María Cecilia Novelo Espadas

Expediente 901/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
901/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • María Cecilia Novelo Espadas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    iv- Agréguese el firmado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida en sesión celebrada, el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial administrativo 43/2023 de su estadística, en la que se determinó lo siguiente: "[.] PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. Es competente el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, para conocer del juicio de amparo indirecto que dio origen al presente conflicto competencial, conforme a los razonamientos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria [.]". En esas condiciones se toma conocimiento de la resolución remitida, para todos los efectos legales a que haya lugar y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, en cumplimiento a la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Para así estimarlo, se precisa que el presente no es de aquellos expedientes auxiliares que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni tampoco constituye un expediente judicial o auxiliar que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información; por lo anterior, se colma la exigencia para dicha clasificación, contenida en los artículos 19 y 20 del Acuerdo General que nos ocupa. De igual forma, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico, al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Cuarto, del citado acuerdo. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por tanto, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. En otro aspecto, vista la certificación de cuenta se advierte que se verificó la coincidencia e identidad del expediente físico con el electrónico de este asunto, en la inteligencia que las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación generadas de la misma manera, obran en el expediente electrónico correspondiente a este asunto, no así, las recibidas electrónicamente, pues la documentación recibida por esa vía [electrónica o generada electrónicamente] constará únicamente en el expediente electrónico. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Agréguese el oficio remitido por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, por el cual transcribe el acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés en el que ese órgano colegiado se avocó al conocimiento del conflicto competencial surgido entre este juzgado federal y el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, el cual quedó registrado con el número ********************. Al respecto, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo informado y está en la espera de su resolución. Notifíquese por lista a las partes.

  3. Principal

    IV- Agréguese el oficio firmado por la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, mediante el cual, remite el juicio de amparo 728/2023-A-1 de su índice, que contiene los autos originales del juicio de amparo 901/2022-IV de la estadística de este Juzgado, promovido por ********************, contra el acto que reclama del jefe del departamento en la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación, Comisionado para el ejercicio de las Funciones Relativas a las Prestaciones Económicas, sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Chetumal, Quintana Roo, consistente en: "IV.-ACTOS RECLAMADOS. A esta autoridad se le reclama la aplicación en mi esfera jurídica de la fracción II inciso C del artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 2009, a través del oficio ******************** de fecha 12 de septiembre de 2022, el cual resulta inconstitucional por estar fundamentado en un precepto legal así declarado.". Ahora, del oficio de referencia se advierte que mediante proveído de treinta de junio del presente año, el juzgado oficiante no aceptó la competencia declinada a su favor por éste órgano jurisdiccional, pues consideró que el acto reclamado no es de naturaleza positiva con ejecución material, sino, que se trata de un acto negativo simple, en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado; y por tanto carente de ejecución material, llega a tal conclusión en virtud de que aun y cuando el acto reclamado se encuentre relacionado con la solicitud de la quejosa al pago de la pensión por viudez, no por ello puede asegurarse que se trate de un acto negativo con efectos positivos, ya que no modifica el estado de las cosas en la esfera física, sino solo en el ámbito de lo formal, porque el referido mandato es dirigido de manera directa a la quejosa sin que se traduzca a un mandato a alguna autoridad a efecto de realizar una conducta determinada; asimismo, la quejosa optó promover su demanda de amparo en nuestra jurisdicción, por lo que considera que deberá ser esta instancia judicial quien deba continuar conociendo de la demanda. Sin embargo, este Juzgado Federal insiste en declinar la competencia, pues como se determinó en auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, de la demanda de amparo que dio origen a este expediente se advierte que el acto reclamado consiste en la aplicación de la esfera jurídica de la Fracción II, inciso C del artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 2009, a través del oficio ******************** de fecha 12 de septiembre de 2022; respecto del cual, al rendir la autoridad responsable el informe justificado adjuntó copia certificada de las constancias relativas al oficio ******************** de doce de septiembre de dos mil veintidós, que contiene la respuesta al otorgamiento de pensión por viudez de la quejosa ********************; de los cuales se evidencia que su domicilio se ubica en Cozumel, Quintana Roo. De ahí que, en atención a la naturaleza del acto reclamado se llegó al aserto que el mismo sí amerita ejecución material, pues la acción de no permitirle acceder a la pensión a la quejosa, tiene como consecuencia privarla del ejercicio de un derecho, como es el de disfrutarla, y esta afectación se materializa en su domicilio, por ser el lugar en el que cobraría dicha pensión. En tal razón, al tratarse de actos que requieren ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, conforme lo dispone el primer párrafo del numeral 37 de la legislación de la materia. De modo que, como ya se dijo, este Juzgado de Distrito, carece de competencia para resolver el asunto. En consecuencia, a efecto de resolver el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Quintana Roo, y este órgano jurisdiccional; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, párrafo segundo de la Ley de Amparo y del Acuerdo General 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, remítase el aludido expediente 901/2022-IV, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en turno, en Cancún, Quintana Roo, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de tales Órganos Colegiados, para que resuelva respecto a dicho conflicto, solicitándole de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente y copia del proveído que recaiga al presente acuerdo. Comuníquese lo anterior, al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Quintana Roo y Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, ambos con residencia en Cancún, Quintana Roo.

