María Azucena Blas Hernández
Expediente 1033/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1033/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Azucena Blas Hernández
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de diez de octubre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un juicio en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el precepto 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y como en el proveído de diez de octubre pasado, se desechó de plano la demanda de amparo en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el diverso 20, fracción IV, del propio acuerdo general; en consecuencia, se estima que el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años previsto por el ordinal 20, primer párrafo, del muticitado acuerdo de observancia general contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Finalmente, mediante el oficio que se elabore con motivo de la presente resolución judicial devuélvase al Juzgado Primero Familiar y Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, el tomo I de pruebas formado con las actuaciones originales del juicio de divorcio incausado ******************** que ese órgano de administración de justicia remitió en apoyo de su informe justificado. Por otra parte, con apoyo en lo prescrito por el ordinal 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se requiere a ese órgano jurisdiccional para que en el plazo de tres días siguiente al en el que surta efectos la notificación del comunicado con inserción de este acuerdo acuse recibo de la documentación que se devuelve bajo el apercibimiento que en el caso de no hacerlo se entenderá que recibió de conformidad tales instrumentos. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos los instrumentos señalados en la nota de cuenta para los efectos legales correspondientes. Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1033/2023. Acúsese recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito del oficio 7546/2023 presentado por la actuaria judicial de su adscripción con inserción del auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo directo 351/2023, de las actuaciones originales del juicio de divorcio incausado *** del índice del Juzgado Primero Familiar y Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, y de diversas constancias del juicio constitucional señalado, en donde obran la demanda de amparo con la firma autógrafa de ***, dos ejemplares del libelo inicial y el informe justificado rendido por ese órgano jurisdiccional local. Por otro lado, para un mejor manejo de los documentos que el referido Tribunal Constitucional remitió fórmese por separado el tomo I de pruebas con las constancias originales del juicio de divorcio incausado *** del control del Juzgado Primero Familiar y Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este Juzgado Federal en el entendido que conforma el expediente relativo a este asunto. En otro punto, se ordena integrar el escrito inicial y el informe justificado rendido por ese órgano jurisdiccional local responsable que fueron remitidos de manera secuencial en el expediente físico que se instrumente. Vinculación de expediente electrónico. En diverso aspecto, se solicita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito que de no existir impedimento legal o material alguno autorice la vinculación permanentemente del expediente electrónico relativo al juicio de amparo directo 351/2023 de su estadística al diverso que corresponde al juicio constitucional 1033/2023 del índice de este órgano jurisdiccional para estar en aptitud de integrar este último en términos de lo dispuesto por el normativo 3 de la Ley de Amparo. Se acepta la competencia declinada, por razón de la vía. Ahora bien, de la resolución inserta en el comunicado de cuenta de advierte que el Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito conforme a lo estatuido por el arábigo 45 de la Ley de Amparo declaró que carecía de competencia legal, por razón de la vía, para conocer de la demanda de amparo que *** presentó, porque sostuvo que la resolución de seis de julio de dos mil veintitrés, que la Juez Primero Familiar y Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, dictó en la audiencia preliminar celebrada en el juicio de divorcio incausado *** no es una sentencia definitiva, ni constituye una resolución que puso fin al juicio, sino que se trata de una determinación en la que ese órgano jurisdiccional local dispuso que ese asunto se seguiría con las reglas procesales contenidas en la reforma relacionada al divorcio incausado establecidas en el decreto 591, aprobado por la LXIII Legislatura del Congreso de Oaxaca, el quince de abril de dos mil diecisiete, y publicado en el Periódico Oficial el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, por lo que estableció que quien debe conocer del escrito inicial es un Juez de Distrito de este Circuito Judicial en términos de lo establecido por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, ya que se está en presencia de un acto que debe resolverse en amparo indirecto; por tanto, dispuso la remisión del ocurso inicial y de los instrumentos que ese órgano de administración de justicia responsable exhibió al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, en turno, para que previo análisis de la procedencia del juicio constitucional se avoque al conocimiento del presente ese asunto; en razón de lo anterior, se turnó la demanda de amparo indicada a este Juzgado Federal. Al respecto, este órgano jurisdiccional en atención a la resolución que el Pleno del referido Tribunal Constitucional dictó acepta la competencia declinada a su favor, por razón de la vía, en términos de lo prescrito por el normativo 45 de la Ley de Amparo, por lo que se avoca al conocimiento del presente juicio de protección de los derechos fundamentales promovido por *** y se emite el pronunciamiento siguiente en cuanto al libelo inicial. Aspectos preliminares. Primeramente es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa María Azucena Blas Hernández reclama el acto siguiente: De la Juez Primero Familiar y Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, combate: La resolución de seis de julio