María Carmen Becerril Figueroa

Expediente 629/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
629/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
16/08/2018

Partes del expediente

  • Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad
  • María Carmen Becerril Figueroa

Actuaciones

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARÍA CARMEN BECERRIL FIGUEROA. Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que transcurrió el plazo legal para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta y uno de julio del año en curso, que desechó de plano la demanda promovida por María Carmen Becerril Figueroa, por derecho propio, sin que hicieran uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano la demanda y debido a ello es susceptible de DESTRUCCIÓN; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Toda vez que en el juicio en que se actúa no se exhibieron documentos originales, no ha lugar a hacer pronunciamiento respecto a su devolución; sin embargo, en términos del punto Décimo Primero, último párrafo, del referido acuerdo prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger las documentales que en copia cotejada allegó al presente asunto, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidas junto con el expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Visto el escrito de Juan Carlos Corral Lemus, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa copias certificadas que solicita, previa comparecencia que por su recibo deje en autos, para debida constancia legal, autorizando para recibirlas a las personas que indica. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: MARÍA CARMEN BECERRIL FIGUEROA. Vista de demanda de amparo promovida por María Carmen Becerril Figueroa, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán y actuario de su adscripción. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese con el número I-629/2018, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Determinado lo anterior, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". ? Actualización de una causal de improcedencia. En esa tesitura, este juzgador advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción VI, esta última aplicada a contrario sensu, consistente en que la calidad de tercero extraño a juicio se encuentra desvirtuada. Al respecto, conviene invocar el contenido de los preceptos legales referidos en el párrafo precedente, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. " "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." El primero de los numerales transcritos refiere que el juicio de amparo deviene improcedente cuando se actualicen hipótesis en las que, con base en lo dispuesto tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de Amparo, hagan inatendible el juicio de amparo. Mientras que en el segundo precepto se plasmó la voluntad del legislador federal para poner la acción de amparo al alcance de personas extrañas a juicio, contra actos de autoridad que afecten su esfera jurídica dictados dentro o fuera de un procedimiento del que no formaron parte y que, por ende, no se respetó su derecho de audiencia; ello con la finalidad de que dichas personas extrañas puedan defender sus intereses. Por tanto, dicho precepto, entendido a contario sensu, hace inejercitable la acción de amparo cuando quien comparece al proceso de amparo no cuenta con el carácter de persona extraña a juicio. ? Estudio de la figura relativa a "la persona extraña al juicio". Ahora, la hipótesis de procedencia del juicio de derechos humanos en favor de "la persona extraña" contenida en el artículo 107, fracción VI de la Ley de Amparo, se trata de un instrumento que garantiza a aquellas personas que se vean afectadas en su esfera jurídica con la tramitación de un procedimiento para que puedan ser llamadas a éste, con el fin de que se les garantice el derecho de audiencia para defender sus intereses. Afectación que se produce ya sea por no formar parte del procedimiento donde se vulneran sus derechos (tercero extraño propiamente dicho) o, bien, por haber formado parte de un procedimiento y no haber sido llamado debidamente a él (por equiparación). En relación a dicho tópico, importa tener en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido existen dos supuestos de terceros extraños a juicio, que son: 1. Aquél o aquéllos que no figuran en el juicio como parte en sentido material, pero que se ven afectados y/o agraviados dentro del procedimiento o en la ejecución del mismo, sin haber tenido la oportunidad de defender sus derechos (terceros extraños a juicio propiamente dicho); y, 2. Aquél o aquéllos que siendo parte en sentido formal, no fueron emplazados o fueron emplazados incorrectamente (terceros extraños por equiparación). Lo anterior fue dilucidado en la jurisprudencia número 7/98, emitida en contradicción de tesis por el Pleno del Alto Tribunal del país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Enero de 1998, Materia Común, página 56, Registro 196932, que dispone: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En ese orden, el valor principal que