Maria Catalina Hernández Mateos
Expediente 1081/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1081/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Maria Catalina Hernández Mateos
Actuaciones
- Principal
En veintidós de febrero de dos mil veintiuno, el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, Alfonso Bastida Contreras certifica: de conformidad con las Circulares CAP/2/2020 y CAP/3/2020, signadas por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, signadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en las que comunicaron que la Comisión Especial decretó la suspensión de plazos y términos procesales en este Circuito -con las salvedades ahí apuntadas-, durante el periodo comprendido del 19 de diciembre de 2020 al 15 de febrero de 2021, así como a la Circular SECNO/10/2021, de trece de febrero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se establecieron las medidas especiales a adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. El secretario. En la misma fecha, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos, a fin de que determine lo que corresponda. Conste. Nezahualcóyotl, Estado de México, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante Circulares CAP/2/2020 y CAP/3/2020, signadas por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, signadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo de conocimiento que la Comisión Especial decretó la suspensión de plazos y términos procesales en este Circuito -con las salvedades ahí apuntadas-, durante el periodo comprendido del diecinueve de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno. Con base en lo expuesto, las medidas que debieron adoptarse en ese periodo, de manera destacada, son las siguientes: 1. Regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Esto implicó dar trámite a los escritos iniciales que se calificaron como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y dar seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, recibir y tramitar los casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones. Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. Asimismo, cabe precisar que a través de la Circular SECNO/10/2021, de trece de febrero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron las medidas especiales a adoptarse del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno, entre las que destacan las marcadas con los números 16 y 17, que indican: 16. A partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/20202 y 37/2020. 17. Se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. Atento a lo anterior, se reanudan plazos y términos procesales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en los términos contemplados en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia se amplió por los diversos 25/2020 y 37/2020. En consecuencia, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica a las partes en el asunto en que se actúa, se reanuda el presente procedimiento en la etapa en que se encontraba. Así, atento al estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se obtiene que por proveído de cuatro de diciembre del año pasado próximo, se libró la comunicación oficial número de orden 913/2020-I, exhorto 906/2020-I, del índice administrativo de este órgano jurisdiccional, a un Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado de Distrito, notificara a la quejosa María Catalina Hernández Mateos, el contenido de la citada determinación; comunicación oficial que conoce el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, pues así se advierte de la papeleta de turno respectivo. En esas condiciones, para estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda, solicítese atentamente al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, para el caso de no tener inconveniente legal alguno, informe el tratamiento dado a la comunicación oficial número de orden 913/2020-I, exhorto 906/2020-I, del índice de este órgano jurisdiccional, derivado del juicio de amparo en que se actúa, a fin de notificar a la parte quejosa el contenido de la determinación de cuatro de diciembre del año pasado próximo, para estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda. Adjúntese copia de la papeleta de turno, para mejor referencia.
