María Azucena Vences Bautista

Expediente 1409/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1409/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
07/10/2016

Partes del expediente

  • María Azucena Vences Bautista

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de octubre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes, el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, a través del cual solicita la devolución de los documentos que acompaño en su escrito de demanda y autoriza a una persona para recogerlos. En consecuencia, como lo solicita la promovente, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, devuélvansele al promovente los documentos que refiere, previa copia que deberá proporcionar para cotejarla con la finalidad de que obre en autos para debida constancia legal, así también, constancia de su recepción, y por autorizada a la persona que refiere para tal efecto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de octubre de dos mil dieciséis. Visto el telegrama de cuenta por medio del cual el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón Coahuila, acusa recibo del exhorto 458/2016, del índice de este órgano jurisdiccional, derivado del juicio de amparo en que se actúa, mismo que se remitió a efecto de notificar al quejoso ***, el proveído de veintisiete de septiembre, circunstancia de la cual toma conocimiento este juzgado para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. RADICACIÓN. Visto el escrito de demanda de amparo, promovido por María Azucena Vences Bautista, por propio derecho, contra actos que le atribuye al Delegado del Registro Agrario Nacional Estado de México y otras autoridades, consistente en: la resolución de treinta de agosto del presente año, que resolvió el recurso de revisión interpuesto por la quejosa contra la determinación de ocho de junio pasado, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Anótese su ingreso en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) e intégrese el expediente bajo el número que le corresponda. DESECHAMIENTO. Ahora, este Juzgado advierte la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII en concordancia con el diverso 217, de la Ley de Amparo que se transcribe a continuación: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. " Sustenta en lo anterior, en lo conducente la tesis sustentada por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 23, del volumen 43, Séptima Parte, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 246070, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA. Es correcto considerar que se surten los supuestos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, si se invoca el artículo 193 bis de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, antes de sus últimas reformas (idéntico al 193 de la ley reformada), que se refiere a la obligatoriedad de observar la jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal, e igualmente una tesis jurisprudencial, puesto que la indicada tesis jurisprudencial, relacionada con el artículo 193 bis de la ley en cita, constituye la "disposición legal" a que alude dicha fracción." De igual forma en lo conducente, resulta aplicable la tesis 2a.LIV/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 205, Tomo IV, Julio de 1996, Materia Constitucional, Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 200578, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. CUANDO EL QUEJOSO OPTÓ POR AGOTAR CONTRA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN EL RECURSO ORDINARIO QUE FUE DESECHADO, Y CONTRA ESA DETERMINACIÓN PROCEDE OTRO RECURSO, DEBE AGOTAR ÉSTE Y NO SOLICITAR DIRECTAMENTE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación del artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que este dispositivo contempla dos supuestos diversos para que a través del primer acto de aplicación el particular pueda impugnar la constitucionalidad de una ley: acudir al juicio de amparo directamente contra ese acto, o interponer previamente ante la potestad común el recurso o medio de defensa por virtud del cual el acto autoritario pueda ser modificado, revocado o nulificado, siendo pertinente enfatizar que en este último caso se parte de la premisa de que el medio de impugnación ordinario haya sido intentado antes de promover el amparo. Por tanto, cuando el gobernado se colocó en ese segundo supuesto y el recurso interpuesto le fue desechado, si en contra de esta determinación procede diverso recurso ordinario, en acatamiento al principio de definitividad, está obligado a agotarlo, porque de solicitar directamente el amparo, éste resulta improcedente, dado que el juzgador constitucional no puede pronunciarse sobre la procedencia o no de tal medio ordinario de defensa, porque la vía procesal ya ha sido elegida, y la competencia para determinar dicha cuestión recae sobre la potestad común; luego sólo sería, ante la eventualidad de que agotado el diverso recurso el tribunal de alzada confirmara el aludido desechamiento, cuando la autoridad de amparo estaría en aptitud de analizar, no sólo la juridicidad de la no admisión del recurso inicialmente interpuesto, sino también la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado." En atención a la tesis citada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la lectura integra de la demanda, se aprecia que la quejosa promovió recurso de revisión en contra de la negativa de trasmisión de derechos por sucesión, por lo que se denegó el servicio registral por parte de la Registradora Integral del Registro Agrario Nacional, con sede en Toluca, Estado de México. Por lo tanto, se advierte que parte quejosa optó por iniciar la vía ordinaria para proteger sus intereses en lugar de acudir directamente al juicio de amparo a reclamar el acto que tilda de inconstitucional, por lo que debe agotar hasta la última instancia antes de acudir al amparo, sin que durante las fases intermedias de la cadena de medios ordinarios de impugnación pueda volver a elegir entre la vía de amparo y la ordinaria, dado que tal decisión la tomó antes, al promover el recurso de revocación