Maria Azucena Flores Peraza
Expediente 166/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 166/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Maria Azucena Flores Peraza
Actuaciones
- Principal
II-Vista la certificación que antecede y apreciándose que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el auto de siete de abril de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado analógica y supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento al Artículo 21 Capítulo Octavo del Acuerdo General sin Número, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se indica que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista.
- Principal
II-Visto el estado procesal de autos, y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte promovente en auto de once de marzo del año en curso, sin que durante ese plazo haya realizado manifestación alguna. En tal virtud, hágase efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, por lo tanto, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO que promovió María Azucena Flores Peraza, Dora María Dzay Poot y Mario Humberto Navarrete Dzib, en pretendido carácter de presidente, secretaria y tesorero del Comisariado Ejidal Núcleo Agrario denominado Ejido Villa de Cozumel del Municipio de Cozumel, Quintana Roo; lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Estadístico relativo, para los efectos legales y administrativos correspondientes. Notifíquese por lista.
- Principal
II-Vista la razón levantada por la actuaria judicial adscrita, de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en la que precisó los motivos por lo que le fue imposible notificar a la parte quejosa María Azucena Flores Peraza, Dora María Dzay Poot y Mario Humberto Navarrete Dzib, en pretendido carácter de presidente, secretaria y tesorero del Comisariado Ejidal Núcleo Agrario denominado Ejido Villa de Cozumel del municipio de Cozumel, Quintana Roo; en ese sentido, al no haber señalado en autos diverso domicilio para tal efecto, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación del acuerdo en comento, así como del presente proveído y las subsecuentes notificaciones de carácter personal, por medio de lista de estrados que se fije en este órgano de control constitucional; hasta en tanto la citada parte procesal señale uno diverso para tales efectos, el cual en lo conducente dice: Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a María Azucena Flores Peraza, Dora María Dzay Poot y Mario Humberto Navarrete Dzib, en pretendido carácter de presidente, secretaria y tesorero del Comisariado Ejidal Núcleo Agrario denominado Ejido Villa de Cozumel del municipio de Cozumel, Quintana Roo, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro, con sede en esta ciudad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 166/2022-II-D. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]." Del análisis del artículo citado, se aprecia que impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, dentro del plazo de veinticuatro horas se resuelva sobre la admisión, prevención o desechamiento de la demanda que se intenta. Por otra parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos que debe contener el escrito de demanda de amparo indirecto: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Por su parte, el artículo 114 del mismo ordenamiento, regula la figura de la prevención, pues enuncia los supuestos en los que el órgano jurisdiccional está facultado para requerir al promovente aclare las irregularidades u omisiones que se adviertan de su escrito de demanda: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Esto es, el artículo 114 de la ley de la materia, faculta a quien provee para que en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandará prevenir a la parte promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Se dice lo anterior pues de una revisión del escrito de demanda y constancias adjuntas a este, se aprecia que los promoventes afirman exhibir copia certificada del acta de asamblea del Ejido Villa de Cozumel del municipio de Cozumel, de veintiocho de marzo de dos mil veintiuno y acta de asamblea de formalidades, de veinte de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, para acreditar la personalidad del ejido y la del núcleo agrario, respectivamente. Sin embargo, se advierte que únicamente la de veinte de diciembre de mil novecientos noventa y ocho fue exhibida en copia certificada, mientras que la diversa fue exhibida en copia simple, misma que por su propia naturaleza carece de valor probatorio pleno. Sirve de apoyo a esta determinación la tesis cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." Al respecto, el artículo 108 de la Ley de Amparo antes citado, dispone que quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso deberá acreditar su representación. Lo anterior, obedece a que el acreditamiento de la personalidad no es una cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con esa facultad. Orienta la anterior consideración, la jurisprudencia número P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis número 30/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Único en Materia Administrativa del Primer y Tercer Circuitos respectivamente y el Segundo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 48, del tomo IV, del mes de julio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto señalan: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". Asimismo, es aplicable la tesis de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA. De lo dispuesto por la jurisprudencia número P./J. 43/96 de este Tribunal Pleno, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", así como de la ejecutoria que la originó se infiere, por una parte, que el Juez de Distrito debe pronunciarse indefectiblemente sobre la personalidad del promovente cuando provee acerca de la demanda y, si no está acreditada, se encuentra obligado a prevenirlo, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo y, por otra parte, que el acreditamiento de dicha personalidad no es una cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 120 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso, debiendo entenderse que si dicha personalidad no la acredita el peticionario del amparo con el escrito inicial de demanda, sino que la comprueba con el escrito aclaratorio, es indiscutible que debe exhibir copias de este escrito, en el número previsto en el artículo 120 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en el capítulo de acto reclamado en el escrito de demanda correspondiente a este juicio de amparo señala: La audiencia de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en el juicio agrario 186/2021, que no se difirió a pesar de haber exhibidos las constancias médicas de los integrantes del comisariado ejidal de Villa de Cozumel, Municipio de Cozumel. En ese tenor, a efecto de acordar lo que proceda sobre la prevención, admisión o desechamiento de la demanda de amparo, de la imposición del escrito de demanda se evidencia y denotan irregularidades al no expresar con precisión y claridad, el acto o actos que se pretenden tildar de inconstitucionales, dada la imprecisión y ambigüedad en la redacción del escrito, resulta confuso establecer cuál es el acto que concretamente reclama a la autoridad señalada como responsable, así como determinar los antecedentes de los cuales emana el acto reclamado. Ello, pues del escrito de demanda, manifiesta: "4.