María Barbara Esteva Rugerio
Expediente 702/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 702/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Barbara Esteva Rugerio
Actuaciones
- Principal
Mesa III-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de agosto de dos mil diecisiete. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con apoyo en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo ordenado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del mencionado Acuerdo General, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del mismo acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil diecisiete. Datos de la demanda. Vista la demanda promovida por María Bárbara Esteva Rugerio, contra un acto del secretario de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y otras autoridades. Regístrese con el número 702/2017 que le correspondió. Desechamiento. Ahora, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Cabe precisar que por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto . En la especie, se actualiza la causa de improcedencia que encuentra su fundamento en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, último párrafo, y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; motivo de improcedencia que desde luego es notorio y manifiesto. Al efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el numeral 1º, párrafo último, de la ley de la materia, dice: "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley." El artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, dice: "ARTÍCULO 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De las transcripciones anteriores, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se concluye que éste sólo es procedente en contra de actos de autoridad que sean violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y para la procedencia del juicio de amparo respecto de actos de particulares, éstos tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos previstos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por otra parte, es conveniente recordar que la teoría distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales y garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supra a subordinación que se dan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular (salvo los casos señalados en la ley), sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera del gobernado. Lo anterior, atento a que el artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, dispone qué autoridad responsable es quien, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y para el caso de los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, si bien el juicio de amparo procede contra actos de particulares, dichos actos deben de ser unilaterales y obligatorios y las funciones del ente que las realice deben estar determinadas por una norma general, esto es, por normas creadoras de situaciones jurídicas de carácter general, abstracto y de observancia obligatoria, que no pueden ser modificadas sino por otro acto de la misma naturaleza del que las creó. Otro requisito que establece el artículo de referencia para estimar a un particular como autoridad responsable, es que realicen actos equivalentes a los de autoridad, siendo que por acto de autoridad, se entiende, aquél que se emite por facultades decisorias que le estén atribuidas en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; de ahí que una característica que distingue a este tipo de actos de cualquier otro es la relación de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, cuya relación se caracteriza por la unilateralidad, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Ahora, la lectura íntegra de la demanda de amparo revela que la quejosa María Bárbara Esteva Rugerio reclama del Secretario, Directora de Recursos Humanos y Jefe del Departamento de Trámites y Control de Préstamos por Convenio, todos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, lo siguiente: "La omisión de acuerdo y respuesta a la petición formulada de manera pacífica, escrita y respetuosa contenida en el ocurso de fecha veintitrés de junio del año en curso y presentado el día veintiséis siguiente ante la propia Dirección de Recursos Humanos, como consta en la firma de recepción de puño y letra impuesta por el C. DANIEL LÓPEZ REYES, Jefe del Departamento de Trámites y Control de Préstamos por Convenio, de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.". En el escrito de petición la quejosa solicita en su calidad de "personal de base, con categoría de Analista 13 C, adscrita a la Secretaría Particular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, con RFC ERRB791204IM9" que se le expida una constancia de no adeudo, con la finalidad de solicitar una licencia al puesto que aduce viene desempeñando y, para tal efecto, señala que anexa copia del último recibo de pago y copia de la credencial de elector; esto es, la petición tiene que ver directamente con la expedición de un documento para la solicitud de una licencia en su puesto, lo que sin duda es una cuestión meramente laboral. De lo que anterior puede colegirse que la relación que existe entre la quejosa María Bárbara Esteva Rugerio y el Secretario, Directora de Recursos Humanos y Jefe del Departamento de Trámites y Control de Préstamos por Convenio, todos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es bilateral, de coordinación y no de supra a subordinación, toda vez que éstos actúan como patrón en relación con la justiciable, con aspectos enmarcados dentro del ámbito del derecho del trabajo, lo que se evidencia del propio acto reclamado que la relación jurídica se entabla precisamente por su relación patrón- trabajadora . Lo que se justifica, porque si bien la quejosa menciona que se encuentra adscrita a la Secretaría de Vialidad y Transporte, lo cierto es que en términos del artículo 46, fracción VI y XXX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca , la Secretaría de Administración tiene entre otras facultades, expedir los nombramientos y tramitar las remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de los trabajadores de la Administración Pública Estatal, así como expedir los documentos, constancias y credenciales de identificación de los servidores públicos del Poder Ejecutivo (entre los que se encuentra los de la mencionada Secretaría). Por ese motivo, no puede considerarse que las citadas autoridades que señala como responsables, realicen actos equivalentes a los de autoridad, puesto que no derivan de actos unilaterales (sino bilaterales) en los que se ejerza una facultad de imperio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P/J 42/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 126, tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". En tal orden de ideas, el juicio de amparo que se intenta resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, pues existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; en consecuencia, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizados con las facultades que refiere a las personas que cita en su demanda. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente. Se notifica a la parte quejosa en términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
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