  4. Principal

    IV.Con esta fecha se notifica a la quejosa el auto de 27 de junio de 2023, que en lo conducente dice: "Se declina competencia Visto el estado de autos, en particular del informe justificado rendido por la autoridad responsable titular de la Unidad Jurídica del a Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, en representación del jefe de departamento en la dirección normativa de inversiones y recaudación, comisionado para el ejercicio de las funciones relativas a las prestaciones económicas, sociales y culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada de las constancias relativas al oficio SP/2503/2022 de doce de septiembre de dos mil veintidós, que contiene la respuesta al otorgamiento de pensión por viudez de la quejosa María Cecilia Novelo Espadas; de los cuales se evidencia que su domicilio se ubica en Cozumel, Quintana Roo. De modo que, este Juzgado de Distrito, carece de competencia para resolver el asunto. Para entender la figura jurídica de la competencia, debe precisarse que la "jurisdicción", es el poder genérico de administrar justicia, dentro de los poderes y atribuciones de la soberanía del Estado; así, la competencia es el modo o manera como se ejerce esa jurisdicción por circunstancias concretas; en palabras comunes, la competencia es el límite de la actividad jurisdiccional. Las circunstancias concretas que se mencionan son las que demarcan la jurisdicción del juzgador, las cuales se basan en razones de materia, cuantía, grado y territorio, conocidos, en la doctrina, como criterios determinantes; por otro lado, se encuentran el turno y la prevención como criterios afinadores, todos ellos, se refieren a la competencia objetiva. Además, existe un segundo criterio, de tipo subjetivo, para determinar la competencia, el cual atiende a la persona física titular del órgano jurisdiccional que corresponda; que, en los casos en que se presenta, la propia ley establece mecanismos para que, a falta de un titular, se haga la suplencia respectiva para desempeñar sus funciones. Los referidos factores distribuyen la competencia entre los Tribunales de Justicia del país, de la siguiente manera: 1. Materia, que se refiere a la naturaleza jurídica del asunto litigioso, que puede ser civil, mercantil, laboral, penal, constitucional, etcétera. 2. Cuantía, esto es, el valor jurídico o económico de la relación u objeto litigioso. 3. Grado, que atiende a la estructura jerárquica de los sistemas judiciales, en que puede ser conocido un asunto, por ejemplo, en única, primera o segunda instancias. 4. Territorio, es decir, el lugar físico donde se encuentran los sujetos u objeto de la controversia o donde se produjo el hecho que motiva el juicio. 5. Turno, conforme al cual, será juez competente aquel al que, por distribución administrativa, se le remitan los autos, cuando existan diversos órganos simultáneamente competentes para conocer de un asunto y una oficina de correspondencia común a ellos. 6. Prevención, que implica que cuando existan dos o más jueces competentes para conocer de un mismo negocio, será juez competente aquel que haya conocido en primer término del asunto. Fuero, que se refiere a la facultad de determinada autoridad jurisdiccional para resolver el conflicto, atendiendo a la naturaleza de las prestaciones reclamadas, así como de las partes que intervienen en el asunto; esto es, local o federal. Sobre este tema, el artículo 48, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez, de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Ahora, del análisis de las constancias recibidas, se advierte que el acto reclamado, oficio SP/2503/2022 de doce de septiembre de dos mil veintidós, que comunica a la quejosa María Cecilia Novelo Espadas la negativa de acceder a una pensión por viudez por la muerte del pensionado Canto Ortega José Ermilo por incompatibilidad, al mantener una relación laboral activa, se está ejecutando en Cozumel, Quintana Roo, al residir la quejosa en ese Municipio. Al respecto, cabe señalar, en primer lugar, que el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" En el precepto transcrito se advierte que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, como norma general de competencia territorial para conocer del juicio de amparo indirecto, la del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. La literalidad de dicho precepto da noticia del propósito del Poder Reformador de la Constitución, de facilitar a las personas el acceso al juicio de amparo, al prever que la demanda debe presentarse ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. De ello se sigue que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta, primordialmente, la ejecución del acto reclamado para distinguir qué Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. Así es, si bien la autoridad que dicta u ordena la resolución reclamada puede llegar a desempeñar un papel fundamental en la afectación de los derechos fundamentales del impetrante de amparo, es evidente que el creador de la norma le da preeminencia a la ejecución del acto impugnado. Lo anterior resulta lógico, desde la perspectiva de que el peticionario así puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, toda