Maria Benigna Catalina Ponce Cuahutle

Expediente 1355/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1355/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Maria Benigna Catalina Ponce Cuahutle

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de octubre de dos mil veintitrés. Razón actuarial. Agréguese a los autos la razón actuarial por la que la Actuaria adscrita a este Juzgado Federal, manifiesta su imposibilidad para emplazar al tercero interesado *****; sin que haya lugar a realizar mayor acuerdo, dado que en proveído de veintiséis de septiembre actual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Informa y remite constancias. Agréguense el oficio y anexo que remite el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, al que adjunta copias certificadas de la resolución dictada el doce de septiembre de dos mil veintitrés, en el procedimiento de liquidación de sociedad conyugal ********************, y la notificación hecha a la parte quejosa. Con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo anterior. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la responsable, las documentales que anexa a su oficio de cuenta, consistentes en copias certificadas de la resolución dictada el doce de septiembre de dos mil veintitrés, en el procedimiento de liquidación de sociedad conyugal ********************; las que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En ese contexto, se precisa que en el presente asunto, el acto reclamado consiste en la omisión de proveer las medidas precautorias solicitadas el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el procedimiento de liquidación de sociedad conyugal ********************, del índice de la autoridad responsable. No obstante, en el oficio de cuenta el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, remitió copia certificada del acuerdo dictado el doce de septiembre de dos mil veintitrés, en el procedimiento de liquidación de sociedad conyugal ********************, de su índice, a través del cual se pronunció respecto de las medidas precautorias solicitadas por ********************, así como su respectiva notificación. De lo anterior se desprende que mediante proveído de doce de septiembre actual, se proveyó lo conducente sobre las medidas provisionales solicitadas por la quejosa en el procedimiento de liquidación de sociedad conyugal ********************, lo que se le notificó vía correo electrónico. En consecuencia, han cesado los efectos de la omisión reclamada, por lo que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Finalmente, dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Quejosa no proporciona domicilio del tercero. Se precisa nombre del tercero interesado. Se ordena emplazamiento por actuario. Se difiere la audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días contado a partir de que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, proporcionara un domicilio en el que la parte tercero interesada pudiera ser emplazada al presente juicio de amparo. En ese sentido, tomando en consideración que el aludido acuerdo le fue notificado vía electrónica a la quejosa el diecinueve del mes y año en curso, surtió sus efectos el mismo día, por lo que el plazo para desahogar el citado requerimiento, transcurrió del veinte al veintidós de septiembre de dos mil veintitrés; sin que hubiera realizado manifestación al respecto. Por otra parte, de autos se desprende que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda de amparo señaló como nombre del tercero a *********************** No obstante, dentro del procedimiento de origen compareció José Felipe Silva Martínez, quien se identificó con una credencial de elector a nombre de********************, con clave de elector ****, documento con el cual el juez de la causa le tuvo compareciendo en diversas diligencias, con ambos nombres. Considerando lo expuesto, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte tercero interesada, se reconoce como tal a ********************y/o********************y/o******************** Sirve de apoyo a lo anterior, como criterio orientador la tesis de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. SU CALIDAD NO DEPENDE DEL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO NI DEL RECONOCIMIENTO DEL JUEZ DE DISTRITO, SINO DE QUE SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. La calidad de tercero perjudicado que pudiere tener un sujeto dentro del juicio de amparo no depende del señalamiento que a ese respecto haga el quejoso en la demanda de garantías, ni tampoco en el reconocimiento expreso que sobre tal cuestión pudiera hacer el Juez de Distrito, sino en el hecho de que se actualice alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5o., fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; es decir, para dilucidar tal extremo y determinar ese carácter es indispensable establecer si por sus características o peculiaridades la situación específica del sujeto encuadra en algunos de los supuestos normativos a que se contrae el precepto legal anteriormente citado, pues sólo de esa manera se podrá arribar a la conclusión de si efectivamente tiene la calidad de tercero perjudicado." En ese orden de ideas, de la razón actuarial de ocho de septiembre actual, se advierte que el actuario de la adscripción no logró el emplazamiento de la parte tercero interesada en el domicilio señalado como ********************, en razón de que no se le especificó el área administrativa a la que debía dirigirse. En ese sentido, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, se comisiona a cualquiera de los Actuarios Judiciales de este Juzgado para que se constituya en el domicilio de la parte tercera interesada ubicado en ********************, específicamente al área de defensoría pública, a efecto de que con copia de la demanda de amparo, auto admisorio, acuerdo de treinta de agosto actual y del presente proveído, emplace a juicio a********************y/o********************y/o******************** por conducto de quien legalmente le represente, y le haga saber la fecha de la audiencia constitucional, así como el derecho que tiene para apersonarse en el procedimiento. Asimismo, le requiera para que en el plazo de tres días, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, señale domicilio en la residencia de este Juzgado de Distrito o en la zona conurbada, para recibir notificaciones; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por medio de lista, aun las de carácter personal, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Como dato orientador, se precisa al actuario de la adscripción que en el expediente de origen el tercero interesado señaló como su abogado al defensor público ********************; ello, sin perjuicio de que actualmente el mismo haya sido sustituido por uno diverso. En tal sentido, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia: "TERCERO PERJUDICADO. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO, POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. EFECTOS. La reposición del procedimiento por no haberse emplazado legalmente al tercero perjudicado trae como consecuencia la anulación del procedimiento cuya reposición se ordenó, a partir de la violación procesal cometida, incluyendo el desahogo de las pruebas rendidas en el mismo, motivo por el que dichas pruebas, en cuyo desahogo no tuvo intervención legal una de las partes, no deben tomarse en cuenta para dictar la nueva resolución que corresponda." En consecuencia, se fijan para su celebración las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese; y personalmente a la parte tercero interesada.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de septiembre de dos mil veintitrés. Razón actuarial. Agréguese la razón actuarial por la que el Actuario adscrito a este Juzgado Federal, manifiesta su imposibilidad para emplazar al tercero interesado ********************; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Se requiere domicilio a la parte quejosa. En atención a la razón actuarial de cuenta, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días proporcione el domicilio actual y correcto del citado tercero, a fin de emplazarlo a este juicio de amparo indirecto. Apercibimiento. Se le apercibe que, en caso de no hacerlo, se procederá a la investigación oficiosa de su domicilio y, en caso, de que ésta resulte infructuosa, se ordenará emplazar a la parte tercera interesada por medio de edictos a su costa, de conformidad con los artículos 26 y 27 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

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