678, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir el juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Del mismo modo es aplicable, la tesis de jurisprudencia consultable a fojas 361, Tomo VI, segunda parte-1, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal para los terceros extraños y aquéllos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, de deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.". Por todo lo expuesto, se estima que la parte quejosa tenía la carga procesal de promover el recurso de revocación, previamente a promover el juicio de amparo indirecto; pues a través de aquel medio ordinario de defensa podía lograr que el acto reclamado quedara anulado, o bien, fuera revocado. En esas condiciones, al resultar improcedente el juicio de amparo instado en contra del auto de exequendo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. En consecuencia dado el sentido de esta resolución, no se analizan los conceptos de violación propuestos por la quejosa porque el sobreseimiento que se decreta en este capítulo, releva a este juzgado federal de su estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 509 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SÉPTIMO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Celia García Zagal, respecto de los actos precisados en el considerando segundo, reclamados a las autoridades responsables señaladas en los considerandos tercero y cuarto; de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos tercero y sexto de esta resolución. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma el maestro José Alfredo Sánchez García, Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de la licenciada Nancy Navarrete arias, secretaria que autoriza, hoy veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.
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