- En virtud de lo anterior, y al estar revisando los asuntos jurídicos del ejido, se percatan de que el comisario Reyes Ignacio May Fuentes, había sido emplazado en el juicio 186/2021, por el ejidatario José Audencio Angulo García, reclamando al ejido el respeto al goce, uso y disfrute de la superficie de 31-10-20.00 hectáreas de tierra de uso común, amparado de un contrato de usufructo de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, celebrado entre el órgano de representación ejidal, inscrito ante el registro agrario nacional.". Con lo cual, es advertible el ejido quejoso es parte formal en el juicio agrario 186/2021, precisamente por ser demandado; y si bien relata lo acontecido en la audiencia de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, los promoventes no dan referencia clara sobre el estado procesal del juicio, ya que omitieron manifestar si la misma fue diferida o se dictó resolución alguna. Lo anterior, crea incertidumbre para quien esto determina, pues no se conoce con exactitud el acto que reclama la parte quejosa, lo que resulta necesario precisarse para que las autoridades responsables rindan con claridad sus informes de ley en relación con el acto efectivamente impugnado y para que este órgano de control constitucional pueda estudiar su legalidad, en los términos en que se haga la petición. En tales consideraciones, en ánimo de armonizar, los datos que emanan del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con la totalidad de la información a recabar en el expediente del juicio, descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión, esto en búsqueda de lograr congruencia entre lo pretendido y lo que será materia de examen y análisis en la resolución, a fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que la quejosa señale correctamente el o los actos reclamados y que los enuncie con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad de los actos; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar confusamente los actos cuya inconstitucionalidad alega, se debe requerir al promovente en términos del artículo 114, de la Ley de Amparo, para que la aclare pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano judicial del amparo velar por que se satisfaga tal extremo. Por lo que, a fin de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de proveer en relación con la demanda de que se trata, con fundamento en el artículo 114 fracciones l, II, III y IV, en relación con el 108 fracciones I y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, legalmente computados, por escrito y bajo protesta de decir verdad: 1. Acrediten con documento fehaciente la personalidad con las que ostentan la representación del Comisariado Ejidal Ejido Villa de Cozumel del Municipio de Cozumel, Quintana Roo; y, 2. Precise cuál es el estado procesal que guarda el juicio agrario 186/2021. Se apercibe a la parte promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Hágase saber a la parte promovente, que deberán adjuntar las copias necesarias de su escrito aclaratorio de demanda, así como del documento que exhiban para acreditar su personalidad, para cada una de las partes en este asunto, en razón de que será parte integrante de la misma, en términos de lo dispuesto por el artículo 110, de la Ley de Amparo y con apoyo en la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 124/2016, aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, con número de registro 2012992. Sustenta lo dicho, la jurisprudencia P./J. 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Rosa Natalí Cruz Bardales, Gabriel Hernán Yam Chan, toda vez que tiene cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y con las restricciones señaladas en dicho artículo a las restantes personas que mencionan. Establecido lo anterior, debe decirse que no es factible el pronunciamiento sobre la medida cautelar de oficio y de plano que solicitan los promoventes. En efecto, los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Por su parte, el artículo 22 constitucional, en lo conducente establece que: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." De la transcripción anterior se desprenden los supuestos en los cuales el órgano jurisdiccional debe conceder la suspensión de oficio y de plano, a saber, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; incomunicación; deportación o expulsión; proscripción o destierro; extradición; desaparición forzada de personas; alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales; la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y los que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. De donde se obtiene, por exclusión, que cuando los actos reclamados no revistan las características señaladas, no podrá concederse la suspensión de oficio y de plano, sino que, de ser procedente, la solicitud de la medida cautelar deberá resolverse bajo las formalidades y trámites que rigen la suspensión de los actos reclamados a petición de parte, esto es, deberá otorgarse la medida provisional y, en su momento, la definitiva a través del incidente de suspensión correspondiente, de conformidad con los artículos 127, 128, 138 y 146 de la Ley de Amparo. De modo que para este asunto, sin evadir que la parte quejosa es el Ejido; lo cierto es que la materia de reclamo no atañe los supuestos de los que se advierta que existe un peligro a la vida, ni tampoco la privación total parcial en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, sino cuestiones procesales del juicio de origen, en específico, la justificación de inasistencia a la audiencia de dieciséis de febrero de dos mil veintidós y en su caso, el diferimiento. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente.