tutela dicha figura lo es "el derecho de audiencia", entendiéndose por éste como la prerrogativa que tienen las personas de ser oídas y vencidas en juicio en forma previa al acto de autoridad que priva o suprime algún derecho de los gobernados . Por tal motivo, cuando se formule un planteamiento de constitucionalidad a cargo de un tercero extraño a juicio, el juzgador federal debe asegurarse: 1. Que el acto de autoridad afecte su esfera jurídica; y, 2. Que no haya podido ejercer su derecho de audiencia, esto es, que no se le haya dado intervención en el procedimiento donde se produjo el acto de autoridad. Para el caso de acreditarse que al quejoso no se dio la oportunidad de comparecer a un juicio a fin de hacer valer sus intereses y así poder ser oído y vencido en tal procedimiento, la consecuencia jurídica consiste en que deberá otorgársele la protección de la Justicia Federal con el fin de salvaguardar el derecho de audiencia tutelado. Dicho de otro modo, deberá restituirse al quejoso en el goce del derecho violado en la etapa procesal en la que hubiere ocurrido la trasgresión a su derecho de audiencia y, de este modo, pueda defender sus intereses o, bien, la restitución en el derecho puede darse mediante la exclusión del acto de autoridad en su esfera jurídica. Sin embargo, en el supuesto de que se acredite que el solicitante de amparo tuvo o, bien, tiene la oportunidad de deducir sus derechos, ya sea porque haya sido emplazado debidamente, haya tenido intervención en el juicio subyacente o, bien, tenga pleno conocimiento de éste antes de dictarse la sentencia definitiva, entonces, la consecuencia jurídica procesal consiste en que pierde su calidad de persona extraña, cuestión que hace inejercitable el juicio de amparo en los términos previstos en el multicitado artículo 107, fracción IV de la Ley de amparo. Lo anterior, con independencia de que no haya comparecido materialmente al juicio subyacente, pues ello no es obstáculo para que haya tenido pleno conocimiento del juicio y estuviera en condiciones de ejercer los medios ordinarios a su alcance a fin de hacer valer sus derechos. En apoyo a lo anterior, sirve de orientación los argumentos sostenidos en la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.) , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: 'PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.', la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: 'EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.', en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". (Lo subrayado es propio) De igual forma, sirven de orientación las tesis (V Región)2º.2. K (10a) y I.3º.C.401 C , de textos y rubros siguientes: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TIENE CONOCIMIENTO COMPLETO, EXACTO Y DIRECTO DEL JUICIO SEGUIDO EN SU CONTRA, AL PROMOVER UN PRIMER AMPARO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. Carece del carácter de tercero extraño por equiparación quien reclama la falta o ilegal emplazamiento cuando promovió un amparo anterior contra el emplazamiento. Esto, al tener conocimiento completo, exacto y directo del juicio seguido en su contra, pues con independencia de que no comparezca al proceso, la existencia de un primer juicio de amparo acredita ese conocimiento y actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo". "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. PIERDE TAL CARÁCTER QUIEN ES NOTIFICADO DE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE LO VINCULA. Para efectos del juicio de garantías, se entiende por persona extraña: a) Aquella que no figura ni está vinculada al juicio o procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; b) Quien interviene en el proceso como un tercero que auxilia al tribunal en la averiguación de la verdad al exhibir documentos o cosas que tiene en su poder o informa datos relevantes para el juicio, pues su intervención está limitada a una actividad de apoyo al órgano jurisdiccional, y solamente estaría legitimado para cumplir con el requerimiento respectivo, oponerse al mismo o manifestar las causas por las que no pueda hacerlo, sin tener un interés distinto para incorporarse al juicio por el solo hecho de ser requerido, ya que no tiene datos objetivos que le permitan advertir que se esté controvirtiendo un derecho que está en su patrimonio o hay una resolución que se ejecutará en su contra, pues esa intervención no le da certeza de que está ligado al proceso y que el auxilio solicitado le afecte en su esfera jurídica, c) La parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente, ya que se equipara a un tercero extraño; sin embargo, con la salvedad anterior, tal carácter se pierde cuando existe una resolución judicial dirigida contra una persona determinada, en la cual se le identifica nominalmente, porque al quedar notificada se incorpora a esa persona a la relación jurídico-procesal, y la participación le resulta del contenido del mandamiento judicial. Consiguientemente, al dejar de ser ajena al juicio de origen, su acción de garantías para reclamar la resolución enderezada en su contra y que