vez que si puede promover el juicio constitucional ante el órgano bajo cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, ello le brinda mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, lo mismo que al Juez de Distrito para recabarlas con la eficacia debida. Por su parte, la Ley de Amparo desarrolla el aspecto competencial por razón de territorio del juicio de amparo indirecto, en los términos siguientes: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En este artículo se evidencian las siguientes tres reglas básicas para determinar la competencia de los órganos constitucionales en el conocimiento de los juicios de amparo: I. La primera tiene su esencia en la naturaleza del acto, ya que, independientemente del lugar donde radique la autoridad ordenadora, si aquél tiene carácter ejecutivo, el conocimiento de la instancia constitucional recaerá en el juzgado federal que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; II. La segunda prevé que tratándose de actos cuya ejecución pueda tener lugar en varios distritos, o que comience a realizarse en un distrito y continúe en otro, cualquiera de los Jueces de amparo en esas jurisdicciones ante el que se haya presentado la demanda, será competente para avocarse a su solución; y, III. La tercera precisa que cuando el acto no requiera de ejecución material, será competente para deducirlo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El análisis conjunto de dichas reglas competenciales evidencia que la intención del Constituyente Permanente y del legislador ordinario, en cuanto a la competencia territorial de los Jueces de Distrito para resolver el juicio de amparo, tiene como eje fundamental la ejecución del acto reclamado; y ello tiene justificación en la medida de que al tomar en cuenta de manera prioritaria tal aspecto, se privilegia el principio de acceso a la justicia de los gobernados consagrado en el artículo 17 Constitucional. En efecto, como se evidenció, el Constituyente Permanente se concretó a establecer la norma general de competencia relativa a que será competente para conocer de un juicio de amparo, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse; y dejó a decisión del legislador ordinario establecer los demás supuestos de competencia territorial para conocer el referido juicio; lo que evidencia la intención de aquél de privilegiar el acceso a la justicia, en virtud de que los gobernados queden en aptitud de solicitar la Justicia Federal ante el juzgador que resida en el lugar en que el acto reclamado se materialice o concrete, que, por lo general, es en el lugar en el que radica el quejoso. Siguiendo con esa tendencia, el legislador ordinario estableció, en primer término, la indicada regla general de competencia, y creó otras dos, cuyos presupuestos son: que el acto reclamado tenga ejecución en más de un distrito; y que dicho acto no tenga ejecución material; en ambos casos se dispuso que sería competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito ante el que se presentara la demanda; medidas que, de igual forma, privilegian el principio de acceso a la justicia. Como se advierte, la intención del legislador federal fue revigorizar las normas de competencia territorial para conocer del juicio de amparo indirecto, a fin de privilegiar el principio de acceso a la justicia, y si bien es cierto que la mencionada regla general o primera regla de competencia, no sufrió variación alguna sino que subsistió en los mismos términos; en cambio, la segunda, relativa a que si el acto reclamado tiene ejecución en varios distritos será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda, se modificó sólo por lo que hace a que la anterior redacción del precepto establecía que sería competente el Juez que previno; y la tercera, consistente en que si el acto reclamado no tiene ejecución material, será competente el juzgador federal ante el que se presente la demanda; y antes se preveía que en ese supuesto sería competente el Juez del lugar de residencia de la autoridad responsable. Por tanto, si la primera regla de competencia no fue modificada, es porque el legislador federal consideró que cumplía con el principio de acceso a la justicia, en los términos que se encontraba establecida; de lo que se sigue que dicho supuesto brinda mayor certeza en cuanto a que el quejoso tiene más accesibilidad al juicio de amparo si éste puede llevarse a cabo ante el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en que el acto impugnado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, que, por regla general, es en el lugar en que el solicitante radica. Deducidas las reglas esenciales de competencia en materia de amparo indirecto, ahora procede establecer la naturaleza de los actos señalados como reclamados en la demanda de amparo de origen, los cuales consisten en: [1] Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado [artículo 12, fracción II, inciso c)]; y, [2] El primer acto de aplicación de la anterior disposición normativa [oficio SP/2503/2022 de doce de septiembre de dos mil veintidós]. Ahora, el numeral tildado de inconstitucional dispone: "Artículo 12. Las pensiones son compatibles con el disfrute de otras pensiones, o con el desempeño de trabajos