- Principal
II-Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a María Azucena Flores Peraza, Dora María Dzay Poot y Mario Humberto Navarrete Dzib, en pretendido carácter de presidente, secretaria y tesorero del Comisariado Ejidal Núcleo Agrario denominado Ejido Villa de Cozumel del municipio de Cozumel, Quintana Roo, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro, con sede en esta ciudad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 166/2022-II-D. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]." Del análisis del artículo citado, se aprecia que impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, dentro del plazo de veinticuatro horas se resuelva sobre la admisión, prevención o desechamiento de la demanda que se intenta. Por otra parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos que debe contener el escrito de demanda de amparo indirecto: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Por su parte, el artículo 114 del mismo ordenamiento, regula la figura de la prevención, pues enuncia los supuestos en los que el órgano jurisdiccional está facultado para requerir al promovente aclare las irregularidades u omisiones que se adviertan de su escrito de demanda: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Esto es, el artículo 114 de la ley de la materia, faculta a quien provee para que en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandará prevenir a la parte promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Se dice lo anterior pues de una revisión del escrito de demanda y constancias adjuntas a este, se aprecia que los promoventes afirman exhibir copia certificada del acta de asamblea del Ejido Villa de Cozumel del municipio de Cozumel, de veintiocho de marzo de dos mil veintiuno y acta de asamblea de formalidades, de veinte de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, para acreditar la personalidad del ejido y la del núcleo agrario, respectivamente. Sin embargo, se advierte que únicamente la de veinte de diciembre de mil novecientos noventa y ocho fue exhibida en copia certificada, mientras que la diversa fue exhibida en copia simple, misma que por su propia naturaleza carece de valor probatorio pleno. Sirve de apoyo a esta determinación la tesis cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." Al respecto, el artículo 108 de la Ley de Amparo antes citado, dispone que quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso deberá acreditar su representación. Lo anterior, obedece a que el acreditamiento de la personalidad no es una cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con esa facultad. Orienta la anterior consideración, la jurisprudencia número P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis número 30/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Único en Materia Administrativa del Primer y Tercer Circuitos respectivamente y el Segundo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 48, del tomo IV, del mes de julio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto señalan: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". Asimismo, es aplicable la tesis de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA. De lo dispuesto por la jurisprudencia número P./J. 43/96 de este Tribunal Pleno, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", así como de la ejecutoria que la originó se infiere, por una parte, que el Juez de Distrito debe pronunciarse indefectiblemente sobre la personalidad del promovente cuando provee acerca de la demanda y, si no está acreditada, se encuentra obligado a prevenirlo, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo y, por otra parte, que el acreditamiento de dicha personalidad no es una cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 120 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso, debiendo entenderse que si dicha personalidad no la acredita el peticionario del amparo con el escrito inicial de demanda, sino que la comprueba con el escrito aclaratorio, es indiscutible que debe exhibir copias de este escrito, en el número previsto en el artículo 120 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en el capítulo de acto reclamado en el escrito de demanda correspondiente a este juicio de amparo señala: La audiencia de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en el juicio agrario 186/2021, que no se difirió a pesar de haber exhibidos las constancias médicas de los integrantes del comisariado ejidal de Villa de Cozumel, Municipio de Cozumel. En ese tenor, a efecto de acordar lo que proceda sobre la prevención, admisión o desechamiento de la demanda de amparo, de la imposición del escrito de demanda se evidencia y denotan irregularidades al no expresar con precisión y claridad, el acto o actos que se pretenden tildar de inconstitucionales, dada la imprecisión y ambigüedad en la redacción del escrito, resulta confuso establecer cuál es el acto que concretamente reclama a la autoridad señalada como responsable, así como determinar los antecedentes de los cuales emana el acto reclamado. Ello, pues del escrito de demanda, manifiesta: "4.