- Principal
V I S T A la demanda de amparo promovida por ---, contra actos del Juez Cuadragésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México y otra autoridad, ello por considerarlos violatorios a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1081/2020-I, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo y escrito de desahogo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, de la demanda de amparo, se desprende en lo que aquí nos interesa, que la quejosa reclama el auto de dos de septiembre de dos mil veinte, relativo a la orden de requerimiento de pago y embargo, dictada dentro del juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario 414/2020, por el Juez Cuadragésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, así como su ejecución realizada por el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Otumba de Gómez Farías, Estado de México, al diligenciar el exhorto 1037/2020. Controversia que dio origen por la demanda presentada por --- en contra de ---- y otros, radicada en el Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, con el expediente 414/2020, en el que el dos de septiembre de dos mil veinte, se ordenó el emplazamiento de la aquí quejosa por exhorto, asimismo se le requiera estar al corriente de las rentas o escritos de consignación debidamente sellados (sic), en cantidad de $51,700.00 (cincuenta y un mil setecientos pesos 00/100 M.N.), con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se procedería a su embargo, para garantizar el adeudo. Así, el cuatro de noviembre de dos mil veinte, se diligenció el exhorto, en donde la quejosa aduce se cometieron diversas violaciones a los principios de legalidad. Por tanto, después de analizar el citado acto reclamado, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En principio, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, incisos b), y c), IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.; IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. XII.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca;" A su vez, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de las garantías individuales y derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 312200, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 401, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio - diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224841, que establece: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: I) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). II) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal). III) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. IV) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). V) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, inciso a), de la Ley de Amparo; y, VI) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). Es aplicable la tesis LVI/2000, emitida por la Segunda Sala, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Luego, en el caso el acto que aquí se reclama, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, por ende, la parte quejosa no está exento de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado. Lo anterior se afirma, en razón a que cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, cuando la quejosa es parte formal del juicio de origen, se integró a la relación jurídica procesal, o en su caso, tiene conocimiento de la existencia y los datos de identificación del juicio al que pretende ser llamado. Esto es así, porque de acuerdo con lo narrado en los antecedentes del acto reclamado, refiere la quejosa haber sido demandada por Juan Roberto Lemus Millán, ante el Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, con el expediente 414/2020, reclamando, entre otros, el requerimiento de pago de las rentas o escritos de consignación debidamente sellados (sic), en cantidad de $51,700.00 (cincuenta y un mil setecientos pesos 00/100 M.N.) y la ejecución del embargo. Por tanto, al no existen circunstancias que establezcan excepciones en el sentido de que la parte quejosa no esté obligada a agotar recursos o medios de defensa cuando se reclame un acto dictado en un juicio jurisdiccional, y si en cambio, existe norma expresa (artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo), relativa a que aun cuando el acto reclamado sea una resolución judicial, el promovente del amparo está obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la ley que rige el acto reclamado. En ese contexto, como ya se dijo en contra del acto reclamado en la presente instancia se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En este orden de ideas, la impetrante del amparo no cumplió con el principio de definitividad para los efectos del juicio de garantías, dado que del escrito de demanda, se advierte que es parte formal en el procedimiento natural. Entonces, ineludiblemente se encontraba obligada a agotar el principio de definitividad, respecto a la diligencia de emplazamiento y embargo practicada el cuatro de noviembre de dos mil veinte, pues debió impugnar la presunta ilegalidad de la diligencia de emplazamiento, y por ende, todo lo actuado a partir de la referida diligencia, a través del Incidente de Nulidad de Actuaciones, previsto en el artículo 77 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, contenido en el capítulo II de las actuaciones y resoluciones judiciales, relativo a las reglas generales, que dispone: "Artículo 77. La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho; con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Artículo 78. Sólo formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones se tramitarán y resolverán en los términos de lo dispuesto por el artículo 88." Si bien en el juicio ordinario civil, por disposición expresa en el artículo 77 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, establece que procede el incidente de nulidad de actuaciones en contra de aquéllas diligencias de notificación que al ser practicadas no cumplan con las formalidades esenciales establecidas en la legislación procesal respectiva, y puede ser invocada por cualquiera de las partes legitimada para ello que estime haber quedado sin defensa con motivo de la práctica ilegal de alguna diligencia de notificación o emplazamiento; por tanto, el afectado puede hacer valer el medio de defensa en cita, con el fin de dejar sin efectos la notificación que considere no fue practicada legalmente. En tales condiciones, la diligencia de emplazamiento practicada el cuatro de noviembre de dos mil veinte, carece de definitividad para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque por ser parte en el juicio de origen, la quejosa estuvo en aptitud de hacer valer el medio de defensa a que se refiere el artículo 77 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, consistente en el Incidente de Nulidad de Actuaciones, medio de defensa a través del cual pudo obtener la nulidad de la precitada diligencia, máxime que puede reclamarse en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva, por ende, la parte quejosa no observó el principio de definitividad para hacer procedente el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia V.1o.C.T.105 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XXVI, Julio de 2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo a Novena Época con número de registro 171966, página 2674 cuyo rubro y texto siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. QUIEN TIENE CONOCIMIENTO DEL ILEGAL O DEFECTUOSO EMPLAZAMIENTO A JUICIO ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA, NO TIENE ESE CARÁCTER Y, POR ENDE, ESTÁ OBLIGADO A AGOTAR EL INCIDENTE DE NULIDAD PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). Por persona extraña a juicio se entiende aquella que no ha figurado en el procedimiento como parte, así como también quien habiendo sido señalado como parte, no es llamado a juicio o se le cita en forma contraria a la ley; sin embargo, no puede tenerse con ese carácter al peticionario de garantías, cuando de las constancias relativas se advierte que tuvo conocimiento de la transgresión que reclama, antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra, ya que en esas condiciones, al tener el carácter de parte en el juicio y no de tercero extraño, está en condiciones de impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que prevén los artículos 178 y 179 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, pues a través de ese medio de impugnación se da a los interesados la oportunidad de aportar las pruebas que estimen pertinentes, a fin de justificar la ilegalidad o falta de emplazamiento a juicio que alegan, ya que ésta es la razón fundamental por la cual se da la procedencia del amparo en la vía indirecta, a fin de dar oportunidad al quejoso de defenderse y aportar las pruebas conducentes, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 40/2001, derivada de la contradicción de tesis 23/2000 -PL, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XIII, abril de 2001, página 81, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO.". Por tanto, de conformidad con la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 114, fracción V, de la ley reglamentaria, el amparo indirecto será procedente cuando el quejoso alegue falta o ilegalidad del emplazamiento y se ostente como persona extraña a juicio por equiparación, siempre y cuando la ley no establezca a favor del afectado o tercero extraño, algún recurso ordinario o medio de defensa, como resulta ser el incidente de nulidad de actuaciones, que también tiene como efecto, modificar o revocar el acto o actos reclamados." Por las razones anteriores, se llega a la conclusión, que el acto reclamado consistente en la diligencia de emplazamiento y embargo, debió hacer uso del medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo indirecto, con el fin de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de garantías, de tal suerte que en el caso que nos ocupa debió agotar el Incidente de Nulidad de Actuaciones contemplado en el artículo 77 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que establece la procedencia de ese medio de defensa contra las actuaciones judiciales que no cumplan con alguna de las formalidades esenciales del procedimiento, ya que con la interposición de ese medio de defensa pudo obtener la nulidad del acto reclamado, y al no haber agotado la quejosa dicho medio de defensa, dejó de satisfacer el principio de definitividad requerido para la procedencia del juicio de amparo indirecto que nos ocupa, sin que se advierta en el referido procedimiento la emisión de la sentencia definitiva. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 535 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, tomo VI, materia común, página 477, que dice: "NOTIFICACIÓN, NULIDAD DE LA, NO PUEDE DECLARARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. El término para promover el juicio de garantías, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación por lista de acuerdos de la sentencia reclamada, cuando así se haya hecho, sin que sea óbice lo alegado en el sentido de que tal acto debió de haberse notificado personalmente, ya que atento a la técnica del juicio de garantías éste no resulta ser el medio idóneo para declarar la nulidad de la notificación de los actos reclamados, sino en todo caso el incidente de nulidad, a través del cual las partes pueden impugnar las notificaciones que a su juicio adolecen de vicios; ya que de no hacerlo así se llegaría al desconocimiento de los procedimientos previamente establecidos en las leyes aplicables; de tal manera que los tribunales de amparo no deben ignorar ni pasar sobre las notificaciones realizadas por la autoridad responsable en el procedimiento donde emanan los actos reclamados; porque ello equivaldría a declararlos nulos sin que medie el procedimiento adecuado, lo cual no corresponde realizar a un tribunal constitucional." De igual forma, previamente a la interposición del juicio de amparo, procedía agotar el recurso de apelación que establece la ley aplicable al caso concreto, por virtud del cual los autos reclamados pudieron ser revocados o modificados, en acatamiento al principio de definitividad que rige para la procedencia del juicio de garantías. En efecto, los artículos 966, párrafo tercero, 967 y 689 del Código Federal de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establecen: "Artículo 966. En los procedimientos de arrendamiento las apelaciones sólo serán admitidas en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, tratándose de las resoluciones dictadas antes de la sentencia definitiva y se substanciarán en los términos previstos por el artículo 692 Quáter. La apelación que se interponga en contra de la sentencia definitiva procederá en efecto devolutivo de tramitación inmediata. Tratándose de resoluciones dictadas con posterioridad a la sentencia definitiva procede la apelación en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo los casos de excepción previstos en la parte general de juicio ordinario civil." "Artículo 967. La apelación deberá interponerse en la forma y términos previstos por el Título Décimo Segundo del Código de Procedimientos Civiles." "Artículo 689. Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás con interés jurídico a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; salvo lo dispuesto en el Artículo 692 Quáter, así también podrá apelar el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas." Así como el artículo 527 La última resolución dictada para la ejecución de una sentencia no admite recurso alguno. Lo anterior, en virtud que el quejoso al ser parte demandado, e incluso haber comparecido en el citado juicio ordinario civil, está obligado a agotar los recursos y medios de defensa que establecen los ordenamientos legales previamente a la promoción del amparo, sin que se advierta que contra los autos dictados posterior a la sentencia definitiva, haya interpuesto el recurso de apelación, que procedía. Ello es así, pues al tratarse de un auto que determina emplazar a juicio a la ahora quejosa con la medida preventiva de embargo ante el impago de las rentas vencidas; de ahí que los autos reclamados eran impugnables mediante dicho recurso, en términos del artículo 966 de Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.11o.C. J/1 (10a.), registro 2002710, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Página 1184, Décima Época, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO. APELACIÓN EN DICHOS PROCEDIMIENTOS. SU PROCEDENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A LA CUANTÍA DEL ASUNTO, AUNQUE SU TRÁMITE SE HAYA LLEVADO A CABO ESTANDO VIGENTES LAS REFORMAS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADAS EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009. Los artículos 688, 689, 691 y 692 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en su texto vigente conforme al decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 10 de septiembre de 2009, regulan lo relativo al recurso de apelación, como lo es su objeto, tipo de apelación, su trámite, quiénes deben interponerlo, y en cuanto a su procedencia se condiciona a que el monto del asunto no sea inferior a doscientos doce mil cuatrocientos sesenta pesos por concepto de suerte principal, sin que se tomen en cuenta intereses y demás accesorios reclamados. Sin embargo, los artículos 966, 967 y 968 del citado código que se encuentran dentro del título decimosexto Bis, que regula específicamente las controversias en materia de arrendamiento inmobiliario, establecen la procedencia del recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada en los juicios de arrendamiento inmobiliario, así como en contra de las resoluciones intermedias que se dicten en esa clase de procedimientos y asimismo precisan la forma de cómo se ha de substanciar dicho recurso, además de mencionar que las reglas generales del apartado de recursos son aplicables en materia de arrendamiento inmobiliario sólo en lo que no se opongan a las especiales. En este orden de ideas debe concluirse que, en tratándose del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva o en contra de resoluciones intermedias de un juicio de arrendamiento inmobiliario, tramitado ya estando vigente la reforma de 10 de septiembre de 2009, no le es aplicable la regla general inherente al requisito de procedencia que atiende al monto o cuantía del asunto, pues este tipo de controversias se regulan y tramitan en un capítulo especial de la ley, que no condiciona ni supedita la procedencia del recurso de apelación a la cuantía o monto del negocio. Aunado a que atendiendo al principio de especialidad, las reglas generales de los recursos sólo serán aplicables en lo que no se opongan a las reglas especiales que regulan la materia del arrendamiento inmobiliario, y que deben prevalecer, en las cuales se contempla la procedencia del recurso de apelación en contra de las resoluciones intermedias o la sentencia definitiva sin condición alguna." Así como, el criterio I.7o.C.35 C (10a.), con número de registro 2009751 emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, página. 