remunerados, de acuerdo con lo siguiente: [.] II. La percepción de una pensión por viudez o concubinato con: [.] c) El desempeño de un trabajo remunerado que no implique la incorporación al régimen del artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [.] En el caso de compatibilidad de las pensiones señaladas en las fracciones anteriores, la suma de las mismas no podrá exceder el monto equivalente a diez veces el salario mínimo. [.] Si el Instituto advierte la incompatibilidad de la pensión o pensiones que esté recibiendo un trabajador o pensionado, éstas serán suspendidas de inmediato, pero se puede gozar nuevamente de las mismas cuando desaparezca la incompatibilidad y se reintegren las sumas recibidas durante el tiempo que duró, más los intereses que señale la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente al año en que se va a efectuar el reintegro para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales en una sola exhibición, y la devolución se realice al término de un plazo igual a aquél en que el trabajador o pensionado las estuvo recibiendo. En caso de que dicha tasa sea superior al nueve por ciento anual, se aplicará este último porcentaje. Si no se hiciese el reintegro en la forma señalada, se perderá el derecho a la pensión". De esto se sigue que, efectivamente, la aplicación del artículo reclamado en el juicio de amparo indirecto que nos ocupa sí ameritan ejecución material, la cual, en un primer momento, se efectuó con la respuesta dada a la solicitud realizada por la quejosa a efecto de que procediera el otorgamiento de pensión por viudez por la muerte del pensionado Canto Ortega José Ermilo, por existir incompatibilidad derivado de que mantiene una relación laboral con los Servicios Educativos de Quintana Roo. Por tanto, de lo hasta aquí expuesto, se arriba a la primera conclusión consistente en que, en el asunto en estudio, el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto de mérito, sí tiene ejecución material; por lo que no se actualiza la tercera regla de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora, lo que procede es determinar, si el mencionado acto de aplicación reclamado [negativa de pensión por incompatibilidad por viudez al mantener una relación laboral activa] tiene ejecución en un solo distrito o en varios. En concepto de este órgano jurisdiccional, el mencionado acto tiene ejecución en un solo distrito, que es en el que se encuentra el domicilio de la quejosa pensionada; y, por ende, es aplicable la primera regla de competencia. En efecto, la acción de no permitirle acceder a la pensión de la quejosa, al tener como consecuencia privarla del ejercicio de un derecho, como es el de disfrutarla; es decir, la aplicación de lo establecido en el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo Décimo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, afecta la esfera jurídica de la solicitante del amparo al no otorgársele la pensión; y esa afectación se materializa en su domicilio, porque es el lugar en el que la cobraría. En ese orden, puede afirmarse válidamente que el acceso a la pensión por la quejosa, con base en el citado artículo, tiene efectos jurídicos o consecuencias materiales en el momento en que las personas por viudez cobran su pensión, pues es cuando afecta la esfera jurídica de éstas, al privárseles de su derecho a recibir dicha prestación; por lo que tales consecuencias se materializan en el lugar en el que los pensionados tienen su domicilio. Aquí importa destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 152/20091 , analizó un caso similar al que ahora se plantea, pues determinó que cuando se reclama en amparo la indebida cuantificación de la pensión por no aplicarse los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio, por lo que será en éste en dónde resientan su ejecución y, por ende, es competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el domicilio del quejoso. Las consideraciones expresadas por el Máximo Tribunal del País en ese criterio orientan a este órgano jurisdiccional en la medida de que, si bien en dicha ejecutoria no se analizó el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo Décimo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sí se abordó el estudio de un acto similar, a saber, cuando se señala como acto reclamado la indebida cuantificación de la pensión por no haberse otorgado determinados aumentos. Esto se afirma, porque la aplicación del descuento o "incompatibilidad" previsto en la norma en comento, se traduce también en el reclamo de la negativa al pago de pensión o indebida cuantificación o pago disminuido de ésta. No obsta a lo anterior, que en la ejecutoria relativa se haya interpretado el artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, pues la regla de competencia que estimó aplicable al caso el Máximo Tribunal del País, es la relativa a que es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; la cual, no sufrió modificación alguna con la emisión de la nueva Ley de Amparo2 . En ese tenor, como se determinó en la citada jurisprudencia, y de conformidad con los artículos transcritos en párrafos precedentes, el pago de la pensión se encuentra vinculado al domicilio de los pensionados, porque es el lugar en el que éstos cobran y disfrutan su pensión y, por tanto, las consecuencias del descuento efectuado, se materializan en el ámbito privado o íntimo de las personas pensionadas, el cual se desenvuelve, principalmente, en el domicilio de éstas. En relación con el domicilio, cabe decir que el Código Civil para el Estado de Quintana Roo, establece lo siguiente: "Artículo 552.