María Brigida Zempoalteca Zempoalteca
Expediente 2254/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2254/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/12/2019
Partes del expediente
- María Brigida Zempoalteca Zempoalteca
Actuaciones
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. ? Cumple prevención. ? Se desecha demanda de amparo. *** parte quejosa-, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló el dos de diciembre de dos mil diecinueve, bajo protesta de decir verdad, manifiesta la fecha de la determinación en que la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó el archivo del expediente *** Por tanto, se le tiene dando cumplimiento a lo requerido y se procede a acordar lo conducente. *** Desechamiento respecto del acuerdo del siete de diciembre del dos mil dieciséis y su notificación: Ahora bien, cabe precisar que la parte quejosa señala como acto reclamado la determinación del siete de diciembre del dos mil dieciséis, por virtud de la cual se ordenó archivar el expediente *** como asunto total y definitivamente concluido, así como su notificación; en ese entendido, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo respecto de tales actos, por ser notoriamente improcedente, atento a las consideraciones siguientes. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Asimismo, el Tribunal Constitucional del País, al analizar la expresión manifiesta e indudable contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En ese contexto, se tiene que la quejosa reclama la determinación del siete de diciembre del dos mil dieciséis dictada en los autos del expediente ***, por virtud de la cual ordenó archivar el asunto como total y definitivamente concluido y su notificación. Así, respecto de la notificación reclamada, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: *** De la disposición normativa transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente, contra actos respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aunque la agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o bien cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Lo anterior, pues el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2017117, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada el ocho de junio de dos mil dieciocho, de rubro y texto siguientes. "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. *** Aunado a ello, la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente. *** En este contexto, es menester precisar que la parte quejosa reclama la determinación de siete de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en los autos del expediente *** del índice de la responsable, a través de la cual se ordenó archivar el asunto como total y definitivamente concluido y su notificación del doce de diciembre del dos mil dieciséis. Sin embargo, toda vez que a la parte quejosa le asiste el carácter de parte actora en el juicio de origen, este órgano jurisdiccional estima que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, la quejosa debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contra la notificación del doce de diciembre del dos mil dieciséis. En efecto, debe tenerse presente que el artículo 33 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece: *** Del citado precepto normativo, se desprende la posibilidad que tienen las partes de impugnar alguna notificación cuando consideren que fue realizada en una forma distinta a la prevista en la ley, a través del incidente de nulidad que se promueva ante el tribunal que conozca del juicio. En ese entendido, la parte quejosa aduce desconocer el proveído de siete de diciembre de dos mil dieciséis; sin embargo, de las constancias relativas al juicio *** del índice de la sala responsable, se advierte que éste le fue notificado por boletín electrónico el doce de diciembre de dos mil dieciséis; entonces, si la quejosa estima que esa notificación se realizó de manera irregular y que con motivo de ello, no tuvo oportunidad de conocer dicha determinación, es evidente que debió controvertir su notificación a través del medio de defensa previsto por la ley de la materia. Entonces, al ser la parte actora en el juicio de origen, estaba en condiciones de impugnar la notificación de la determinación del siete de diciembre del dos mil dieciséis, a través del incidente de nulidad de notificaciones, que prevé el artículo 33 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, habida cuenta que resulta el medio idóneo para lograr su correcta notificación; sin embargo, al no haber agotado dicho medio de defensa de manera previa a la promoción de juicio de amparo, se advierte que inobserva el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que actualiza la causa de improcedencia en estudio. Sustentan lo anterior, por identidad de razones, los siguientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL INCIDENTE DE NULIDAD ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA COMBATIR LA ILEGALIDAD DE LAS REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO QUE PREVIENE AL QUEJOSO DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA. *** "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. *** "NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA. *** Máxime que de conformidad a la jurisprudencia temática número P./J. 4/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, Materia Común, Página 6, de rubro: "INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA NOTIFICACIÓN REALIZADA POR LISTA DE UNA SENTENCIA DICTADA EN AMPARO DIRECTO, CUANDO SE ESTIMA QUE DEBIÓ ORDENARSE O PRACTICARSE EN FORMA PERSONAL"; en los incidentes de nulidad de notificaciones se tiene