María Catalina González Ayala

Expediente 1234/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1234/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • María Catalina González Ayala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VISTA la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada dentro del presente juicio de amparo dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional, de conformidad en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, hágase lo conducente. Por otro lado, como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que obste que aún no se cuenta con el acuse de notificación de la sentencia a la autoridad responsable, en virtud que no se encuentra facultada para impugnar la presente determinación. No obstante ello, se ordena remitir copia de tal determinación, para los efectos legales respectivos. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se desprende que a la fecha el Tribunal responsable no ha informado el cumplimiento dado a la sentencia dictada dentro del presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso J. Cesáreo Mendoza García, en los siguientes términos: ".Realice en forma pronta y expedita el trámite y conclusión del procedimiento de ejecución del laudo, dictado dentro del juicio laboral 153/E/2017; es decir, para que se le cubra a la parte actora la cantidad de $90,020.37 (noventa mil veinte pesos 37/100 M.N.), concepto de prima de antigüedad, condena determinada en el laudo de nueve de agosto de dos mil diecinueve, observando los plazos y términos legales, lo cual implica el deber de llevar a cabo los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Del mismo modo, a fin de evitar que se siga retardando el cumplimiento del fallo protector, con fundamento en el los artículos 193 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que le sea notificado el presente proveído, justifique ante este Juzgado haber dado cumplimiento al laudo condenatorio dictado por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, de esta ciudad, dentro de los autos del expediente laboral 153/E/2017; es decir, para que cubra al aquí quejoso la cantidad de $90,020.37 (noventa mil veinte pesos 37/100 M.N.), concepto de prima de antigüedad, condena determinada en el laudo de nueve de agosto de dos mil diecinueve. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización Vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada; asimismo, una vez realizado el pronunciamiento respectivo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. No es obstáculo para el requerimiento anterior, el que la referida autoridad no figure como responsable en este juicio, pues ésta, en razón de sus funciones debe tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el mismo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los siguientes datos: Décima Época, Registro: 2007911, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 59/2014 (10a.), Página: 5, que dice: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Así como la diversa la tesis de Jurisprudencia 1ª./J.57/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 144, del Tomo XXV del mes de mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que literalmente dispone: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." En la inteligencia de que deberán tomar las providencias necesarias con la celeridad requerida por la ley a fin de cumplir con los lineamientos del fallo protector. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso; y en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en el presente auto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte, el informe justificado signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios con residencia en esta ciudad, no fue rendido con los ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Consecuentemente, no se está en condiciones de celebrar la misma, por lo que se difiere para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO para el efecto de que las partes se impongan del mismo y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes. Notifíquese.

  4. Principal

    agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto; con su contenido y con las constancias que se anexan, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convengan. Notifíquese.

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