- El domicilio de una persona física es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle. Artículo 553.- Se presume el propósito de establecerse en un lugar, cuando se reside por más de seis meses en él. Transcurrido el mencionado tiempo, el que no quiera que nazca la presunción de que se acaba de hablar, declarará, dentro del término de quince días, tanto a la autoridad municipal de su anterior domicilio como a la autoridad municipal de su nueva residencia, que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo. La declaración no producirá efectos si se hace en perjuicio de tercero. Artículo 554.- Carecerá también de efectos la declaración que haga una persona de su propósito de adquirir determinado domicilio, si su residencia habitual estuviere en otro sitio. Dichos numerales establecen que el domicilio de una persona jurídica individual, es decir, de una persona física, lo constituye, en orden de prelación, los supuestos siguientes: a) El lugar donde reside con el propósito de establecerse en él, presumiéndose dicho propósito cuando se reside en un lugar por más de seis meses, sin declarar el interesado ante las autoridades municipales correspondientes que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo; b) A falta de lugar fijo de residencia, se tendrá como domicilio el lugar del centro principal de sus negocios; y, c) En ausencia de los dos supuestos anteriores, el lugar donde se halle la persona. De esto se sigue que los numerales transcritos establecen que, por regla general, el domicilio de las personas físicas es aquel en donde éstas residen habitualmente por más de seis meses; excepcionalmente, en caso de que la persona no tenga lugar fijo de residencia, se tendrá como domicilio el lugar del centro principal de sus negocios; y si no se actualizan ninguna de las dos hipótesis anteriores, se tendrá como domicilio aquel en el que se encuentre la persona. En ese orden, se concluye que la "incompatibilidad" de pensión reclamada, tiene efectos jurídicos en el ámbito de los derechos pensionarios de las personas, por representar una negativa o un pago disminuido y, por tanto, esas consecuencias se materializan en el lugar del domicilio de los pensionados, entendido éste, por regla general, como el lugar en el que éstos residen habitualmente por más de seis meses, toda vez que es dónde cobran y disfrutan su pensión, por lo que es en el distrito en el que se encuentre dicho domicilio en donde, efectivamente, tiene ejecución la aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales. En esas condiciones, este órgano jurisdiccional considera que la regla de competencia aplicable al asunto en estudio, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que es competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, pues, como se evidenció, el referido acto impugnado sólo tiene ejecución en el distrito en el que se ubica el domicilio de la quejosa [Cozumel, Quintana Roo], al tratarse del lugar en el que se concretan las consecuencias materiales de dicho acto. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica e identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, de rubro y texto siguientes: PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Por último, se precisa que este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente Permanente y del legislador ordinario federal, en la medida de que, como se expuso, la intención de éstos fue privilegiar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y la indicada regla de competencia es la que permite tener mayor certeza en cuanto al cumplimiento de dicho principio, toda vez que, al atribuir competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el domicilio de la solicitante del amparo, existe seguridad jurídica de que tendrá la facilidad de acudir al órgano jurisdiccional a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales. De lo anterior se concluye que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, declina la competencia del conocimiento de este asunto por razón de territorio, ya que se estima que se surte en favor del Juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, en turno4 , quien ejerce jurisdicción, en que tienen lugar la ejecución de los actos reclamados. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de que se trata a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, en turno, con residencia en Cancún. Asimismo, se solicita de la manera más atenta a la autoridad que conozca del presente juicio, acuse de recibo. En esas condiciones en virtud del sentido del presente auto se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las doce horas con diez minutos del veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, en turno, con residencia en Cancún."

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