afirma le causa perjuicio, queda supeditada a la regla establecida en los incisos a) y b) de la fracción III del artículo 107 constitucional, en donde se condiciona la procedencia del juicio de amparo al previo agotamiento de los recursos ordinarios procedentes". De esta forma, lo trascendente para la procedencia del juicio en los términos que prevé el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, es que la persona que se ostente extraña al procedimiento tenga un desconocimiento total del procedimiento de donde surge el acto reclamado habiéndose dictado sentencia definitiva y que, por ende, no estuvo en posibilidad de promover los medios ordinarios o extraordinarios de defensa en dicho proceso o juicio. De tal suerte que, de demostrarse en el juicio de amparo que el afectado conoció o conoce de la existencia del juicio en el que se ostente tercero extraño por equiparación antes de dictarse sentencia definitiva, entonces ello desvirtúa dicha calidad [de persona extraña]. Por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto ostentándose con tal carácter y se acredita que existen elementos para deducir que el quejoso conoció o conoce el procedimiento subyacente antes del dictado de la sentencia, el Juez de Distrito debe desechar de plano la demanda. Ello obedece fundamentalmente a que el promovente ya no es persona extraña al juicio, al haber tenido conocimiento previamente del procedimiento ordinario y tiene la posibilidad de defenderse [ejercer su derecho de audiencia] haciendo valer los recursos o medios a su disposición y, en su oportunidad, si hubiese sido el caso, acudir al amparo directo; lo cual torna improcedente el amparo de conformidad con los artículos en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, de la propia ley. ? Estudio del caso concreto. En el caso que nos ocupa, este juzgador estima que la quejosa no cuenta con el carácter de "persona extraña a juicio", dado que está en aptitud de controvertir los actos de autoridad dictados dentro de un procedimiento del que alega no haber formado parte, como se explicará a continuación. En principio conviene precisar que la quejosa aduce que no es parte en el juicio laboral 1B/25/2016 del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. De igual manera, la agraviada precisa que le informaron que en la demanda laboral o en su ampliación de treinta de julio del año en curso, Santiago Botello Silva manifestó haber trabajado en una parcela denominada "La Sandía", la cual dice le pertenece. Luego, indica que no se le ha dado intervención en el juicio laboral 1B/25/2016 y, por tal motivo, teme que "el laudo que eventualmente se dicte" afecte a su esfera de derechos, por lo cual acude a esta instancia, con la única intención de que se le escuche en el contradictorio laboral. Lo hasta aquí expuesto permite revelar, en principio, las cuestiones siguientes: ? Que el quejoso tiene conocimiento del juicio sumario laboral de origen antes del dictado del laudo definitivo. ? Que se encuentra en posibilidades de agotar los medios ordinarios a su alcance a fin de hacer valer los derechos que estime le fueron vulnerados. Por tanto, al quedar demostrado que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no se ha dictado laudo dentro del juicio laboral 1B/25/2016, lo que implica que la parte quejosa se encuentra en aptitud de agotar los medios ordinarios de defensa a su alcance para controvertir los actos reclamados, dicha circunstancia desvirtúa su calidad de persona extraña a que se refiere el artículo 107, fracción VI de la Ley de Amparo y, por tal motivo, procede desechar de plano la demanda de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que este juzgador cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que todo lo anterior parte de la premisa de que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 713, libro 24, tomo I, noviembre de 2015 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable (Énfasis en lo resaltado por este juzgado). De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, las narraciones vertidas en la demanda por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Concusión del estudio. En conclusión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, esta última aplicada a contrario sensu, se desecha de plano la demanda que se provee. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. Así como la jurisprudencia J/23 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.) , sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que indica: DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. No obsta a lo anterior, que algunos de los criterios invocados en párrafos anteriores se hayan emitido conforme a los artículos de la Ley de Amparo abrogada, toda vez que son de idéntico contenido a los que se invocan en esta determinación, debido a que regulan la improcedencia del juicio constitucional en tratándose de resoluciones en la etapa de ejecución de sentencia. Domicilio procesal y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Carlos Corral Lemus. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano