María Carmen Corona Chávez
Expediente 968/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 968/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Presidente del Comité interdisciplinario Evaluador de la Comisión ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Morelia, Michoacán
- María Carmen Corona Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en los artículos 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio trámite a éste.
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Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales
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SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 968/2021, promovido por el María Carmen Corona Chávez, por sí y en representación de sus menores hijas Y.E.R.C., N.G.R.C. e I.S.R.C., por alegada violación de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, atribuida a la comisionada ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con residencia en la ciudad y otra autoridad, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. Las quejosas reclaman a las autoridades los siguientes actos: Presidente del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. La resolución de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, que determina improcedente la compensación subsidiaria solicitada, al considerar que no se encuentran satisfechos los requisitos de procedencia. Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. El acuerdo de quince de septiembre de dos mil veintiuno que aprueba la resolución. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece el número, denominación y circunscripción territorial de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos y Juzgados de Distrito. En virtud de reclamarse determinaciones que no requieren ejecución material y las autoridades que las emitieron radican en esta ciudad, en que este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Las autoridades responsables 1) comisionada y 2) presidente del Comité Interdisciplinario Evaluador, ambos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que se les reclamaron. Lo que se corrobora con las copias certificadas de la resolución de nueve de septiembre de dos mil veintiuno y el acuerdo de quince siguiente que la aprueba, mismas que remitieron las responsables, las cuales adquieren valor probatorio pleno, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con los dispositivos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte actualizada alguna causal de improcedencia, tampoco fueron hechas valer por las partes. QUINTO. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben al no existir disposición que obligue a ello. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Son infundados e ineficaces los motivos de disenso. Conceptos de violación. Primer concepto. La parte quejosa en sus conceptos de violación alude que la determinación reclamada exige mayores requisitos a los establecidos en ley porque la verificación de algún supuesto del artículo 67 o 69, de la Ley General de Víctimas, es suficiente para que la Comisión Ejecutiva ordene la compensación subsidiaria y determine el monto respectivo, que en el caso basta con ejercitar la acción penal, no así la sustracción de la justicia por parte del presunto responsable. Segundo concepto. No se valoraron correctamente las pruebas que obran en el expediente administrativo de donde emana el acto reclamado, pues en autos se encuentra el oficio de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, derivado de la carpeta de investigación 1007201722852, en el que el agente del Ministerio Público decretó el archivo temporal al no contar con mayores datos de prueba, por lo que las víctimas no han sido reparadas por la comisión del hecho con apariencia de delito, lo que colma los requisitos del artículo 69 de la Ley General de Víctimas. Que las responsables confunden el supuesto de sustracción de la justicia con la imposibilidad de consignar al presunto delincuente; siendo que la primera figura implica que no se ha ejecutado en contra del probable responsable la orden de aprehensión, reaprehensión o comparecencia, esto es, no ha sido posible consignarlo ante la autoridad. Tercer concepto. Que en términos del artículo 71 de la Ley General de Víctimas, el Estado tiene la obligación de sustituirse en las obligaciones de carácter económico del delincuente, con independencia de su imposibilidad de cumplir, debido a insolvencia, que se encuentre sustraído de la acción de la justicia, haya muerto o desaparecido. Cuarto concepto. Se omitió considerar lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley General de Víctimas, referente a que cuando la determinación y cuantificación del apoyo de reparación no hayan sido dadas por autoridad judicial u organismo nacional o internacional de derechos humanos, deberá ser realizada por la Comisión Ejecutiva. Marco normativo. Dicho lo anterior, de