de dos mil veintitrés, dictada en la audiencia preliminar celebrada en el juicio de divorcio incausado *** en la que reiteró su determinación que ese asunto se seguiría con las reglas procesales contenidas en la reforma relacionada al divorcio incausado establecidas en el decreto 591, aprobado por la LXIII Legislatura del Congreso de Oaxaca, el quince de abril de dos mil diecisiete, y publicado en el Periódico Oficial el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial y sus documentos anexos se dicta la determinación siguiente: Desechamiento. Con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada por María Azucena Blas Hernández, porque en relación con el acto reclamado a la Juez Primero Familiar y Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, consistente en la resolución de seis de julio de dos mil veintitrés, dictada en la audiencia preliminar celebrada en el juicio de divorcio incausado *** en la que reiteró su determinación que ese asunto se seguiría con las reglas procesales contenidas en la reforma relacionada al divorcio incausado establecidas en el decreto 591, aprobado por la LXIII Legislatura del Congreso de Oaxaca, el quince de abril de dos mil diecisiete, y publicado en el Periódico Oficial el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado sus efectos porque ha operado una sustitución procesal ante el fallo que el órgano jurisdiccional responsable pronunció el quince de agosto del año en curso, en el recurso de revocación que la justiciable interpuso en contra de la determinación descrita, en la que declaró infundado ese medio de impugnación y sostuvo que la resolución recurrida debía quedar en los términos en los que fue dictada. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del dispositivo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El segmento normativo invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La causa de improcedencia invocada puede patentizarse en dos supuestos, a saber: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; hipótesis en la que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Cuando se da la sustitución de los actos procesales que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En el primero de los citados supuestos se indica que los efectos de un acto reclamado cesan hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Dicho en otros términos, de acuerdo con el supuesto en análisis la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, lo cual puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma de esa actuación, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia señalada no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, merced a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Las consideraciones expuestas tienen respaldo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También cobra vigencia la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País, que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En cuanto a la hipótesis indicada en el inciso b), relativa a la sustitución procesal se origina con el ejercicio de los medios de defensa en el proceso, dado que conllevan un nuevo análisis de la cuestión planteada que puede realizarse por el propio Juez, o bien, por el Tribunal de alzada quien cuenta con la jurisdicción originaria para resolver. Al respecto, cabe señalar que la Primera Sala y la otrora Tercera Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la Nación han establecido en criterios orientadores que se actualiza la cesación de efectos por la sustitución procesal de actos. Algunos ejemplos de esos supuestos se precisan en los criterios jurisprudenciales siguientes: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta." Ahora, debe significarse que el procedimiento jurisdiccional se conforma por una serie de trámites y de actos procesales concatenados entre sí, en donde la existencia de uno es la base para la emisión de otro posterior, por lo que cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Luego, cuando el gobernado opte por combatir en la vía constitucional una determinación pronunciada por una autoridad jurisdiccional y ese acto se vea sustituido por otro, ya sea porque fue recurrido y el Tribunal de alzada dictó otro que lo modificó, revocó o confirmó; o bien, porque en razón del trámite del procedimiento se dictó uno nuevo que incidió en la vigencia y en la ejecutividad del acto atacado es indudable que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En respaldo de las consideraciones anteriores se invoca, por analogía, la tesis I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En la especie se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo en estudio, porque cesaron los efectos de la resolución de seis de julio de dos mil veintitrés, que la Juez Primero Familiar y Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, dictó en la audiencia preliminar celebrada en el juicio de divorcio incausado 111/2023 en la que reiteró su determinación que ese asunto se seguiría con las reglas procesales contenidas en la reforma relacionada al divorcio incausado establecidas en el decreto 591, aprobado por la LXIII Legislatura del Congreso de Oaxaca, el quince de abril de dos mil diecisiete, y publicado en el Periódico Oficial el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en razón de que ha operado una sustitución procesal ante el fallo que esa autoridad judicial pronunció el quince de agosto del año en curso, en el recurso de revocación que la disidente interpuso en contra de la determinación descrita, en la que declaró infundado dicho mecanismo de impugnación y sostuvo que la resolución recurrida debía quedar en los términos en los que fue dictada. Lo expuesto pone de relieve que los efectos de la resolución reclamada han cesado, porque fueron sustituidos procesalmente por el fallo pronunciado en el mecanismo ordinario de defensa que la propia quejosa interpuso en contra de esa actuación en el contradictorio de origen. En efecto, el fallo de quince de agosto de dos mil veintitrés, que la Juez Primero Familiar y Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, dictó en el recurso de revocación que la agraviada interpuso en el juicio de divorcio incausado *** en contra de la resolución de seis de julio de dos mil veintitrés, pronunciada en la audiencia preliminar celebrada en ese contradictorio en la que reiteró su determinación que tal asunto se seguiría con las reglas procesales contenidas en la reforma relacionada al divorcio incausado establecidas en el decreto 591, aprobado por la LXIII Legislatura del Congreso de Oaxaca, el quince de abril de dos mil diecisiete, y publicado en el Periódico Oficial el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, provoca la cesación de los efectos del acto reclamado por sustitución procesal al haber acaecido con posterioridad la nueva determinación que en la actualidad es la que rige la situación jurídica de la solicitante del amparo. Así, es inconcuso que en el caso opera la causal de improcedencia analizada conforme a las consideraciones expuestas, dado que la resolución de seis de julio de dos mil veintitrés, dictada en la audiencia preliminar celebrada en el juicio de divorcio incausado *** fue sustituida procesalmente por el fallo de quince de agosto de dos mil veintitrés, que la Juez Primero Familiar y Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, pronunció en el recurso de revocación que la disconforme interpuso en ese contradictorio en contra de la determinación señalada en primer orden, en la cual declaró infundado dicho mecanismo de impugnación y sostuvo que la resolución recurrida debía quedar en los términos en los que fue dictada. Lo anterior pone de relieve que cesaron los efectos de la actuación reclamada, no obstante que pudiera subsistir en ella alguna violación, pues esa infracción ya no puede ser materia de examen en este juicio de amparo de manera aislada, sino en todo caso la resolución y la materialización de su contenido que vinieron a sustituir a aquélla. En esa línea, es inconcuso que el ente responsable Juez Primero Familiar y Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, al pronunciar el fallo respectivo en el recurso de revocación que la agraviada interpuso en el juicio natural en contra de la resolución reclamada generó una nueva situación por sustitución procesal con relación al acto atacado, ya que los efectos de este último no pueden ser objeto de escrutinio constitucional sin que antes se destruyan los que a su vez emanan de la nueva resolución judicial y su materialización, porque ahora éstos son los que rigen y prevalecen en el procedimiento de origen. Sin que sea necesario que el acto reclamado se haya dejado sin efectos por la citada autoridad responsable para que opere la improcedencia de este juicio constitucional, sino que basta con que sea sustituido por otra actuación que derogue la que se combate; de ahí que el acto impugnado ya no puede ser materia de examen en este medio procesal de tutela constitucional, sino que en todo caso la nueva resolución que vino a sustituir procesalmente al reclamado deberá impugnarse por la parte quejosa en el supuesto de que considere que aún subsiste en él un interés jurídico que la legitime para atacarlo en un diverso juicio de protección de los derechos fundamentales en el caso de que sea procedente. En esa línea, si la disidente combatió en esta instancia constitucional la resolución de seis de julio de dos mil veintitrés, que la Juez Primero Familiar y Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, dictó en la audiencia preliminar celebrada en el juicio de divorcio incausado *** en la que reiteró su determinación que ese asunto se seguiría con las reglas procesales contenidas en la reforma relacionada al divorcio incausado establecidas en el decreto 591, aprobado por la LXIII Legislatura del Congreso de Oaxaca, el quince de abril de dos mil diecisiete, y publicado en el Periódico Oficial el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, y ese acto reclamado fue sustituido procesalmente por una diversa resolución judicial que incide en su vigencia al grado de que hacen cesar sus efectos es palmario que se patentiza la hipótesis de inejercicio de la acción de amparo examinada. Por las consideraciones expuestas se actualiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto del acto que la disidente reclama a la Juez Primero Familiar y Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, consistente en la resolución de seis de julio de dos mil veintitrés, dictada en la audiencia preliminar celebrada en el juicio de divorcio incausado *** en la que reiteró su determinación que ese asunto se seguiría con las reglas procesales contenidas en la reforma relacionada al divorcio incausado establecidas en el decreto 591, aprobado por la LXIII Legislatura del Congreso de Oaxaca, el quince de abril de dos mil diecisiete, y publicado en el Periódico Oficial el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve; en consecuencia, este Juzgado Federal determina desechar de plano la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 113 de la citada legislación. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal de la quejosa el que señala en su escrito inicial y como sus autorizadas en términos restringidos de los ordinales 12 y 24 de la Ley de Amparo a las personas que señala, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque sus cédulas profesionales no aparecen registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales ni acreditó que ejerzan la profesión de licenciadas en derecho. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. Téngase a la justiciable por señalados el correo electrónico y el número de teléfono que proporciona, únicamente como medios de contacto entre ese sujeto procesal y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por el ordinal 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- María Antonieta Martínez Soto189/2015
- María Antonieta Martínez Soto1376/2016
- María Antonieta Martínez Soto1058/2015
- María Araceli Córdova Cruz1242/2023
- María Asunción Martínez Mendoza1017/2019
- María Azucena Blas Hernández770/2023
- María Azucena Ruiz1214/2018
- María Azucena Suárez Valencia y Otros.313/2023
- María Azucena Suárez Valencia292/2023
- María Barbara Esteva Rugerio702/2017
- María Belem Salas Salazar1299/2015
- María Bertha López Martínez1254/2022