Maria Carolina Gomez Monasterio

Expediente 1413/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1413/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Maria Carolina Gomez Monasterio
  • Organismo Público Desentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ...SENTENCIAa...se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Carolina Gómez Monasterio, contra los actos que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios y Actuario adscrito, ambos con residencia en esta ciudad, que fueran precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el tercero del presente fallo. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a María Carolina Gómez Monasterio, contra los actos que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios y Actuario adscrito, ambos con residencia en esta ciudad, que fueran precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último de la presente sentencia.

  2. Principal

    ...agréguese a los autos el escrito signado por el licenciado Joel Vicente Flores Sarno, apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista que se le concedió por proveído de fecha trece de octubre del año en curso, con los informes justificados rendidos por el Presidente y Actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad; en tal virtud, en relación a las manifestaciones externadas por el representante legal de la parte quejosa, dígasele que las mismas serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    V I S T O el estado procesal que guarda el presente controvertido constitucional, del que se advierte que los informes justificados rendidos por el Presidente y Actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, no fue rendido con los ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional programada para el día de hoy. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la misma y se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para el efecto de que las partes se impongan del mismo y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes... Notifíquese.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por la Secretaria de Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta copia certificada de la ejecutoria autorizada en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el amparo en revisión número 290/2021, interpuesto por la parte quejosa, dentro del presente juicio de amparo; en la que se resuelve lo siguiente: "PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Iván Maldonado Betancourt, contra el acto reclamado que hizo consistir en librar y entregar físicamente el oficio actualizado al Secretario de Educación del Gobierno del Estado, ordenando el pago de las cantidades líquidas contenidas en el laudo y determinada en la suma de $346,442.48, en término de la resolución de liquidación de siete de enero de dos mil veinte; por las razones indicadas en el último considerando de esta ejecutoria. TERCERO. La JUSTICIA DE LA UNION AMPARA Y PROTEGE a Ivan Maldonado Betancourt, contra el acto recamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipio, con sede en esta ciudad, para que en forma pronta y expedita dé trámite y conclusión al procedimiento de ejecución del laudo de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio laboral 626/E/2015, y cubra en favor del quejoso la cantidad de $346,442.48, por concepto de salarios devengados en términos de la resolución de liquidación de siete de enero de dos mil veinte, así como el acto reclamado /consistente en librar y entregar físicamente el oficio actualizado al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, ordenando el pago de las cantidades líquidas contenidas en el laudo y determinada en la aludida resolución de liquidación; para los efectos indicado en el último considerando de esta ejecutoria." En consecuencia, acúsese recibo de estilo; agréguese la ejecutoria de referencia al expediente original que se recibe, así como el cuadernillo formado en ausencia de los presentes autos, únicamente de las constancias originales, dado que las restantes copias certificadas corren agregadas a los presentes autos; debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la resolución de referencia, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, de la ejecutoria que se recibe, se determinó que la autoridad responsable está obligada a su cumplimiento con la realización del siguiente acto: ".para que en forma pronta y expedita dé trámite y conclusión al procedimiento de ejecución del laudo de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio laboral 626/E/2015, y cubra en favor del quejoso la cantidad de $346,442.48, por concepto de salarios devengados en términos de la resolución de liquidación de siete de enero de dos mil veinte, así como el acto reclamado /consistente en librar y entregar físicamente el oficio actualizado al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, ordenando el pago de las cantidades líquidas contenidas en el laudo y determinada en la aludida resolución de liquidación; para los efectos indicado en el último considerando de esta ejecutoria." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores. Ilustrativo a lo anterior, resulta la tesis 2a./J. 36/2011 (10a.), Décima Época, publicada en la página 3515, Tomo IV, del mes de enero de 2012, de la Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Notifíquese.

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