contra el acto emitido el ocho de junio de dos mil dieciséis, por la Registradora Integral del Registro Agrario Nacional, con sede en Toluca, Estado de México. En razón de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en concordancia con el diverso 217, de la Ley de Amparo, debido a que el quejoso optó por impugnar el acto de aplicación de la ley tildada de inconstitucional mediante un recurso administrativo ordinario, quedando obligado, previamente a la promoción del amparo, a recorrer todas las instancias y medios ordinarios de impugnación que deriven de aquél en acatamiento al principio de definitividad, circunstancia que no realizó, en los términos expuestos. Ahora bien, el anterior desechamiento de la demanda de amparo no implica que se le esté denegando la impartición de justicia al impetrante de amparo, lo anterior en atención a lo expuesto la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Página 921, Tomo XXIV, Junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, que indica: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. En virtud de que en el caso en concreto, serían los Tribunales Unitarios Agrarios, ya que la impugnación de la resolución pronunciada en el recurso de revisión tiene por objeto sustanciar, dirimir y resolver una controversia suscitada con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, relativas a la inscripción de actos jurídicos, por tanto, da origen a la tramitación de un juicio agrario. Dicha resolución también proviene de una autoridad en materia agraria y por su sentido de afectación, trasciende al derecho del ejido para solicitar la inscripción registral de los acuerdos de su asamblea de ejidatarios, supuesto que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, la cual establece la competencia de los Tribunales Unitarios Agrarios para conocer de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; por ende, éstos son competentes para conocer del juicio de nulidad promovido en contra de una resolución de esa naturaleza. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia 2ª./J.88/2008, visible en el Tomo XXVII, página 66, Novena Época, mayo de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 169730, que señala lo siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA PARA INSCRIBIR UN ACTA DE ASAMBLEA DE EJIDATARIOS EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. Conforme a los artículos 148 de la Ley Agraria, 1o., 14, 25, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, éste es un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria con autonomía técnica y funciones de control de tenencia de la tierra y seguridad documental, en el cual se inscriben los actos jurídicos y documentos agrarios susceptibles de registro, para lo cual, observando el principio de legalidad y en el ámbito de sus atribuciones, los registradores aplican la normativa agraria, pues emiten una resolución debidamente fundada y motivada, en la que califican la inscripción solicitada, mediante el examen de los documentos y actos jurídicos que consten en ellos, para determinar si reúnen los requisitos de forma y fondo legales para su inscripción. Por otra parte, cuando el acto de cuya inscripción se trata no reúne los requisitos de forma y fondo exigidos, su calificación será negativa y, en su contra, acorde con el artículo 63 del Reglamento mencionado, procede el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que en la misma sede de las autoridades agrarias se verifique su legalidad, conforme al derecho agrario aplicable. En ese sentido, cuando la resolución pronunciada en el citado recurso afecta el derecho del ejido para solicitar la inscripción registral de los acuerdos de su asamblea de ejidatarios, su impugnación tendrá la finalidad de sustanciar, dirimir y resolver una controversia suscitada con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional relativas a la inscripción de actos jurídicos y, por ende, dará origen a la tramitación de un juicio agrario, cuyo conocimiento corresponderá a un Tribunal Unitario Agrario, con fundamento en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, conforme al cual debe conocer de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Con lo anterior, se cumplen los fines del Constituyente y el principio de supremacía establecidos en los artículos 27, fracción XIX y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al elevar a rango constitucional la impartición y administración de justicia a la clase campesina y establecer la competencia originaria de los Tribunales Agrarios, para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad, así como para resolver, en general, los asuntos de naturaleza agraria, en los cuales se impliquen derechos de los sujetos o entidades pertenecientes a esa clase, como son los ejidos. En esas condiciones, se desecha la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. PROTECCIÓN DE DATOS. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la a reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda su solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testaran las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. SISTEMA ELECTRÓNICO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES. De la misma forma, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace del conocimiento de las partes, que para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. Finalmente, se ordena comunicar a las autoridades responsables que las notificaciones que resulten durante la tramitación del presente juicio se les practicarán por medio de lista, que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, acorde con el criterio jurisprudencial que enseguida se cita, salvo aquéllas que, por su trascendencia, se les deban notificar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la ley en cita, a saber, mediante oficio. Sustenta por su contenido la anterior determinación, la jurisprudencia 176/2012, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Jaime Arzate Romero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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