2129, del rubro y texto siguientes: "APELACIÓN EN EL JUICIO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO. LA SENTENCIA DICTADA EN ESA CONTROVERSIA PROCEDE, CON INDEPENDENCIA DE LA CUANTÍA, POR LO QUE NO OPERA EL CASO DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 966 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, regula la procedencia y efectos de la apelación, al establecer las clases de resoluciones que pueden combatirse a través de ese recurso, además, establece los efectos de su admisión, en el caso de que deriven de una controversia de arrendamiento, sin que su procedencia esté sujeta a lo previsto en el diverso 691 del citado ordenamiento. Lo anterior, porque el mismo legislador excluyó de la regla general que atiende a la cuantía del negocio, a las determinaciones emitidas en materia de arrendamiento al establecer, en la fracción I del numeral 426 del aludido código, las sentencias que causan ejecutoria por ministerio de ley. Lo anterior permite observar que la sentencia definitiva de un juicio de arrendamiento inmobiliario es apelable, con independencia del monto o cuantía del asunto. En ese tenor, no se actualiza el caso de excepción previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el numeral al principio no sujeta la procedencia de tal recurso a condición de cuantía." De igual forma, por analogía, la jurisprudencia número 986, página 678 tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantía, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por consiguiente, si conforme a dichos numerales es claro que previo a la promoción del juicio de amparo, se debió agotar los aludidos medios de impugnación, en términos de los citados numerales, pues se insiste que a través de ese recurso y medio de defensa legal, el acto impugnado podía ser revocado, modificado o nulificado. Por tanto, como ha quedado asentado en líneas que anteceden, la parte quejosa, debe de agotar los recursos ordinarios establecidos en la ley, previamente a acudir al juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en la presente instancia constitucional, al no encontrase en los casos de excepción para a dicho principio. Por otro lado, en la presente determinación no se sostiene que el acto reclamado no sea un acto de imposible reparación, si no que tal determinación no constituye una excepción al principio de definitividad, como quedó demostrado con antelación, por ende, la parte quejosa debió agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación que rige el acto reclamado para combatir tal determinación. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 1a./J.44/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, del tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2012, Décima Época, con número de registro 2001155, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Entonces, se afirma que la quejosa no tienen el carácter de tercero extraño a juicio, pues de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa tiene conocimiento del juicio seguido en su contra, así como el origen de las prestaciones reclamadas, pues del capítulo de antecedentes así se desprende, por ende, no tiene la calidad señalada, sino de parte formal en el mismo, por lo cual de conformidad con la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.6/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, del tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de 2013, Décima Época, con número de registro 2004274, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Toda vez que la parte quejosa, no señaló en su demanda domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado de Distrito, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la ley en la materia, hágase esta y las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto, subsane tal omisión. Y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona, las cuales una vez que acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, gozará de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior dada la naturaleza de esta determinación, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en la materia, líbrese exhorto a un Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique a la quejosa María Catalina Hernández Mateos, el contenido de esta determinación, en el inmueble situado en Versalles 85, despacho 201, colonia Juárez, alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México, código postal 06600; asimismo, en el acto de la diligencia lo requiera, para que en el plazo de tres días contado a partir de la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado federal, bajo el apercibimiento de no hacerlo, sin previo proveído, se le tendrán las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, como domicilio para oír y recibir notificaciones, en términos de la fracción III, del artículo 26 de la ley de la materia. Se faculta a la autoridad exhortada, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, habilitar horas y días inhábiles al actuario judicial de su adscripción, así como a realizar todas las diligencias que sean necesarias a fin de dar cumplimiento a lo solicitado en líneas que anteceden.
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