la posibilidad de analizar tanto los vicios propios de la notificación, como la forma en la que ésta se ordenó, por lo que se corrobora que debió agotar previamente el incidente de nulidad de notificaciones correspondiente. De igual forma, corrobora lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1775, del tomo XXIX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2009, que dice: "INCIDENTE DE NULIDAD. PROCEDE CONTRA LA FALTA O LA INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, AUN CUANDO YA SE HUBIERA DECLARADO EJECUTORIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). *** Por tanto, debe sostenerse que respecto de la determinación reclamada, la parte quejosa debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 29, 33, y 39 la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Es cierto que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual prevé el principio de definitividad respecto de actos jurisdiccionales, también establece algunos casos de excepción a dicho principio, entre los que se encuentran aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, y en general, los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; órdenes de aprehensión, reaprehensión, autos de vinculación a proceso, excepto la sentencia definitiva en el proceso penal; y cuando se trate de persona extraña al procedimiento, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, del análisis de la demanda de amparo, no se advierte que en el caso se surta alguno de tales supuestos. Lo anterior ya que la quejosa, como se precisó, no tiene el carácter de tercera extraña al juicio de nulidad *** del índice de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues de su demanda de amparo, específicamente en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, manifiesta que por escrito de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, promovió juicio de nulidad en contra de la autoridad ahí precisada. Asimismo, tampoco se aprecia que el acto reclamado haya sido verificado en algún procedimiento penal para que actualice alguna de las excepciones relativas, pues como ya se dijo, deriva de un juicio de nulidad regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que se colige la obligación de la parte quejosa de agotar el medio de defensa ordinario. En tal virtud, procede desechar la demanda de amparo, respecto de la notificación atinente a la determinación del siete de diciembre del dos mil dieciséis, por virtud de la cual se ordenó archivar el expediente *** como asunto total y definitivamente concluido, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Ahora bien, tomando en cuenta que se desechó la demanda de amparo respecto a la notificación del auto del siete de diciembre del dos mil dieciséis, al no haberse agotado el incidente de nulidad respectivo, entonces es dable concluir que tal notificación subsiste con plenos efectos legales, por lo que debe tomarse en consideración para determinar si el presente medio de control constitucional se promovió oportunamente en cuanto al aludido auto. Es aplicable a lo anterior la tesis siguiente: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. *** En ese contexto, respecto del acto consistente en el auto del siete de diciembre del dos mil dieciséis, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la propia ley. A ese respecto, se transcribe lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: *** Con base en las premisas indicadas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo deriva del hecho que la presente demanda de amparo se presentó fuera de los plazos establecidos en los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: *** Conforme a los citados artículos de la Ley de Amparo, por regla general, el plazo para interponer la demanda de amparo es de quince días, contado a partir del día siguiente: I. Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; II. Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, III. Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Atento a lo anterior, se advierte que el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; pero también permite al quejoso promoverlo desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, e incluso, en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. *** En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo es improcedente el juicio constitucional, dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, ya que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos, puesto que las consideración expuestas párrafos que preceden ponen en evidencia que no agotó el incidente de nulidad para verificar la legalidad de la notificación practicada el doce de diciembre del dos mil dieciséis. Una vez establecidos los tres supuestos normativos previstos para el cómputo del plazo de quince días para promover el juicio de amparo, se colige que el acto reclamado en el presente juicio de amparo se ubica en la primera de las hipótesis, esto es, que el plazo se deberá computar a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto la notificación a la parte quejosa del acuerdo que reclama. Lo anterior, ya que el auto del siete de diciembre del dos mil dieciséis se notificó a la quejosa el doce del mes y año referidos [consultar foja 275 del tomo anexo]. Asimismo, dado que se desechó la demanda de amparo en contra de la notificación en comento, se reitera que se estima apta para determinar la oportunidad del presente medio de control constitucional. Entonces, el plazo de quince días para interponer el juicio de amparo en contra de la resolución reclamada debe contarse a partir del día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación en cuestión. Por lo tanto, es evidente que el plazo previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió en exceso, pues la demanda de amparo se presentó casi tres años después, esto es, el veintiocho de noviembre del dos mil diecinueve. En esas condiciones, el acto reclamado consistente en el auto dictado el siete de diciembre del dos mil dieciséis fue consentido tácitamente. Por lo anteriormente expuesto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 de la misma legislación federal, lo procedente es desechar de plano la demanda respecto de los actos consistentes en el acuerdo del siete de diciembre del dos mil dieciséis y su notificación del doce del mes y año referidos. Desechamiento respecto del acuerdo del veinticinco de octubre del dos mil diecinueve: Ahora bien, el segundo de los actos reclamados en la presente instancia constitucional consiste en el acuerdo del veinticinco de octubre del año en curso, dictado en los autos del expediente ***, el cual se considera que no le ocasiona a la quejosa alguna afectación real, actual y directa en su esfera jurídica, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevén lo siguiente: *** En torno a las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Asimismo, el Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido que el agravio debe ser directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto reclamado, y no por quien sólo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona pues, en este supuesto, esta última es a quien corresponde instaurar el juicio constitucional, tal como se advierte de las siguientes tesis. "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. *** "AGRAVIO INDIRECTO. *** En esas condiciones, de acuerdo con los criterios transcritos, el agravio que da pauta a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. El agravio es presente cuando sus efectos operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya han concluido; e inminentemente futuro, cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. Ahora, como quedó precisado, el acto reclamado consiste en el acuerdo del veinticinco de octubre del año en curso, dictado en los autos del expediente ***, mismo que es del tenor siguiente: *** De la transcripción anterior, se advierte que a través del acuerdo reclamado la Sala responsable negó la solicitud de la autoridad enjuiciada, en el sentido de requerir a la parte actora -quejosa- cobre el título de crédito expedido a su favor; sin embargo, ordenó correr traslado a la parte actora -***- con el oficio correspondiente y les informó a las partes que a través del diverso proveído de siete de diciembre de dos mil dieciséis, se había ordenado el archivo de ese asunto como total y definitivamente concluido, por lo que debían estarse a lo acordado en ese auto. En esas condiciones, no puede considerarse que se actualice algún agravio real y directo en la esfera jurídica de la quejosa con motivo de la emisión del acuerdo reclamado, ya que la determinación que adoptó la sala responsable relativa a correrle traslado con la solicitud de la autoridad demandada, no le genera un perjuicio; al contrario, le brinda la oportunidad de hacer efectiva la suma de numerario por la que se condenó a la autoridad demandada en el juicio de nulidad ***. Además, es evidente que a través de ese proveído, no se calificó el cumplimiento a la ejecutoria que dictó el veinticuatro de junio de dos mil quince, ni se ordenó el archivo del asunto como total y definitivamente concluido, sino que únicamente se determinó que las partes se estuvieran a lo acordado en el diverso proveído de siete de diciembre de dos mil dieciséis, a través del cual se ordenó el archivo del asunto. En ese sentido, los proveídos que, en todo caso, podrían trascender en la esfera jurídica de la quejosa son los relativos a la calificación del cumplimiento y al diverso a través del cual se ordena el archivo; sin embargo, el primero de ellos no es controvertido a través del presente juicio de amparo y el segundo le fue notificado por boletín electrónico el doce de diciembre de dos mil dieciséis. Por lo tanto, el acuerdo de veinticinco de octubre del año en curso no le depara perjuicio alguno a la quejosa, pues a través del mismo no se tiene por cumplida la resolución dictada en el juicio de origen y no se ordena el archivo de la causa sino que únicamente se determinó que las partes se estuvieran a lo acordado en el diverso proveído de siete de diciembre de dos mil dieciséis, a través del cual se ordenó el archivo del expediente como asunto total y absolutamente concluido. En conclusión, dado que el acuerdo reclamado únicamente tiene como objetivo darle a conocer la solicitud de la autoridad demandada en el juicio de origen, no se actualiza algún agravio real y directo en contra de la quejosa. Apoya lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. EL ACUERDO DE TRÁMITE QUE ORDENA AL PROMOVENTE ESTAR A LO ACORDADO EN UNA PROVIDENCIA ANTERIOR, NO INFRINGE LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. *** En síntesis, lo procedente es desechar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por actualizarse de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la citada ley de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido en auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve para que la parte quejosa manifestara si es su deseo ampliar la demanda en los términos indicados en dicho acuerdo. En consecuencia, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional y se fijan para su celebración las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese.
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