Maria Belen Romero Peña

Expediente 311/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
311/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • Maria Belen Romero Peña

Actuaciones

  1. Principal

    Estado desechamiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, a través del cual se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado; por lo cual, háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. notifiquese.

  2. Principal

    Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve María Belén Romero Peña, contra actos del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM); atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 311/2022-I. Análisis del escrito inicial de demanda. Ahora bien, a efecto de proveer lo correspondiente a la demanda de cuenta, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Luego, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, el hoy quejoso, señala como acto reclamado el siguiente: "(.) la falta de respuesta del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) a la solicitud de pensión que la suscrita presenté en fecha (16) dieciséis de febrero de 2022". Como se advierte, la impetrante reclama en esta instancia constitucional al Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), la omisión de dar contestación a su escrito recibido por la citada autoridad el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, pues así se advierte del contexto integral de su demanda. Hecha tal precisión, en el presente caso, respecto del citado acto reclamado, esta Juzgadora advierte que en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 8°, aplicado a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte el ordinal 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". En esa temática, el artículo 61 de la ley de la materia, establece en la fracción XXIII, la improcedencia del juicio de amparo cuando ésta derive de alguna disposición de la Constitución Federal, o de la propia ley. Por otra parte, el derecho de petición consignado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito y congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en "breve término". De esta forma, el derecho de petición es la potestad que tiene todo individuo para acudir ante las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente; por tanto, el titular del derecho subjetivo público individual de petición consagrado como derecho humano en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el gobernado en general, es decir, todo individuo que habite en territorio nacional, aunque está limitado en materia política a los ciudadanos de la República. Bajo esa óptica, la petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada, además de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta; por su parte, la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, misma que tiene que ser congruente con lo solicitado, ello sin perjuicio de que la respuesta sea contraria a sus intereses, pues el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formula, a proveer necesariamente de conformidad lo solicitado, sino que está en libertad de resolver acorde con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; asimismo, dicha resolución debe notificarse en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. Ahora, si bien es cierto el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no precisa el número de días en que debe darse contestación a todo ocursante o peticionario, la expresión usada por el constituyente "en breve término" debe entenderse como el plazo que racionalmente se requiera para estudiar la petición, acordarla y notificarla. Por tanto, resulta improcedente la demanda de amparo que se atiende, pues se estima que no ha transcurrido un plazo razonable para efectos de emitir la respuesta, considerando la fecha de la presentación del escrito de la petición ante la autoridad responsable y la promoción de la presente instancia constitucional. Resulta conveniente destacar que el artículo 8° constitucional, en el cual se reconoce el derecho fundamental de petición, no establece un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados. En su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en un "breve término", sin que se haya establecido un referente temporal definido. Ante tal indefinición, los Tribunales de la Federación han emitido diversos criterios en los que han sostenido que el plazo con que cuentan las autoridades para emitir una respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados es aquel en que racionalmente pueden estudiarse y acordarse, atendiendo a las particularidades del caso concreto y a la naturaleza de la petición. En mérito de lo anterior, se estima que el hecho de que en el ámbito jurídico se haya aceptado con cierta uniformidad que el "breve término" a que se refiere el artículo 8° constitucional no debe exceder de cuatro meses, no constituye una habilitación irrestricta para que en cualquier caso las autoridades puedan extender la falta de respuesta a las peticiones dirigidas por los gobernados hasta la conclusión de dicho plazo. En cambio, la regularidad constitucional del silencio de las autoridades se encontrará determinada por la razonabilidad de las condiciones que, en su caso, hayan originado la dilación en la respuesta de la solicitud, para lo cual resulta útil atender al concepto de "plazo razonable". Se afirma lo anterior, pues la situación que regula el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en un breve término, guarda una relación de similaridad con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que deben atenderse las circunstancias específicas de cada caso. Además, la interpretación del contenido de los derechos humanos debe ir a la par de la evolución de los tiempos y las condiciones actuales de vida, por lo que sus alcances no se limitan al texto expreso de la norma en que se reconozcan aquéllos, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o progresiva que hagan los tribunales de constitucionalidad nacionales, como intérpretes últimos de sus normas fundamentales, así como con la interpretación que hagan los organismos internacionales, intérpretes autorizados en relación con tratados específicos, en una relación dialéctica. Caso concreto En el caso que nos ocupa, la quejosa María Belén Romero Peña reclama la omisión del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) de dar contestación a su escrito presentado ante dicha autoridad el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, por el que solicitó su pensión. Precisado lo anterior, si la parte quejosa presentó su petición ante la autoridad responsable el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en tanto que la demanda de amparo que se atiende fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, el veintitrés de marzo del año en curso, es evidente que no ha transcurrido un término razonable a efecto de que el breve término a que alude el artículo 8° constitucional, aun no transcurre, ello en razón de que para establecer la omisión a dicho derecho humano, deben tomarse en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad, técnica jurídica y material, con la actividad que las solicitantes hubieran desplegado en seguimiento a su petición, con la que la autoridad haya llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" descrito. Aunado a lo anterior, es claro advertir que en el presente caso el escrito de petición presentado ante el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) por el que solicitó su pensión, y por consiguiente se creó el número de folio 29,785,654- 43302, por lo que al día en que se actúa la petición ésta última se encuentra cuenta con el plazo razonable para dar una cabal respuesta a la aquí quejosa. En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha la demanda de amparo respecto del acto consistente en la omisión de dar contestación a su escrito recibido por la citada autoridad el dieciséis de febrero de dos mil veintidós. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXIII, de la Ley Amparo, en relación con el diverso numeral 8°, aplicado a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo por lo que hace a dicho acto. No es inadvertido para esta juzgadora, que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían ser estudiadas en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Notifíquese.

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