los artículos 67, 68, 71 y 152 de la Ley General de Víctimas, se obtiene que toda víctima de los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o aquellos casos en que la víctima haya sufrido algún daño o menoscabo a su libertad, al libre desarrollo de su personalidad o si la víctima directa hubiera fallecido, tienen derecho a una compensación subsidiaria, para asegurar la reparación del daño. Así pues, cuando a la víctima de un delito no le haya sido resarcido lo anterior, podrá acudir ante la Comisión Ejecutiva o la Comisión de Víctimas del estado que corresponda, a reclamar el pago de una compensación en forma subsidiaria, con cargo al fondo que corresponda. Para lo cual se debe colmar lo siguiente: a) La determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad; y, b) La resolución firme emitida por la autoridad judicial. Se explican las conductas indicadas en el inciso a): I. Sustracción de la justicia. Se obtiene cuando la persona que aparentemente cometió el delito: a) No comparezca a una citación judicial; b) Se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido; o, c) Se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. II. Muerte. Haya cesado o terminado la vida de la persona responsable del hecho delictuoso. III. Desaparición. Cuando no se sepa del paradero y se desconozca si aún vive la persona a quien se le atribuya el hecho que la ley señala como delito, debiendo estar debidamente identificada. IV. Criterio de oportunidad. Es cuando el agente del Ministerio Público se abstiene de ejercer la acción penal, una vez que ha sido efectuada o garantizada la reparación del daño causada a la víctima u ofendido, en los supuestos contenidos en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Supuestos que como quedó precisado, hacen imposible el ejercicio de la acción penal, lo cual debe considerarse en conjunto con la sentencia ejecutoria, en la que se señale el monto económico o conceptos a reparar por el sentenciado y en su caso, los resarcidos o que no tuvo la posibilidad de compensar. Por tanto, la compensación subsidiaria es un instrumento generado en favor de las víctimas de delitos, frente a la imposibilidad que enfrentan a que el sujeto activo del delito repare directamente los daños provocados, para que no se les deje en estado de indefensión; pues en tales casos, el Estado es quien otorga una compensación proporcional a la gravedad del daño sufrido, con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. En el entendido de que la federación o la entidad federativa que corresponda tendrá derecho a exigir que el sentenciado restituya los recursos erogados por concepto de compensación subsidiaria otorgada a la víctima por el delito que cometió, una vez que sea posible presentarlo ante la justicia penal. Lo cual guarda armonía con lo resuelto en el amparo en revisión 312/2020, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resolución combatida. Ahora bien, de la resolución de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, que determina improcedente la compensación subsidiaria solicitada, se advierte que en el apartado "VIII. Medidas de compensación", la responsable describió la conceptualización de dicha institución. Además, dijo que la vida de Francisco Rodríguez Cárdenas resulta un menoscabo irreparable, sin embargo, para determinar la compensación, debía estarse a lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley General de Víctimas y 24 de los lineamientos de Operación del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, preceptos que transcribió. Y los cuales le sirvieron de sustento para enseguida decir que la reparación del daño debe ser cuantificada por el órgano jurisdiccional, situación que no ha sucedido en virtud de que como consta en el expediente, por acuerdo de once de diciembre de dos mil dieciocho, el agente del Ministerio Público Investigador, decretó el archivo temporal de la carpeta de investigación. Finalizó diciendo que era necesario que el juzgador haya determinado la reparación del daño para llegar a la medida de reparación integral. Respuesta al primer y segundo concepto de violación. Son infundados, en virtud de que la resolución combatida no exige más requerimientos que los contenidos en el artículo 67 de la Ley General de Víctimas, pues como se puso de manifiesto, dicho artículo refiere que, para la procedencia de la compensación subsidiaria, basta con 1) la imposibilidad de que el sujeto activo del delito repare directamente los daños provocados y 2) que exista una sentencia firme de autoridad judicial. Por tanto, contrario a lo aseverado por la parte quejosa, sí es necesario que quede establecida la imposibilidad del sentenciado, de cumplir la reparación del daño; pues precisamente ese es el origen de la compensación subsidiaria, el que precisamente una vez establecido que debe repararse el daño ocasionado en detrimento de la víctima directa o indirecta, no quede sin ser cumplido dicho resarcimiento de manera integral en favor de ésta. Lo cual es armónico con el tercer agravio de la parte lamparista, pues en este manifiesta que fue decretado el archivo temporal en la carpeta de investigación, al no contar la representación social con mayores datos de prueba. Lo cual es así, pues precisamente aún no hay mayores datos que permitan judicializar la carpeta de investigación relativa al hecho con apariencia de delito cometido en detrimento de Francisco Rodríguez Cárdenas. Así pues, tampoco le asiste la razón a la quejosa en que las responsables confunden la figura de sustracción de la justicia con la imposibilidad de consignar al presunto delincuente; pues en lo que fundan su actuar es que se decretó el archivo en la carpeta de investigación y ello hace imposible colmar alguno de los dos supuestos de procedencia ya descritos. Respuesta al tercer y cuarto concepto de violación. Dichos motivos de disenso son ineficaces para combatir la resolución impugnada, ello es así, pues si bien como lo manifiestan las quejosas, el artículo 71 de la Ley General de Víctimas, constriñe al estado a reparar el daño, cuando el sentenciado esté imposibilitado para hacerlo por alguno de los múltiples motivos ya descritos, dicha manifestación en nada le beneficia, pues ello acontece una vez que se colmaron los supuestos de procedencia de la compensación subsidiaria. Si bien las responsables no consideraron el dispositivo 152 de la Ley General de Víctimas, en el supuesto que nos ocupa, no está compelida a hacerlo, pues ello acontece cuando se declara procedente la compensación multicitada. Por tanto, dichos agravios en nada benefician a la parte quejosa, de ahí lo ineficaces para combatir la resolución impugnada. Máxime que en el dictamen de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, no obstante que no fue concedida la compensación subsidiaria a la víctima, para emitir el dictamen y aprobarlo, las autoridades responsables señalaron todos los medios aportados en el expediente administrativo. Además, precisaron que el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, el agente del Ministerio Público Investigador de la Agencia Segunda de la Fiscalía Regional de La Piedad, reconoció el carácter de víctimas indirectas a las quejosas y dicha Comisión, hizo lo propio, para lo cual las ingresó en el Registro Estatal de Víctimas. También refirió las probanzas que les fueron practicadas como son dictamen médico y psicosocial, así como diagnóstico jurídico y socioeconómico. Lo que evanecía que las responsables agotaron los medios de investigación para determinar la procedencia o no del beneficio solicitado, en atención al numeral 150 de la Ley General de Víctimas. Así mismo, las autoridades responsables dejaron a salvo los derechos de las quejosas para que en el momento que sus asesores jurídicos particulares materialicen alguna de las determinaciones ahí referidas, acudan ante dicha Comisión, la cual en su caso, determinará la compensación. Consecuentemente, lo procedente es negar el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitado por María Carmen Corona Chávez, por sí y en representación de sus menores hijas de iniciales Y.E.R.C., N.G.R.C. e I.S.R.C... Por lo expuesto, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Carmen Corona Chávez, por sí y en representación de sus menores hijas de iniciales Y.E.R.C., N.G.R.C. e I.S.R.C., contra los actos reclamados a la comisionada y al presidente del Comité Interdisciplinario Evaluador, ambos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, por las razones expuestas en el considerando sexto.
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ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con dieciocho minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, Sergio Santamaría Chamú, juez cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido de la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo, en el juicio de amparo 968/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, la secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, la secretaria relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al juez con la demanda de amparo e informes justificados; el juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el juez declara abierto el período probatorio y la secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por las autoridades responsables; sobre el particular el juez determina: con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, las pruebas ofertadas y se cierra esta fase al no haber prueba pendiente por desahogar. Finalmente, el juez abre el período de alegatos y la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; a lo que el juez acuerda: ténganse por perdido el derecho de las partes a formularlos, se decreta el cierre de esta etapa y se procede a dictar la siguiente:
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