- En virtud de lo anterior, y al estar revisando los asuntos jurídicos del ejido, se percatan de que el comisario Reyes Ignacio May Fuentes, había sido emplazado en el juicio 186/2021, por el ejidatario José Audencio Angulo García, reclamando al ejido el respeto al goce, uso y disfrute de la superficie de 31-10-20.00 hectáreas de tierra de uso común, amparado de un contrato de usufructo de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, celebrado entre el órgano de representación ejidal, inscrito ante el registro agrario nacional.". Con lo cual, es advertible el ejido quejoso es parte formal en el juicio agrario 186/2021, precisamente por ser demandado; y si bien relata lo acontecido en la audiencia de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, los promoventes no dan referencia clara sobre el estado procesal del juicio, ya que omitieron manifestar si la misma fue diferida o se dictó resolución alguna. Lo anterior, crea incertidumbre para quien esto determina, pues no se conoce con exactitud el acto que reclama la parte quejosa, lo que resulta necesario precisarse para que las autoridades responsables rindan con claridad sus informes de ley en relación con el acto efectivamente impugnado y para que este órgano de control constitucional pueda estudiar su legalidad, en los términos en que se haga la petición. En tales consideraciones, en ánimo de armonizar, los datos que emanan del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con la totalidad de la información a recabar en el expediente del juicio, descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión, esto en búsqueda de lograr congruencia entre lo pretendido y lo que será materia de examen y análisis en la resolución, a fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que la quejosa señale correctamente el o los actos reclamados y que los enuncie con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad de los actos; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar confusamente los actos cuya inconstitucionalidad alega, se debe requerir al promovente en términos del artículo 114, de la Ley de Amparo, para que la aclare pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano judicial del amparo velar por que se satisfaga tal extremo. Por lo que, a fin de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de proveer en relación con la demanda de que se trata, con fundamento en el artículo 114 fracciones l, II, III y IV, en relación con el 108 fracciones I y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, legalmente computados, por escrito y bajo protesta de decir verdad: 1. Acrediten con documento fehaciente la personalidad con las que ostentan la representación del Comisariado Ejidal Ejido Villa de Cozumel del Municipio de Cozumel, Quintana Roo; y, 2. Precise cuál es el estado procesal que guarda el juicio agrario 186/2021. Se apercibe a la parte promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Hágase saber a la parte promovente, que deberán adjuntar las copias necesarias de su escrito aclaratorio de demanda, así como del documento que exhiban para acreditar su personalidad, para cada una de las partes en este asunto, en razón de que será parte integrante de la misma, en términos de lo dispuesto por el artículo 110, de la Ley de Amparo y con apoyo en la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 124/2016, aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, con número de registro 2012992. Sustenta lo dicho, la jurisprudencia P./J. 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Rosa Natalí Cruz Bardales, Gabriel Hernán Yam Chan, toda vez que tiene cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y con las restricciones señaladas en dicho artículo a las restantes personas que mencionan. Establecido lo anterior, debe decirse que no es factible el pronunciamiento sobre la medida cautelar de oficio y de plano que solicitan los promoventes. En efecto, los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Por su parte, el artículo 22 constitucional, en lo conducente establece que: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." De la transcripción anterior se desprenden los supuestos en los cuales el órgano jurisdiccional debe conceder la suspensión de oficio y de plano, a saber, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; incomunicación; deportación o expulsión; proscripción o destierro; extradición; desaparición forzada de personas; alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales; la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y los que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. De donde se obtiene, por exclusión, que cuando los actos reclamados no revistan las características señaladas, no podrá concederse la suspensión de oficio y de plano, sino que, de ser procedente, la solicitud de la medida cautelar deberá resolverse bajo las formalidades y trámites que rigen la suspensión de los actos reclamados a petición de parte, esto es, deberá otorgarse la medida provisional y, en su momento, la definitiva a través del incidente de suspensión correspondiente, de conformidad con los artículos 127, 128, 138 y 146 de la Ley de Amparo. De modo que para este asunto, sin evadir que la parte quejosa es el Ejido; lo cierto es que la materia de reclamo no atañe los supuestos de los que se advierta que existe un peligro a la vida, ni tampoco la privación total parcial en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, sino cuestiones procesales del juicio de origen, en específico, la justificación de inasistencia a la audiencia de dieciséis de febrero de dos mil veintidós y en su caso, el diferimiento. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente.
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